Posteado por: aberriberri | abril 6, 2020

Moción en el senado: Principios y valores en la atención sanitaria

(Nota de Aberriberri, reproducimos aquí por su interés, la moción impulsada por el Senador Koldo Martinez de Geroa Bai)

Koldo Martinez

A LA MESA DEL SENADO

EL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCIA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), a instancias del senador Koldo Martinez Urionabarrenetxea (Geroa Bai), al amparo de lo establecido en los artículos 174 y 175 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente Moción ante el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como toda actividad humana, la sanidad tiene que estar regida por el criterio de justicia general, que es obligado marco de referencia de todo juicio ético. La salud no es un valor absoluto sino la capacidad de llevar a cabo el propio proyecto de vida (y esto solo puede hacerse en un marco de un amplio sistema de libertades) Por otro lado, la justicia sanitaria debe cubrir al menos un amplio “mínimo decente”, un mínimo decoroso, que ha de cumplir con el principio ético de No-maleficencia pero también con el de Justicia.

En el esfuerzo por controlar una pandemia como la provocada por el COVID-19, la transparencia es un principio clave para permitir que la ciudadanía sepa cómo protegerse y entienda que desde las autoridades sanitarias y políticas se está intentando tomar las medidas más efectivas y apropiadas. En circunstancias como las actuales, resulta complicado asegurar la alta calidad habitual de los servicios sanitarios en situaciones de normalidad, por lo que todos los estamentos implicados debemos hacer todo lo posible para ganar -o no perder- la confianza de la sociedad, respondiendo justa y efectivamente, a las demandas y preguntas que se hacen, particularmente las de las personas más vulnerables.

La priorización en la asignación de recursos sanitarios no es una novedad ni una consecuencia de la pandemia sino algo inherente a cualquier sistema de salud (por ejemplo, los triajes en Urgencias, las listas de espera o las decisiones de incluir o no en la cartera de servicios determinados medicamentos o prestaciones sanitarias). Asi ́ pues, la priorización de recursos sanitarios es algo que no podemos ver como algo excepcional. Eso si ́, el contexto en el que produce esta priorización la hace más trágica por la premura y la rapidez con la que han de adoptarse las decisiones y las consecuencias que entrañan.

Un marco de trabajo éticamente aceptable para la atención a la salud en situaciones de emergencia debe balancear, debe ponderar, el deber de cuidado centrado en el paciente -el objeto de las profesiones sanitarias y de la Bioética en condiciones normales- con los deberes centrados en la sociedad de promover la igualdad de las personas y la equidad en la distribución social de los riesgos y los beneficios. Este cambio de paradigma, este salto en la forma de ofrecer la atención y la asistencia sanitarias, crea una gran tensión en los profesionales de la salud -acostumbrados a pensar fundamentalmente en el beneficio de su paciente concreto- pero no solo en ellos, también entre los propios profesionales y entre éstos y los pacientes y sus seres queridos, esto es, entre las profesiones sanitarias y la sociedad. La ética de la Salud pública nos debe ayudar a balancear esta tensión entre las necesidades de los individuos y los de la sociedad.

Los tres deberes éticos de las autoridades sanitarias en respuesta a una pandemia son: Planificar, Salvaguardar y Guiar.

  • El deber de planificar, que está directamente relacionado con la necesidad de manejar la incertidumbre y adelantarse a posibles escenarios en los que el racionamiento sea una prioridad.
  • El deber de salvaguardar, que lo está con el de apoyar a los trabajadores de la sanidad y el de proteger a las poblaciones vulnerables.
  • Y a su vez, el deber de guiar, que se relaciona con la elaboración de guías clínicas y éticas para un desempeño justo de la actividad sanitaria.

En una situación como la actual, es fundamental distribuir con justicia los recursos, esto es, aprobar una estándares de atención sanitaria en tiempos de crisis. Y de todos es sabido que el debate fundamental sobre la justicia distributiva trata de cómo balancear los impulsos en conflicto para maximizar la eficiencia (tomando decisiones que produzcan el mayor bien con el menor gasto), la equidad (tratando a las personas de forma igual) y las concepciones priorizadoras de la justicia (favoreciendo a los más desfavorecidos).

Las decisiones de asignación de recursos deben guiarse por los principios éticos de utilidad y equidad. Y si bien el principio de utilidad requiere la asignación de recursos para maximizar los beneficios y minimizar las cargas, el principio de equidad exige la distribución justa de los beneficios y las cargas. En algunos casos, una distribución equitativa de los beneficios y las cargas puede considerarse justa, pero en otros puede ser más justo dar preferencia a los grupos que están en peor situación como, por ejemplo, las personas de menos recursos, los enfermos o los más vulnerables. No siempre es posible lograr plenamente tanto la utilidad como la equidad.

