Joxan Rekondo Pyrenaeus-eko Talaian
1. El debate político sobre la estructura institucional del país ha sido más o menos constante desde 1979. El reparto del poder público interno (LTH) fue uno de los temas de la división del PNV de mediados de los 80 y marcó después el carácter de EA. La integración institucional de los territorios vascos del sur de los Pirineos ha sido también uno de los ‘nudos’ alegado por ETA para justificar su acción terrorista.
Ambos, hoy son debates que apenas mueven a interés social, a causa del peso preponderante de la crisis y los problemas de la economía. Aparte, hay un buen nivel de confianza en la estructura institucional vasca por parte de la ciudadanía. Esta confianza está relacionada con la cercanía. Los vascos dicen creer más en los Ayuntamientos, algo menos en las Diputaciones y después en el Gobierno Vasco. Este dato debiera llevar a los grupos políticos a sopesar si es éste el mejor momento para perturbar esta estabilidad institucional con demandas de reforma inmediata.
2. Durante la pasada legislatura, el gobierno del PSE quiso impulsar una política que afectaba a materias de responsabilidad foral. Básicamente, se empeñó con la fiscalidad. No hubo problema mientras la intención del Gobierno fue coordinar y colaborar en el seno de los órganos interinstitucionales. De esa época (2009-2010) es el acuerdo fiscal entre PSE, PNV y Hamaikabat que hincó el diente a materias como la estabilidad financiera y el endeudamiento público, y realizó la reforma de algunas figuras tributarias (las SICAV,…). La inminencia de un largo ciclo electoral (con convocatorias forales y autonómicas) y la espiral de imputaciones recíprocas que acompañó a este ciclo impidieron la continuidad de una colaboración que, además, pretendía lograr un nuevo marco tributario que garantizara la sostenibilidad a futuro de los Servicios Sociales.
A partir de ahí, sin influencia en los ejecutivos territoriales, el Gobierno de Patxi López quiso imponerse por jerarquía. Las Diputaciones serían responsables de un gasto público inefectivo por servicios duplicados, de oponerse a una reforma fiscal progresista, de desdén ante el fraude fiscal o de asfixiar financieramente al gobierno en virtud de sus herramientas fiscales.
Más tarde, el PSE llegó a la reforma de la estructura institucional, aunque sin la correlación de fuerzas que necesitaría para aprobarla en el Parlamento Vasco. Sería una reforma para dotarse de una estructura administrativa simple, en lugar del entramado complejo que creían incompatible “con la evolución del país y las necesidades de una sociedad moderna”. El cambio apuntaba a las instituciones forales, a sus tres Haciendas y a su elevado nivel de “competencias administrativas y políticas”. La actual estructura estaría pensada para ser coordinada desde “un solo partido que gobierna todas las instituciones del país”. La clave, según los socialistas, sería la reforma de la Ley de Territorios Históricos para corregirla en una dirección piramidal, apuntalando la supremacía del Gobierno de Gasteiz. Todavía, siguen en esas.
3. En este tema, a mi modo de ver, los socialistas están entrando en un callejón sin salida. En primer lugar, por interpretar que es la estructura del país la causa de sus reveses y fracasos al frente del gobierno. Y en segundo lugar, porque no es posible modificar el entramado institucional en un sentido centralista reformando solo la LTH.
Por su obviedad, doy por explicada la primera de las razones. En relación con la segunda, hay que decir que para modificar nuestra estructura interna de poder público habría que reformar la normativa institucional básica (la Constitución, el Estatuto y el Concierto Económico) y renunciar al fundamento histórico de nuestro autogobierno.
Dicho sea brevemente, la Constitución ampara los derechos históricos de los territorios forales y remite su actualización al Estatuto (Disposición Adicional 1ª). El Estatuto vasco es el resultado de la asociación de los territorios titulares de los derechos históricos (art. 2). De este hecho deriva que la representación de los territorios en el Parlamento común sea igual (Art. 26.1), que se conserve el régimen privativo de cada territorio histórico (37.2), que la competencia normativa y de gestión tributaria (41) corresponda a las instituciones forales y que la determinación de los ingresos de la Hacienda General del País Vasco haya de ser convenida con los Territorios Históricos, (42). En este contexto, el Concierto Económico reserva para el Parlamento Vasco la facultad de dictar normas para articular la coordinación, la colaboración mutua y la armonización de las Normas fiscales de los tres territorios. Es una facultad que no provee al Parlamento de iniciativa para una reforma fiscal y que opera en caso de discrepancias entre los territorios, pero que le permite, según la Ley de 1989, la regulación armonizadora de los tributos, tanto en aspectos sustantivos como de gestión.
