¿Concierto vasco o REF canario? (y 2)

Jorge Dorta (Canarias) y Juan Carlos Pérez (Euzkadi)

La Constitución Española de 1978 reconoce en su Disposición Adicional 3ª la existencia en Canarias de un régimen especial para las islas. Este régimen puede ampliarse o reducirse al arbitrio del legislador estatal. Es decir el Régimen Económico y Fiscal canario (REF) no es un derecho como en los fueros históricos sino una concesión que hace el Estado a su capricho y que puede ampliar o reducir según le convenga.

Además, como no constituye un derecho el REF se aprueba por un periodo de cinco años, lo cual mantiene sumido en una constante transitoriedad e incertidumbre que impide, entre otras muchos factores, que funcione como algo efectivo para la creación de desarrollo en Canarias. Por tanto el REF es principalmente una serie de medidas de carácter fiscal, tanto en la creación de impuestos locales como en la creación de determinados beneficios fiscales, negociados con Madrid para un periodo de cinco años.

Canarias tampoco cuenta con una Hacienda propia como el caso del Concierto vasco para que la actividad económica generada en Canarias tribute en Canarias, aunque esta haya sido una reivindicación histórica del nacionalismo canario.

Seguramente Madrid haya sido el principal azote contra el Sistema de Concierto, pero no desde siempre, sino desde unas fechas muy determinadas y que es necesario comprender para entender la evolución posterior. El nacionalismo español que comienza en lo normativo con la antiforal y antiespañola Constitución de Cádiz de 1812 es el inicio de una senda que busca uniformizar y centralizar el estado español laminando cualesquiera diferencia que encuentre a su paso (siguiendo el modelo jacobino francés, pues la Pepa es muy afrancesada). Es así que las administraciones y los sistemas tributarios distintos del emanado desde Madrid se verán como enemigos, y los nuevos denominados “liberales” (Ciudadanos) o “progresistas/populistas” (Podemos) reproducen esquemas propios de comienzos del siglo XIX.

Han debido llegar sentencias, como la de Azores, para dejar sentado el encaje en el Estado y en el marco de la UE de la legalidad y de la legitimidad de un Sistema que no se verá perjudicado por la denominada armonización fiscal europea, en tanto en cuanto esta persigue una unificación de tipos (por ejemplo, del impuesto de sociedades o el iva) en el marco europeo. Un sistema, con sus derivadas, como las vacaciones fiscales (que los estados hacen sin duelo) que ha tenido la paradoja, al estilo de Alicia en el país de las maravillas, en las que el fiscal y el abogado defensor era el mismo: el estado español. Parece que es algo del pasado, en tanto que, en principio, las instituciones vascas están en el ECOFIN. A pesar de que jamás un gobierno español ha querido incluir el marco de Concierto/Convenio en cualesquiera tratado troncal de la UE.

Hasta la denominada ley del blindaje del Concierto, al ser las normas de funcionamiento y de tipos aprobadas en Juntas Generales y no en el Parlamento Vasco … Las haciendas forales y su cuerpo es territorial, no del ámbito nacional vasco. Y es por ello que el rango jerárquico de sus emanaciones legales, a pesar de cubrir la misma tramitación que cualquier ley parlamentaria, tienen el rango de norma, y por tanto, hasta 2011 imputables por cualquier administración (e incluso sindicatos y personas a nivel individual). Han sido los partidos y las instituciones españolas las causantes de poner en cuestión el modelo ante los jueces españoles y europeos y la respuesta ha sido contundente: es un sistema legal y que perdurará en tanto en cuanto haya voluntad para ello.

Volviendo a Canarias, como hemos dicho anteriormente, el REF no es un derecho sino una concesión que da el Estado a Canarias y por tanto no está realmente diseñado para el desarrollo de las islas sino para favorecer los intereses económicos, políticos y geopolíticos del Estado español en Canarias. El REF no es un instrumento de desarrollo de Canarias sino un régimen colonial de dominación.

