Los neocomunistas territoriales

Iñigo Lizari

En el Reino de España, donde más que reina el Rey reina la corrupción, ésta como no podía ser menos se ha trasladado también a la corrupción del lenguaje. Como resultado de esta corrupción del lenguaje, tenemos a fuerzas políticas de nuevo cuño que se autodenominan por lo que no son, en una suerte de guiño al dicho que reza eso de “dime de qué presumes y te diré de qué careces”, y lo que es peor aún, padecemos una constante perversión de conceptos políticos a los que se les dota de un contenido que no resulta conceptualmente subsumible en los mismos.

Así las cosas, al calor de la los escándalos de corrupción ha emergido con fuerza en el Reino de España una nueva formación política, Ciudadanos, que se autodenomina como un partido político liberal, cuando lo que propugna no es otra caso que un “comunismo interterritorial” de libro. Con este “comunismo territorial” no se pretende otra cosa que la puesta en común en una única hacienda pública española la totalidad del resultado del tan distinto esfuerzo recaudatorio fiscal que se da en unos territorios frente a otros, obviando que los esfuerzos colectivos territoriales no son más que el resultado de la estructuración pública de los esfuerzos individuales que se dan en esos territorios, tanto para generar riqueza como para generar ingresos fiscales de esta riqueza generada. Esta ola de comunismo interterritorial que propugna Ciudadanos no es nueva, pues lo partidos constitucionalistas ya lo han planteado en repetidas ocasiones, como demuestran los dos artículos publicados hace ya más de cuatro años en este mismo blog («Contra el comunismo interterritorial (I)« y «Contra el comunismo interterritorial (II)«)

Que nadie se confunda, estamos ante los mismos lobos jacobinos, por más que se disfracen con sus arrimadas pieles de cordero. Alguien lo tiene que decir, este partido del siglo XXI llamado Ciudadanos con Rivera al frente es la reencarnación del mismo radicalismo jacobino demagógico del Sanchez Silva del siglo XIX o del también radicalismo jacobino demagógico del Lerroux del pasado siglo XX, con el que tanto tiene en común.

Y está claro que en el común de Rivera no está el “sentido común” de Thomas Payne. Por sentido común, y porque es así, en una ninguna Comunidad de Propietarios se pone a disposición del Presidente-Administrador la totalidad de los ingresos que obtienen los propietarios de sus respectivos trabajos para que éste los distribuya ente los diferentes miembros de comunidad por igual, y menos aún para que los distribuya en función de lo que considere que son sus necesidades. Al contrario, a disposición del Presidente-Administrador de una Comunidad de Propietarios se pone exclusivamente la cuota que se ha de pagar por los gastos de escalera, que son los gastos que se generan por aquello para lo que está estructurado de común la propiedad horizontal en su función social. Todo lo demás del sueldo de cada miembro de esta comunidad de propietarios queda para su casa.

Por ello, no cabe imponer por acuerdo comunitario la puesta en común del sueldo de los vecinos. Dicho acuerdo sería nulo, pues ello no está en el objeto de la comunidad. Ello no obsta para que individualmente y al margen de la comunidad puedan diferentes vecinos crear una caja de solidaridad. Dicha solidaridad no se podrá entonces impedir por el resto de la Comunidad, pero tampoco se podrá imponer al resto de la Comunidad, por más que sean mayoría los que impulsan la creación de esta caja de solidaridad. ¿Qué pensaría el Sr Rivera si les impusieran un acuerdo de la junta de Propietarios por la cual le obligaran a poner en común su sueldo de diputado del Congreso al Presidente-Administrador para el reparto entre los miembros de su comunidad de propietarios?

De igual manera, el Estado Central, que no es ninguna entidad sacra ni sacralizable, tiene estructurado social y políticamente una función que es el determinado pos las competencias que ejerce en relación a la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y es para el desarrollo de esta función que se le paga una cuota fija. Esta cuota fija se detrae del dinero que fiscalmente se recauda, quedando el resto de la recaudación en manos de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Esto es en esencia la filosofía político-económica que subyace en el Concierto Económico. Si otras Comunidades autónomas de régimen común quieren pactar un fondo de solidaridad para poner en común sus diferentes ingresos fiscales para un disfrute más igualitario de unos gastos, éstos algo que ni la CAV ni la CFN va a poder impedir, de igual manera que es algo que ni a la CAV ni a la CFN se le va a poder imponer.

En una comunidad de Propietarios la cuota se fija con relación al porcentaje de superficie relativa que ocupa cada piso. Los 7.234 KM2 de territorio de la CAV cuya defensa de su integridad corresponde al Ejército del Reino de España, representan sólo el 1,43% del total del territorio del Reino de España. Los 2.188.985 habitantes de la CAV representan sólo el 4,68% de todo el Estado. Los 68.897 Millones del €uros del PIB de la CAV supone un 6,16% de la totalidad del PIB de todo el Reino de España. Sin embargo el cálculo de nuestra cuota al estado por sus competencias, que no es otra cosa que el Cupo que se abona todos los años a éste, se realiza aplicando un porcentaje del 6,24% sobre el presupuesto del Estado asignado a esta materias competencias del Estado, siendo este porcentaje algo superior a nuestro peso relativo dentro del PIB.