El principal objetivo de la planificación de estándares de atención sanitaria en tiempos de crisis no es el de proporcionar un proceso para tomar decisiones de triaje tales como LTSV o redirigir recursos que potencialmente pueden salvar las vidas de unas personas a otras que podrían beneficiarse más de las mismas. No. El objetivo es tener procesos a mano para utilizar los recursos disponibles de la mejor manera posible para evitar esas situaciones. La distribución de recursos escasos va dirigida realmente a preservar el funcionamiento del sistema de salud y a entregar el mejor cuidado posible en circunstancias de emergencia, beneficiando así al conjunto de la sociedad.

No existen respuestas absolutamente objetivas a la preocupación moral sobre cómo acomodar de manera más ética y justa los recursos y la demanda en la atención a la salud. Las diferentes formas de hacerlo invocan diferentes principios, y los principios, por su propia naturaleza, son plurales y no siempre aceptados por todos. Parece sin embargo importante reconocer la dimensión moral de la adecuación de los recursos y no pretender que estas profundamente difíciles decisiones pueden ser tomadas de una manera técnica libre de valores.

Las y los profesionales de la salud han tomado siempre estas decisiones compartidas en la relación clínica, basada en la confianza médico-paciente, utilizando criterios clínicos (diagnóstico clínico junto con antecedentes personales y pronóstico probable a lo que se añaden otros factores como edad, calidad de vida espera le, etc.)y guiados por los principios de la Bioética (autonomía, beneficencia, no- maleficencia y justicia) y por la ponderación entre ellos cuando surgían problemas de carácter ético que consultaban con los respectivos Comités de Ética Asistencial, lo cual no siempre ha eliminado los conflictos aunque sí ha colaborado a que su intensidad fuera más tolerable para todas las partes implicadas. Siempre son, por tanto, juicios clínicos probables, razonados, razonables, compartidos, prudentes y basados en cierto grado de incertidumbre.

El paradigma de relación clínica ha cambiado forzado por la situación de necesidades de Salud Pública. En situaciones como la actual de crisis, no siempre se dispone del tiempo necesario para tomar estas decisiones de manera reflexiva y participada con los pacientes y/o sus seres queridos. Tampoco se disponen hoy de los mismos recursos, ni humanos ni técnicos, que en tiempos normales. Esto, junto con la aparición y diseminación de mentiras y bulos por parte de algunos medios de comunicación, más interesados en generar miedo en la población que en colaborar con toda la sociedad en salir de esta crisis de la mejor manera y lo más unidos posible, está generando en algunos sectores miedos infundados sobre la moralidad del comportamiento de los profesionales de la salud. Hoy mismo, día 31 de marzo de 2020, un diario de nivel estatal recogía en su portada la denuncia a una profesional por una decisión concreta. Y sin embargo, las y los profesionales de la salud están en este momento utilizando esos criterios clínicos con el mismo rigor y prudencia que siempre, condicionados -cómo no- a la situación de limitación de recursos que una pandemia como la que estamos sufriendo condiciona.

Porque sí, es un o una profesional quien toma las decisiones concretas a pie de cama, pero es la sociedad la responsable de las decisiones tomadas y los representantes políticos quienes dictan lo que es justo y tienen, por tanto, el deber de actuar con transparencia y responsabilidad moral siempre y más aún en situaciones de escasez de recursos como la que estamos sufriendo.

Es por ello que se presenta la siguiente moción:

El Senado de España insta al Gobierno del Estado a que:

1. exprese públicamente y explicite los principios y valores con los que defiende debe ser realizada la atención sanitaria a todos los niveles,
2. manifieste si da por buena la forma en la que los profesionales de la salud toman las decisiones clínicas y
3. haga público su apoyo a las y los profesionales que, con la mejor voluntad y entrega posibles, están tomando decisiones de adecuación de recursos sanitarios limitados en esta situación de pandemia.

Palacio del Senado a 1 de abril de 2020

Eduardo Fenández Rubiño (Portavoz) / Koldo Martinez Urionabarrenetxea (Senador)


Responses

  1. Muy bien Koldo, por lo menos no has ido de la manita de tus socios en Nafarroa el PNV que no se les ocurre idea más brillante en el senado que unirse al PP ( con Maroto al frente…) para liar la manta y embarrar más la situación.

    Hay vida inteligente en Marte

  2. Quien se unió con UPN fue Bildu en una propuesta presupuestaria acordada por los dos partidos:

    https://es.calameo.com/read/002698969563ce7e93584?authid=r3YNMp3nmCrz&page=1

    Eso si que es liar la manta y embarrar la situación a base de bien. El fascio y los hijos de Stalin de la manita.

  3. Oh glubs ! Perdón
    Uno en su inocencia pensaba que añadir 50 millones de euros en ayudas a los autónomos y similares era una cuestión de justicia distributiva se haga con el demonio o con el Ángel Mikel Deuna de Aralar, pero siempre está la libertad de opinión…

  4. Si, si, con el pretexto de la “justicia distributiva” a joder los presupuestos del gobierno de Navarra en alianza con el fascio para marcar paquete. ¿O es que te piensas que UPN apoya partida con Bildu porque ama a los autónomos? Lo hace como vosotros, para joder.