En su núcleo el REF son unos instrumentos diseñados para favorecer los intereses de las grandes empresas españolas en Canarias y una serie de incentivos fiscales para comprar la lealtad de la oligarquía local. Además su permanente carácter transitorio y su renegociación cada cinco años, es usado como chantaje permanente del Estado español para comprar lealtades y asegurar su agenda.

Todo esto hace que el REF contenga lo que a Madrid le interese que contenga. Es más, el Estado cumple e incumple a su antojo. El Estado nunca ha respetado, siquiera, los artículos 95 y 96 del REF, que le obligan a un nivel mínimo de inversión en Canarias igual, al menos, a la media estatal.

Canarias es una de las comunidades con menor inversión del Estado pero es contribuyente neta a las arcas del Estado (si tenemos en cuenta, no solo el déficit presupuestario, prácticamente en equilibrio por el criterio del flujo monetario, sino el superávit de las cotizaciones a la seguridad social).

La otra pata del marco jurídico canario es su relación con Europa. La integración de Canarias en la UE fue una integración IMPUESTA, en el sentido literal del término, al rechazar el Parlamento de Canarias (22.06.1985) las condiciones recogidas para las Islas en el Tratado de Adhesión de España a las CC.EE., por entender que el Gobierno central no había negociado, ni defendido, adecuadamente nuestras especificidades históricas, pese a que el acervo comunitario siempre ha dado cabida a los regímenes especiales preexistentes de los Estados miembros con alguno de sus territorios, en el momento de la integración.

Sin embargo, este rechazo del Parlamento canario no fue tenido en consideración, al ratificarse días después dicho Tratado por el Parlamento español (12.07.1985), pese a las supuestas garantías establecidas en defensa de nuestro régimen especial, tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de Autonomía.

Es más, la integración de Canarias se produce bajo el Estatus de Región Ultraperiférica (RUP), en lugar de cómo País y Territorio de Ultramar que hubiese sido un régimen más acorde con las tradicionales libertades fiscales y comerciales de los fueros canarios.

Con la decisión de plena integración en la CEE de Diciembre de 1989, obligada por las nefastas condiciones tramadas en 1985 para nuestras exportaciones agrarias, se pone fin a las franquicias aduaneras que aún se mantenían, aplicándose en las Islas la política arancelaria comunitaria frente a terceros países en detrimento de la libertad comercial consagrada por las franquicias y obligando a Canarias a comprar artículos, incluidos los de primera necesidad, a precios superiores a los internacionales.

Además, su calificación como RUP sumerge a Canarias aún más en la incertidumbre pues la creación de un Estatuto Permanente en el marco de las RUP es contrario al Derecho Comunitario, cosa que no ocurriría si Canarias fuese Pais y Territorio de Ultramar asociado a la UE, como ocurre con 21 territorios del Reino Unido, Holanda y Francia.

Canarias es un ejemplo de lo peligroso que puede ser renunciar a las libertades recogidas en los fueros históricos. Han transcurrido casi 45 años desde el primer REF en 1972 que supuso el principio del fin de los Puertos Francos canarios y sus tradicionales franquicias aduaneras y fiscales. Han pasado 20 años desde la integración de Canarias en la Union Europea Las cifras no mienten. Tanto el sector primario como el sector industrial, y finalmente el sector financiero canario han sido desmantelados progresivamente, convirtiendo a Canarias en una colonia turística.

Si el REF y la integración en la UE como RUP fueron diseñadas para favorecer el desarrollo de Canarias han fracasado miserablemente. Pero es que ni el REF ni el estatus RUP fueron elegidos para favorecer el desarrollo de Canarias sino para favorecer los intereses del Estado español y de las grandes empresas españolas en Canarias. La RIC por ejemplo es un instrumento que prácticamente permite comprar la tierra y luego deducírselo en incentivos fiscales. A eso se reducen las posibilidades en Canarias, cortado el desarrollo y frenadas las oportunidades el único recurso es vender la tierra como los nativos encerrados en la Reserva india.

