Moción en el senado: Principios y valores en la atención sanitaria

(Nota de Aberriberri, reproducimos aquí por su interés, la moción impulsada por el Senador Koldo Martinez de Geroa Bai)

Koldo Martinez

A LA MESA DEL SENADO

EL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCIA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), a instancias del senador Koldo Martinez Urionabarrenetxea (Geroa Bai), al amparo de lo establecido en los artículos 174 y 175 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente Moción ante el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como toda actividad humana, la sanidad tiene que estar regida por el criterio de justicia general, que es obligado marco de referencia de todo juicio ético. La salud no es un valor absoluto sino la capacidad de llevar a cabo el propio proyecto de vida (y esto solo puede hacerse en un marco de un amplio sistema de libertades) Por otro lado, la justicia sanitaria debe cubrir al menos un amplio “mínimo decente”, un mínimo decoroso, que ha de cumplir con el principio ético de No-maleficencia pero también con el de Justicia.

En el esfuerzo por controlar una pandemia como la provocada por el COVID-19, la transparencia es un principio clave para permitir que la ciudadanía sepa cómo protegerse y entienda que desde las autoridades sanitarias y políticas se está intentando tomar las medidas más efectivas y apropiadas. En circunstancias como las actuales, resulta complicado asegurar la alta calidad habitual de los servicios sanitarios en situaciones de normalidad, por lo que todos los estamentos implicados debemos hacer todo lo posible para ganar -o no perder- la confianza de la sociedad, respondiendo justa y efectivamente, a las demandas y preguntas que se hacen, particularmente las de las personas más vulnerables.

La priorización en la asignación de recursos sanitarios no es una novedad ni una consecuencia de la pandemia sino algo inherente a cualquier sistema de salud (por ejemplo, los triajes en Urgencias, las listas de espera o las decisiones de incluir o no en la cartera de servicios determinados medicamentos o prestaciones sanitarias). Asi ́ pues, la priorización de recursos sanitarios es algo que no podemos ver como algo excepcional. Eso si ́, el contexto en el que produce esta priorización la hace más trágica por la premura y la rapidez con la que han de adoptarse las decisiones y las consecuencias que entrañan.

Un marco de trabajo éticamente aceptable para la atención a la salud en situaciones de emergencia debe balancear, debe ponderar, el deber de cuidado centrado en el paciente -el objeto de las profesiones sanitarias y de la Bioética en condiciones normales- con los deberes centrados en la sociedad de promover la igualdad de las personas y la equidad en la distribución social de los riesgos y los beneficios. Este cambio de paradigma, este salto en la forma de ofrecer la atención y la asistencia sanitarias, crea una gran tensión en los profesionales de la salud -acostumbrados a pensar fundamentalmente en el beneficio de su paciente concreto- pero no solo en ellos, también entre los propios profesionales y entre éstos y los pacientes y sus seres queridos, esto es, entre las profesiones sanitarias y la sociedad. La ética de la Salud pública nos debe ayudar a balancear esta tensión entre las necesidades de los individuos y los de la sociedad.

Los tres deberes éticos de las autoridades sanitarias en respuesta a una pandemia son: Planificar, Salvaguardar y Guiar.

• El deber de planificar, que está directamente relacionado con la necesidad de manejar la incertidumbre y adelantarse a posibles escenarios en los que el racionamiento sea una prioridad.
• El deber de salvaguardar, que lo está con el de apoyar a los trabajadores de la sanidad y el de proteger a las poblaciones vulnerables.
• Y a su vez, el deber de guiar, que se relaciona con la elaboración de guías clínicas y éticas para un desempeño justo de la actividad sanitaria.

En una situación como la actual, es fundamental distribuir con justicia los recursos, esto es, aprobar una estándares de atención sanitaria en tiempos de crisis. Y de todos es sabido que el debate fundamental sobre la justicia distributiva trata de cómo balancear los impulsos en conflicto para maximizar la eficiencia (tomando decisiones que produzcan el mayor bien con el menor gasto), la equidad (tratando a las personas de forma igual) y las concepciones priorizadoras de la justicia (favoreciendo a los más desfavorecidos).

