Pello Sasian
La vieja copla del Paloteado de Monteagudo —«Hay muchos en España que trabajan con malicia porque sea la Navarra como las demás provincias»— no es solo un eco del pasado. Es un recordatorio incómodo: cada vez que en Euskadi se abre un debate sobre instituciones propias, aparece la tentación de diluir su singularidad en un relato generalista que no entiende nuestra historia política. Y eso es exactamente lo que está en juego en la discusión abierta tras los hechos de Loiu.
El artículo de Agus Hernán e Iratxe Urizar plantea cuestiones legítimas sobre derechos humanos y proporcionalidad. Nadie discute eso. Pero reducir el debate a un problema de “modelo de seguridad” es, sencillamente, insuficiente. Porque aquí no se está discutiendo solo una actuación policial: se está discutiendo la legitimidad de una institución que forma parte del patrimonio político del autogobierno vasco. Y eso exige una responsabilidad discursiva que no siempre se ejerce.
La crítica es necesaria. La deslegitimación, no. Esa es la línea roja. Y conviene decirlo sin rodeos: cuando la crítica a un caso concreto se convierte en un cuestionamiento global de la Ertzaintza, el problema ya no es la policía, sino el marco institucional que algunos parecen dispuestos a erosionar. Como recuerda el texto, «la convivencia democrática no se sostiene únicamente sobre los derechos y las libertades. También requiere instituciones legítimas». Esa frase no es un matiz: es el núcleo del asunto.
Porque no es la primera vez que ocurre. Durante décadas, una parte del entramado político vasco utilizó a la Ertzaintza como símbolo negativo, no por sus actuaciones, sino por lo que representaba: la institucionalización del autogobierno. Esa actitud tuvo consecuencias. Y hoy, cuando se vuelve a deslizar la idea de que cada error policial es prueba de un fallo estructural, conviene recordar esa historia para no repetirla.
El riesgo no es la crítica. El riesgo real es importar una cultura política basada en la sospecha permanente, donde toda institución se interpreta como un aparato opresivo y toda autoridad como ilegítima por definición. Ese marco mental —muy extendido en el debate político español— es profundamente corrosivo. Y en Euskadi, donde para una parte mayoritaria de la ciudadanía las instituciones de autogobierno se apoyan en «unos derechos históricos anteriores» previos a la arquitectura constitucional, ese riesgo es doblemente grave: porque no solo erosiona la confianza democrática, sino también la legitimidad histórica de un proyecto colectivo construido durante generaciones.
Por eso este debate exige claridad: defender los derechos humanos no es incompatible con defender la legitimidad de las instituciones propias. Al contrario: una democracia sólida necesita ambas cosas. Lo que debilita la convivencia no es exigir responsabilidades, sino convertir cada polémica en un ataque estructural al autogobierno.
La conclusión es directa: sin crítica no hay democracia, pero sin instituciones reconocidas como propias tampoco. Y quienes hoy cuestionan globalmente a la Ertzaintza deberían preguntarse si están contribuyendo a mejorar la convivencia o a alimentar una desconfianza que, una vez instalada, es muy difícil revertir. Porque, como advierte el texto, «lo que resulta mucho más difícil reconstruir es la confianza una vez que esta se rompe».
Este debate no va solo de Loiu. Va de qué cultura política queremos: una que corrige errores o una que erosiona lo común. Y esa elección importa.
