Posteado por: aberriberri | diciembre 4, 2013

Último acto de revisión de la política del olvido y de suspensión de la memoria (I)

Fernando Mikelarena bere blogean

democracia_franquismoLa cronología de la gestión, institucional y general, de la memoria histórica de la represión franquista durante la guerra civil y la posguerra desde la Transición a la actualidad diferencia varias fases. Se ha dicho que a un primer periodo, el de 1977 a 1981, conocido como de de “políticas del olvido”, siguió una segunda etapa, calificada como de “suspensión de la memoria”, entre 1982 y 1996. A partir de 1996 comenzaría una última fase, denominada como de “el resurgir de la memoria”.

A finales de los años setenta el desinterés de la mayor parte de las instituciones, así como del mundo académico, hacia las víctimas del franquismo, del que participaron la mayoría de los partidos políticos, encontró un contrapunto en numerosas iniciativas surgidas de la sociedad civil y alentadas por familiares y por sectores receptivos a sus reclamaciones que permitieron la recuperación de restos de asesinados tras la exhumación de fosas comunes.

Por el “pacto de silencio o de olvido” existente hasta mediados de los años noventa del siglo pasado, en aras del espíritu de la reconciliación, se adoptó una especie de convención de no agitar temas que pudieran suscitar divisiones en la opinión pública. A pesar de que el partido socialista dispuso del poder durante catorce años, con amplias mayorías parlamentarias en varias legislaturas), en ese lapso de tiempo no se impulsaron medidas en relación con las olvidadas víctimas franquistas. De esta forma, hay que recordar que el gobierno socialista se posicionó en 1986 a favor de no celebrar el cincuentenario de la guerra civil porque “una guerra civil no es un acontecimiento conmemorable”. Años más tarde, en 1994 el periodista Walter Bernecker comentaba que no se podía acusar al gobierno socialista de revanchista en cuanto que animó a pasar por encima del tema de las víctimas del bando republicano en la guerra civil con el propósito “de no contribuir a reabrir las heridas producidas por la guerra, confundiendo el <<revanchismo>> -que nadie propugna- con la ineludible necesidad de recomponer los trazos esenciales de la reciente historia por dolorosa que ésta sea” . Historiográficamente, eso entronca con el hecho de que el cincuentenario transcurrió dentro de un clima moral e intelectual en el que desde la comunidad académica se postuló que la guerra había que asumirla como “error colectivo y como expiación”, como el ejemplo contrapuesto a la presunta reconciliación posibilitada por la Transición a la democracia .

Por contra, desde mediados de los años noventa se entró en una fase bien diferente. Entonces, diversas asociaciones iniciaron sus campañas reivindicativas de la memoria antifranquista, actuando como lo que se viene en denominar emprendedores de la memoria. Esas asociaciones estarían impulsadas por la generación de los nietos, una generación que, al no vivir ni la guerra ni el franquismo no estaría hipotecado por sus recuerdos personales ni por los compromisos sociopolíticos de los años setenta y ochenta en relación con el pasado, llegando a ser crítica con la gestión de la memoria de la época de la Transición. Estarían imbuidas de la noción de deber de memoria para reivindicar a las víctimas de la represión, como un impulso moral y cívico solidario con los derrotados .

Se ha solido indicar que un primer punto de arranque para la dinamización de las actividades de esas asociaciones lo constituyó la decisión en el verano de 1995 del Ministerio de Defensa del último gobierno socialista de Felipe González de colaborar en la recuperación de los cadáveres de los soldados españoles que habían combatido en Rusia enrolados en la División Azul. Esa primera chispa fue posteriormente alimentada por la política de la memoria emprendida por los gobiernos del Partido Popular entre 1996 y 2004. A la celebración de conmemoraciones apoyadas de forma entusiasta por el gobierno español de entonces, centradas en personajes e hitos como los cien años de la muerte de Cánovas del Castillo, el centenario de 1898, el cuarto centenario del fallecimiento de Felipe II o el quinto centenario del nacimiento de Carlos V, se añadieron iniciativas que trataban de acomodar la enseñanza de la Historia a los intereses político-ideológicos del PP tales como el debate en el año 2000 sobre los libros de texto de la asignatura de aquella asignatura en la enseñanza secundaria, al que acompañó un nada neutral informe emitido por la Real Academia de la Historia. Asimismo, no hay que olvidar que entonces comenzó a extenderse un discurso revisionista en relación con la Segunda República y la Guerra Civil por parte de autores que, fuera de la historiografía académica y con puntos de vista más ligados al periodismo tendencioso (Federico Jiménez Losantos, Pío Moa, José María Marco, César Vidal), se ubicaban en ámbitos próximos al Partido Popular. Historiadores como Moradiellos, Reig Tapia o Viñas han incidido en la repetición de argumentarios franquistas de que hace gala esa publicística revisionista, así como en su desconocimiento de la historiografía crítica académica .

