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Cuesta abajo y sin frenos

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Ion Gaztañaga

Hay cosas que se prestan al chiste fácil. Y ciertas actitudes suelen calificarse despectivamente como “españoladas” en el pérfido afán de engordar el complejo de “chapuza nacional” que todavía pervive en el corazón de la piel del toro y la escopeta nacional, alimentando ese “determinismo fatal” del que hablaban los que lloraban por la suerte de “la unidad de destino en lo universal”.

El ámbito judicial es sin duda uno de los ámbitos estrella cuando se recurre al tópico del chapucerismo: casos estrella, jueces estrella, acusados estrella y cualquier otro artista que ambicione su estrella en el paseo de la fama patria. Y ahí está la famosa Ley de Partidos, que si jurídicamente puede ser discutible, no digamos ya sus últimas aplicaciones. A este respecto publicó ayer un artículo en el El País el Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV Eduardo Vírgala Foruria bajo el clarificador título “Una peligrosa pendiente antidemocrática”, lo que en román paladino significa “cuesta abajo y sin frenos”.

Semejante aldabonazo de una persona nada sospechoza de connivencia con los entornos de los aledaños de los alrededores de los que hablaban de oídas de ETA, comienza de un modo realmente contundente:

“El auto del Tribunal Supremo hecho público el pasado sábado anulando la candidatura presentada por Iniciativa Internacionalista (II-SP) es una mala noticia para todos los que durante los últimos años hemos defendido la constitucionalidad de la Ley de Partidos y su plena conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El auto plantea gravísimos problemas desde el punto de vista del funcionamiento de un Estado democrático, al anular una lista electoral sin haber demostrado, a mi entender, la concurrencia de lo exigido por los artículos 9.3 y 12.3 de la Ley de Partidos y por el artículo 44.4 de la Ley Electoral.”

Hace unos años conocíamos la teoría y desde hace pocos meses también la práctica de que la Ley de Partidos tenía entre sus objetivos, además de ilegalizar al  “brazo político de ETA”, echar al nacionalismo del Gobierno Vasco. Pero también nos habían vendido aquello de que pretendían excluír de las elecciones a partidos o continuadores que complementaran el terrorismo, todo desde el estricto respeto al “estado de derecho”.

Y aunque todavía haya quien no ha caído del guindo, a poco que se rasque a nadie se le escapa que HB como frente de masas del MLNV era parte contratante de la primera parte de una estrategia político-militar, complementando los interminables satélites del múltiple infinito jotake. Quizás por eso, y desde mi desconocimiento jurídico, no me sorprendería que los defensores de la Ley de Partidos, a poco que se haya esmerado la policía en las primeras ilegalizaciones a mirar la organización y financiación del entramado del MLNV, habrán investigado no sólo como se repartían la pasta desde AEK hasta la última coordinadora contra la construcción de desagües, sino que habrán visto el reloj suizo que se pretendía mantener en marcha desde que HASI se encargara de la batuta del Bloque Dirigente. Y siguiendo con las suposiciones, esta podría ser la causa de que el articulista no haya encontrado problema alguno en la aplicación de la Ley de Partidos a HB y considere que había material probatorio de sobra para aplicar su amada Ley.

Pero aunque todas estas supuestas pruebas pudieran haber sido claras para los amigos de la Ley de Partidos con el objetivo de ilegalizar (pendiente de Estrasburgo) a HB, EH y Batasuna, bien cierto es que el enemigo no duerme y el asunto se va refinando en cuanto el Karramarro se esconde bajo la arena. Y cuando empiezan a aparecer nuevas marcas blancas, ya no hay documentos de KAS, Ekin y sucedáneos que demuestren una estrategia perfectamente coordinada sino que el contubernio guberno-judicial empieza a verse en la necesidad de echar mano de “coincidencias” que complican el asunto de la siguientes ilegalizaciones. En palabras de Eduardo Vírgala:

“No basta con coincidencias puntuales entre personas aisladas y los partidos ilegalizados, al margen de que la opinión pública tenga la seguridad de que éstos sean realmente los que puedan estar detrás o vayan a utilizar en su favor los resultados electorales que se obtengan.”

