La amnistía en formato novela

Gabriel Otalora

Ante el peliagudo tema de la proposición de ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya, me surgen algunas reflexiones provocadas más por el ruido mediático y político que jurídico. Ante semejante pringue, creo que lo mejor es ordenarme como una novela, esto es, atendiendo al esquema de planteamiento, nudo y desenlace.

Planteamiento

¿Dónde está la ilegalidad? Si tenemos en cuenta que la Constitución no prevé ni prohíbe expresamente una amnistía como la planteada por el Gobierno, esta proposición de ley no puede ser anticonstitucional, ni su derivada que el Parlamento no pueda aprobarla legalmente. Que la Constitución no mencione la amnistía ha sido interpretada al revés: al no contemplarse en la redacción constitucional, las Cortes Generales carecerían de la habilitación constitucional necesaria para aprobarla. Lo cierto es que jurídicamente el Parlamento tiene la potestad para dar respuesta “mediante la ley” a este o cualquier otro problema con el que la sociedad tenga que enfrentarse mientras no sea expresamente contraria a derecho. La amnistía es uno de esos problemas a tratar ante la ausencia de regulación expresa.

Es cierto que hasta la fecha no se ha presentado nunca una ley de amnistía posterior a la Constitución, ni que amnistíe hechos posteriores a la misma. Recordemos que en la aplicación del artículo 155 de esta misma Constitución para cercenar la autonomía de Catalunya, no se anduvieron con tantos remilgos. Máxime teniendo en cuenta que este artículo coincide en lo esencial con el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn (Constitución alemana), que de ahí se copió, sin que existan antecedentes al no haberse aplicado nunca en Alemania.

Lo tremendo es que algunas instituciones judiciales se pronunciaron en contra de esta amnistía… antes de conocerse el contenido de la ley, y obviando que cabe recurso legal. Con sus críticas preventivas, el CGPJ, el Tribunal Supremo y las asociaciones profesionales de la judicatura siembran dudas y se extralimitan en lo judicial.

La razón es sencilla de entender: el Partido Popular no controla el Tribunal Constitucional por lo que una ley como esta, no contraria a la Constitución aunque fastidiosa para la estrategia rompedora del PP-Vox-UPN, será finalmente aprobada. Y eso tiene consecuencias políticas más que jurídicas.

Nudo

¿Es una amenaza para el Estado de Derecho aprobar esta ley de amnistía? Las medidas de gracia anteriores a la Constitución hicieron tabla rasa con los desmanes de la dictadura franquista, incluso adecentando legalmente pasados impresentables de quienes han ostentado cargos políticos en democracia.

Y el nudo no es menor cuando algunos se soliviantan para que no se visualice la foto de un gobierno y de un parlamento acorde con la realidad plurinacional y social del Estado español. Aquí radica el problema, pues todos sabemos que cuando ETA mataba y había que acabar con ello, se pusieron en práctica medidas que ahora no se quieren recordar… Los indultos de 1996 otorgados por el PP de Aznar beneficiaron a 18 miembros de Terra Lliure por su “pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos y armas” y la autoría de varios atentados. La propia Audiencia Nacional recomendó que se los indultara. Ahora los beneficios de la amnistía serán para las personas relacionadas con el procés, sin muertos ni terrorismo de por medio. Lo que cambia es el Partido Popular en la oposición cuando ya se veía gobernando.

De manera similar, en la Unión Europea se han dado decenas de amnistías por diferentes causas, y ninguna ha mermado la convivencia ni causado la ruptura del Estado en cuestión. Incluso países que no contemplan la amnistía en sus Constituciones las han concedido. Es el caso de Alemania e Irlanda, sin que el poder judicial y parte del político afeasen a sus gobiernos ante la Unión Europea.

Desenlace

Les parece insoportable que partidos comunistas y nacionalistas no españoles de corazón puedan decidir la gobernabilidad del Estado, y argumentarlo en sus propias lenguas en sede parlamentaria. Pero esto es la legalidad, señoras y señores. Han sido elegidos por las urnas, y sus síes o noes valen lo mismo que los de cualquier otro diputado o diputada.

¿Qué legislaturas nos vienen? Dependerá del interés común de quienes sustentan el gobierno. Así de claro. Pero como en toda novela coral, en dicha coalición hay personajes fiables y otros capaces de convertir el relato de la legislatura en una tragedia griega. Con ello cuenta la presión infame que grita “fraude electoral” (PP) e “ilegalidad” (Vox). Y legislaturas digo, porque nuestras elecciones están al caer y el contexto es otro.