Es imposible, por lo tanto, desvirtuar el nivel institucional foral reformando solo la LTH, que es una norma que ajusta la organización concreta político-administrativa de las instituciones comunes (que representa la voluntad común del pueblo vasco) con la modernización de los regímenes forales territoriales. Ese cambio no puede alterar la naturaleza asociativa del sistema, que obliga a negociar y convenir las finanzas entre los poderes comunes y territoriales que lo conforman. En el ámbito de las competencias tributarias, si hasta hoy el Parlamento no ha legislado para armonizar, ha sido llanamente porque no ha habido voluntad política.
4. Actualmente, a cuenta de la crisis española, se habla mucho de duplicidades y centralización de servicios públicos alegando los costes e ineficiencias que conllevan las Administraciones descentralizadas. Aquí también queda la duda de si no estarán imputando a la estructura autonómica la incapacidad de los gestores. En todo caso, este debate se ha introducido también en la agenda de los políticos vascos, pero no tanto en la sociedad.
¿Es el sistema federativo vasco más costoso y más ineficiente que lo que sería un sistema centrado en los poderes comunes? Ya he señalado antes en qué sentido se manifiesta la tasa de confianza de los vascos respecto de las instituciones que les gobiernan. En virtud de ese parámetro, son las instituciones más cercanas las que socialmente se perciben como eficientes. Los Ayuntamientos algo más que las Diputaciones y las Diputaciones un poco más que el Gobierno.
La explicación no es difícil de entender. Las instituciones más próximas son en la práctica más sensibles a la hora de abordar las necesidades sociales conforme al criterio ciudadano. Y la prestación de los servicios está más cerca de su coste real si se realiza desde el nivel más apropiado. Otro punto de eficiencia, paulatinamente más visible a medida que avanza la crisis, es que cada nivel está tiende a asumir aquellas facultades que mejor puede desempeñar. Además, en iguales condiciones de transparencia, la cercanía de la Administración hace más evidente la corrupción, lo que facilita su persecución.
5. El federalismo busca poner obstáculos al poder concentrado. Al control vertical realizado por los Parlamentos añade la dispersión horizontal del poder. Dispersar el poder significa establecer fórmulas institucionales de control recíproco y cooperación. Podemos darle la vuelta aquel argumento del PSE que venía a decir que el actual entramado institucional solo es útil con el mismo partido en todos los gobiernos. Porque una estructura de este estilo es utilísima para defender la unión del país, que será más fuerte si los diferentes poderes públicos (que pueden estar en manos de fuerzas diversas) combinan la autonomía y el liderazgo compartido, a través de la negociación y la alianza. Y la unión del país será más débil si, en el caso de que todas las instituciones queden en manos de una sola fuerza política, el proceso institucional de vigilancia mutua, negociación y asociación se abandona, por incapacidad de los gestores públicos o por injerencia partitocrática, en manos de la dirección del partido.
Nuestra estructura institucional es compleja, vale. Pero, adentrados en el siglo XXI, pretender gestionar problemas complejos, de sociedades complejas cada vez más desafectas de la frivolidad política ascendiente, con instrumentos simples, que legitiman una concentración del poder público en un polo central, no es democráticamente muy instructivo.
Para partidos como Bildu que no tienen un proyecto de gestión institucional de cara a la ciudadanía es un chollo todo este rollo de poner patas arriba el sistema institucional vasco, pues en un momento de tener que solucionar problemas graves como la crisis sería un nuevo avispero político que le libraría de tener que enfrentarse a esos problemas. Y como el ego socialista está muy dolido por su última estancia en el poder y por su actual ausencia del mismo, la pinza Bildu-PSOE de cara a estas operaciones inútiles podría darse. Es un alivio saber que para poder llevar a cabo esa reforma habría que plantear niveles de correlación de fuerzas que ni siquiera la combinación Bildu-PSOE podría llegar a alcanzar. En todo caso, la práctica, como plantea Rekondo, demuestra que la cercanía institucional hacia la gente da la medida de la adhesión del pueblo a la institución. Vamos, que la gente es normalmente subsidiaria.
El problema está en que la gente, por lo general desinformada y presa de la demagogia de los partidos políticos, se ha acostumbrado a pensar que es posible hacer lo que se quiera con las instituciones históricas y la estructura social, montando y desmontando organigramas como si se tratara de una empresa privada o un departamento funcional de la administración.
Y no es asi. La historia pesa mucho, y ciertamente a veces parece que la voz de los muertos tiene más influencia que la de los vivos. Se trata de un hecho inevitable que nadie puede cambiar. Habrá a quien no le gusten las instituciones forales por vetustas, descentralizadas, pretendidamente ineficaces o cualquier otra cosa. Pero están ahí, son el producto de siglos de evolución histórica y, además, como bien sugiere el Profesor Rekondo en su acertado análisis, descansan sobre un fundamento jurídico muy difícil de alterar.
