Una economía participativa para una política de alta calidad democrática

Joxan Rekondo Pyrenaeus-eko Talaian

Para llevar adelante su proyecto de Eurovegas, el magnate Sheldon Adelson ha exhibido una asombrosa capacidad de ‘iniciativa legislativa’.  “Se cambiarán todas las normas que haya que cambiar”, dijo Esperanza Aguirre. Pues bien, ya se han realizado los cambios precisos en la legislación fiscal, comercial y urbanística, se ha abierto la posibilidad del acceso de menores a zonas de ocio y, además, el gobierno de la Comunidad de Madrid trabaja intensamente para que la Administración central flexibilice la ley antitabaco.

Es un ejemplo ilustrativo de cómo los intereses mercantiles mediatizan las políticas públicas. No se trata de ser ingenuos. No hay separación entre economía y política. La economía es política y la política es económica y se pueden influir mutuamente. En la amplia esfera en la que confluyen ambas, hay grupos de interés económico que buscan condicionar los acuerdos y medidas políticas que pueden adoptar las instituciones públicas, en aquellos ámbitos que afectan a los agentes económicos. Aunque normalmente estas relaciones estén institucionalizadas a través de mecanismos formales de gobernanza, es corriente que la interrelación entre empresas y administración se desarrolle en todos los ámbitos y de manera no regulada.

Actualmente, el carácter de estas relaciones entre intereses económicos y políticas públicas es objeto de público debate y cuestionamiento. ¿Está la política democrática sometida a los intereses comerciales de las empresas? ¿En qué medida estos intereses representan a las necesidades sociales? Las elites financieras que persiguen el beneficio a corto plazo, las corporaciones y empresas que hoy se montan aquí y mañana se desmontan para deslocalizarse,…  Si los personajes que representan este tipo de negocios domina la política democrática; si la actividad económica está en manos de oligarquías (elites extractivas) que buscan atrapar en sus redes de interés a las autoridades públicas o que manifiestan una total indiferencia ante las demandas del territorio y se oponen a la participación de las personas en las empresas, la pregunta sería ¿hasta qué punto podemos hablar de política democrática?

Lo que sí parece es que, en este ejemplo con el que hemos comenzado, el influjo del señor Adelson tiene toda la pinta de haber sido ejercitado en un marco de predominio absoluto. Es un caso de presión evidente y visible sobre la administración de la Comunidad madrileña. Los gobernantes de Madrid han elegido inyectar la masa laboral (10.000 empleos), al coste de rendir pleitesía al multimillonario del juego. Pero, lo han hecho con una entrega tan visible que no ha podido resultar en un sometimiento de toda la política al servicio del interés corporativo ya que ha encendido un gran debate social e institucional del que, junto a los grupos favorables, participan activamente un importante conjunto de fuerzas y asociaciones detractoras del proyecto. Existen, sin embargo, otros ejemplos peores de manejo de las instituciones por intereses económicos, y que determinan de un modo más sórdido e invisible la actividad pública, como son los vinculados a la corrupción o al patrocinio financiero de los partidos, y que suponen un deterioro indiscutible de la calidad democrática.

Hay, por lo tanto, un tipo de relación entre los intereses empresariales y las instituciones políticas que es sumamente destructiva para la salud democrática. Pero, no por ello cabe renunciar a la búsqueda de una relación armónica entre la economía privada y las políticas públicas que implique un avance democrático del que participen ambas. En Euskadi, sabemos bastante de eso. No tenemos empresarios tipo Sheldon Adelson ni los necesitamos. Durante años, hemos practicado un modelo de cooperación entre el sector público y el privado, centrado en el progreso del país. El ejercicio del autogobierno político, junto con el arraigo territorial de la inmensa mayoría de las empresas, el fuerte peso de la economía social y una sociedad civil fuerte, han hecho que hayamos desarrollado un grado de economía democrática sin paralelo en el mundo, razonablemente protegida de intereses comerciales volátiles.

Veamos la crisis, y el momento de conflicto laboral que se vive estos días, como una auténtica oportunidad de transformación social y económica. Y desarrollemos la colaboración público-privada como una alianza que implique a todas las fuerzas de la sociedad civil en una acción colectiva que desde abajo busque el desarrollo social y económico. El impulso del desarrollo provendría de una empresa renovada, de raíces más sólidas en el territorio, porque su funcionamiento es todavía más horizontal, coparticipada por todos sus miembros en las decisiones más relevantes del proyecto empresarial, en el marco de una cultura de iniciativa, emprendimiento y apertura al mundo global compartida por todos los agentes productivos. Esta experiencia de innovación organizativa, de impulso de una empresa más democrática, podría significar una mejor aportación a la integración social y a una convivencia de alta calidad democrática que la alternativa de realizar la liberación social desde arriba, mediante la agudización del conflicto y la toma del poder del estado.