Fernando Mikelarena bere blogean
En el año 2007 el profesor Ferrán Requejo presentaba en una ponencia, accesible en Internet, un análisis del estado de las autonomías español desde una perspectiva comparada y los posibles escenarios de futuro del mismo. Se mencionaban seis escenarios, si bien dos de ellos (el de la secesión de las naciones minoritarias que forman parte del Estado español y el de involución hacia un estado de carácter más unitario) no se consideraban por su unilateralidad y por prescindir de mecanismos de consenso.
Los cuatro que se contemplaban eran los siguientes: a) escenario regional-autonómico; b) escenario federal-uninacional; c) escenario federal-plurinacional; y d) escenario de la soberanía-asociación o del partenariado. Esas cuatro opciones que se consideraban constituirían, por tanto, “alternativas al independentismo clásico y al monismo estatalista”. Mientras la primera de ellas sería similar a la actualmente existente, las otras tres supondrían transformaciones de alcance. No obstante, Requejo, al menos el Requejo de 2007, concebía a éstas como teóricamente factibles mediante procesos de negociación, siempre y cuando, claro está, los agentes mostraran su intención de estar abiertos a debatirlos, sin vetos principialistas de ninguna clase (lo cual, vistos los acontecimientos ligados a la reforma del Estatut de Catalunya de los años posteriores, podría calificarse como de hipótesis demasiado optimista).
El escenario regional-autonómico sería continuísta respecto a la situación constitucional y estatutaria actual ya que mantendría “la perspectiva básicamente uninacional y regionalizadora del actual estado de las autonomías” fundamentada en un “marco ambiguo e indefinido” (por cuanto, entre otras cosas, se confunden nacionalidades y regiones) y en una interpretación de los conceptos de “nación española” y de “soberanía popular” a partir “de premisas monistas sobre un demos español único” y de una visión reduccionista de los hechos diferenciales de las diferentes naciones existentes, según Reuqejo, en el Estado. En este escenario, aunque “el carácter plurinacional del estado español continuaría sin ser reconocido constitucional y políticamente de una forma explícita”, “las comunidades autónomas, incluidas las de las naciones minoritarias, podrían obtener una serie de competencias específicas más allá de lo establecido en sus Estatutos, caso de que hubiera voluntad política y acuerdo sobre ello” y “podrían realizarse modificaciones de algunas instituciones y procedimientos de toma de decisiones”. Con todo, dicho escenario sería altamente dependiente de la coyuntura política al condicionar, estando sujetos sus grados de avance a la sensibilidad de los gobiernos central y autonómicos y a la composición del Tribunal Constitucional. Además, al no reconocer el carácter plurinacional del Estado, sería insuficiente para “sectores importantes de ciudadanos de las naciones minoritarias”.
El escenario federal-uninacional desarrollaría “las potencialidades federales del estado de las autonomías siguiendo las características del federalismo clásico” por medio de la introducción de “algunas reformas constitucionales, especialmente en el ámbito de las instituciones y de la atribución de competencias”, pero manteniendo, al igual que en el escenario anterior, la perspectiva del demos único combinada con un reconocimiento limitado de los hechos diferenciales nacionales. Las instituciones a reformar serían el Senado y el poder judicial, ambos en sentido federal y pasando el primero a constituir una auténtica cámara de representación territorial y aumentando su peso institucional. También el modelo fiscal sería susceptible de revisión, bajo criterios simétricos y claros, si bien cabría la persistencia de la situación fiscal asimétrica del País Vasco y Navarra. Aunque a juicio del profesor Requejo, con este escenario se “ganaría en claridad y, probablemente, sería más estable, sin depender tanto de condiciones de contorno de carácter empírico”, “el tema contencioso de fondo –el reconocimiento y acomodación del pluralismo nacional del estado- seguiría por resolverse, a pesar de los cambios que se habrían introducido en los ámbitos institucional, competencial y fiscal (aunque no en los ámbitos simbólico, económico e internacional)”.
Mediante esos dos primeros escenarios aumentaría el grado de autogobierno de todas las comunidades autónomas españolas, tanto el de aquéllas que muestran características nacionales como el de las que no. La ventaja del segundo escenario respecto del primero sería la de que supondría una “modernización de una serie de aspectos del sistema político” al introducir “la lógica competitiva y cooperativa inherente al federalismo clásico, muy devaluada en el sistema autonómico de la Constitución de 1978”. “Asimismo, la previsible mayor claridad en la división de poderes haría más efectiva la protección de las minorías nacionales (y del resto de CA) en el Tribunal Constitucional, con una mayor independencia de su composición concreta”.
El tercer escenario, el federal-plurinacional, partiría del reconocimiento explícito “de la plurinacionalidad del estado a nivel político y constitucional y, consecuentemente, permitiría el desarrollo de una serie de autogobiernos específicos por parte de las naciones minoritarias”. En él, “además de establecerse acuerdos en los ámbitos institucional, competencial y fiscal, los gobiernos y parlamentos de las naciones minoritarias actuarían también de forma autónoma en los ámbitos simbólico, económico e internacional”, exigiéndose para ello “acuerdos de carácter asimétrico o confederal con el poder central del estado”. En este escenario “podrían alcanzarse, por fin, los objetivos de reconocimiento y de acomodación política de las minorías nacionales en la democracia española”.