Imagínense que esos partidetes de izquierda que creen que todo es posible con solo proponérselo y ahora abogan por la centralización algún día llegaran a hacerse fuertes en las Diputaciones. ¿Creen que seguirían manteniendo el mismo discurso político, o más bien se sacarían da la manga otro más en concordancia con sus intereses de ese hipotético momento?
Totalmente de acuerdo con el articulista y los dos comentarios. Lo que garantiza el autogobierno de Euzkadi son los derechos históricos.
Estoy totalmente de acuerda.
Las democracias reales son las garantistas y se disingue de las formales por sustentar un auténtico sistema de poderes y contrapoderes.
Nadie parece querer advertir que la existencia de las Diputación y Juntas Gnerales supone un auténtcio contrapeso a los desmanes que de los contrario se podría cometer por una mayoría coyuntural como la que resultó de fatídico pacto PSOE-PP y de la que pudiera ser PSOE-BILDU.
La existencias de las intituciones de los TTHH es una ganrntía democrática, y es además un elemento legitimador del derecho de los vascos a poder decidir su futuro sin injerencias externas.
JELen agur
Como no podia ser de otra manera, estoy de acuerdo con Joxean.
Lo único matizable, es lo poco que me gusta fundamentar los derechos vascos y de sus instituciones, en la Constitucion española. Ya caímos en ese error hace 160 años y debemos huir de la constitucion española para la acreditación de «lo nuestro», como de la peste.
Las instituciones históricas vascas son buenas para los vascos y por ello son históricas, y por ambas razones debemos pelear por ellas.
Otros (PSE, PP, IR) buscaran el apoyo de la constitucion o crearan otra nueva. Nosotros tenemos nuestras propias constituciones que son nuestros fueros.
Estimado Joxan, los socialistas vascos agradecen tus comentarios sobre nuestra concepción de lo vasco, pero discrepamos en muchas ideas de las que en este artículo expresa el “Gran Madarín de los Buktzagiles”.
Para los socialistas vascos las ideas fundamentales son estas
Respecto al modelo de Estado.
El nuevo siglo está viniendo acompañado por una revisión del modelo de Estado. Revisión que se produce por diferentes razones, pero que afectan de forma conjunta a la concepción del Estado mismo.
Hoy en los países europeos ha crecido la ambigüedad de lo que realmente es el Estado. Por un lado, los Estados están cediendo soberanía por causa de la integración europea y, por otro, esos mismos Estados se están viendo obligados a hacer frente a iniciativas secesionistas de distinto rango.
En los países con movimientos nacionalistas, éstos tratan de deslegitimar el Estado compartido existente, planteando la dicotomía entre nuevo Estado nacionalista y Europa como el único paradigma válido.
Es la propia concepción de la identidad, entendida como rasgo común compartido por toda la ciudadanía, la que hace imposible la gestión en igualdad de una sociedad pluralista y de identidades diversas.
Además, a lo largo de estos últimos 30 años, en Europa se han ido posicionando Estados con políticas neoliberales que han ido renunciando al control de la economía, creando dos espacios paralelos: el espacio público regulado por el Estado y el espacio económico que no está sujeto a ningún control y que se ha convertido en la fuerza con mayor poder, enfrentándose a los propios Estados.
La concepción neoliberal del Estado mínimo está dejando fuera de control a las fuerzas económicas -especialmente a las entidades financieras- y reduciendo los servicios públicos de carácter universal, abandonando a la ciudadanía a sus propias fuerzas.
Así, en las últimas décadas la aplicación de estas medidas neoliberales ha supuesto un fuerte incremento de la desigualdad, invirtiendo una tendencia sostenida del Estado de Bienestar. Mientras que el Estado de Bienestar ha ido reduciendo de forma significativa las bolsas de pobreza
Esto ha supuesto un parón drástico de la movilidad social: hoy es mucho más difícil para los hijos de familias humildes ascender en su estatus que hace 30 años.
Y es ésta una realidad a la que los Socialistas debemos dar respuesta, a nivel europeo, pero también español y vasco.
El nacionalismo es un rasgo del pasado que se está convirtiendo en un lastre para asumir e integrar sociedades pluralistas con identidades diversas.
Las sociedades modernas son en sí mismas, y cada vez más, mixtas.
Los Socialistas Vascos defendemos el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, un modelo de Estado compartido y común, un Estado de los ciudadanos.
La defensa del Estado compartido es consustancial a la existencia de las fuerzas políticas progresistas en España. Desde 1812, las fuerzas progresistas han podido ganar a la derecha defendiendo un modelo de Estado compartido vinculado a la defensa de la libertad, la igualdad del conjunto de la ciudadanía, la igualdad de derechos políticos y la igualdad de oportunidades.
Es un hecho que los progresistas no debiéramos olvidar nunca: que sólo desde la defensa del Estado compartido se puede buscar el apoyo de las fuerzas progresistas que sustentan en la igualdad y la solidaridad la construcción de las instituciones públicas.
