La necesaria Constitución Foral de Euskadi (y II)

Iñigo Lizari, Ion Gaztañaga

Terminábamos el anterior capítulo abogando por una arquitectura foral de raíz municipal, donde el lugar de quedar los municipios descolgados de la legitimidad de los Derechos Históricos en un régimen local impuesto por el Estado, se apueste por recuperar la esencia de la foralidad donde el municipio era la base constructiva del principio asociativo vasco.

Liberados de la imposición del régimen local estatal, la autotutela organizativa vasca permitiría una autodeterminación o derecho a decidir interno, donde los vascos podrían redimensionar y readecuar las relaciones municipio-territorio foral-unión foral de la forma más adecuada tanto desde el punto de vista de la eficiencia como del punto de vista de la legitimidad y de la identidad propia de los ciudadanos. ¿Cuáles son las novedades que en uso de la autotutela organizativa podríamos explorar? Son incontables, cierto es, mas convendría explorar aquellos que potencien la democracia directa y los principios federales, junto con el dimensionamiento adecuado para hacer frente, bien entrados en el siglo XXI, a las necesidades de los ciudadanos. Trataremos en los siguientes puntos del decálogo algunas propuestas en este sentido:

4º.- Potenciar el municipio: el rol desde la modernidad a la glocalidad

Este sistema político originario de raíz local de raigambre y tradición secular, frente a lo que digan los neoabsolutistas jacobinos, es lo más moderno que puede existir, ya que la “ciudadanía” es algo que se materializa a nivel local, -es la ciudad la que nos hace ciudadanos- pero por si ello fuera poco, este sistema político de raíz local es el sistema mejor adaptado a los retos de la globalización en este siglo XXI. Todas las estrategias globales, ya sea de lucha de cambio climático como de sostenibilidad material, energética y alimentaria, se fundamentan en el impulso de políticas locales, es el “piensa globalmente y actúan localmente”. En el ámbito de la interculturalidad las estrategias interculturales son estrategias locales de comunicación entre los residentes de una misma ciudad de destino que tienen su procedencia en otras ciudades de origen con culturas muy diferentes. Pensar en comunidades interculturales es pensar en hoy en ciudades como Nueva York, Sidney u Oackland en Nueva Zelanda.. Todo lo que sucede globalmente sucede localmente. Por lo tanto,  este sistema político originario de raíz local es algo más que una seña de identidad, es de una enorme funcionalidad, y es una joya democrática institucional que tenemos que preservar.

Los municipios, a su vez, deben de estar lo suficientemente dimensionados para las competencias de los tiempos actuales. En el propio Think Gaur 2020, tras observar lo que se ha realizado en otros países avanzados como los países nórdicos, se plantea una reducción del número de los mismos para hacerlos más eficaces. Pero esto se debe de plantear desde la libre asociación, sin imposición de uniones. La lógica indica que lo más probable es la asociación de municipios de un mismo valle, ribera o comarca, pero la lógica vasca aconseja una asociación voluntaria incentivada, de forma que los municipios asociados puedan dar los servicios que se consideren como adecuados como competencia municipal.

5º.- Representación de los Alcaldes en Juntas Generales

Siendo los alcaldes los representantes de cada municipio, podría ser beneficioso corresponder a los Alcaldes con la condición de Junteros, es decir, representantes en las Juntas Generales, pudiendo aquí también delegar sus funciones. Para materializar esta representación caben formulas de voto ponderado como se utilizaba en Gipuzkoa (en su día por fogueras) bien en función de la habitantes del municipio, bien en virtud de una combinación de peso poblacional y territorial. O en caso de ponderación, la elección de concejales elegidos por el pleno como representantes adicionales en los municipios con gran población. Si los Alcaldes o concejales son junteros por derecho no hay duplicidades ni incremento de personas ni coste económico, más bien reducción. Siendo los alcaldes en la política real los más proclives a representar a sus ciudadanos más allá de sus partidos, pueden aportar unas Juntas Generales que pueden llegar a acuerdos más fácilmente y un poder legislativo territorial más independiente del poder ejecutivo, pues es evidente que en la actualidad la separación de poderes entre ambos es más bien teórico que práctico, sin que haya contrapesos suficientes para garantizar desde la cámara un control suficiente de la tarea del ejecutivo.

6º.- Necesidad de un Régimen Local Foral propio.

Es conveniente que el Régimen Local de los municipios de Euskadi en su integridad deba ser de Autoregulación Foral amparada también por la Disposición Adicional primera, ya que el municipio es la raíz de la foralidad, son la base del “Bloque de la Foralidad”. No debe ser de una Ley de Bases de Régimen Local Estatal la que determine la estructura orgánica ni composición. Seria conveniente, en uso de este régimen local foral, los alcaldes de los municipios fuera directamente elegidos por los ciudadanos mediante sufragio universal, y no por los sus respectivos plenos como se hace ahora. Convendría que los concejales fueran a su vez alcaldes electos de distrito o barrio. Se trata de garantizar que la representatividad de las circunscripciones sea personal y que no se diluya en listas, y que exista un responsable político concreto en todo. La asunción de responsabilidades es fundamental para la función pública y esta característica brilla por su ausencia en nuestra política actual.

