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A propósito del gasto social sostenible

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Ion Gaztañaga

Que el gasto social sea un tema recurrente en los medios de comunicación no debe sorprender a nadie, en estos tiempos de crísis y de recorte de presuspuestos. Sin embargo, el debate sobre su sostenibilidad no suele ser tan habitual en los medios, lo suele ser el de otros sistemas como la seguridad social por la continua alarma sobre su viabilidad, y por ello me pareció fundamental que los diarios del grupo Noticias publicaran hace un par de fines de semana una serie de dos artículos (“El gasto social sostenible (1)” y “El gasto social sostenible (2)”) del economista Patxi Etxeberria.

Para aquellos que no tuvieron oportunidad de leerlo, me gustaría hacer aquí un resumen y comentario, ya que plantea preguntas básicas que desde el punto de vista abertzale, deberíamos poder responder a la hora de configurar el modelo de País que queremos. ¿Por qué se plantea la sostenibilidad del gasto social? El primer artículo de la serie dice así:

“El diputado general de Bizkaia ha iniciado públicamente una reflexión sobre la sostenibilidad del gasto social. El dato de partida es que el 48% (675 millones de euros) del presupuesto de la Diputación vizcaina se destina al Departamento de Acción Social, y que este presupuesto ha crecido el 212% desde 2003, mientras los ingresos solamente lo han hecho en un 39%. Para toda la CAV el desequilibrio es similar con una cifra de gasto social hoy de 1.079 millones, que equivale a 1.000 euros por trabajador, frente a unas inversiones del Gobierno Vasco para el año actual de 1.220 millones. Esta situación, se debe a dos factores: a la demanda social de que se atiendan cada día más necesidades personales, y al aumento del número de solicitantes de las ayudas.

En cuanto a la atención de necesidades, el aumento se ha producido por la mejora de las ayudas a las personas mayores, mejor atención a las personas con discapacidad y, sobre todo, por la lucha contra la exclusión social. En plena expansión económica, del año 2000 a 2005 los perceptores de Renta Básica en la CAV pasaron de 16.550 a 31.654 y hoy son 55.770, junto a los 38.000 que cobran ayudas para el alquiler de vivienda.”

Más allá de las cifras, que plantean un incremento de gastos muy superior al de los ingresos, hay que tener en cuenta también un hceho político muy significativo. Las leyes aprobadas de gasto social, incluída la Ley de la Dependencia, crearon unos derechos sin preocuparse de quién tendría que pagarlos. Así Zapatero aprobó su ley estrella sabiendo que al estar las competencias transferidas, serían las autonomías/diputaciones forales las que pagaran el 82% de la factura frente al 12% del gobierno central o el 6% de los usuarios. El resultado de la ley de Dependencia, con un fracaso estrepitoso que ha llevado al gobierno central a plantear este año su modificación, nos da idea de la facilidad con la que el gasto social entre en campaña para luego salir por la puerta de atrás.

Pero no sólo en el caso del gobierno central, pues el Diputado General vizcaíno también tiene palabras para nuestras instituciones:

“en la CAV se han venido aprobando una serie de medidas legislativas que han generado una serie de derechos ciudadanos que tienen un coste para las administraciones públicas, pero que quienes las aprobaron no se pararon a pensar en cómo las iban a financiar y que quien paga los servicios no fue tenido en cuenta”.

Es decir, legisla el parlamento y pagan las diputaciones, una cuestión que realmente da que pensar en la prudencia y proporcionalidad que se puede lograr cuando el que legisla no tiene que pagar la factura.

Es evidente que ante el aumento del gasto social, caben diversas alternativas no sostenibles, como el aumento de la deuda, y otras que requerirán bastante más esfuerzo. Una alternativa es la limitación o la disminución del gasto social, eliminando ayudas que se consideren ineficientes (por ejemplo si algún tipo de desgravación al alquiler fomenta el alza de los precios, no tendrá mucha eficacia), excesivos o simplemente, inabordables. La alternativa que cita Etxeberria en el segundo artículo de la serie si las instituciones quieren garantizar el actual gasto social sin un incremento brutal de impuestos (que podría traer, además de un cabreo generalizado, un crecimiento económico menor, y por tanto, ingresos insuficientes para sostener el gasto) sería una combinación de tres factores:

Por no repetir los sólidos argumentos de la serie artículo intentaré aportar alguna aportación respecto de los puntos 1 y 3. El primero, que el marco legal también debe clarificar el nivel competencial, ya que hemos vivido unos años en los que los ayuntamientos, debido a los ingresos provinientes del suelo y la falta de servicios por parte de otras instituciones (guarderías, escuelas, etc.) han proporcionado servicios para los cuales ahora no tienem ingresos. Además, el marco legal debe incentivar la lucha contra el fraude (más del 20% de la economía) y premiar también al emprendedor y al creador de empleo, pero no olvidemos que la economía sumergida no sólo es cosa de “grandes banqueros” si no también de los miles de trabajadores (limpieza, asistencia a enfermos) que combinan el subsidio con un trabajo no declarado a tiempo parcial. También queda el espinoso tema de la organización sindical, la financiación de los mismos y la cuestión de los liberados y su productividad. Temas llenos de prejuicios, pero también de grandes intereses difíciles de obviar.

Sobre el punto 3, la ejemplaridad del sector público, quisiera añadir que más allá del debate sobre el dimensionamiento adecuado del sector público, existe el debate sobre la productividad del mismo (Etxeberria cita, por ejemplo, que el abstentismo es el doble que en el caso privado, pero también sabemos que el absentismo es también mucho más alto en empresas privadas con muchos trabajadores). Valga el ejemplo de una persona nada corporativista como el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, quien afirmaba que la Justicia es “ineficiente” porque los jueces “no trabajan”:

En concreto, Gómez Bermúdez aseguró que de las 24 horas y media semanales de trabajo estipuladas en el despacho, que supondrían seis horas diarias, algunos jueces acaban desempeñando como “horas reales” no más de “tres horas y cuarenta minutos”, ya que “llegan media hora tarde, se van media hora antes” y dedican “dos horas a tomar café”. “No somos eficientes porque no se trabaja”, remachó.

Cabe mirar si también otros mitos son ciertos o son fruto de la imaginación y la incomprensión: ¿Es el horario de los profesores adecuado (los docentes de ESO imparten un máximo de 17 horas de clase)? ¿Las horas de tutoría en las universidades se dedican ciertamente a esa tarea? ¿Es adecuado el número de altos cargos de altos cargos, tanto internos como de designación libre? ¿Es el organigrama demasiado piramidal? ¿Es la subcontratación realmente más eficiente en cuanto a la subcontratación de servicios frente a otras opciones como entidades privadas participadas por las administraciones? ¿Puede la administración provocar una precarización alarmante de los servicios públicos en lugar de mejorar su eficiencia? Alguien podría acusar estas tareas de dimensionamiento del sector público como una caza de brujas, pero sólo una reforma en profundidad de los tres puntos citados por Etxeberria, y eso incluye al sector público, podría hacer que el gasto social pueda ser realmente sostenible. Hace falta un análisis riguroso y realista, porque una economía no será nunca sostenible si un gasto social insostenible.

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