Un manifiesto en contra de la democracia

Imanol Lizarralde

Leo el periódico y me salta a la vista un manifiesto firmado por una larga lista de intelectuales y profesores (Con Cataluña, con España). La iniciativa del presidente de la Generalitat y líder de CiU Artur Mas, de convocar elecciones y proponer en su programa de gobierno la posibilidad de un referéndum acerca de un nuevo status para Cataluña, es el detonante de este manifiesto. ¿Qué podemos decir acerca de su contenido?

Lo primero que llama la atención es que los firmantes del manifiesto apelan a la “lealtad a la Constitución de 1978”, frente a la iniciativa de Artur Mas, que es perfectamente institucional y democrática, al proponer un programa al refrendo del pueblo al que representa,. ¿De qué manera está transgrediendo Mas esa insigne carta constitucional? Este escrito no nos lo aclara ni lo concreta sino que convoca el fantasma de la ruptura y la división. Y es un fantasma por que los firmantes niegan a la iniciativa de Mas la concreción de su propio planteamiento. ¿Cabe mayor negación de la democracia que el ocultamiento o la deformación de la postura del contrario para apelar al paraguas de la ley como única respuesta?

El segundo punto afirma lo siguiente:

“Como herederos de las tradiciones liberal y socialdemócrata de las que procedemos, queremos reivindicar el Estado y la nación españoles, obra del pasado, el presente y el futuro de un pueblo que quiere permanecer unido en defensa de la libertad, la igualdad, el pluralismo político y el progreso económico”.

Resulta inquietante que un grupo humano limitado como el de los firmantes, que no forma ninguna agrupación política representativa, hable de la “voluntad de un pueblo que quiere permanecer unido”, incluyendo, por supuesto, al pueblo catalán, al que Mas pide su voto para apoyar su iniciativa programática. La voluntad democrática de un pueblo está al servicio de su voluntad presente que cambia según las circunstancias. Los autores del manifiesto pretenden proclamar una voluntad popular abstracta y eterna, que prescinde del hecho plural y temporal del Estado español, compuesto por diferentes comunidades, y de la opinión de los españoles, que, que sepamos, todavía no se han pronunciado acerca de la oportunidad presente de poner a votación el estatus unido o desunido de su Estado.

A esto hay que añadir la asimilación pasmosa entre la autoproclamada tradición “liberal y socialdemócrata” de los firmantes y la reivindicación del “Estado y la nación españoles”. ¿Cómo es posible casar una determinada demarcación estatal con dos ideologías que trascienden sus fronteras? ¿Es que, acaso, no se puede ser liberal o socialdemócrata y reivindicar otro Estado territorial, dentro del propio Estado español? Esta incongruencia es una trampa y es un ocultamiento: la perspectiva unitaria y jacobina del Estado español no es fruto del liberalismo, sino de una revolución totalitaria, que puso en práctica la destrucción de las demarcaciones de los territorios autonómos e impuso la “sacrosanta” unidad del Estado a golpe de bayoneta. Revolución totalitaria que destruyó la democracia, el liberalismo y la socialdemocracia que había en España.

El punto 4 del manifiesto cita la actual crisis económica: “Lejos de enfrentarnos a la crisis de forma desunida, pensamos que es el momento de movilizar los recursos de la nación y buscar el acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales para salir del preocupante trance en que nos encontramos en España y en Europa”.

En el intervalo de esta crisis económica ha habido presidentes de gobierno de la derecha y de la izquierda españolas, y la unión frente a la crisis no se ha formalizado. Tanto el PSOE como el PP no han tenido el suficiente patriotismo español como para unirse frente al duro trance de la crisis y vemos a los dos grandes partidos enzarzados en una guerra fraccionaria por sacar réditos sociales y electorales de los errores del contrario, sin atender en ningún momento al interés común. Que el grupo de firmantes pretenda pedir unión, frente a la iniciativa catalana, cuando esa unión no existe por la parte que ellos mismos defienden, resulta incongruente y además sangrante. Es un hecho que el Estado español se enfrenta a la crisis económica de una forma desunida por culpa de los principales partidos españoles. A ellos tienen que pedir los firmantes unidad frente a la crisis.

Finalmente, en el punto 5, los firmantes proclaman “la observancia y el acatamiento de las leyes, el cuidado de la convivencia y el respeto a los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico” de cara a plantear iniciativas políticas. Esta afirmación esconde una trampa, que no es otra que la mayoría parlamentaria popular baraja todo tipo de iniciativas para poner fuera de la ley el planteamiento programático que Artur Mas pone en manos del electorado catalán. El PP, con la ayuda inestimable de estos intelectuales y profesores, pretende ilegalizar la posibilidad de un referéndum. ¿Eso es democracia? Eso es apelar al orden público y a la ley para impedir un ejercicio de democracia.

No voy a profundizar en la oportunidad o la inoportunidad de la iniciativa de Mas. Como dijo Urkullu durante las elecciones, en Euskadi ya hemos vivido una etapa de propuestas similares y nos encontramos en una nueva fase, y es justo reconocer los resultados fueron en perjuicio de los que llevaron la iniciativa. También hay que decir, en su descargo, que Mas ha hecho oídos al clamor de la protesta del millón de personas que se manifestó en la última Diada. Siguiendo el esquema de acuerdo que propone Urkullu para el nuevo status, el ejemplo de Escocia es una afirmación de este camino y la refutación de cualquier iniciativa independentista unilateral en sociedades plurales, de iniciativas que no tengan en cuenta la participación del Estado como una de las partes. Lo que pasa es que en Gran Bretaña el principio democrático tiene tal peso que ningún ciudadano británico podía negar la posibilidad de que una de las naciones británicas hiciera uso de su voluntad en un referéndum por la independencia. Es mera cuestión de madurez democrática, lo contrario de lo que demuestran los firmantes de este manifiesto.

Estos, con un lenguaje democrático y el llamamiento a ideologías democráticas, defienden el orden constitucional como los antiguos inmovilistas defendían el orden público: como legitimación de medidas encaminadas a coartar la expresión de una determinada mayoría. Recordemos que en España hubo una “derecha revolucionaria” que por esos principios destruyó el Estado y casi todas las instituciones. Ese es el verdadero espíritu al que responde el actual manifiesto.