7º.- La elección de los Diputados Generales

Siguiendo el ejemplo de los alcaldes, y como contrapeso a la configuración de las juntas generales como representación de municipios, los Diputados Generales de cada Territorio Histórico deberían ser también elegidos directamente por los ciudadanos mediante sufragio universal y serían los encargados de forma el gobierno de la Diputación como ahora. La función y el talente del Diputado General, siguiendo el esquema de las juntas, sería la de ser un Alcalde de Alcaldes, porque es lo que tradicionalmente representan, llevando a cabo una labor de gobierno que podría recoger las competencias de una gran mancomunidad de municipios.

8º.- La elección del Lehendakari

Si ya hemos hablado del alcalde y del Diputado General, más conveniente seria aún que el Lehendakari fuera directamente elegido por los ciudadanos mediante sufragio universal directo, y ello contribuiría enormemente a salvar la llamada “brecha identitaria” ya que habrían de concurrir candidatos que abracen los grandes sentimientos compartidos y que fueran respetuosos con los distintas sensibilidades, lo que ahondaría en el beneficio de una ciudadanía vasca más cohesionado. Mejoraría además la separación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, actualmente inexistente debido al modelo español de separación de poderes que se ha copiado en el modelo vasco. Y sería igualmente conveniente que actuase con el talante de un Alcalde de Euskadi.

9º.- La composición del Parlamento Vasco

El parlamento vasco necesita una actualización y mejora que la libere del modelo parlamentario español que se ha demostrado inútil y costoso. Los parlamentarios pueden reducirse, sin ninguna merma de iniciativa o calidad parlamentaria, a menos de la mitad, ya que es evidente que muchos de los parlamentarios obtienen su escaño para simplemente financiar económicamente sus tareas internas en los partidos políticos. En la actualidad, no son en la práctica representantes de los ciudadanos, sino en gran parte, pulsadores de botones de acuerdo a la estrategia partidaria. Con esta reducción, el poder legislativo vasco podría adoptar diversos sistemas organizativos.

Uno para el debate podría ser una estructura bicameral efectiva (es decir, radicalmente diferente al modelo senado-cortes español) que pueda ofrecer tanto una ponderación territorial (que en el caso actual es manifiestamente perjudicial para los bizkainos), como una ponderación poblacional:

1. Una podría ser la Junta General de Euskadi (reunida en Gernika) que representase a los municipios o a los territorios históricos, una Junta resultante de la unión de las Juntas Generales Territoriales. que viniera a llenar el hueco de aquella especie Junta General Bascongada de carácter subsidiario a las Juntas Territoriales surgida para el año 1.860 fruto de la labor de la de las institucionalización de las Conferencias entre Diputaciones, y que no pudo desarrollarse más, a cuenta de la abolición foral producida en 1.876. Evidentemente, con la reducción municipal practicada por la reorganización en la búsqueda de la eficiencia el número de participantes de la Junta General debiera ser bastante más reducida que el número de municipios. Esta cámara ofrece la ponderación territorial y también cabe la opción de que como en el Senado alemán los miembros de esta cámara sean representantes nombrados por las Juntas Generales (Landers en el caso teutón).

2. Debería de existir una Cámara de representación de los Partidos Políticos como la que existe ahora en Vitoria-Gasteiz, si bien convendría que fuera elegida en circunscripción única, un euskadiano un voto, ya que la cuestión territorial estaría compensada por la otra cámara. La experiencia demostraría que la cámara de los partidos políticos acabaría siendo la más conflictiva, menos operativa, más sectaria y más disfuncional.

Otra alternativa es una única cámara que se renovara en tiempos diferentes, una vez con los representantes municipales y otra vez a la vez que la elección del lehendakari, de forma que puda existir un mayor contrapeso entre el poder legislativo y el ejecutivo, tal y como sucede en algunos países europeos o en USA, donde el senado se renueva parcialmente. Toda organización a nivel nacional debiera buscar primero un mayor equilibrio territorial/poblacional, y un contrapeso efectivo a la labor del ejecutivo.

