El legado del primer Gobierno Vasco

Imanol Lizarralde

Cuando en octubre de 1936 el Lehendakari José Antonio Agirre inauguró el primer Gobierno Vasco de la historia, era un proyecto que venia de mucho antes de la guerra y no obedecía a su coyuntura. El Lehendakari Agirre y el ministro socialista Indalecio Prieto estaban negociando de antes el Estatuto que finalmente se aprobó.

Se trataba el último sprint de una carrera iniciada ya a principios de la República y que comenzó, para los nacionalistas, con otros socios de viaje: los carlistas y los monárquicos que apoyaron a Agirre en el Estatuto de Estella de 1931; los mismos futuros golpistas que combatiría el recién constituido Gobierno Vasco.

Digamos primero que el grupo que menos le interesaba la guerra en el 36 fue el PNV. Precisamente por el proceso iniciado de forma consciente en 1931: por el proyecto estatutario que tenían en mente los dirigentes del PNV (los llamados por Lezo de Urreiztieta «hombres de Deusto» al haber pasado por las aulas de esa universidad que permitió que las elites de Euskal Herria no tuvieran que emigrar a otros sitios).

Más allá de las polémicas periodísticas entre radicales y moderados, todas las fracciones del nacionalismo, desde Elías Gallastegi hasta Engracio de Aranzadi, bregaron para que este proyecto llegara a su fin: los Yagis -la fracción radical- del nacionalismo, lo cuenta Urreiztieta, trabajaron y votaron a favor de la consulta del estatuto en 1933.

En aquellos tiempos, las tendencias nacionalistas actuaban como una familia unida, aunque con disputas. Y a pesar de su independentismo radical, cuando el Lehendakari Agirre llamó a Urreiztieta, y el Gobierno éste arriesgó su vida innumerables veces trayendo alimentos y armas para Euzkadi.

El Gobierno Vasco constituyó una prolongación del esfuerzo civil previo que los nacionalistas habían realizado durante la República: recordemos que ya habían creado Euzko Ikastola Batza, la Asociación de Escuelas Vascas, en las que se formarían las primeras andereños y maestras de andereños de la post-guerra.

Metidos en estas veredas, contactando con todo el arco político vasco y español, con derechas e izquierdas (carlistas, monárquicos, el partido radical -uno de cuyos gobernadores permitió la celebración de la consulta estatutaria- y los socialistas), los nacionalistas no querían la guerra ni estaban preparados para ella. Las vacilaciones del PNV respecto al conflicto son totalmente comprensibles: era casi el único partido que no estaba contagiado de la furia fratricida que corroyó a ambos bandos.

Y la postura del PNV fue pragmática, como se vio en sus conversaciones con las derechas y las izquierdas: querían el Estatuto, el cumplimiento del «programa mínimo» soñado por Sabino Arana, un instrumento institucional que permitiera a los vascos proteger y mantener su identidad.

Para los dirigentes del PNV, la guerra fue una eventualidad catastrófica, ya que interrumpía de raíz el gran movimiento social creado entre los vascos en busca de su autonomía. El primer Gobierno Vasco presidido por el Lehendakari Agirre, en plena guerra, quiso prolongar el esfuerzo civil de los nacionalistas inaugurando la primera Universidad, el primer periódico íntegramente en euskara, la primera Sanidad… Y además organizó un ejército vasco, creó moneda propia, pasaportes, etc.

A pesar de las limitadas atribuciones del Estatuto de 1936, por las circunstancias de la guerra, el Lehendakari pudo asumir casi plenos poderes, mientras que la Generalitat de Lluis Companys, sobre todo después de mayo de 1937, estaba sujeta a la férula del Gobierno de la República.

El Lehendakari Agirre hizo dos cosas más: dejar en el territorio ocupado una red de Servicios de Información que abarcó las cuatro provincias y que sirvió, junto con la organización de los nacionalistas encarcelados, para recoger información de guerra vital de cara a la Guerra europea que se veía venir. Así como para mantener la comunicación entre el Gobierno Vasco y las zonas ocupadas y para ejercer de red de solidaridad y de ayuda para presos, refugiados y exiliados.

El Lehendakari Agirre quiso también implantar entre los vascos la memoria de esos breves momentos de guerra y de autogobierno como un hito histórico de libertad vasca. Y vaya que lo consiguió. Traigo a colación una anécdota familiar. Nuestro bisabuelo, venido en barco a Donostia, después de que cayera Bilbao, fue interrogado por un locutor de radio. Y respondió: «Ahora que he visto con mis ojos la libertad de mi pueblo, puedo morir tranquilo».

Eso era lo que pretendió Agirre: que mientras se prolongara la siniestra noche del franquismo, en el pueblo permaneciera vivo el recuerdo de su breve libertad y la esperanza de que tal libertad le sería restituida, como así ocurrió con el Estatuto de Gernika. Ese recuerdo renovado en los ritos y acciones de la resistencia, y el mantenimiento de una organización vibrante en el interior, sostuvo e incluso acrecentó magma social que permitió al nacionalismo no desaparecer en el fanquismo como ocurrió con el carlismo.

¿Qué tiene que ver todo esto con la vindicación que hacen del Lehendakari Agirre los dirigentes de Bildu? El legado del Lehendakari Agirre también comprende dos aspectos del mito de los gudaris: el de la lucha desigual contra un enemigo poderoso e implacable; y el haber mantenido las manos limpias de sangre inocente. Todos sabemos porque a Otegi le conviene subrayar lo primero y obviar lo segundo.

La lucha de los gudaris tuvo primordialmente valor no por que combatía al fascismo sino porque defendía al Gobierno Vasco, la primera institución nacional de nuestro pueblo en cientos de años, guardando las garantías cívicas de los ciudadanos, incluyendo las de los enemigos. Arnaldo Otegi nos ofrece un frente anti. Como en España hay pelea, los vascos tenemos que crear una Covadonga antifascista. El furor miliciano de Otegi nos trae los ecos del «no pasarán» y «Ay Carmela», lo peor de las columnas milicianas que desfilaban con el puño en alto y fusil al hombro.

La perspectiva “antifascista” de Otegi es militarista, mientras que el Lehendakari Agirre vindicaba primordialmente una construcción civil. La trayectoria de una Izquierda Abertzale que aun ahora da por buena su lucha político-militar no es compatible con la defensa de los derechos humanos y de la razón moral que el Lehendakari Agirre puso en el frontispicio de la ejecutoria de su Gobierno.