LOMCE: ¿gobernaremos (o gobernarán desde fuera) nuestra educación?

Joxan Rekondo Pyrenaeus-eko talaian

Aprobado el proyecto de ley de la LOMCE por el gobierno español, se reabre el frente del conflicto académico. Aunque la polémica se circunscriba al ámbito legislativo, cada vez que los partidos españoles discuten sobre el sistema educativo abren las viejas trincheras ideológicas de las dos Españas. Tanto es así, que la alternancia bipartidista parece quedar asociada  a una inestabilidad del modelo, fundada en un desacuerdo doctrinal que se traspone tal cual a los planes de actuación de los diferentes gobiernos que, de un partido u otro, se han alternado al frente del estado.

Pero, sería un error que los vascos nos alineásemos de acuerdo con ese eje de confrontación. No responde a nuestros intereses en juego. Tengamos en cuenta que lo que divide a las fuerzas españolas no es la función adoctrinadora que habría de cumplir el sistema educativo.  El problema español, de este modo, es dilucidar bajo qué obediencia cabría ‘españolizar a los catalanes’ (o a los vascos). Que lo que antagoniza esta disputa sea el dilema entre religión o educación para la ciudadanía es francamente ilustrativo.

Sin embargo, sí nos concierne el recorte del autogobierno, que implica una mayor injerencia del gobierno estatal en nuestros asuntos. La experiencia muestra que la tendencia de estos gobernantes a modelar la educación desde patrones uniformes impuestos desde arriba ha sido  un fracaso. Al menos, un fracaso para el objetivo pretendido. El sistema de enseñanza debe dar respuesta a las necesidades sociales. Para que así sea, y para que pueda acomodarse al perfil singular de la sociedad a la que quiere servir, el sistema educativo ha de ser administrado por quienes forman parte de la misma. De ahí que la pregunta clave para nosotros sea ésta: una vez aprobada la LOMCE, ¿hasta qué punto gobernaremos (o gobernarán desde fuera) nuestra educación?

Es lógico que el eje de preocupación de nuestros responsables políticas esté situado en cuidar el marco competencial de las instituciones. En ese ámbito nos jugamos el mantenimiento o el recorte de la capacidad reguladora que éstas poseen hoy en relación a importantes cuestiones como la política lingüística, el sistema de evaluaciones, el currículo educativo o la protección del modelo vasco de FP,… Por otro lado, la negativa del ministro Wert a abordar un diálogo bilateral, de gobierno a gobierno, sobre la ley, mientras sitúa toda negociación en el ámbito de la tramitación de la norma en las Cortes Generales, muestra el espíritu recentralizador que anima al gobierno español.

No obstante, desde el final del franquismo se han sucedido más de media docena de leyes de educación, ninguna de las cuales ha impedido el progreso del modelo vasco de enseñanza no universitaria. Esto ha sucedido por una buena razón. La ley no puede inmovilizar a una comunidad implicada. Quien busque un respaldo sociológico a esto, puede encontrarlo en el ‘enfoque de las capacidades’ de Amartya Sen. Una sociedad desarrollada siempre es una sociedad con más opciones, que puede franquear incluso los obstáculos institucionales. En nuestra realidad práctica, la creación, la extensión y la consolidación de las ikastolas se ha desarrollado, durante un importante periodo, en paralelo al marco legal, aprovechando los intersticios y ambigüedades del mismo. Asimismo, es la implicación tradicional de los agentes comunitarios lo que caracteriza el modelo vasco de FP, factor que tiene y tendrá mucho más peso que las disposiciones legislativas decididas a tal distancia que pueden carecer de aplicabilidad real.

En fin, la ley Wert nace muerta. Se podría recurrir a razones varías para sostener esta opinión. La primera, porque, si se mantiene en estos términos, la va a aprobar el PP en solitario. Será una ley educativa más, que se suma al montón, destinada a ser derogada por un próximo gobierno. Segunda, porque, correspondiendo las competencias educativas a las Comunidades Autónomas, el proyecto es una muestra del quebrantamiento del reparto de poderes que establece la misma constitución española. Tercero, porque lo decisivo de la calidad del sistema no está sujeto a la ley, sino que depende de la implicación de la comunidad en la que se incardina. Se pueden aportar dos pruebas muy sencillas. No hay un sistema, hay tantos sistemas como comunidades. Bajo la misma ley, las diferentes comunidades tienen resultados muy diferentes en las evaluaciones PISA (OCDE). Y a lo largo de un periodo en el que han regido en el estado leyes generales educativas muy distintas, el sistema escolar vasco no ha perdido ni su personalidad ni su marchamo de calidad.