El nacionalismo tiene una concepción del Estado en términos de poder. Para un nacionalista el Estado es, ante todo, el monopolio de poder. Por ello toda su estrategia e ideología se expresa en términos de poder: frente al Estado para restarle poder, y frente a la sociedad de su entorno erigiéndose como único poder político uniformizador.
Por eso cuando hablamos de modelo de Estado los nacionalistas, de un
signo y otro, y los Socialistas estamos hablando de cosas diferentes.
Ellos están hablando de repartir el poder, nosotros de garantizar la libertad de la ciudadanía.
Ellos están hablando de utilizar el poder para modificar comportamientos sociales, de fomentar una única identidad, nosotros de fomentar la tolerancia hacia el otro, de garantizar la libre identidad de cada uno.
Ellos hablan de dar todo el poder a los territorios (y como los territorios no pueden hablar los nacionalistas se autodenominan representantes exclusivos) y nosotros hablamos de recuperar el poder para la ciudadanía.
El Socialismo Vasco no puede permitir que se olvide que los progresistas tenemos apoyo ciudadano y electoral cuando defendemos valores y principios universales y defendemos, asimismo, el Estado compartido como ámbito de solidaridad y progreso.
Lo que tenemos que hacer es plantear el debate con nuevas categorías: cada vez que utilizamos en el debate categorías nacionalistas no podemos salir del laberinto. Es verdad que para una parte de la población las categorías nacionalistas centralistas al viejo estilo siguen teniendo fuerza, pero nunca podrán aglutinar a las bases progresistas.
Qué modelo de Estado queremos.
Frente al modelo de Estado de los neoliberales, con fuerte aparto policial, judicial y militar, y sin servicios públicos; y ante las reivindicaciones secesionistas, los Socialistas debemos definir nuestro propio modelo de Estado Social y Democrático de Derecho.
Debemos hacer un esfuerzo en definir el modelo de Estado que queremos desde dos ejes: la libertad y la seguridad.
La libertad.
Defender el Estado como garante de la libertad de las personas y no como monopolio de poder nos permite entablar un debate radicalmente diferente con el nacionalista.
Debemos enfrentar al Estado nacionalista, el “Estado de los ciudadanos”.
Si cogiéramos todos los debates sectoriales, todas las propuestas de todo tipo del nacionalismo y buscáramos las respuestas no con la pregunta “¿quién tiene el poder?” sino con la pregunta “¿quién defiende la libertad y la igualdad de la ciudadanía?”, estaríamos planteando unas soluciones radicalmente diferentes y veríamos que muchas de las cuestiones en la que llevamos años encerrados no tienen sentido desde la izquierda y el progresismo.
Y desde esta perspectiva del Estado como garante de los derechos, los Socialistas Vascos reivindicamos “el derecho a la libre identidad individual” frente a “la construcción nacional” y “el derecho a decidir colectivo”.
Plantear el Estado como garante de derechos personales y guardián de la igualdad de todos, poniendo límites a las decisiones colectivas- además de facilitarnos la relegitimación de la democracia desde el discurso de la libertad y los derechos- le plantea al nacionalismo un problema que no puede solucionar desde planteamientos democráticos.
Los Socialistas Vascos debemos hacer un esfuerzo en no enfrentarnos al nacionalismo con sus mismas categorías (como hace el PP) sino con un discurso basado en otros valores y categorías políticas.
Es desde la defensa de la libertad de identidad individual desde donde cobra sentido el autogobierno como espacio de convivencia democrática entre diferentes con iguales derechos.
Así, frente a la nacionalización forzosa en comunidades nacionalistas, los Socialistas Vascos reivindicamos el derecho a la pluralidad identitaria.
Para los Socialistas el Estado no es una entidad que impone modelos de vida sino que defiende las formas diferentes de modelo de vida de la ciudadanía.
La identidad es algo que no se puede votar en el Parlamento, como no se puede votar la religión de la ciudadanía.
La garantía de la libertad no es la mayoría, sino la seguridad de que nadie, ni siquiera la mayoría, va poder imponer nunca a la totalidad de la sociedad su forma de entender la vida, la religión o la identidad.
La seguridad vital.
Los Socialistas Vascos defendemos un concepto de seguridad que, además de proteger las libertades personales, garantice la seguridad de la ciudadanía a la hora de abordar sus necesidades personales y sociales. Es de una “seguridad vital” de la que hablamos.
Esta seguridad es de nuevo cuño. No estamos hablando de la seguridad de Hobbes basada en el monopolio del uso de la fuerza, de una seguridad física.
Estamos hablando de la seguridad del ciudadano y ciudadana para abordar su vida. Estamos hablando de una seguridad vital.
