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La verificación técnica (2): Los verificadores del señor Manikkalingam

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Joxan Rekondo

Estos días se vuelve a hablar de la verificación del cese el fuego de ETA. La Comisión del cingalés Ram Manikkalingam se ha presentado públicamente en Euskadi con el objeto de desarrollar esta función, asegurando que sólo se va a ocupar de cuestiones técnicas y pidiendo el respaldo de la sociedad vasca.

En primer lugar, voy a recordar cosas que ya dije hace ya más de un año en artículos publicados con anterioridad en Aberriberri. Por ejemplo, que no debe de extrañar la importancia que ha adquirido el verbo ‘verificar’ en la paz vasca. La realidad es que, con relación a ETA y a sus declaraciones de suspensión de actividades, subyace un serio problema de credibilidad.

Recordamos que durante la tregua de 1998, esta organización socialista revolucionaria anunció un alto el fuego ‘total e indefinido’. Y que, no obstante, este alto el fuego no impidió la violencia callejera y la extorsión económica a empresarios, comerciantes y profesionales, el robo de munición y explosivo o la reorganización de su trama clandestina.

Tras la tregua permanente del 2006, la actividad armada continuó, de nuevo, por la vía del apremio financiero a los empresarios y con nuevas acciones de rearme y con la regeneración de su estructura interna. La credibilidad de aquel alto el fuego, finalmente, se destruyó definitivamente con la masacre de la T-4.

Visto lo visto, tratándose de ETA se hace absolutamente necesario verificar, comprobando con rigor el significado profundo de sus declaraciones y el curso perceptible y clandestino de sus acciones.

Dicho esto, creo que las afirmaciones que el señor Manikkalingam ha realizado al diario DEIA -el carácter técnico de las cuestiones a verificar y el apoyo de la sociedad vasca a la Comisión- no son tan evidentes como las plantea.

El lehendakari Ibarretxe, que ligaba el desarrollo de sus propuestas a un estado de ‘ausencia de violencia’, siempre propuso que la verificación de esa ausencia de violencia fuera materia de consenso político. El presidente Zapatero resultó el anverso de la moneda. Anunció una verificación técnica, cuya gestión se mostró ciega a los movimientos que realizó ETA durante el otoño y el invierno de 2006. Se podría decir que, en esta última etapa, lo que fracasó fue la manipulación política de un encargo que los técnicos habrían realizado con solvencia, pero que se hallaba subordinado a unos acuerdos previos entre enviados del Estado y de ETA.

Pero, ¿qué es una verificación técnica?, ¿puede ésta realizarse a salvo de toda interpretación política? ¿es posible realmente una verificación técnica?

La verificación es una función muy sensible en el logro de la paz. Y si algo ha de aportar la verificación del cese del terrorismo de ETA es confianza. Confianza que al tener consecuencias necesariamente políticas es sobre todo confianza política. Confianza política en que ETA apuesta por la paz y que ha desactivado en todos los rincones del país su infraestructura de amenaza, extorsión y muerte. Confianza política en que ya no existe ese centro de poder armado que pretende tutelar la política del país. Y confianza política que, transferida a la sociedad vasca, podría constituir el fundamento de una consolidación de la convivencia democrática.

Si el trabajo de los verificadores es aportar confianza política a la sociedad vasca, es ineludible que éstos agentes dispongan de un anticipo de la confianza social para la realización de su misión. Aunque esa confianza anticipada no se consigue sólo con pedirla. Porque la confianza popular, si quiere operar con legitimidad política, es representatividad pública. Y, ¿cómo se dispone de la representatividad del pueblo, de la sociedad? Evidente, a través del ejercicio más elemental de la política democrática: el voto.

Los señores de la Comisión Manikkalingam serán eminentes, sabios y honrados a carta cabal. Pero, la pregunta obvia es: ¿quién les ha elegido? Porque es a quien les ha elegido a quien realmente representan. La destreza en la resolución de conflictos no habilita por sí misma para ejercer la legitimidad popular.

Puestos ante el espejo irlandés, Chris Maccabe -antiguo responsable del NIO y componente de esta Comisión- conoce de primera mano que en Irlanda la verificación no se desarrolló de este modo en ninguna de sus fases. Ni durante el seguimiento del mantenimiento del alto el fuego mientras duraban las conversaciones multipartitas, ni posteriormente en la gestión del desarme. En ambas, los verificadores contaron en todo momento con  autorización institucional.

Del grupo me sorprenden además dos cosas, que temo están ligadas la una a la otra. La primera, que su tarea comience con un sutil desenganche de quien lo promueve -el grupo de Currin- porque es percibido aquí como mediador de parte. Y, la segunda, que busquen ser arropados por Iñigo Urkullu, definido como ‘pieza clave’ para legitimar el proceso del que la Comisión Manikkalingam participa.

Me cuesta mucho trabajo creer que esta Comisión no forme parte de una infraestructura de parte. Y reconozco que dicha infraestructura, sea o no de parte, podría ayudar mucho, pero habría de aceptar para ello su papel auxiliar respecto de lo que les toca hacer a las instituciones políticas vascas. A todas las instituciones vascas, pero principalmente a las de carácter nacional.

Es decir, terminaría por resumir de manera gráfica la esencia de mi artículo refiriéndome a posiciones recientes de dos organizaciones vascas. Hace pocos días Lokarri ha dicho que las instituciones deben colaborar con la Comisión Manikkalingam. No creo que sea lo acertado. Yo creo que esta Comisión y sus experimentados componentes se deberían poner a disposición de las instituciones públicas para ayudar a verificar el real cese de ETA. Al modo en el que dice la ponencia “Euskadi. Nación Europea” de la próxima Asamblea General del PNV, que se inclina por una “verificación habilitada y ratificada institucionalmente”.

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