Mikel Arriaga
Ritual simbólico y conflicto de género: delimitación conceptual
El punto de partida analítico exige precisar qué se entiende aquí por “cancelación de rituales simbólicos”. No se trata necesariamente de la prohibición jurídica o desaparición material de un ritual, aunque en algunos casos ello pueda ocurrir. Más bien, la cancelación remite a un proceso mediante el cual una práctica ritual, o los sujetos que la sostienen, son progresivamente deslegitimados, redefinidos como moralmente problemáticos o desplazados del espacio legítimo de reconocimiento público. El propósito de este análisis, en esencia es intentar comprender sociológica y antropológicamente cómo opera la deslegitimación o exclusión de rituales simbólicos por razones de género, y qué tipo de relaciones de poder, clasificación y reconocimiento se activan en ese proceso. Se parte de la idea de que los conflictos rituales no pueden explicarse únicamente mediante categorías normativas abstractas (por ejemplo, “igualdad” frente a “tradición”), sino que deben analizarse como conflictos por el sentido, la representación y la legitimidad dentro de un campo social determinado.
En este sentido, un ritual puede ser “cancelado” sin dejar de existir formalmente. Puede seguir celebrándose, pero bajo condiciones de inferiorización moral, desautorización institucional o sospecha pública. También puede ocurrir que no sea el ritual en sí el objeto directo de la exclusión, sino las personas, asociaciones o sensibilidades que se identifican con él. Desde una perspectiva sociológica, esto es significativo porque indica que la lucha no se produce solo sobre la práctica, sino sobre el derecho a representarla y a inscribirla en el espacio común.
Cuando el conflicto se formula en términos de género, la cuestión adquiere una especial complejidad. No basta con preguntar si las mujeres participan o no participan en un ritual; es necesario interrogar también cómo se interpreta esa participación, quién la define políticamente y bajo qué criterios se determina si dicha presencia reproduce subordinación o manifiesta voluntad y autonomía. De este modo, el conflicto no se sitúa únicamente en el plano de la representación formal, sino en el de la interpretación moral de la presencia femenina.
El documento presentado por Hondarribiko Emakumeak permite observar con claridad esta dimensión. *** La asociación afirma que sus fines oficiales incluyen “fomentar y potenciar la participación de las mujeres”, “denunciar estereotipos establecidos en torno a la imagen de las mujeres” y “trabajar para promover la participación y presencia de las mujeres […] respetando su libertad de elección”. La relevancia analítica de esta formulación reside en que muestra que el conflicto no se organiza en torno a una oposición simple entre igualdad y antiigualdad, sino en torno a una disputa sobre la definición legítima del feminismo, de la libertad de elección y de la representación de las mujeres.
Por ello, el problema no puede resolverse teóricamente preguntando únicamente si el ritual es “igualitario” o “desigualitario”, sino analizando cómo se produce institucional y simbólicamente la legitimidad de ciertas interpretaciones del ritual frente a otras.
Esta definición permite evitar una simplificación frecuente: asumir que un ritual solo es “cancelado” si desaparece formalmente. Desde una perspectiva sociológica, un ritual puede seguir existiendo y, sin embargo, haber sido desplazado hacia una posición de inferioridad simbólica, tratado como residuo ideológico o sostenido por actores cuya respetabilidad pública ha sido erosionada.
Cuando la controversia se articula en términos de género, el análisis se vuelve todavía más complejo. No basta con preguntar si las mujeres participan o no en el ritual. Es necesario interrogar:
- qué formas de participación femenina son consideradas legítimas,
- qué interpretación política se da a esa participación,
- y quién tiene autoridad para decidir si esa presencia expresa emancipación, subordinación o ambivalencia.
El documento de Hondarribiko Emakumeak*** pone precisamente de relieve esta complejidad. La asociación se define como promotora de la participación de las mujeres, de la ruptura de estereotipos y del respeto a la libertad de elección, al tiempo que denuncia haber sido excluida del proceso institucional precisamente por no encajar en una determinada definición de feminismo o igualdad. Esto obliga a desplazar el análisis desde la pregunta simplista “¿igualdad sí o no?” hacia una cuestión más exigente: ¿quién tiene el poder de definir qué cuenta como igualdad legítima en un conflicto ritual?
Pierre Bourdieu: capital simbólico, clasificación y monopolio de la legitimidad
La teoría de Pierre Bourdieu ofrece un marco especialmente fértil para comprender el conflicto ritual como una lucha por la legitimidad simbólica. Para Bourdieu, la vida social se organiza en campos relativamente autónomos —político, cultural, académico, mediático, religioso— donde los agentes disputan diferentes formas de capital: económico, social, cultural y simbólico. Este último resulta particularmente importante en contextos de controversia pública, pues remite a la autoridad, el prestigio, la credibilidad y la capacidad de ser reconocido como una voz legítima. (1)
Aplicado al caso de los rituales simbólicos, esto implica que la disputa no se limita a una diferencia de opiniones sobre una tradición. Lo que está en juego es el monopolio de la definición legítima del ritual: quién puede decir qué significa, quién puede representarlo públicamente, qué lectura será considerada moralmente autorizada y qué posiciones quedarán relegadas al ámbito de lo ilegítimo o lo residual.
Desde esta perspectiva, la cancelación de un ritual o de sus defensoras puede interpretarse como una forma de desposesión simbólica. No se trata únicamente de decir que una práctica es cuestionable, sino de retirar a quienes la sostienen la capacidad de hablar desde una posición socialmente reconocida. En el documento analizado, Hondarribiko Emakumeak sostiene precisamente que ha sido “clasificada, etiquetada, encerrada en un estereotipo injusto” y situada fuera de la Mesa de Igualdad porque ciertas instituciones y asociaciones han decidido que “no es feminista” y que “no merece participar”. La importancia teórica de esta afirmación no reside en asumirla automáticamente como verdadera, sino en advertir que el conflicto se formula como una disputa sobre la autoridad para nombrar y clasificar. Viniendo la decisión de una institución pública, claramente estamos ante un caso de vulneración de los derechos democráticos.
Este punto es central en Bourdieu. Las clasificaciones sociales no son neutrales; constituyen formas de poder. Clasificar a un grupo como “no feminista”, “reaccionario”, “incompatible con la igualdad” o “ajeno a los valores democráticos” no es simplemente describirlo, sino intervenir activamente en su posición dentro del campo. Se trata de un acto performativo de poder que redistribuye legitimidad. En este sentido, la cancelación puede leerse como una práctica de violencia simbólica, es decir, como una imposición de categorías de percepción y valoración que se presentan como evidentes o naturales, cuando en realidad responden a relaciones de fuerza. (2)
Además, Bourdieu permite observar otro aspecto fundamental: la cancelación no solo degrada al sujeto sancionado, sino que también eleva moralmente a quienes sancionan. En contextos de alta competencia simbólica, denunciar, excluir o distanciarse públicamente de un actor asociado a una tradición cuestionada puede convertirse en una forma de acumulación de capital moral. Así, la condena de un ritual no siempre se reduce a una convicción ética desinteresada; también puede constituir una estrategia de distinción dentro del campo político o cultural. (1)
En consecuencia, la controversia sobre rituales simbólicos por razones de género no puede analizarse únicamente como un conflicto normativo, sino como una lucha por el poder de consagrar ciertas formas de memoria y de feminidad como legítimas, y de expulsar otras del espacio autorizado.
Mikel Arriaga
(Profesor e investigador)