Las inseguridades profundas que está creando la nueva modernidad son vitales. El Estado debe asumir que las nuevas sociedades tendrán una gran componente de inseguridad vital –ya no hay trabajo estable, todo cambia de forma mucho más rápida que la vida de una persona-. Ya no hay nada permanente que dé seguridad al proyecto de vida de un persona.
Por ello una de las funciones más importantes del Estado moderno es saber gestionar la inseguridad de las personas de forma colectiva.
En el pasado la fuerza era la respuesta ante la inseguridad pública, Ahora no es la fuerza sino la solidaridad la que tiene que dar respuesta a las inseguridades vitales de las personas.
Y los Socialistas Vascos creemos que estas seguridades, que nacen de la
solidaridad, debieran organizarse en las siguientes ámbitos:
a) Servicios públicos.
Cuando todo cambia, cuando no podemos hacer previsiones personales a largo plazo, o es muy difícil, los servicios públicos, que han venido siendo la garantía de la igualdad de oportunidades, en la nueva modernidad se convierten, además, en elementos de supervivencia para la ciudadanía sin recursos.
Frente a una sociedad cambiante, a una vida que no encuentra seguridades en el mundo laboral y ha abandonado el refugio de viejas entidades corporativas o familiares, “lo público” es lo único que garantiza “estabilidad y seguridad vital al ciudadano autónomo”, porque la economía se ha convertido un monstruo desbocado que nadie controla.
b) El control ciudadano de la economía.
Esa falta de control total de la economía (una impotencia reconocida por los diferentes gobiernos) es la que está creando la “Gran Inseguridad”.
Hace ya muchos años que un viejo socialista, Fernando de los Ríos, en una intervención en el Congreso dijo que la libertad de la economía hacia esclavo al hombre y que por tanto hacía falta controlar a la economía para garantizar la libertad.
El lenguaje es algo antiguo pero la verdad es igual de clara y rotunda ahora: una economía sin control no quiere decir una economía libre; quiere decir que personas con poder económico utilizan su poder para impedir la libertad del resto.
Y eso es lo que nos está pasando ahora: que grupos de interés están chantajeando a los gobiernos y a la ciudadanía. Y también son los grandes enemigos de la libertad de mercado porque abaten por igual a gobiernos y empresas de la economía productiva. Porque siempre la libertad sin control de los poderosos se convierte en servidumbre de todos los más débiles.
Los gobiernos neoliberales han dimitido en su función de representación
de los intereses ciudadanos y han entregado el poder económico a grupos de interés.
El Estado moderno debe, de nuevo, coger las bridas del caballo desbocado, y tomar el control, especialmente el control del relato de la economía.
Debemos caminar, en palabras de Fernando de los Ríos “hacia una economía sojuzgada, hacia una economía sometida, hacia una economía disciplinada y subordinada al interés público”. Porque la economía debe tener una función pública.
Decir que por un lado están los objetivos políticos que decidimos entre todos, y que, por otro lado, la economía es algo que debe caminar sola, es entregar el poder ciudadano a unos pocos.
Debemos hacer un relato de la economía en relación al cumplimiento de sus fines al servicio de los intereses ciudadanos.
Ya nadie plantea la economía como una guerra entre los capitalistas y los obreros explotados. Sabemos que la economía es un bien público que afecta a todos y todas. Por eso, precisamente, nos hace falta más que nunca, la seguridad de que los grandes asuntos de la economía se deciden desde la representación colectiva.
Hoy el Estado parece un espectador –un espectador apaleado- que busca cómo puede sanear los presupuestos públicos.
Es necesario que planteemos una visión global de la economía, vinculando el esfuerzo colectivo, las empresas, la fiscalidad y las políticas públicas en un todo coherente.
El Estado ha de ser un agente activo en el ejercicio de la función de control público de la economía.
La propuesta socialista.
Los Socialistas Vascos proponemos defender el Estado compartido que garantiza la unidad de las partes. Que da cobertura a la colaboración de los diferentes
Los Socialistas Vascos defendemos un modelo de Estado que defiende la libertad de las personas, que es el guardián de las opiniones diversas y de las minorías.
Los Socialistas Vascos defendemos un modelo de Estado que de seguridad vital a las personas. Que mantenga los servicios y prestaciones públicos como red de solidaridad ciudadana.
Los Socialistas Vascos defendemos un modelo de Estado que asuma la representación global de los intereses ciudadanos y ponga la economía bajo control público.
Los Socialistas Vascos defendemos un modelo de Estado que entienda la economía como un bien público y por ello adopta las decisiones oportunas para que la economía sirva para el progreso de la comunidad.
Los Socialistas Vascos defendemos un modelo de Estado que no permita a grupos de interés o a poderes opacos estar ajenos a la responsabilidad social y, por tanto, regule de forma eficaz la actividad del capital financiero para que no sea, como en la actualidad, un capital especulativo que ataca a los intereses de la ciudadanía y al entramado productivo.
