Posteado por: aberriberri | febrero 15, 2013

La propuesta federalista del PSOE andaluz y el régimen concertado de la CAV y de la CFN (y II)

Fernando Mikelarena bere blogean

ANDALUCIA MARCA EL CAMINOPor razones de espacio no vamos a tocar diversos aspectos del documento del PSOE como la reconversión del Senado en cámara de representación territorial, la federalización del poder judicial, la estructuración competencial de las partes, los mecanismos de cooperación entre las unidades federadas para mejorar la integración y la codecisión, los cambios en el entramado institucional. Solamente nos fijaremos en la naturaleza última de la propuesta y en su forma de enfocar el régimen concertado de la CAV y de Navarra, así como en su visión global del tema de la financiación de las unidades federadas.

En cuanto a su naturaleza última, la propuesta es confusa. En un momento dado se habla en términos de federalismo plurinacional. Así, se llega a decir: “No nos engañemos: o en España vamos a un Estado federal o será muy difícil que sigamos hablando de Estado español como lo hemos conocido hasta ahora. Es más: o ese Estado federal se conforma como Estado plurinacional o se nos presentarán dificultades prácticamente insalvables para el nuevo pacto que ha de permitir en el futuro la integración en el Estado español de lo que hasta ahora han sido todos sus territorios”. Y algo más adelante se afirma que “la pluralidad nacional, reconocida como tal, ha de ser la malla sobre la que se rediseñe el armazón institucional de un Estado asentado sobre un pacto ciudadano con voluntad de perdurar desde lo que supone la lealtad constitucional que todo federalismo implica”.

Sin embargo, posteriormente dicha reivindicación por un federalismo de carácter plurinacional se difumina ya que no se habla para nada de las naciones que, con sus demos correspondientes, formarían parte de tal Estado. Aunque ese silencio es ya sumamente elocuente, a falta de mayor concreción son muy significativas las palabras de José Antonio Griñán el domingo pasado en declaraciones a La Vanguardia y que aclaran la postura institucional del socialismo andaluz. Sobre el derecho a decidir afirma Griñán: “Yo estoy a favor del derecho a decidir, pero estoy en contra de fracturarlo y de fracturar la soberanía. El derecho a decidir le corresponde al pueblo español, no a una parte”; “Andalucía no tiene soberanía. La única soberanía está en el pueblo español”. Por último, ante la pregunta de “Dos tercios del Parlament apoyaron el derecho a decidir. ¿La ley debe estar por encima de la voluntad popular?”, respondía “¿La voluntad popular para privar de ciudadanía a una parte minoritaria? No creo que forme parte de los derechos fundamentales”.

De hecho, de la enumeración de diversos hechos diferenciales que afectan principalmente a Cataluña, Comunidad Autónoma Vasca y Galicia (por la cuestión estatutaria en la época republicana), a la CAV y a Navarra (por el reconocimiento de sus derechos históricos en la disposición adicional primera) y al hecho de la existencia de algunas comunidades con lenguas propias cooficiales (las anteriores, más la Comunidad Valenciana y Baleares) no se sigue ningún reconocimiento nacional. De lo que se habla es de que, en el marco de este “federalismo social, cooperativo y pluralista” se tratan de hacer convivir “las legítimas diferencias que hoy se presentan desde diversas comunidades autónomas” con “el respeto eficaz al igualitario reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y a la solidaridad interterritorial”, “se trata de conjugar igualdad y legítimas diferencias, siendo conscientes de que el reconocimiento de estas últimas en territorios que las presentan en virtud de sus especificidades o de derechos históricos susceptibles del respaldo jurídico que ya les da la Constitución no tiene por qué suponer, no deben suponer, diferencias en lo que a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas se refiere”. La voluntad igualitaria que se formula persigue garantizar “a la ciudadanía unas mismas posiciones básicas en sus condiciones de vida y en el cumplimiento de los deberes y obligaciones”.

Dicho federalismo uninacional sólo permitiría asimetrías a nivel competencial favor “de las nacionalidades históricas en materia lingüística, en su proyección cultural y educativa”. Tal diferencialidad en virtud “de la lengua podría ajustarse bien mediante un título competencial específico que recogiese su proyección en el ámbito educativo y cultural, bien en forma de derecho subjetivo que diese cuenta de la facultad de opción lingüística”. De esta forma, “podría revalidarse la asimetría sin discriminación de las restantes unidades federadas recogiendo expresamente un listado de competencias propias de las nacionalidades históricas emanadas de sus singularidades: lengua, cultura y su posible proyección en la esfera de la enseñanza”. Además, se podrían añadir otras cuestiones ligadas a la organización territorial y al Derecho civil de Cataluña, Galicia y de la CAV.