En su virtud, el conjunto de las 3 Haciendas Forales de la CAV abonan un 33% más de lo que les correspondería abonar si el cálculo de cupo se hiciera considerando el peso relativo poblacional. Significa eso por sí solo que existe un enorme solidaridad implícita en dicho Cupo y no puede en justicia exigirse ningún mayor esfuerzo solidario. En mi opinión la CAV no tendría ni tan siquiera por qué pagar el Fondo de Compensación Interterritorial, ya que la solidaridad interterritorial se satisface con creces con el abono del presupuesto del Estado para las competencias no transferidas en función del peso relativo en el PIB frente a poblacional.

Una sociedad es justa políticamente cuando es democrática, y es justa económicamente cuando es meritocrática. Un partido que se dice liberal está obligado a ser meritocrático a todos los niveles, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es decir, que económicamente la justicia obliga a extender la meritocracia tanto las personas físicas como a las distintas personas jurídicas, que tengan asignada un rol económico, ya sean públicas o privadas. Una meritocracia territorial público hacendística, es aquella que reconoce el esfuerzo fiscal de una colectividad territorial permitiendo a la misma el disfrute del beneficio del resultado de su esfuerzo.

Los ciudadanos de un territorio no tienen por qué tener los mismos derechos que los de otro, si no asumen por igual las mismas obligaciones. Una sociedad emancipada tiene derecho a elegir cuales van a ser sus obligaciones y sus derechos, pero tiene a su vez que ser consecuente de la relación de las unas con los otros. ¿Qué es eso de seguir queriendo imponer en pleno XXI el fallido discurso jacobino decimonónico de la unidad legislativa y la identidad administrativa?

¡Basta ya! Se ha de acabar con el recurso al mantra de la búsqueda de una sociedad de ciudadanos libres e iguales para disfrazar un discurso donde lo que se quiere sencillamente es una sociedad de ciudadanos uniformes con uniforme civil, donde, por cierto, la primera víctima es la propia libertad y la segunda víctima es la propia igualdad que queda de esta manera pervertida. No son iguales los fraudes al IVA de unas CCAA a otras CCAA, por más que los tipos sean los mismos. Y si hay fraude al IVA, en consecuencia se defraudan el IRPF y el IS. Los argumentos basados en una verdad incómoda no puede ser rechazados porque conduzcan a la asunción una suerte de “supramacismo moral” de una colectividades sobre otras (las diferencias morales existen entre territorios, del mismo modo que en que en algunos estados se respetan el derecho de minorías y otros no), pues la corrección política no puede llevar nunca a rechazar la verdad por incomoda que sea, para convertir la mentira en verdad alternativa oficial.

El resultado que obtienen las Haciendas Forales vascas no es más que el resultado de su esfuerzo recaudatorio sobre los ciudadanos y ciudadanas vascas, algo que paradójicamente, un partido que se llama Ciudadanos, no termina de entender. La comprensión que le falta a Ciudadanos es algo tan simple como que, liquidado a través del Cupo la cuota que se le debe al Estado por las competencias que éste ejerce con relación a la Comunidad Autónoma de Euskadi, las instituciones vascas tienen el derecho pleno disfrute del resto de lo recaudado para satisfacer las necesidades que les reclamen los ciudadanos y ciudadanas vascas.

Por la misma corrupción del lenguaje, en el Reino de España cuando se quiere institucionalizar el “gorroneo” de una Comunidades Autónomas por otras se habla de solidaridad interterritorial. La solidaridad no puede ser un vínculo estructural permanente de transferencia de unas CCAA a otras, sino el mecanismo coyuntural de ayuda puntual para remontar una crisis, mecanismo, que se pervierte cuando se hace permanente, pues no incentiva a la autoresponsabilidad de las CCAA y sirve para estructurar una parasitación, que paradójicamente arrastra a una crisis de administración de la propia CA que la convierte en una “yonqui transferenciadicta”.

Alguien podría decir que esta no es nuestra batalla pues no estamos insertos en el régimen común, pero la realidad es que a cuenta de las injusticias que son producto de esta “solidaridad” del régimen común se ponen erróneamente en el punto de mira a nuestro Concierto Económico, como si las soluciones a las injusticias se alcanzasen extendiendo la injusticia hacia todos. Interesa por ello a Euskadi ver culminado en los próximos años en las CCAA que se rige por el régimen común una reforma del sistema de financiación que sirva  para que quienes recaudan más que los demás dispongan de más que los demás. Es decir por una financiación justa por meritocrática, para que a su vez nos dejen en “nuestra paz y nuestros fueros” con lo que es nuestro para que descontado lo que me toca pagar por lo común, el resto lo podamos seguir destinando para nosotros y para nuestras futuras generaciones.