Fernando Mikelarena bere blogean
La segunda parte del reciente libro de Juan Cruz Alli y Joaquín Gortari Unanua (La transición política en Navarra 1979-1982, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011, 2 volúmenes), obra del primero de los autores y que entonces actuó como asesor del Presidente de la Diputación Juan Manuel Arza, proporciona numerosos detalles, algunos ya conocidos por obras anteriores, de la negociación personal y paralela mantenida por Jaime Ignacio del Burgo en el proceso que desembocaría en la promulgación de la LORAFNA. A pesar de perder su condición de presidente de la Diputación y de ser excluído de la comisión negociadora por efecto del asunto FASA, del Burgo continuó manteniendo una negociación en la sombra con los ministros y con la representación del Estado, condicionando altamente todo el proceso.
Ello fue posible por su peso en la UCD navarra y nacional y por sus contactos con los sucesivos titulares del Ministerio de Administración Territorial (Clavero Arévalo, Martín Villa y Arias Salgado). En la medida en que sobre esta cuestión, nuclear a nuestro entender, se ha incidido poco a la hora de las críticas formuladas a dicho proceso, centradas sobre todo en la marginación de los partidos nacionalistas vascos y en la falta de ratificación popular de la ley orgánica finalmente aprobada, creemos importante incidir en ella, sobre todo porque agudiza la percepción de que Navarra fue tratada como objeto político en función de la razón de Estado.
Serían premonitorias de la actuación de del Burgo sus afirmaciones a la prensa de 20 de diciembre de 1980 en las que señaló que aunque estaría ausente de la sala de negociaciones, estaría muy presente en las gestiones, sobre todo porque muchas de las ideas que se iban a barajar eran suyas.
Desde el primer momento, del Burgo contó con la complicidad de los órganos de la UCD de Navarra, partido del que era presidente, para tratar de influir sobre el Gobierno de Madrid con una intensa actividad de propuesta, seguimiento y control sobre la negociación, subrayando que no apoyaban la acción de los diputados del partido miembros de la Comisión negociadora navarra. Al no recibir información de éstos sobre el desarrollo de las negociaciones, UCD de Navarra tuvo que recabar datos a través de las vías internas del partido a nivel del Estado y del Gobierno, pudiendo realizar propuestas sobre los acuerdos adoptados al margen de la Comisión, siempre bajo la batuta de del Burgo o con su gestión directa por sus estancias como parlamentario en Madrid.
Los negociadores navarros, por la prensa o directamente, constataron en repetidas ocasiones la existencia de contactos mantenidos por del Burgo con el ministro, previa o posteriormente a las reuniones de la Comisión negociadora.
Así, el 6 de mayo de 1981 se reunió con el ministro Martín Villa, suscitando las quejas de los negociadores navarros. El 6 de noviembre de aquel año, previamente a la novena reunión de las Comisión negociadora, el mismo ministro se reunió por espacio de una hora en un hostal a la salida de Tafalla con el presidente de UCD de Navarra del Burgo y otros miembros de su ejecutiva, lo que redundó en la postura y exigencias posteriores del ministro. El 17 de noviembre de 1981 tuvo lugar una reunión en Madrid entre Martín Villa y del Burgo con el fin “de valorar el estado del proceso negociador del Amejoramiento y transmitir al Ministro la opinión de UCD de Navarra”, lo que fue interpretado por el Diario de Navarra en el sentido de que las negociaciones podían acelerarse, superándose la situación de impasse en la que se encontraban y girándose hacia las posiciones de la UCD.
Con el fin de condicionar más las negociaciones, del Burgo impulsó la aprobación el 23 de noviembre de 1981 por parte del Comité Regional de UCD de Navarra de un Memorándum sobre el Amejoramiento del Fuero en el que dicho partido se posicionaba sobre los aspectos sustantivos de la negociación y del contenido: sus aspectos jurídico-constitucionales, el alcance político y la posición de UCD. El documento tenía varias partes. La parte dedicada a los aspectos jurídico-constitucionales del Amejoramiento analizaba el reconocimiento constitucional de los derechos históricos, el alcance de la unidad constitucional, las competencias forales y el papel de las Cortes respecto a la aprobación o ratificación del proceso y su formalización por medio de ley orgánica u ordinaria. La parte dedicada al alcance político del Amejoramiento valoraba al mismo como “razón de estado” desde la perspectiva de la unidad española y de la estabilidad del sistema político a causa de los ataques del nacionalismo vasco, lo que exigía impedir la integración de Navarra en Euskadi por el desarrollo de su capacidad de autogobierno a través del Amejoramiento. Ese documento fue remitido a Calvo Sotelo y a Martín Villa.
El 14 de diciembre de 1981 se reunieron del Burgo y el Ministro de Administración Territorial Arias Salgado, reunión previa a la que éste mantuvo con el presidente de la Diputación Arza. En la undécima reunión de la Comisión Negociadora en Madrid del 1 al 3 de febrero de 1981 del Burgo también estaba en la reunión, produciéndose una situación de opereta que Alli describe así: “Los miembros de la Comisión negociadora navarra tuvieron conocimiento directo de la presencia del señor del Burgo en el Ministerio cuando un ordenanza abrió la puerta de un salón en el que se iban a reunir. Allí estaba el Presidente de UCD de Navarra, que se vió tan sorprendido del inicio de entrada, como quienes lo hacían de encontrarlo, volviendo rápidamente sobre sus pasos. El funcionario se disculpó por su error, al creer que allí se reunían los miembros navarros para pasar juntos a una sala próxima, en la que estaba prevista la reunión con la Comisión ministerial, a la que les condujo”. El Diario de Navarra también informó que del Burgo había seguido las negociaciones desde una dependencia del Ministerio con cuyo titular había mantenido diversas entrevistas.