El REF es simplemente un mecanismo de extracción de rentas, que junto con las transferencias fiscales desde el Estado y Europa lo único que han creado es un régimen extractivo y redes clientelares en Canarias. Los incentivos fiscales y los diferentes instrumentos como la Zona Especial Canaria o el Registro de buques no están diseñados para ser competitivos internacionalmente sino para fomentar la implantación de empresas españolas en Canarias. Pero como dijeran los economistas Acemoglu y Robinson, un régimen económico extractivo no se puede sostener en el aire, necesita de un Régimen político igualmente extractivo que lo sostenga. Ese Régimen político extractivo se llama Ley Electoral Canaria, con barreras electorales del 30% de la circunscripción insular o donde el voto de una persona en una isla puede valer 12 veces el valor del voto en otra isla, entre otras muchas lindezas que serian largas de enumerar….. asi de subtropical y bananero es el Régimen electoral canario.

Por otra parte, los beneficios y exenciones fiscales, sirven para comprar lealtades de la pequeña oligarquía local. Cuando en el Imperio Britanico en la India un maraja se rebelaba, Inglaterra le permitía poner un impuesto a costa de su propio pueblo para mantenerlo leal. En Canarias pasa algo parecido, un impuesto por aquí, una exención fiscal por allá. El REF básicamente es eso, la creación de chiringuitos extractivos, de redes clientelares y de incentivos a las grandes empresas españolas que operan en Canarias….

Suelen decirse cuestiones muy burdas y manifiestamente falsas sobre el Concierto. Se le acusa de sobrefinanciación (tener dinero no es garantía de buena gestión, como lo demuestran los países con hidrocarburos en abundancia), de ser una cesión al PNV (hasta la segunda república no reconoce el Concierto), o a ETA (es un elemento de estabilidad y vinculación a España, algo que para una organización marxista revolucionaria le importa poco), o tantas otras que una lecura seria y sosegada desmiente y desmonta. Indudablemente en País Vasco y Navarra, en Hego Euzkadi, existe un nivel de vida mejor que en otros territorios del estado español. El Sistema de Concierto y Convenio son una inigualable herramienta. Pero ni más ni menos que eso, un instrumento. Otras son las razones de su utilidad y éxito en estos tiempos.

Uno ha de tener la autonomía y el autogobierno que se pueda permitir, en su estabilidad económica y financiera. Vivir por encima de las posibilidades es un riesgo en el que no se puede caer. Es por ello que la voluntad política debe estar sustentada en la capacidad de recaudación y de gestión de los recursos propios, sin olvidar la solidaridad con otros. Seguramente sorprenda, pero el sistema de Concierto y Convenio es perfectamente exportable para quien así lo quiera. El cupo se sustenta en el pago del 6’24% de las competencias no transferidas y gestionadas por el estado en el territorio vasco. Es por ello que la suma de todos los territorios da 100. Es una cuestión política. Al igual que igualar por abajo es un crimen. Si hay que hacer algo es dotar de mejores mecanismos al que carece de ellos. Y no quitárselos a quien los posee. Y más cuando, a consecuencia de las chapuzas de la década de 2007 a 2017 en el modelo de financiación autonómica, ha provocado que en las 15 autonomías de régimen común exista una deuda conjunta que supera los 200 mil millones de euros hacia el estado.

2017 será un año en el que habrá que revisar el cupo, la aportación y el sistema de financiación de las autonomías de régimen común. Es un problema grave y postergado. Y debe resolverse, en principio, con sentido común. Y con responsabilidad. Cualquier ataque al Convenio y la aportación y al Concierto y el cupo supondría, en la mayor, la desestabilización de la relación de vascos y españoles, y en la menor una merma significativa de la financiación de los servicios públicos de País Vasco y Navarra. Supone atacar a las capas más débiles de la sociedad vasca, que son las que más se benefician del actual sistema de Concierto y Convenio. Y la prueba de la estabilidad es que mientras el sistema foral ha tenido una metodología, el general ha tenido 7, fracasadas todas, y se debe encontrar, tras los parches, una octava, que no sea “satánica”, como definió Cifuentes a la actual. Ah, curioso que su correligionario andaluz, Moreno Bonilla fuera el que calificara a Madrid como “paraíso fiscal” … en fin, Spain is diferent.