Por último, en el escenario de la soberanía-asociación o del partenariado, “a diferencia del marco anterior, en el que se establecen acuerdos generales de carácter federal, aquí el proceso dependería exclusivamente de las decisiones tomadas por los colectivos nacionales minoritarios”. “El autogobierno final de estos últimos sería equivalente al de los estados de la Unión Europea, con la excepción de algunos acuerdos puntuales con el estado español para asuntos específicos (pasaporte, defensa, una serie de asuntos sobre la representación exterior y tributación, etc.)” y “la regulación de estos acuerdos sería parecida a la establecida en algunos estados asociados”. Esta opción sería en parte asimilable a la propugnada por la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi de la CAV, popularmente conocida como “Plan Ibarretxe”, aprobada por el Parlamento Vasco en 2004 y rechazada por el Congreso de los Diputados en 2005.
Aunque para Requejo, solamente los dos últimos escenarios permitirían resolver “la acomodación política del pluralismo nacional en España” (a su juicio “la mayor deficiencia estructural de la democracia española”), personalmente él se posicionaba, al menos a la altura de 2007, a favor de la opción federal plurinacional.
Dejando de lado la mencionada propuesta vasca y considerando los diferentes procesos de reforma estatutaria registrados en los últimos años, incluído el catalán, como dentro del primer escenario, todo lo anterior viene a cuento porque en las últimas semanas hemos conocido una propuesta de índole global que apostaría por la segunda de las alternativas mencionadas, la federal-uninacional. Ha sido elaborada en formato de libro, editado por la Fundación Alfonso Perales bajo el título Por una Reforma Federal del Estado Autonómico, por una comisión de expertos por encargo del PSOE de Andalucía y se dió a conocer en un acto público en Carmona el pasado 10 de enero. El libro se puede descargar gratuitamente en Internet.
Nuestro interés por esa contribución viene dada por el peso del PSOE andaluz, comprobado históricamente, en la cuestión territorial española y por las referencias que se hacen al régimen fiscal concertado vasconavarro. También hay que referir que podría ser asumida, no sabemos en qué medida, por el Partido Socialista a nivel general en cuanto que el pasado día 30 de enero Ramón Jaúregui, portavoz de dicha formación en la Comisión Constitucional del Congreso, afirmaba en un artículo relativo a los debates internos del proceso de reforma ideológica y de modernización del proyecto socialista que “en el modelo territorial, por ejemplo, la única vía de cuadrar el círculo de las pulsiones soberanistas con los problemas que presenta el modelo autonómico, es abordar un nuevo diálogo y algunas correcciones federales al Título VIII”.
La propuesta federalista del socialismo andaluz nace por la carencia, a juicio de sus redactores, de legitimidad suficiente del Estado Autonómico “como fórmula de integración de las distintas “nacionalidades y regiones” que componen España” ya que, aunque se considera que “en la práctica el Estado Autonómico ha sido un Estado Federal”, no lo es en rigor. No hubo en origen un pacto constitucional en el que se definiera la posición del Estado y la de cada una de las nacionalidades y regiones que se integran en el mismo, sino que el Estado Autonómico surgió “de una de las posibles interpretaciones del pacto constitucional” por efecto de la dinámica política descentralizadora del momento. Para los autores del libro, el pacto federal por el que se apuesta precisa de “un consentimiento expreso de cada nacionalidad o región a su posición en el Estado y a la de las demás, en el caso de que alguna o algunas nacionalidades pretendan ocupar una posición distinta a la de las demás”.
Otros factores también habrían intervenido en la génesis de la propuesta. Entre ellos, la pérdida de aceptación del Estado Autonómico entre la ciudadanía como consecuencia del impacto de la crisis económica y la impugnación al mismo desde los territorios con mayoría nacionalista. Sobre esto último, se afirma que “el apoyo ganado en los últimos tiempos por los planteamientos independentistas en Cataluña, evidenciado en la masiva manifestación que tuvo lugar el pasado 11 de Septiembre en Barcelona y en las recientes elecciones del 25-N, y el que se ha hecho patente en Euskadi, a través de las recientes elecciones autonómicas allí celebradas, a un independentismo que se sitúa en el debate público sin la sombra asesina de ETA, obligan, entre otras muchas razones, a acometer una reforma a fondo de la Constitución para establecer una sólida y racional alternativa a los nacionalismos soberanistas”. La propuesta trataría de satisfacer a los “grandes sectores de la ciudadanía que, percibiendo la urgencia de ir más allá del existente Estado autonómico, recusan todo planteamiento secesionista, a la vez que rechazan toda propuesta neocentralista”.
