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Cataluña ante la ‘ley del embudo’

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Joxan Rekondo Pyrenaeus-eko Talaian

1. El jurista italiano Gustavo Zagrebelsky –que presidió el Tribunal Constitucional de aquel país- cree que la inflexibilidad y la falta de matices de las formulaciones jurídicas y judiciales son un síntoma de asocialidad, autoritarismo y anticonstitucionalidad. Su ‘derecho dúctil’ ha sido fuente de inspiración de lo que se llamó ‘constitucionalismo útil’, promovido por Miguel Herrero y Ernest Lluch (1997-1998) como una herramienta jurídica flexible orientada a la resolución de los conflictos jurídico-institucionales que siguen sin resolverse en el estado español. De haberse practicado, es seguro que no se hubiera producido la escalada de confrontación que ahora mismo se vive en torno al hecho catalán.

Cuando hablamos del derecho a decidir de los catalanes, podemos afirmar la importancia de la evolución histórica que singulariza a Cataluña como nación. Sin embargo, no cabe olvidar el gran peso que en el actual estado de la opinión catalana tiene el proceso político más reciente, caracterizado precisamente por la ciega inflexibilidad de una visión del derecho que quiere imponerse de forma disciplinaria. Así, el racaneo autonómico y el déficit fiscal, y por supuesto la total desconsideración hacia la real voluntad democrática de los catalanes, cuya máxima expresión fue la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el Estatut de 2006.

No podremos negar que sea constitucionalismo lo que emana del TC. Pero, este constitucionalismo monolítico que aparenta tanta solidez y firmeza solo puede ser identificado con fragilidad e inutilidad a la hora de cohesionar la plurinacionalidad del estado. Invalidado el referéndum catalán que había ratificado la reforma estatutaria, es muy razonable que el pueblo catalán exija respeto para su derecho a decidir y quiera ejercerlo para verificar los términos en los que se desenvuelven sus relaciones con el resto del estado. Por lo tanto, es imposible encarrilar aquel proceso sin que se realice una consulta democrática a todos los ciudadanos de Cataluña.

¿Solo los ciudadanos de Cataluña o todos los ciudadanos españoles? Los clásicos (Locke, Rousseau) sostenían que la voluntad general habría de ser unánime en la creación de la sociedad política. Pero, lo que fundamentaría el orden constitucional es que ese consentimiento popular original se mantenga sostenido, sin quiebra. Es cierto que la mayoría del pueblo catalán participó con su voto afirmativo en la conformación de la voluntad (pacto) general que validó el actual orden constitucional español. Pero, hay razones suficientes para pensar que es el consentimiento que los catalanes dieron en 1978, y no el que otorgaron el conjunto de los españoles, el que puede haberse evaporado. En consecuencia, tanto los que quieran dar por roto definitivamente ese vínculo como los que quieran reanimarlo no tienen más remedio que pasar sus soluciones por el cedazo de la opinión del pueblo catalán.

¿Pueblo catalán? Por supuesto. No solo porque así se haya configurado histórica, social y políticamente el conjunto de ciudadanos de Cataluña, sino también porque en el ordenamiento jurídico vigente se le reconoce de esa manera. Si se le sigue atizando con un tipo de derecho rigorista e inflexible, si se renuncia al ‘constitucionalismo útil’ y a la vez se evita la expresión de su voluntad democrática, este pueblo catalán puede verse abocado a la depresión o a la resistencia.

2. Y en ese trance es donde está. Tras la suspensión de la Ley catalana de Consultas y el decreto de convocatoria del 9-N, el procés catalán se encuentra en una complicada encrucijada. La ANC marca una exigente y detallada hoja de ruta que puede llevar hasta la declaración unilateral de independencia. Los partidos que empujan la consulta quieren gestionar una fase de resistencia, buscando sortear los obstáculos que les crea el cada vez más impenetrable cerco judicial, sin que se quiebre su unidad de acción.