Los Socialistas Vascos defendemos, en suma, un modelo de Estado que fomente la corresponsabilidad y la multilateralidad entre sus diferentes niveles institucionales. Un modelo de Estado que supere las inútiles riñas entre territorios y que consiga, desde la suma de esfuerzos, la construcción de una sociedad moderna, cohesionada y sostenible.
La solución a nuestros problemas actuales no pasa por quitar competencias a las autonomías (como pretende el Gobierno del PP en su afán recentralizador), pero tampoco por romper con el Estado común, iniciando aventuras que nos separen también de la Europa común.
Gobierno central y autonomías debemos corresponsabilizarnos en la superación de los problemas que nos plantea la nueva modernidad. Y
ello exige:
– clarificación de competencias entre las diferentes instituciones,
– un sistema de financiación justo y equitativo,
– y un Senado que realmente sirva como Cámara de representación territorial.
Queremos, en definitiva, mejorar el funcionamiento del Estado autonómico, mejorando la Coordinación y la Cooperación federal del Estado.
EL AUTOGOBIERNO VASCO
Autogobierno vasco.
Para los Socialistas Vascos el autogobierno es el principio esencial para garantizar la libertad y la convivencia entre diferentes.
El autogobierno es el ámbito institucional que nos permite a todos ejercer la libertad de identidad, garantizándonos nuestra propia forma de entenderla.
Después de treinta años, los Socialistas Vascos creemos que es necesario evaluar su resultado y proponer las reformas necesarias para asegurar en el futuro la libre convivencia entre los vascos.
El autogobierno estatutario que disfrutamos en la actualidad es el resultado de un proceso histórico, que recoge una tradición de comienzos del siglo XX.
Los Estatutos de Autonomía son las herramientas políticas de las que nos dotamos en España para solucionar un problema contradictorio en los Estados nacionales: que hay grupos de población con sentimientos identitarios diferentes.
En aquellas comunidades nacionalistas, los nacionalismos han concedido a los Estatutos el rango de “pequeño Estado”, mimetizando todas las características del Estado nacional.
Esta interpretación de los nacionalismos pervierte el objetivo original de regular de forma democrática la diversidad de identidades. Porque a través de la mimetización del Estado nacional pretenden que el territorio bajo su control se construya sobre la identificación identitaria común de todos sus ciudadanos.
Entendido así el Estatuto –como estructura política que representa a un territorio con identidad diferenciada- necesariamente se suscita una guerra de poder entre éste y la Administración General del Estado.
Los Socialistas Vascos hacemos una afirmación básica que modifica el concepto de los Estatutos de Autonomía: los territorios no tienen identidad, la identidad es característica de las personas.
Y añadimos más, no hay territorio en el que todas las personas tengan la misma identidad.
Los Socialistas Vascos defendemos la libertad de identidad, frente a la nacionalización forzosa.
Al definir entidades políticas diferenciadas, no se reconoce una identidad única a esa entidad sino que lo que se trata es de reconocer la problemática específica de la diversidad de identidades en este ámbito político-territorial.
Y aquí es donde tiene sentido pleno el autogobierno. El autogobierno no es sólo una forma política concreta de organizar el poder territorial del Estado; es un espacio para buscar la concordia y la convivencia entre diferentes identidades.
El autogobierno requiere, para que sea operativo de dos supuestos:
a) El reconocimiento de la libertad de identidad plural. Es decir que la identidad pertenece al ámbito vedado a la decisión colectiva. Pertenece al conjunto de valores democráticos no votables.
b) La voluntad de seguir viviendo juntos. Y los Socialistas Vascos afirmamos nuestra voluntad de seguir viviendo juntos, tanto la ciudadanía vasca entre sí, como con el conjunto de los españoles que formamos parte del mismos Estado compartido.
El autogobierno así entendido significa la renuncia expresa a buscar una sola identidad común para toda la ciudadanía vasca, lo que quiere decir que las entidades políticas que nos representan deben ser garantes de este principio, y no promotores de la uniformidad identitaria.
Por eso los Socialistas Vascos no entendemos el autogobierno en términos de poder arrancado al Estado sino en términos de igualdad y libertad.
Para los Socialistas Vascos el autogobierno es el pacto que garantiza la igualdad de derechos políticos y civiles en el seno de la Comunidad Autónoma y con el resto de españoles.
El autogobierno no pretende ser constructor de identidades, sino garantizar la de todos y todas. Una libertad de identidad que es siempre personal pero que tiene prácticas colectivas.
Hay formas diferentes de poner en práctica este principio de autogobierno porque lo sustancial es el pacto ciudadano de mutuo reconocimiento, como ocurre en el sistema federal.
No debemos olvidar que la organización institucional del autogobierno se sustenta sobre dos ejes:
Organización interna dentro de la propia comunidad autónoma. . Participación en el Estado compartido: Coordinación y Cooperación.
Organización interna dentro de la propia Comunidad Autónoma.