La propuesta federalista del PSOE andaluz incluye planteamientos de gran interés en lo que respecta a la búsqueda de un compromiso entre posturas extremas (centralismo y secesionismo) que amenazan a la estabilidad de la sociedad y del estado. Tiene sin embargo dos defectos, uno consustancial -no ser más que eso, un compromiso, y los compromisos por definición no pueden durar, aun en el caso de que fuera posible materializarlos- y otro circunstancial -que en medio de una crisis económica galopante y con seis millones de parados la opinión pública no es muy proclive a interesarse por problemas de reestructuración territorial, salvo que tengan que ver explícitamente con la creación de puestos de trabajo.
La actual estructura del estado español es poco viable. Para decirlo con menos palabras de las que emplean los catedráticos de derecho político y los juristas a los que cita el autor del artículo, no solo hay demasiadas comunidades autónomas, sino que algunas de ellas, por dimensión y falta de raíces históricas, tampoco tienen mucha razón de ser. Por ejemplo, comunidades como La Rioja, Cantabria y Asturias no tendrían ni por qué existir como entes territoriales propios. Lo más lógico y conveniente es que en el futuro terminen incorporándose a Castilla-León. De igual modo Extremadura y Murcia tampoco van a ningún lado por sí solas. Puestas en sendos conjuntos más amplios junto con Castilla La Mancha y Valencia, respectivamente, lo harían mucho mejor.
Independientemente de los principios de derecho político que se establezcan para estructurar finalmente el Estado, resulta evidente que once comunidades son mejor que las actuales 17. Los únicos territorios que poseen una auténtica identidad histórica -como por ejemplo Euskadi y Navarra, que además disponen de un régimen fiscal propio- pueden quedarse como están. Todos los demás deberán reflexionar acerca de su status autonómico, las competencias devueltas al estado y otros temas, en función de sus circunstancias económicas y sociales asi como las aspiraciones de la ciudadanía, etc.
Otro problema es que pese a la importancia de cualquier reforma territorial, cuando la crisis económica remita y vuelva a haber algo más de desahogo, todo el mundo se olvidará de estos temas hasta que la necesidad vuelva a darles un carácter perentorio. Con lo cual se estará otra vez en lo mismo. En cualquier caso la única forma de crear puestos de trabajo consiste en aumentar la productividad de la economía. Y para conseguir esto es necesario establecer políticas y medidas de cooperación que ayuden al funcionamiento de un mercado único asi como a la estrecha vinculación del mismo al de la Unión Europea. Cualquier propuesta de reestructuración del estado que deje de lado esta problemática no pasará de ser un brindis al sol.
Los planteamientos del problema territorial español en términos de derecho político y constitucional están bien y revelan un amplio conocimiento de materias jurídicas de gran interés. Pero de vez en cuando sería conveniente acompañarlos de otras consideraciones de tipo técnico, económico o social. Mientras haya seis millones de parados dará igual lo que se haga con el reglamento de la Cámara Alta y las propuestas federalistas del PSOE. Lo que la gente quiere es puestos de trabajo, y solo hay una manera de crearlos.
Los estados de la Unión (EEUU) tienen una capacidad en materia de legislación económica de ordago a la grande. Si no recuerdo mal la mayoría de las asegurados se centran en varios estados ( Massachusets y Vermont creo) por simple razón legislativa. Es mas, aquí se podría aplicar aquel principio económico (o paradigma de programación, POO que creo que conoces el percal) en el que cada fabricante se dedica a fabricar un determinado componente y su especialización en ese componente disminuye el coste y tener que diseñar un componente especifico en detrimento de su core bussines. Vermont puede especializar cada vez mas sus legislación especifica en seguros porque no se tiene que centrar en regular la industria extractiva de petroleo como lo tiene que hacer Tejas. Las especificidad legislativa puede tener beneficios, como lo tiene la POO. Murcia y Euzkadi ni por el forro de los cojones necesitan de la misma legislación ni se tienen que centrar en lo mismo. No me hables de liberalización total porque eso es una soplapollez.
«Lo que la gente quiere es puestos de trabajo, y solo hay una manera de crearlos.»
Eso te lo creerás tu. No pasa nada, para aprender, hay que fracasar. La cultura del riesgo es algo mucho mas importante.
Te lo digo sin acritud, que conste. Un saludo.
Aseguradoras… no asegurados. Las prisas… que me juegan una mala pasada.
» dedica a fabricar un determinado componente y su especialización en ese componente disminuye el coste y tener que diseñar un componente especifico»
Aquí he metido la pata pero creo que se entiende, aún así lo corrijo…
«dedica a fabricar un determinado componente y su especialización en ese componente disminuye el coste y el ensamblador el tener que diseñar un componente especifico»
Perdón.
Oye Patxi, tengo el ordenador como una braga, que porque te lo digo?
Me esta saltando una ventana pidiendo hacer modificaciones y dice que es de la compañía Blabber Comunication ltd. He buscada por internete y al parecer es un spyware. Además dicen que es un virus de la POLICIA. Tu trabajas con la policia en cuestiones de seguridad informática. No me quiero hacer pajas mentales pero lo primero que me viene a la cabeza es tu nombre. Alguna idea?
SI he metido la pata, ya que yo de ordenatas los justo, te pido perdón de antemano.