Por una RGI que aborde el problema demográfico

Carlos Andrés Uranga

Ahora que el país ha cerrado una página negra de su historia reciente, está en condiciones de abordar otros problemas que configurarán la sociedad vasca a largo plazo.

La perspectiva demográfica no es buena. Si bien en el periodo 2010-2020 la población de la CAV habrá descendido un 2%, paralelamente el envejecimiento que sufre provocará que el descenso en la población en edad laboral se dispare hasta el 8,5% (desde 1.425.000 hasta 1.303.000 personas).

Esto nos lleva a una conclusión: se estima que en 10 años el déficit de trabajadores en la CAV rondará las 100.000 personas . Si bien unas correctas políticas de inmigración y de retención y repatriación del talento pueden ser útiles, no serán suficientes para eliminar este gap.
Ante este escenario en el medio plazo, el factor demográfico debe ser un elemento transversal que se incorpore a todas las políticas que ponga en marcha las instituciones vascas. Y si una política ha caracterizado a la acción del Gobierno Vasco durante las últimas décadas, esa ha sido la RGI y sus políticas complementarias.

Actualmente la RGI se asigna a nivel familiar, para lo cual se distinguen ocho tipos de núcleos familiares, a los que se les garantiza un nivel mínimo de ingresos según su composición:

Considerando que el ingreso mediano en la CAV en 2016 era de 1.428€, la RGI sitúa a la mayoría de núcleos receptores en torno al 60% del salario mediano, 857€.

Si bien la clasificación que realiza Gobierno Vasco es positiva, en tanto que discrimina las situaciones de jubilación y de paternidad/maternidad monoparental, y les asigna una mayor dotación, esta se desvirtúa para los núcleos familiares con 3 o más miembros.

Otras organizaciones, como la OCDE, sí que consideran el número de miembros del núcleo familiar para asignar el índice de pobreza, a través de factores adicionales: 0,5 por cada adulto y 0,3 por cada niño adicional. De este modo, si aplicásemos los parámetros OCDE a los núcleos familiares definidos por el Gobierno Vasco, veríamos que, a nivel individual, las rentas pasan en algunos casos a bajar del 40% del ingreso mediano.

Al descender al nivel individual vemos que a partir del cuarto miembro en adelante, la RGI pierde su capacidad discriminatoria y asigna cada vez una renta individual menor a familias más numerosas.

Este problema se agudiza en las familias más numerosas (ej. 2 adultos y 4 niños), ya que dado que seguiría encuadrada en la categoría Tipo 3 y por tanto recibiendo la asignación definida para ese grupo, los ingresos a nivel individual se pueden reducir hasta el 20% de ingreso mediano.

Esta forma de articular la RGI implica una buena capacidad discriminatoria para situaciones concretas (monoparentalidad, jubilación), pero que pierde fuerza en aquellos núcleos familiares más numerosos.

Una modificación de la RGI que corriga este desequilibrio puede articularse bien mediante una mayor dotación presupuestaria, bien mediante un juego de suma cero, equilibrándose con cargo a los demás tipos de receptores, dependiendo de la robustez de las cuentas públicas o de la bondad del ciclo económico.

Sea como fuere, puede tratarse de una pieza más en la alineación estratégica del policy making vasco con el reto demográfico, uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra sociedad.

Si bien puede ser que esta articulación de la RGI no sea la que más fielmente refleje la realidad demográfica del país, podemos estar seguros de que es aquella hacia la que debemos dirigirnos.