10º.- Un entramado institucional basado en el Principio de Subsidariedad

Es el único principio que debe de inspirar la atribución de las distintas competencias en cualquiera de los niveles de nuestro entramado institucional ya sea Municipal, Territorial o común Euskadiano. En función de dicho principio, la competencia ha de corresponder a la administración más próxima al problema, siempre que la misma pueda resolverla eficientemente. En este sentido resulta absolutamente necesario que prescindamos de apriorismos y desde un análisis racional y empírico, transfiriendo al gobierno de las TTHH las funciones que no pudieran realizar eficientemte los municipios y al gobierno común las que no pudieran realizar con mayor efectividad los TTHH. Resulta por todo ello fundamental que la Comisión Arbitral de Euskadi además de los tres representantes por el Gobierno Vasco, un representante por cada una de las tres Diputaciones Forales, debería de contar con un representante por cada una de las Juntas Generales donde estarían representados los Ayuntamientos de cada territorio. Los municipios a su vez deberían estar representados en el Consejo Vasco de Finanzas ya que recaudan impuestos a nivel municipal

Consideraciones finales

El actual Gobierno Vasco deriva del Gobierno Vasco de la Republica por más que les pese a los jacobinos españoles que quieren ligarla a la Constitución de 1978. Es este precedente y el de Cataluña el que explica la autonomía de las nacionalidades y las regiones de la actual constitución. En este sentido el Gobierno Vasco actual es un superviviente institucional republicano (de hecho es el único Gobierno que ha subsistido a la subversión de aquel orden constitucional). Pero la Constitución de 1978 es una constitución más favorable o menos negativa que la constitución de 1931, y ha permitido la reinstauración de los Órganos Forales como las Diputaciones Forales y las Juntas Generales y la inserción en los mismos de las competencias en materia fiscal garantizadas por el Concierto Económico. A su vez, el Concierto es el único superviviente, aunque no fuera parte original de la foralidad sino una institución surgida de su abolición, de aquella estatalidad pretérita violentada en 1839 y más tarde en 1876, por la  ley de la fuerza “susceptible de causar estado” en cuya caso la fuerza deviene en Derecho según Canovas.

Tomando como base el anterior argumento, no hay razón algún para no explorar todas las potencialidades de la Disposición Adicional en combinación con la Disposición Derogatoria punto 2º, donde, como ya advertimos en un artículo anterior, se puede hilar más fino, ya que la derogación de la Ley de 1.839 y 1.876 supone la expulsión de las mismas del ordenamiento jurídico, pero no presupone que su integración pretérita en dicho ordenamiento fuese ilegítima, o se tuviera por no incorporada. La declaración de ilegitimidad sólo se consigue con la declaración de nulidad (tesis defendida en las Cortés Generales por el pre-nacionalismo Vasco-Navarro desde los tiempos de Arturo Campion), sustituyendo «derogación» por declaración de nulidad.

Una vez establecidas las bases del autogobierno sobre los DDHH, será momento de trabajar por recuperar nuestras competencias históricas plenas en Justicia, Derecho Civil, Derecho penal, Derecho Procesal, derecho Internacional Privado y Público (ahí están los tratados de Paz de los TTHH con potencias internacionales), tengamos la política exterior de promoción económica acorde a nuestras necesidades, tengamos selecciones deportivas,  etc…

El Derecho a Decidir del Pueblo Vasco se concreta con el  derecho a decidir de los cuerpos políticos libremente formados, y que en el caso de este Pueblo se han traducido en TTHH. Es decir, que el derecho a decidir del pueblo vasco es el derecho a decidir de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia y Navarra, Lapurdi, Baxe Nafarroa y Zuberoa. Este planteamiento mucho más realista y democrático es a fin de cuentas lo que está en nuestro orígenes, y también en el caso del nacionalismo en los Estatutos del Euskaldun Batzokija (SABINO ARANA, Bilbao, 14 de julio de 1894);

 Art. 4°. LAGIZARRA. Bizkaya se reconstituirá libremente. Restablecerá en toda su integridad lo esencial de sus Leyes tradicionales llamadas Fueros. Restaurará los buenos usos)’ las buenas costumbres de nuestros mayores. Se constituirá, si no exclusivamente, principalmente con familias de raza euskeriana. Señalará al euskera como lengua oficial.

Art. 8°. Siendo Bizkaya, por su raza, su lengua, su fe, su carácter y sus costumbres, hermana de Alaba, Benabarre, Gipuzkoa, Lapurdi, Nabarra y Zuberoa, se ligará o confederará con estos seis pueblos para formar el todo llamado Euskelerria (Euskeria), pero sin mengua de su particular autonomía.(…).

Para que todo esto sea posible de forma democrática y realista, para que tenga una base jurídica real y continuada de nuestra historia política violentada por el jacobinismo franco-español, es necesario una vez asentado nuestro autogobierno en el “Bloque de la Foralidad” y se plasme el entramado institucional de Euskadi en una Constitución Foral, que sea la expresión unificada de nuestras auténticas constituciones vernáculas. Para que, en palabras del Lehendakari Agirre podamos construir un proyecto con nuestras características históricas:

«Tenemos los vascos una tradición de libertad de siglos y una educación política propia que no es de hoy. Nuestra tradición nos servirá de base para la marcha sobre el futuro. (…) Democracia sin demagogia – recordad nuestras Juntas Generales-. Poder fuerte sin extravíos dictatoriales – recordad nuestro Gobierno del Señorío-. Justicia social subordinada al principio del bien común – recordad nuestras leyes del fuero -. Igualdad aristocrática de los ciudadanos. Queremos la igualdad en el bienestar; no la queremos en la miseria.»