Cancelación de una asociación por parte del gobierno municipal (Abotsanitz-Bildu) en el conflicto del Alarde de Hondarribia (y V)

Mikel Arriaga (Profesor e investigador)

Para terminar, y a modo de colofón, concretamos en tres apartados los puntos más importantes y una breve conclusión de todo lo expuesto hasta ahora.

Cancelación institucional y ciudadanía moral

Este caso permite observar cómo la cancelación ritual puede operar no solo a nivel cultural, sino también institucional. La exclusión de una asociación de mujeres de espacios de deliberación sobre igualdad no afecta únicamente a su capacidad de intervención, sino también a su estatus como sujeto políticamente respetable.

En este sentido, el documento de Hondarribiko Emakumeak deja entrever una experiencia de lo que podría llamarse ciudadanía moral condicionada: se puede formar parte de la comunidad, pero no en pie de igualdad en la producción del marco normativo que la organiza.

En este sentido, el texto expresa con claridad la estructura misma del conflicto contemporáneo sobre rituales simbólicos por razones de género: no se discute únicamente una práctica, sino la autoridad para determinar qué mujeres cuentan, qué memorias son compatibles con la igualdad y qué formas de disidencia pueden ser admitidas sin ser expulsadas del espacio legítimo.

Aportaciones y objeciones posibles dependiendo del enfoque

El principal valor analítico de este enfoque es que permite desplazar el debate más allá de la oposición simplista entre “tradición” y “feminismo”. En lugar de asumir que el conflicto se resuelve identificando un bando moralmente correcto y otro incorrecto, el análisis muestra que lo que está en juego es una disputa por la autoridad de nombrar, clasificar y representar.

Esto resulta especialmente útil en contextos contemporáneos donde muchas controversias públicas se presentan como si fueran puramente éticas, cuando en realidad están atravesadas por relaciones de poder, luchas de legitimidad y mecanismos de exclusión. Muy común en las sociedades modernas actuales.

Sin embargo, este enfoque también debe enfrentar objeciones legítimas.

La primera objeción sería que un análisis centrado en la “cancelación” corre el riesgo de infravalorar desigualdades históricas reales. No toda crítica a un ritual es un acto de exclusión ilegítima; en muchos casos responde a estructuras efectivas de subordinación o invisibilización de las mujeres. Esta objeción es pertinente y obliga a evitar cualquier romanticismo acrítico de la tradición.

La segunda objeción sería que el uso del documento de Hondarribiko Emakumeak puede desplazar el foco hacia la experiencia de exclusión de una postura concreta, dejando en segundo plano otras voces feministas o críticas del ritual. Esta limitación es real y debe reconocerse expresamente: el presente capítulo no agota la pluralidad de posiciones en conflicto, sino que analiza cómo una de ellas formula su experiencia de deslegitimación.

La tercera objeción sería que la categoría “cancelación” puede resultar excesivamente amplia o polémica si no se define con cuidado. Por ello, en este trabajo se ha utilizado de manera restringida, no como etiqueta moral general, sino como herramienta para describir procesos de desautorización, exclusión y subordinación simbólica.

No obstante, podríamos encontrar tres perspectivas o límites en el enfoque del problema:

  1. No incorpora trabajo de campo propio (entrevistas, observación participante, análisis comparado de prensa o discursos institucionales), por lo que su valor es sobre todo teórico-interpretativo.
  2. Se apoya en una fuente primaria situada, lo que exige prudencia en la generalización.
  3. No resuelve normativamente el conflicto, sino que se concentra en su inteligibilidad sociológica y antropológica.

Lejos de debilitar el análisis, explicitar estos límites fortalece una futura aproximación hacia una resolución permanente o duradera del conflicto, porque sitúa con claridad qué puede y qué no puede sostenerse a partir del material utilizado.

Conclusión

El análisis desarrollado a lo largo de este texto permite sostener que la cancelación o exclusión de rituales simbólicos por razones de género constituye un fenómeno de alta complejidad sociológica, antropológica y política. No se trata simplemente de una confrontación entre pasado y presente, ni entre igualdad y tradición, sino de una lucha por el monopolio de la legitimidad simbólica, por la capacidad de clasificar actores, de ordenar memorias y de definir el marco moral desde el que una comunidad decide qué debe seguir siendo reconocible.

A través de Bourdieu, se ha mostrado que estos conflictos son luchas por la autoridad de nombrar y clasificar; con Foucault, que la exclusión puede operar como tecnología de normalización y administración del disenso; con Byung-Chul Han, que la diferencia conflictiva tiende a ser expulsada en sociedades incapaces de sostener la alteridad; con Geertz, que los rituales son textos densos de significado cuya disputa es siempre también hermenéutica; con Descola y Godelier, que los rituales forman parte de las estructuras profundas de reproducción simbólica; y con Pinker y de Botton, que la crítica moral y la necesidad de reconocimiento deben ser pensadas conjuntamente por todas las partes implicadas.

El caso de Hondarribiko Emakumeak muestra con especial claridad que los conflictos sobre rituales no se juegan solo en torno a la práctica visible, sino también en torno a la definición de quién puede ser reconocido como sujeto legítimo de igualdad, de memoria y de ciudadanía moral. El documento elaborado por Hondarribiko Emakumeak muestra cómo la disputa sobre un ritual puede convertirse en una disputa sobre la definición legítima del feminismo, de la ciudadanía moral y de la participación democrática. El problema de fondo no es solo si un ritual debe transformarse o no, sino quién tiene el poder de decidir qué mujeres, qué memorias y qué formas de pertenencia siguen siendo aceptables dentro del orden público contemporáneo.

Desde esta perspectiva, la cancelación de rituales simbólicos por razones de género no debe analizarse únicamente como una cuestión de corrección normativa, sino como una forma contemporánea de reordenación del espacio simbólico y del campo de la legitimidad política. Y precisamente por ello, exige un análisis que no se limite a tomar partido moral de forma inmediata, sino que sea capaz de interrogar críticamente las relaciones de poder que se esconden detrás de la aparente neutralidad del lenguaje de la igualdad.

En última instancia, la cuestión no es simplemente si un ritual debe o no transformarse, sino una pregunta más exigente y políticamente más fecunda: qué sucede cuando la promesa democrática de inclusión se articula a través de mecanismos que, al mismo tiempo, producen nuevas formas de exclusión simbólica. En esa tensión entre emancipación y clausura, entre reconocimiento y deslegitimación, se juega una parte decisiva de los conflictos culturales y políticos de nuestro tiempo.

En este caso, esta nueva forma de exclusión simbólica se ha hecho de forma impuesta, con pocos argumentos válidos, por no decir ninguno, y con explicaciones deficientemente desarrolladas; aparte de tener un sesgo ideológico explícito y claro. Una actitud lamentable viniendo de una institución pública que supuestamente debería representar a toda la ciudadanía.

Antaño se quemaban personas y se quemaban libros; ahora se practica la censura de manera más civilizada y sibilina, pero con los mismos resultados: eliminar o intentar suprimir al oponente dialectico, sea de la forma que sea. Y aunque, como en este caso, se quiera maquillar la acción como democrática o ajustada a derecho respetando las diversas opciones, nos encontramos con un flagrante caso de imposición autoritaria por parte del Gobierno Municipal de Hondarribia, además, sin derecho a réplica. Como nos tiene acostumbrados este Gobierno Municipal en este tipo de situaciones, estamos ante una cacicada o, mejor dicho, una nueva alcaldada.

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