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Función social de la propiedad

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Patxi Agirre Arrizabalaga

Hoy asistimos en Euskadi a una acentuación de tendencias relativas a lo económico provenientes tanto del ámbito político como del empresarial.

Desde la vertiente política, en el marco de una acelerada transición desde el utopismo revolucionario político-militar a la aceptación de las reglas de la economía de mercado, determinados dirigentes de la izquierda abertzale, que hasta anteayer alardeaban de situarse en un espacio más a la izquierda que el trotskismo (con su teoría de la revolución permanente), hoy plantean la necesidad de una mayor implicación de nuestras instituciones en el capital de ciertas empresas estratégicas a fin de mantener el arraigo vasco de las mismas. Resulta interesante observar cómo aquellos que durante décadas proclamaron el Iraultza ala hil (Revolución o muerte, al estilo de la Cuba de Fidel Castro) hoy se enfrentan descarnadamente a los jóvenes de Gazte Kontseilu Sozialista (que propugnan la materialización de un programa comunista). El cuadro de Francisco de Goya Saturno devorando a su hijo pudiera ser el ejemplo gráfico perfecto de este enfrentamiento.

Desde el ámbito empresarial resulta notorio comprobar cómo determinados responsables de grandes compañías de raíz vasca se empecinan en amenazar a las instituciones democráticas con represalias hacia sus clientes finalistas, utilizándolos a modo de “escudos humanos” para sus propios intereses en modo alguno sociales. Una actuación deplorable que renunciando al deber moral que debe asistir a todo desarrollo económico tendente al bien común, no duda en ahogar a los colectivos más amplios en términos cuantitativos. Un ejercicio obsceno de neoliberalismo descontrolado que menosprecia absolutamente la teoría keynesiana de intervención pública en la economía para revertir las situaciones de crisis.

El somero análisis de estas tendencias me da pie para reflexionar sobre un concepto de amplia aceptación teórica y fundamental aplicación práctica en el panorama vasco: la función social de la propiedad.

La tesis de la función social de la propiedad fue formulada en las décadas finales del siglo XIX por el jurista francés Léon Duguit como un intento de sostener una perspectiva limitativa de la propiedad privada.

Para este especialista en Derecho Público, toda propiedad debe conllevar una doble función, personal y social; personal, en cuanto debe garantizar la libertad de cada propietario; social, entendiendo que dicha afirmación de libertad no es posible desarrollarla sin el concurso de la comunidad a la que pertenece.

Con antecedentes en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino (el propietario tiene el poder de la justa distribución de los beneficios reportados), el filósofo positivista del siglo XIX Auguste Comte (al que se le supone haber acuñado la palabra altruísmo) o el sociólogo alsaciano Émile Durkheim (que defendió la solidaridad como herramienta de cohesión social), la teoría de Duguit no contemplaba un concepto de propiedad como derecho subjetivo absoluto que pudiera dar lugar a que el propietario pudiera dejar “sus tierras sin cultivar, sus casas sin alquilar y sus capitales inmobiliarios improductivos”.

Esta teoría que conceptualizaba al Estado como una organización o comunidad de servicio público, influyó notablemente en la socialdemocracia y también en la conformación y posterior desarrollo de la doctrina social de la Iglesia católica, fuente de inspiración en sentido progresista para la nueva generación de líderes del nacionalismo vasco desde la II República española.

A finales de 1931, y en el contexto del debate político-social de la futura Ley de Reforma Agraria, Manuel Irujo, redacto y firmó en representación de la Asociación de Propietarios y Agricultores de Tierra Estella una serie de cartas dirigidas a Eusko Ikaskuntza y a las cuatro diputaciones forales donde analizando la singularidad vasca del concepto de Caserío y remarcando que en todos los territorios de Euskalerria la propiedad tenía “una función social de gran democracia en su aplicación, que impide el que nazca en forma violenta el problema agrario”, se proponía, en base a la afirmación del hecho diferencial vasco, la plasmación de un artículo adicional a la Ley Agraria que contemplase la transferencia a las diputaciones de todas las facultades contenidas en dicha ley.