Por lo que respecta al régimen fiscal concertado vasconavarro, se apunta que “es hoy una particularidad que genera una mayor asimetría en el estatus constitucional de las Comunidades autónomas”, que constituye un “hecho diferencial” de “rasgos confederales” “exclusivamente español que no tiene absolutamente ningún parangón en Derecho comparado” y que “todos los estudios que se han hecho al respecto señalan que ambos sistemas vienen proporcionando una financiación per cápita a ciudadanas y ciudadanos del País Vasco y de Navarra notablemente superior a la media nacional”. No obstante, los firmantes del texto son partidarios de mantener el status quo vigente.

“Y aunque este resultado [el de obtener una financiación per cápita superior] no sea técnicamente una consecuencia ineludible de tales sistemas, pues es imputable en última instancia a la metodología del cupo o de la aportación navarra, no puede soslayarse que, políticamente, es harto improbable que se llegue a un nivel razonablemente equiparable de dicha financiación per cápita: es un elemento jurídico constitutivo de la garantía constitucional de la foralidad el carácter pacticio de ambos regímenes financieros, y por tanto los territorios forales están en condiciones de vetar cualquier modificación que entiendan contraria a sus intereses. Por otra parte, la falta de acuerdo sobre un reparto más justo de los recursos en modo alguno perjudica a dichos territorios, pues ostentan el derecho a la recaudación de la práctica totalidad de los impuestos del sistema tributario y, en consecuencia, tienen asegurada su financiación. Los hechos, siempre tozudos, se encargan de demostrarlo; baste un ejemplo: pese a los esfuerzos de los diversos gobiernos centrales por mejorarlas técnicamente, las reglas provisionales que se aprobaron para fijar exclusivamente el cupo vasco del año 1981 siguen siendo la metodología vigente tres décadas más tarde”.

Pese a que “algunas Sentencias del TJUE (…) han declarado contrarias al Derecho europeo diversas medidas tributarias vascas y navarras, fundamentalmente, por vulnerar las libertades de circulación y establecimiento” y pese a que “la subsistencia de los regímenes financieros forales conlleva un efecto desestabilizador del conjunto del sistema autonómico” al poder “generar –como ya ha sucedido en la práctica- un efecto emulación en otros territorios dotados de mayor capacidad fiscal que la media de las CCAA”, los autores del documento desisten de cualquier intento del modificación radical del régimen concertado, limitándose a aconsejar la introducción de correcciones:

“Pese a la anomalía que supone la subsistencia en el siglo XXI de sistemas de financiación de carácter confederal (especialmente en el seno de una Unión Europea que tiende hacia una mayor integración financiera), no parece que sea el momento oportuno para intentar, una vez más, la plena equiparación fiscal de los territorios históricos. Las instituciones del Concierto y el Convenio deben seguir manteniendo reconocimiento constitucional. Podría, no obstante, explorarse en el proceso de reforma constitucional la posibilidad de hacer frente a alguna de las más serias deficiencias que vienen mostrando en su aplicación práctica. En esta línea, cabría incluir en la Disposición Adicional Primera un mandato dirigido a la “actualización” del régimen foral en su dimensión financiera, a saber, que en la metodología de determinación del cupo y la aportación navarra tendrán necesariamente la consideración de cargas no asumidas por las Comunidades forales las transferencias del Estado destinadas a la nivelación financiera de las unidades federadas”.

Las pautas que se mencionan en relación con los cambios en sentido federal de la financiación de las unidades federadas rehuyen, por otra parte, las reclamaciones catalanas al descartar cualquier otro tipo de asimetría fuera de la que afecta a la CAV y a Navarra. No obstante, se dice de la conveniencia de incorporar en la Constitución la mención de “que los concretos mecanismos de nivelación que se establezcan sean transparentes, de tal modo que pueda apreciarse con claridad el esfuerzo de solidaridad que hacen las unidades federadas de mayor capacidad fiscal para asegurar la nivelación financiera del conjunto de las mismas”. De forma llamativa, acto seguido, se abre la puerta, a que “podría barajarse la posibilidad de incorporar un límite a la solidaridad de las unidades federadas, en línea con el denominado “principio de ordinalidad” del art. 206.5 del Estatuto de Cataluña”, si bien “en tal caso, debe hilarse muy fino en la redacción de la disposición y procurar evitar la literalidad del art. 206.5 EAC, pues esta última encerraba el riesgo de que se realizara una lectura expansiva del precepto tendente a conectar la financiación autonómica con los saldos fiscales regionales”.