  5. Je, je…es por eso claro porque van 50 millones más para ellos
    Que todas las marcadas de paquete sean así

  6. Eso de compartir el derecho a decir con el delegado del gobierno español y UPN es la forma más cachonda de unilateralidad que han puesto en práctica los partidarios de
    soldar la independencia y el socialismo.

  7. Otro gran ejemplo del autogobierno vasco. Prohibir los mercados de baserritarras y permitir que supermercados abran en festivos. Por cierto, los mercados de abastos son competencia municipal. Luego saldrá el PNV hablando de invasión competencial del estado. Que vergüenza todo

  8. El negocio de las residencias privadas vuelve al candelero de la mano del Covid y se habla mucho de la gestión del PP.

    Empresarios del PNV y excargos públicos del partido han tejido una red de empresas que gestionan residencias privadas.

    Empresarios del PNV y excargos públicos del partido han venido participando las siguientes empresas del sector de las residencias:

    Urgatzi, Babesten, Katilotxu, Egoitz Alai, Aztertzen, Mainatzen, Pro Maiorem Zaindu, Altaptar, Partaide, GSR, Igurco, Vitalitas…

    Josu Bergara, exDiputado General de Bizkaia, fue fichado por Nostem.

    Iñaki Isasi, exteniente alcalde de Arrigorriaga y exmiembro del Bizkai Buru Batzar, fue director territorial zona norte de Quavitae y ahora ejerce de director de operaciones en Igurco.

  9. En los consejos de administración de una red de empresas del sector vienen figurando dos exalcaldes:

    -Eusebio Larrazabal, exalcalde de Zeanuri.

    -Iñigo Lasuen, exalcalde de Otxandio.

    En esta red también viene participando Xabier Aguiriano, exmiembro de la asamblea nacional del PNV.

    La red fichó al exnúmero tres de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, José Luis Alonso.

    Nerea Ahedo, senadora del PNV, era directora de una residencia de Vitalitas.

    Sergio Murillo pasó de dirigir una residencia del grupo Igurco a ser responsable de Acción Social en la Diputación de Bizkaia.

    El Diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, fue apoderado de Igurco.

  10. Más gentes del PNV

    El Gobierno Vasco y las tres Diputación Forales de Euskadi junto con la Fundación HAZI pondrán en marcha un servicio de recogida y comercialización de productos para aquellos y aquellas baserritarras que destinen sus productos a los mercados. El objetivo principal de la iniciativa es ayudar a comercializar sus productos a los y las baserritarras que los vendían en los mercados, garantizando la salud tanto de los productores como de la clientela.

    Dada la complejidad organizativa del servicio, se contará con la empresa Lurrarte Baserriko Uzta, con experiencia en estos trabajos. Lurrarte, con el apoyo de técnicos de Hazi y de las asociaciones de desarrollo rural, articulará este servicio, en colaboración con los y las responsables municipales de las diferentes ciudades y pueblos que organizan mercados.

  11. Estos de Lurrarte quiénes son ?
    Amiguetes del partido para variar ?
    Jesux, qué pandemia

  12. Dedicado a Txipiro

    El pasado 4 de febrero, el director de Hazi -una sociedad pública dependiente del Gobierno vasco dedicada al primer sector-, compareció en el Parlamento para explicar la situación laboral de Alfredo de Miguel, ex ‘número dos’ del PNV de Álava y condenado a trece años de prisión unas semanas atrás como cerebro de una “asociación ilícita” para el cobro de comisiones y manipulación de contratos públicos. Asier Arrese (PNV) fue preguntado por la oposición por el cargo, las responsabilidades y el sueldo de quien es conocido como Txitxo y, según consta en la trascripción de la sesión, en ningún momento ofreció el dato real [enlace al acta, a partir de la página 65]. El salario actual de De Miguel en Hazi es de 52.542,31 euros anuales, según un documento oficial al que ha tenido acceso este periódico.

  13. Tengo la sensación de que esta Intervención en el Senado no tiene otro objetivo que engañar al débil de mente y hacer perder el tiempo a todos los involucrados en esta tragedia de tal modo que los efectos de la misma sean lo más graves posibles que, a fin de cuentas, parece ser el objetivo de estos señores que repentinamente se nos hacen tan éticos que parecen de Radio María.
    La Izquierda siempre termina por hacer daño a los más débiles reduciéndolos al estatus de siervos. El abortista despiadado de ERC resulta que es íntimo del lupanar de Monserrat y es de comunión diaria. Otegui un enamorado de la vida e Iglesias un egocéntrico narciso que destruye lo que toca mientras se forra.
    Panda de hipócritas.


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