Tenemos en la actualidad un sistema muy complejo de instituciones. Para una población de algo menos de 2.200.000 habitantes contamos con más de 250 ayuntamientos, con sus mancomunidades y consorcios, tres Juntas Generales con sus Diputaciones, un Parlamento y un Gobierno vasco.
En muchos casos se produce una duplicidad de funciones y actuaciones entre las diferentes administraciones que generan problemas de coordinación y suponen una duplicidad del gasto público y pérdida de
recursos, tal como se explicitaba en el Informe sobre Duplicidades presentado en la Ponencia correspondiente del Parlamento Vasco.
.
Este sistema institucional ha promovido, además, una muy compleja red de empresas públicas (más de 400), que dificultan aún más la eficiencia de las políticas públicas en el sector público vasco.
La propuesta de los Socialistas Vascos.
Creemos que es hora de modernizar nuestro entramado institucional.
El debatir nuestro entramado interno es la mejor forma de dar valor al autogobierno. Sólo depende de nuestra voluntad y de la disposición a llegar a acuerdos con el resto de fuerzas.
Por ello, los Socialistas Vascos vamos promover la creación de una ponencia parlamentaria con el objetivo de racionalizar y modernizar el entramado institucional vasco. Tres serán sus objetivos:
La reforma de la LTH, para racionalizar el reparto de competencias.
La aprobación de la Ley Municipal, para dotar a los ayuntamientos de suficiencia económica y reconocerles las competencias necesarias.
La unificación de las empresas públicas por áreas funcionales.
Participación en el Estado compartido: Coordinación y Cooperación.
El Estado de las Autonomías en España.
El Estado de las autonomías aprobado en la Constitución de 1978 ha sido el intento más serio y democrático para dar una solución razonable a la diversidad de identidades de grupos de población y, además, para redistribuir el poder en centros múltiples, legitimando dos poderes políticos complementarios: el Estado compartido común y las Comunidades Autónomas.
La Constitución de 1978, añadió el objetivo de la distribución del poder a la experiencia de la II República, que buscaba, exclusivamente acomodo a la diversidad de identidades.
Es verdad que este doble objetivo se ha planteando con algunas contradicciones y ambigüedades, especialmente al definir las nacionalidades y regiones como sujetos constitutivos del nuevo poder autonómico.
En la situación actual debemos analizar, tanto los objetivos constitucionales como la experiencia histórica de estos 30 años y, especialmente, los problemas que ha ido generando.
Analizar sin miedos los problemas, no quiere decir, en ningún caso, que no reconozcamos los grandes beneficios del sistema autonómico español. Pese a quien pese, ha sido el gran motor para fomentar la igualdad territorial. El sistema autonómico, en su objetivo de crear nuevos centros de poder político, ha supuesto un enorme avance en la igualdad territorial -y por tanto en la igualdad ciudadana- de zonas y regiones históricamente marginadas en España. Es algo que nunca deberíamos olvidar cuando en la actualidad arrecian los ataques al sistema autonómico y piden una mayor centralización a la vieja usanza.
La consecución del objetivo de búsqueda de una solución razonable a la diversidad de identidades, ha tenido unos efectos ambiguos. Mientras que ha dado posibilidades, nunca antes disfrutadas, para la defensa de rasgos identitario diferenciados, especialmente en Cataluña y Euskadi, ha supuesto también que los nacionalismos, utilicen el nuevo poder político autonómico como base para la deslegitimación del Estado compartido común.
Los principales problemas.
El problema competencial es sin duda el mayor problema del sistema; más en concreto la ambigüedad del reparto competencial.
Es preciso aclarar cuáles son las competencias del Estado, frente a las de la Comunidades Autónomas, porque la lucha competencial se ha convertido en un problema creciente creando así una espiral de
agravios.
Como ejemplo más reciente tenemos los 29 Reales Decretos Leyes que el Gobierno de Mariano Rajoy ha sacado adelante en la presente legislatura, vulnerando el reparto competencial que la Constitución consagra entre Administración General del Estado y Comunidades Autónomas.
Especialmente en Euskadi, que debido al procedimiento de pactar cada competencia transferida, la relación de la Administración central con el poder autonómico se ha convertido en una guerra sin fin, que aún no ha concluido.
La Administración General del Estado, reservándose la vía de la “Normativa Básica”, viene modificando en la práctica, de forma unilateral, el reparto competencial, invadiendo competencias que ya tienen las comunidades.
Este impulso recentralizador tiene como objetivo concentrar todo el poder y la capacidad de control en la Administración General del Estado, vaciando las competencias de las Comunidades Autónomas y generando toda una cadena de recursos ante el Tribunal Constitucional, lo que sin duda menoscaba la convivencia y el pacto entre las Comunidades Autónomas y el Estado.