Y la opinión de Eduardo Vírgala respecto al peso de las pruebas utilizadas para las ilegalizaciones de segunda generación es educada pero no por ello menos vergonzante para la justicia española:

“El auto del 16 de mayo creo que continúa una peligrosa pendiente de aceptar acríticamente la posición del Gobierno, ya iniciada en la sentencia de (…) Aukera Guztiak y (…) en el auto (…) sobre ANV. En la primera, los argumentos (…) fueron muy frágiles, ya que no se aportó ningún documento interno de ETA o Batasuna en que, aunque sea indirectamente, existiera mención a Aukera Guztiak y se utilizó una entrevista grabada con un preso etarra de la que sólo se deducía la intención de presentar dos listas, (…) pudiendo existir, (…) más listas que canalizaran la participación (…). De forma poco rigurosa, (…) se imputó a la lista lo que el Tribunal Supremo calificó de “atípica precampaña electoral de Aukera Guztiak”, por no hacer propuestas electorales concretas. Finalmente, se apuntó también una reunión con dirigentes de Batasuna sin aportarse datos del contenido de la citada reunión.

En el auto de 2007 se aceptó la “jugada táctica” del Gobierno de anular sólo parte de las candidaturas municipales de ANV. El Tribunal Supremo, en lugar de ilegalizar a ANV en un proceso específico (como hizo luego en 2008), utilizó inadecuadamente una especie de mezcla de procedimientos judiciales, (…). Los datos aportados para ello mostraban una utilización de ANV como un todo por Batasuna y no sólo limitado a las 133 candidaturas impugnadas (…), pero lo que no significaba, desde luego, que eso no se diera en las 123 no impugnadas.

Virgala habla ya no sólo de pruebas débiles, circunstanciales o insuficientes, sino que califica de “jugada táctica del gobierno” la decisión judicial de anular parte de las candidaturas y hace constar que los datos aportados contra ANV eran globales y no contra 133 candidaturas concretas. Lo lógico, nos dice el catedrático, es que si servían para estas, deberían haber servido para las otras. O para ninguna. Pero claro, entonces también había elecciones al parlamento vasco y ya se sabe las negociaciones pre-tregua al vuelo son malas consejeras. Tanta chapuza parece preocupar al artículista defensor de la Ley de Partidos, pero la última causa con Iniciativa Internacionalista se lleva la palma de sus piropos:

“(…) El Tribunal Supremo se conforma con decir que ETA-Batasuna “ha tenido en todo momento intención de presentarse” sin que se haya aportado un solo documento en que esa intención se concrete en alguna mención (…). No hay constancia probatoria de reuniones (…), ni de contactos en fechas previas a la convocatoria electoral, ni de asambleas de Batasuna en las que se decida la colaboración con II-SP.”

El problema patrio bien pudiera ser no darse cuenta que el pepegoterismo sirve cuando se juega en casa y el árbitro es el Tribunal Constitucional pero la preocupación de Virgala está puesta en otros ámbitos más lejanos y menos afines:

“(…) conocida la doctrina del Constitucional sobre la valoración de la prueba por el Tribunal Supremo, de forma que sólo la revisa si actuó deduciendo “una conclusión irrazonable o arbitraria”, es difícil que ampare a la candidatura anulada. Pero, desde un punto de vista jurídico-constitucional, es lo que tendría que hacer.”

“Muchas más probabilidades tendrán los afectados si deciden recurrir en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Allí una sentencia condenatoria para España sería un auténtico desastre para nuestra democracia, por lo que ojalá el Tribunal Constitucional se arriesgue y ampare a los recurrentes.”

Es decir, que nuestro experto constitucional nos viene a sugerir que el Tribunal Constitucional debería ir contra su propia doctrina y con un chapuza tapar la anterior,  roto por descosido, antes de que Pepe Gotera Supremo y Otilio Constitucional tengan que hacer alguna chapucilla en el extranjero y al final les terminen rascando el gotelé que con tanto esmero habían trabajado. Y para disgusto del Sr. Virgala, es probable que continúe habiendo “aceptación acrítica” de las directrices del gobierno y en el imperio de la ley donde no se pone el sol decidan seguir en eclipse permanente.

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