Al poco de su nacimiento a mediados de los noventa, el movimiento social en pro de la memoria histórica se convertirá en un fenómeno de dimensiones amplias que se introducirá en las agendas programáticas de los partidos de izquierda y del nacionalismo periférico. La reacción del Partido Popular será dar “apoyo al movimiento revisionista”, mostrando en su segunda legislatura “y ya con mayoría absoluta, unas facetas que muchos creían ya superadas”.

El primer debate público de una cierta intensidad en relación con las políticas de memoria vino precisamente en septiembre de 1999, momento éste en el que se debatió por primera vez en el Parlamento español una moción de condena del golpe de estado de 18 de julio de 1936 y del régimen de Franco. Posteriormente, el debate, además, se tornó cada vez más polarizado a causa de las iniciativas mantenidas por el PP en relación con la relectura del pasado por las que esa formación intentaba apropiarse totalitariamente de la democracia mediante la interpretación de ésta desde postulados neoconservadores y la sacralización de la Constitución, presentando, además, como víctimas del terrorismo, del todo equiparables a las asesinadas con posterioridad a 1977, a personas asesinadas en las postrimerías del franquismo de las que era más que conocida su fidelidad militante, homicida y torturadora hacia el régimen franquista.

A partir de entonces se sucederían numerosos debates en foros parlamentarios, algunos de los cuales darían lugar a pronunciamientos y normas jurídicas aprobadas conocidas por el gran público. Asimismo, se desarrollarían un gran número de actuaciones e iniciativas de las que no vamos a ocuparnos aquí por razones de espacio.

En Navarra también imperó la política del olvido hasta finales de los años noventa. Durante la primera legislatura, la que va de 1979 a 1983, solamente hubo dos debates en el pleno del Parlamento, en julio de 1980 y en octubre de 1981, ceñidos ambos a la cuestión del escudo y la bandera de Navarra y a la supresión en ambas de la laureada. Los debates preliminares registrados en la Comisión de Régimen Foral (en número de tres, en septiembre y octubre de 1979 y en junio de 1980, respecto al primero de aquellos dos debates plenarios; y otro en diciembre de 1980, respecto al segundo y último) se centraron también en dichos símbolos, si bien en el primero de todos las dos mociones presentadas respectivamente por el Partido Socialista y por Herri Batasuna abordaban, asimismo, la cuestión del callejero y de los monumentos a los caídos franquistas, aspectos que desaparecieron ulteriormente de la discusión. La supresión finalmente de la laureada se sustentaría en el apoyo de las fuerzas de izquierda frente a la oposición de UCD y UPN que obtendrían un premio de consolación con el apoyo socialista a su propuesta de proscripción de la ikurriña de los edificios públicos.

Entre 1983 y 1999 (que cubre las legislaturas de 1983-1987 y de 1987-1991 en las que Navarra fue gobernada por el PSN-PSOE, la legislaturas de 1991-1995 en la que Navarra fue gobernada por UPN y la legistura de 1995-1999 en la que un breve gobierno de coalición constituído por PSN, EA y CDN dio paso tras un periodo de un año a un nuevo gobierno monocolor de UPN con el apoyo externo del PSN por no considerar posible este partido seguir en el gobierno tras destaparse el escándalo Urralburu) la cuestión de la memoria histórica solamente se debatiría en una ocasión en el Parlamento de Navarra.

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Responses

  1. A mí me parece que es evidente que hubo un pacto de silencio. Y si este pudo tener alguna justificación respecto a soslayar el peligro de un golpe de estado, desde luego no lo tuvo en relación a la estricta justicia de los hechos. El PSOE quiso ser aceptado por los poderes facticos y de ahí nace el pacto de silencio. Despues del GaL la derecha y la izquierda española quisieron callar por razones evidentes de no dar cuartelillo a sus sangrientos errores. Por eso es que a estas alturas estamos hablando de un tema que tendría que estar resuelto pero la izquierda y la derecha españolas siguen empeñadas en no aclararlo ni resolverlo de una forma satisfactoria.


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