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Nanclares

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Joxan Rekondo Pyrenaeus-eko Talaian

Hace pocos días se ha presentado la iniciativa ‘Hitzeman’, incluida en el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco. El gobierno de Madrid y la asociación Etxerat ha coincidido al considerarla como no válida para intervenir en la cuestión penitenciaria.

Hay razón en los que opinan que el plan no incide en la modificación de la política carcelaria. Al margen del plan de reinserción que presentó a inicios de su mandato y del que nunca más se supo, Fernández Díaz no ha abierto ninguna posibilidad a la flexibilización de la situación de los presos vascos. Las únicas decisiones que han permitido modificar esta actitud inamovible del gobierno español han venido de Europa. Así han sido la sentencia del tribunal europeo que invalidó la doctrina Parot y los Acuerdos Marco del Consejo de la Unión que obligan a descontar las condenas dictadas en otros países de la comunidad europea, o que establecen que los condenados en un país europeo deben cumplir condena en su estado de origen a fin de estar más cerca de su entorno familiar y favorecer su reinserción.

Hitzeman no puede, hoy por hoy, influir en la orientación de la política penitenciaria. Sin embargo, esta iniciativa sí marca las claves para entender la lógica con la que gestionará la mayoría de la sociedad vasca el proceso de reintegración de los presos a sus casas. Hitzeman integra así la acogida social a los presos con la demanda mayoritaria del suelo ético. De ahí que el nuevo programa no pueda evitar referirse a la llamada ‘vía Nanclares’. Pero, lo hace sin restringirse a ella, extrayendo el “valor de la experiencia” al servicio de los reclusos que quieran participar en el nuevo programa.

En esta alusión, GARA ha visto la mano de la contrainsurgencia. El medio de la izquierda abertzale se revuelve contra Hitzeman, buscando de esta manera cohesionar en torno a la línea de siempre al segmento social que le sigue. El problema es que Nanclares abre una vía autocrítica. Hace unos dos meses, Amaia Izko decía esto: Sortu tiene un compromisos con los presos que se sitúan en la misma línea; en el mismo proyecto de la izquierda abertzale. A eso se añade que el posicionamiento del EPPK dice mirar “no sólo a su situación, sino también al proceso… fortaleciendo el apuesta política de la izquierda abertzale y llevando al enemigo al fracaso”. Es decir, que humanizar la situación de las cárceles sólo vale si con ello gana también el MLNV y pierden sus contrarios. De ahí, su rechazo frontal a que sean las instituciones en manos del PNV (Gobierno Vasco) las que gestionen el cambio de la política carcelaria.

Es importante reivindicar el valor de los de Nanclares. No para que presentemos sus vidas como ejemplares, sino para verificar que en ese mundo sí es posible un proceso autocrítico. Y para reconocer el esfuerzo personal que, en un contexto muy duro, supone esa evolución catártica. Un preso de mi pueblo, Kepa Pikabea, ejemplifica el tránsito de estas personas hasta el reconocimiento público de sus errores, uno de los cuáles fue “pensar, por ejemplo, que la libertad de mi pueblo está por encima de toda dignidad humana.

Nanclares es la mejor imagen de las amenazas y oportunidades con las que se encuentra una política que busca humanizar las cárceles. Amenazas, ya que contra ese colectivo han actuado (y aún actúan) la inflexibilidad de la política penitenciaria estatal y el ostracismo al que les condena la izquierda abertzale. Oportunidad, la que a sus miembros les abre el afán de reintegrarse al suelo ético compartido por la mayoría social vasca, mediante la aceptación de sus responsabilidades en el injusto daño que ETA ha causado a la sociedad vasca y a todas sus víctimas.

El documento ‘Socializar la reconciliación’ del colectivo de Nanclares plantea, de todas formas, que la reflexión crítica del pasado debe alcanzar a la izquierda abertzale en su conjunto: tenemos que plantear claramente que en toda la izquierda abertzale tenemos una responsabilidad colectiva. Esto es lo que irrita a los orientadores del MLNV. La autocrítica del pasado debe llevar al reconocimiento de que el recurso al terrorismo –a partir de considerar legítimo el uso de todos los medios de lucha- fue una decisión lamentable y evitable.

Interesante, por lo tanto, la demanda de responsabilidad colectiva que plantea este colectivo. Es importante no quedarse en las rectificaciones personales. La responsabilidad sobre la decisión de recurrir a una estrategia condenable para lograr objetivos políticos no recae tanto en los individuos como en el colectivo. Es mentira que ETA no tuviera alternativa a la lucha armada cuando decidió comenzar a ejercerla, por lo tanto debe asumir su responsabilidad. Y disolverse. Lo que podría habilitar un nuevo tiempo en el que fueran realizables a la vez la reintegración social de presos y huidos, incluso mediante mecanismos de justicia transicional, y la máxima reparación posible de las víctimas. Objetivos que, en tanto no se dieran esas circunstancias, son imposibles de compatibilizar.

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