Aquel mismo año, el manifiesto de la recién creada Agrupación Vasca de Acción Social Cristiana (Avasc), entidad cuyo fin era el desarrollo de una vía intermedia entre los preceptos comunistas y el capitalismo radical, recordaba que la propiedad individual tiene una función social destacada, que la vida económica no se regula exclusivamente por las leyes de la libre concurrencia, y que el trabajo no es una mercancía: “hemos de evitar la lucha de clases, anticristiana y antisocial, atajar el atentado criminal, la huelga revolucionaria, el lock-out (cierre patronal dirigido contra los trabajadores), el sabotaje y el odio”. En esta asociación, líderes abertzales como José Antonio Agirre, Jesús María Leizaola o Manuel Roble Arangiz, tuvieron un papel destacado.

Tiempo después, en 1954, el vasco de Lizarra Manuel Irujo, en un artículo titulado Renacimiento religioso, se congratulaba de que todas las corrientes ideológicas del momento (democristianos, socialdemócratas, liberales) hubieran asumido el concepto de función social de la propiedad privada. En 1964, este mismo dirigente publicó unos comentarios a la encíclica de Juan XXIII Pacem in Terris (que abogaba por la promoción económica y social de los obreros) afirmando que “al derecho de propiedad privada va inherente una función social (…) en todas las comunidades nacionales, está viva en los obreros la exigencia de no ser tratados nunca por los demás arbitrariamente como objetos que carecen de razón y libertad, sino como sujetos o personas en todos los sectores de la sociedad humana”.

En cuanto a las iniciativas económicas vascas , la doctrina social católica que interiorizaba las teorías sobre la propiedad de Duguit, inició un próspero viaje en la cuenca del río Deba de la mano del sacerdote José María Arizmendiarreta (exalumno de Joxe Miel Barandiaran y colaborador del diario abertzale en euskera Eguna) , quien en busca de una alternativa superadora de la lucha de clases activó un proyecto cooperativista, entendiendo la cooperación “como una auténtica integración del hombre en el proceso económico y social, que configure un nuevo orden social”. Aquel sueño primigenio, convertido hoy en una realidad puntera a nivel internacional, entroncaba con el concepto histórico vasco del “auzolana”.

Fruto de esta trayectoria hoy podemos celebrar que el emprendimiento acorde con estos valores y principios caracteriza nuestro sistema económico-institucional. Hoy los resultados de esa forma de ser y hacer forman parte de nuestra identidad y explican las particularidades de nuestro tejido productivo, de nuestro nivel de cohesión social y de una gestión pública progresista, avanzada y coherente con esa seña de identidad. Una realidad que desmiente las caricaturas y adjetivos con que desde la rancia derecha o el izquierdismo supuestamente más progresista se trata de ignorar la realidad cuando se habla de Euskadi . Y la realidad describe una política social y de fomento de la actividad, un ejercicio intensivo del partenariado público-privado, así como políticas de fomento de la participación de los trabajadores en las empresas, que son hoy referencia en la Unión Europea..

Por ello, cuando determinados poderes empresariales han dejado de ser conscientes (si alguna vez lo fueron) de que el desarrollo económico va asociado a un deber moral, que su nivel de bienestar y fuerza ha procedido del potencial del trabajo de sus asalariados y que, como diría el propio Arizmendiarreta, “estos contingentes de trabajo han sido los ejércitos con los que hemos promovido nuestra personalidad histórica y más propiamente se nos conoce en el mundo”, resulta procedente este recordatorio a la función social de la propiedad.

Por ello también, cuando desde ciertas posiciones políticas hoy en velocísimo proceso de adaptación urgente, se ha querido anteponer históricamente un logro político-económico revolucionario pisoteando el concepto central de la persona humana, parece pertinente recordar que, en palabras del propio Arizmendiarreta, “todos los problemas económicos, políticos y sociales se reducen en último término al problema hombre”.

Personalmente, me uno a aquellos que abogaron por una vía intermedia entre el comunismo y el capitalismo radical.

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