Tras el silenciamiento del federalismo en 1931 y en 1978 y a la espera de movimientos en el tablero catalán, resulta llamativa la resurrección del mismo desde Andalucía, sobre todo por cuanto va acompañada del respeto (matizado, pero firme) hacia la asimetría vasconavarra en el terreno económico-tributario. Con todo, no parece que la propuesta vaya a tener recorrido en la CAV y en Navarra, cuando ni siquiera las fuerzas políticas en teoría más proclives a ella (el PSE/PSN, Ezker Anitza/Ezker Batua/Izquierda-Ezkerra) se han hecho eco de la misma. Un observador fuerista de mediados del siglo XIX contemplaría maravillado la unanimidad del apoyo al régimen foral concertado en nuestro suelo en la segunda década del siglo XXI.

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Responses

  1. En primer lugar agradecer al autor del post el planteamiento en este blog de este debate tan de actualidad y de tanto calado.

    A mi juicio sería un error morder el anzuelo de este planteamiento socialista que sale de los Sres. Jauregui, Rubalcaba, López etc….Se trata de una auténtica trampa uniformizadora, para repartir más café con leche para todos, y por lo tanto se trata de un planteamiento que persigue un objetivo perverso.

    El PSOE con sus ideas juega al bombero pirómano, y hace una exhibición de saber apagar el fuego con gasolina. Hay un problema con 2 Cataluña y Euskadi y el PSOE quiere crear nuevamente un problema con 17.

    Si el problema en el Reino de España es tan sencillo como que hay 15 autonomías donde la gente de esos territorios está convencida de que han ido demasiado lejos en autonomía y se han generado unos cortijillos para unas castas regionales que ha acabado con el escándalo de las Cajas etc… y por el contrario hay otros 2 territorios Cataluña y Euskadi en donde el estado autonómico se ha quedado corto y no responde a las necesidades de la gentes de esos territorios.

    Al margen de que el modelo de relación con España que más quiero para Euskadi sea el mismo que tienen Holanda y Luxemburgo con España, es decir la de socios en la U.E., haciendo un ejercicio de realismo, yo diría que los más sencillo y los más procedente sería proceder a una ampliación de la Disposición Adicional 1º de la constitución en aspecto materiales (justicia, leyes laborales, penales, procesales, hipotecarias, aspectos relativos a la representación internacional selecciones deportivas etc…) y territoriales (Cataluña) además de los obviamente simbólicos.

    Hay que remarcar que la ampliación de la Disposición Adicional 1ª conlleva un trámite mucho más sencillo que lo que pretende el PSOE, y que además soluciona mejor el problema que existe con Cataluña y Euskadi. Se trata de convertir lo que para unos es anomalía o simple excepcionalidad en la expresión de una regla, es decir en la expresión de un modelo constitucional especial para unas naciones con unas estructuras de estados que esa misma constitución reconoce y ampara que se hallarían concertadas en virtud de unos pactos económicos-políticos con una nación española que dispondría a su vez de todo un modelo constitucional general definido en esa misma constitución.
    En la práctica el Reino de España tendría el siguiente modelo:
    A).- El modelo de autonomía regional para la regiones y nacionalidades del estado unitario de la nación Española (nacionalidades serían regiones con lengua propia como Valencia o Galicia) que se regularía a través del título VIII.
    B).- Un modelo confederal para Euskadi (y en su caso Navarra) y Cataluña que sería estados (libres) asociados y que se conectaría con la Disposición Adicional Primera. Es de esperar que el estado español aprovecharía la ocasión para sustituir la actual Disposición Transitoria Cuarta por otra que permitiese un periodo de adaptación de 10 años a la Hacienda Española respecto a la perdida de ingresos que vendrían de Cataluña al asumir un sistema similar al concierto. Lo de Navarra no sería un problema, el Titulo VIII prohíbe la federación de Comunidades autónomas nada dice de las Comunidades forales que no se regulan en dicho título. Dicha Disposición Adicional 1ª al reconocer a Euskadi y Cataluña como dos naciones con estructuras de estado, estaría reconociendo que dichas naciones no forman parte de la nación española con lo que nos les afectaría la indivisibilidad de las mismas consagrada en el Art. 2ª.
    Cualquier reforma que se aleje de reconocimiento del Reino de España como un estado compuesto y plurinacional en donde se admita aunque subrepticiamente el derecho a decidir será un engaño, y por lo tanto un intento vano destinado al fracaso y a la agudización del problema con dos naciones como son Euskadi y Cataluña.


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