Y esta realidad se hace precisamente más visible ahora con el embate neoliberal que estamos percibiendo desde el Gobierno de Rajoy.
Este afán recentralizador ha venido alimentando la relación bilateral de la Administración central con las CCAA, con la voluntad, en ocasiones, de controlar los posibles desmanes de éstas. Sin embargo, esto ha provocado un resultado totalmente contrario y perverso; la falta total de solidaridad de las CCAA entre ellas, y la posición de enfrentamiento permanente con la Administración Central, aprovechando de forma especialmente eficaz los momentos de debilidad política del Gobierno central.
Esto está alimentando, además, las fuerzas centrífugas secesionistas de los nacionalismos, generando seguramente, el mayor problema político del sistema: la ausencia total de corresponsabilidad de las
Comunidades Autónomas en la gobernanza del Estado.
La propuesta del PSE-EE.
Los Socialistas Vascos buscamos solucionar los problemas del sistema, fortaleciendo el pacto ciudadano de convivencia en el seno de la Comunidad Autónoma y con el resto del Estado.
Los principios que sustentarán esta reforma serán los siguientes:
a) Claridad.
Es necesaria una mayor claridad competencial de los dos poderes políticos. No se puede mantener de forma permanente esta negociación sobre competencias que hacen que el sistema esté permanentemente abierto y sea políticamente inestable.
Por tanto, deben definirse de forma clara las competencias, tanto del poder central como del autonómico. Para ello es necesario asumir la mayoría de edad de los poderes autonómicos y no crear vías fraudulentas que permitan la renegociación permanente.
b) Corresponsabilidad.
Los poderes autonómicos deben asumir la corresponsabilidad en la gobernanza común. Asumir la gobernanza común quiere decir, por un lado, que las CCAA tienen que dejar de verse a sí mismas como poderes sin responsabilidad en el conjunto, y, por otro lado, deben asumir que forman parte de un Estado común con su consiguiente cuota de responsabilidad.
Pero para ello es necesario que se arbitren estructuras e instituciones en las que los poderes de las CCAA puedan participar en las decisiones fundamentales que afectan al conjunto de ciudadanos del Estado compartido, entre ellas una profunda reforma del Senado.
c) Unidad.
La reforma que planteamos no puede ser, en ningún caso, utilizada como excusa para trocear el Estado compartido, al contrario, debe servir
para reforzar la pertenencia de todas las instituciones autonómicas al Estado común.
La reforma que planteamos los Socialistas Vascos es un nuevo contrato ciudadano que ratifica la unidad y el deseo de seguir viviendo juntos, de forma solidaria y corresponsable.
Reformas necesarias.
Los Socialistas Vascos proponemos las reformas necesarias para lograr los siguientes objetivos.
a) Renovar el pacto ciudadano de vivir juntos. Fortalecer la unidad de todos en un mismo Estado compartido garante de las libertades comunes. Debemos elaborar algún procedimiento para ratificar la voluntad ciudadana de seguir viviendo juntos y terminar con el chantaje permanente de los nacionalismos que deslegitiman el carácter democrático del Estado compartido.
b) Definir de forma clara las competencias de las autonomías, asumiendo que son poderes políticos complementarios e integrándolos en la responsabilidad de la gobernanza global.
c) Impedir que la Administración central tenga, en la práctica, instrumentos, que anulen las competencias de los poderes autonómicos.
d) Los poderes públicos de las autonomías deben participar en las decisiones colectivas. La reforma del senado como cámara territorial es seguramente, la mejor forma.
e) Las cuestiones que afecten al ámbito competencial, o a las competencias mismas, de las comunidades deben ser aprobadas necesariamente en la Cámara Territorial.
f) Los poderes autonómicos deben reconocer la libertad de identidad y garantizar las prácticas colectivas diversas. Cada Comunidad Autónoma debe, ella misma, gestionar de forma democrática la diversidad de identidades en su seno
Estimado Hamaikatimo:
No soy Joxan, pero puedo hacerte un par de comentarios acerca del correo río que pones aquí.
Primera consideración: hay entre las cosas que pones cuestiones que se pueden compartir por parte del nacionalismo y otras que incluso son positivas (así como hay paja a punta pala, como no podía ser de otra manera viniendo de los sociatas).
Entonces aquí viene la pregunta: si los sociatas ha estado gobernando en Euskadi y en España hasta hace dos días: ¿Por qué no hicieron entonces esa propuesta? ¿Por qué cuando tenían la oportunidad no las acordaron y las pusieron en práctica?
Aventuro una más que hipótesis: por que los sociatas sois una pandilla de demágogos vendehumos que os acordais de Santa Barbara después que ha tronado, es decir, os acordáis de las propuestas cuando estas ni pueden acordarse ni pueden ponerse en la práctica.
¿No es así? O si no explícamelo.
JELen agur
¿España, modelo de estado compartido?
Hay que joderse…