Las decisiones de asignación de recursos deben guiarse por los principios éticos de utilidad y equidad. Y si bien el principio de utilidad requiere la asignación de recursos para maximizar los beneficios y minimizar las cargas, el principio de equidad exige la distribución justa de los beneficios y las cargas. En algunos casos, una distribución equitativa de los beneficios y las cargas puede considerarse justa, pero en otros puede ser más justo dar preferencia a los grupos que están en peor situación como, por ejemplo, las personas de menos recursos, los enfermos o los más vulnerables. No siempre es posible lograr plenamente tanto la utilidad como la equidad.

El principal objetivo de la planificación de estándares de atención sanitaria en tiempos de crisis no es el de proporcionar un proceso para tomar decisiones de triaje tales como LTSV o redirigir recursos que potencialmente pueden salvar las vidas de unas personas a otras que podrían beneficiarse más de las mismas. No. El objetivo es tener procesos a mano para utilizar los recursos disponibles de la mejor manera posible para evitar esas situaciones. La distribución de recursos escasos va dirigida realmente a preservar el funcionamiento del sistema de salud y a entregar el mejor cuidado posible en circunstancias de emergencia, beneficiando así al conjunto de la sociedad.

No existen respuestas absolutamente objetivas a la preocupación moral sobre cómo acomodar de manera más ética y justa los recursos y la demanda en la atención a la salud. Las diferentes formas de hacerlo invocan diferentes principios, y los principios, por su propia naturaleza, son plurales y no siempre aceptados por todos. Parece sin embargo importante reconocer la dimensión moral de la adecuación de los recursos y no pretender que estas profundamente difíciles decisiones pueden ser tomadas de una manera técnica libre de valores.

Las y los profesionales de la salud han tomado siempre estas decisiones compartidas en la relación clínica, basada en la confianza médico-paciente, utilizando criterios clínicos (diagnóstico clínico junto con antecedentes personales y pronóstico probable a lo que se añaden otros factores como edad, calidad de vida espera le, etc.)y guiados por los principios de la Bioética (autonomía, beneficencia, no- maleficencia y justicia) y por la ponderación entre ellos cuando surgían problemas de carácter ético que consultaban con los respectivos Comités de Ética Asistencial, lo cual no siempre ha eliminado los conflictos aunque sí ha colaborado a que su intensidad fuera más tolerable para todas las partes implicadas. Siempre son, por tanto, juicios clínicos probables, razonados, razonables, compartidos, prudentes y basados en cierto grado de incertidumbre.

El paradigma de relación clínica ha cambiado forzado por la situación de necesidades de Salud Pública. En situaciones como la actual de crisis, no siempre se dispone del tiempo necesario para tomar estas decisiones de manera reflexiva y participada con los pacientes y/o sus seres queridos. Tampoco se disponen hoy de los mismos recursos, ni humanos ni técnicos, que en tiempos normales. Esto, junto con la aparición y diseminación de mentiras y bulos por parte de algunos medios de comunicación, más interesados en generar miedo en la población que en colaborar con toda la sociedad en salir de esta crisis de la mejor manera y lo más unidos posible, está generando en algunos sectores miedos infundados sobre la moralidad del comportamiento de los profesionales de la salud. Hoy mismo, día 31 de marzo de 2020, un diario de nivel estatal recogía en su portada la denuncia a una profesional por una decisión concreta. Y sin embargo, las y los profesionales de la salud están en este momento utilizando esos criterios clínicos con el mismo rigor y prudencia que siempre, condicionados -cómo no- a la situación de limitación de recursos que una pandemia como la que estamos sufriendo condiciona.

Porque sí, es un o una profesional quien toma las decisiones concretas a pie de cama, pero es la sociedad la responsable de las decisiones tomadas y los representantes políticos quienes dictan lo que es justo y tienen, por tanto, el deber de actuar con transparencia y responsabilidad moral siempre y más aún en situaciones de escasez de recursos como la que estamos sufriendo.

Es por ello que se presenta la siguiente moción:

El Senado de España insta al Gobierno del Estado a que:

1. exprese públicamente y explicite los principios y valores con los que defiende debe ser realizada la atención sanitaria a todos los niveles,
2. manifieste si da por buena la forma en la que los profesionales de la salud toman las decisiones clínicas y
3. haga público su apoyo a las y los profesionales que, con la mejor voluntad y entrega posibles, están tomando decisiones de adecuación de recursos sanitarios limitados en esta situación de pandemia.

Palacio del Senado a 1 de abril de 2020

Eduardo Fenández Rubiño (Portavoz) / Koldo Martinez Urionabarrenetxea (Senador)