Esta era la semana crucial para la celebración de la consulta. El calendario establecido por la Generalitat se estaba aplazando constantemente. El censo, el sorteo de las mesas electorales y la determinación de la ubicación definitiva de los colegios no se había realizado aún. Los plazos previstos en la propia ley catalana se estaban agotando, y la mayoría de los Ayuntamientos tampoco habían hecho sus deberes. Ante el amenazador marcaje de Madrid, no hay condiciones para realizar la consulta con ‘garantías democráticas’, si se pretende realizarla en los términos fijados en el decreto suspendido por el Constitucional. La alternativa de articular un proceso de participación ciudadana respaldado en la parte de la Ley de Consultas no recurrida por el estado (artículos 40 y siguientes) podría dar un nuevo aire a la consulta del 9-N, aunque lo que sí es seguro que el Gobierno de Rajoy pretenderá taponar también esa salida, acudiendo de nuevo al Tribunal Constitucional. La decisión es de la Generalitat, y el president Mas no ha contado en este caso con el apoyo explícito de sus aliados de ERC, ICV y CUP.

La hoja de ruta de la Assemblea Nacional Catalana contempla que, si se frustra la celebración de la consulta del 9-N, ha de abrirse la vía de la celebración de elecciones anticipadas de carácter plebiscitario, ante las que “el papel de la ANC debe ser el de empujar la constitución de una candidatura unitaria de los partidos y fuerzas sociales que propongan la Declaración de independencia como primer acto del nuevo Parlamento y dar todo el apoyo activo”.

Aunque Artur Mas remite la decisión concluyente de los catalanes a unas elecciones que se celebrarían en los términos anunciados por la ANC, el resto de partidos, por ahora, parecen querer evitarlas. Las elecciones anticipadas pueden quebrar todavía más la unidad y no ser plebiscitarias. La alternativa de la lista única ante las elecciones anticipadas es muy complicada, por varias razones. En primer lugar, las puramente partidistas. Convergencia parece optar por ella, ya que con ello podría detener su debacle, y podría refundar el partido (¿junto con Esquerra?) bajo el liderazgo de Mas. Pero, Esquerra no ve clara una operación que truncaría el avistado ‘sorpasso’ y está a su propio camino. Habría fuerzas dentro de todos los partidos que se opondrían a la lista conjunta. Pero, hay también visiones en relación con el proceso que dificultan esta candidatura. Especialmente en Unió, en CuP e Iniciativa. Estos dos últimos además pueden ser críticos con un procés sin contenidos sociales, más aún ante la emergencia de Guanyem-Podemos, que les está igualando o rebasando en los últimos sondeos electorales.

Unió tiene otra objeción. En este nuevo escenario, la lista unitaria debería incorporar la doble pregunta y una respuesta clara (Sí-Sí) a la misma. Una vez que ha tomado la decisión de no definir como partido una posición ante la independencia, y defender la libre opción de sus militantes, queda clara su postura de no participación en una lista única en el caso de unas elecciones anticipadas plebiscitarias. Es posible que Iniciativa tome también la misma decisión. En ambos casos, mantener la unidad en torno al ‘doble Sí’ con los partidos pro-consulta podría llevarles a la fractura interna.

Las preguntas que los agentes políticos catalanes pueden plantearse son obvias: ¿Cómo resistir frente a la ‘ley del embudo’ de Madrid? ¿Desobedecer o plebiscitar anticipando las elecciones? La decisión puede conllevar un precio político importante: la unidad estratégica –ahora mismo en precario- que hasta ahora habían logrado los partidos. La reunión que se realizó anteayer ya la ha dejado tocada. ¿Cabe la desobediencia? Para Mas, el proceso no se desarrolla en clave de desobediencia, y ha actuado en consonancia con ese parecer. Para la ANC, no lo es todavía en esta fase. No al menos hasta que haya una mayoría social catalana que se pronuncie. A partir de ahí, de lo que se trataría es de llevar a efecto la decisión que sea mayoritaria. Entonces, solo cabría una opción: obedecer el mandato de los catalanes, cosa que podría implicar el desacato a la legalidad española. Y/o la gran frustración.

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