Por la entidad de su intromisión hay que mencionar lo que sucedió con el Título Preliminar del Amejoramiento. Tras hacer público el 7 de junio de 1981 la Comisión negociadora de Navarra su propuesta de contenido del Título Preliminar, el Comité Ejecutivo de UCD de Navarra aprobó un texto alternativo redactado por del Burgo que introducía diversas modificaciones (entre ellas la consignación de nombres historicistas como “antiguo Reino de Navarra”, “Cortes de Navarra”, “Diputación Foral” y la alteración del régimen lingüístico acordado por el Parlamento Foral el 8 de noviembre de 1980 estableciendo la cooficialidad en toda Navarra). Aunque la Diputación asumió la propuesta de Título Preliminar de la Comisión Negociadora y la remitió al Parlamento el 11 de junio, los parlamentarios de UCD presentarían aquel texto en dicho foro en la sesión de 20 de junio de 1981, publicándose también entonces una nota de del Burgo en la que se criticaba la propuesta de Título Preliminar de la Comisión con la tesis de que el Amejoramiento del Fuero no era un estatuto de autonomía a consecuencia del carácter paccionado del régimen navarro.
El debate en la sesión del 20 de junio de 1981 del Parlamento Foral acerca del título preliminar (en el que UPN presentó una propuesta alternativa) no se zanjó con ninguna votación pero Arza se comprometió a transmitir a la Comisión los contenidos debatidos para que se tuvieran en cuenta. Finalmente, tras la sexta reunión de la Comisión negociadora celebrada en Madrid el 23 y 24 de junio de 1981, la comisión negociadora navarra encargó un informe al asesor Asiain Ayala acerca de varios artículos del título preliminar, después de cuyo análisis se modificarían varios puntos de los previamente acordados por aquélla, entre ellos el relativo al régimen lingüístico de acuerdo con lo indicado por del Burgo y el sector que le apoyaba de la UCD.
De toda la gestión antidemocrática y antinavarra de Del Burgo, aceptando la ley de 1839 e inventándose que en la transición se «actualizaba» la paccionada de 1841, hay que sacar una conclusión positiva: el autogobierno se puede fundamentar únicamente en los derechos históricos preconstitucionales. Esta es la lección positiva que se puede extraer de los tejemanejes del burguescos. En este blog ya se comentó en alguna entrada anterior:
https://aberriberri.com/2012/02/13/la-necesaria-constitucion-foral-de-euskadi-i/
que la CAPV debe dejar de ser «comunidad autónoma» y ser «comunidad foral». Esto permitiría una vía de autogobierno que puede escapar de la recentralización y del café para todos, ya que los derechos históricos sólo están reconocidos para las provincias vascas de hegoalde.
Respecto a Navarra, el cambio constitucional, no se si efectiva o simbólica es añadir a Navarra en la derogatoria de la Ley de 1839, al ser la Ley «paccionada» de 1841 una ley aprobada ilegitimamente por una diputación nombrada por el gobierno central y sin la aprobación del pueblo navarro. Un atraco a mano armada.
Geroa Bai tiene que hacer bandera de la abolición de la ley de 1839. No hay nada más navarro que eso, especialmente comparándolo con la farsa de Del Burgo.
La aprobación de la LORAFNA tiene mucho que ver con la aprobación de la «paccionada», ya que al igual que la «paccionada» fue una negociación con pistola en sien y con una Diputación ilegítima, la LORAFNA no se sometió a referéndum, muy indicativo de la visión «democrática» que tenían los negociadores, que excluyeron a los nacionalistas. Para muestra un boton, en la web oficial de navarra podemos encontrar el siguiente panfleto:
http://www.navarra.es/FNR/rdonlyres/9B1AE1C6-4635-40E7-9DB4-2309D9946B86/210771/Elregimenforal.pdf
que dice al respecto:
«El 10 de mayo de 1982 se debatió en el Parlamento Foral una moción para someter el texto de la LORAFNA a referéndum, pero fue rechazada porque, primero, la vía tradicional de negociación entre Navarra y el Estado no incluía el referéndum, y segundo, no se trataba de crear un nuevo régimen jurídico, sino de reformarlo.»
Es decir, hay que tener rostro, de decir que el amejoramiento es una «reforma» y además que como es un «arreglo» y hasta entonces no había referéndum (claro, en el franquismo y en régimen «liberal» español, todo muy democrático), pues se reúnen unos señores, que además teledirige del Burgo sin ninguna representatividad democrática, y pactamos lo que nos vienen en gana, por «razón de Estado» sin que el pueblo navarro lo apruebe. Todo por el pueblo navarro, pero sin el pueblo navarro.
Aquí hay mucho material y razón moral para Geroa Bai, contra el falso navarrismo.
Nada expresa mejor la razón de estado que las formas con las que se trajinó el autogobierno navarro. Elites navarras de españolismo fanático pactan con el propio estado. La contradicción de todo esto es que el autogobierno navarro es una blasfemia en contra de la concepción del Estado que el Estado español quiere defender. Por algún sitio se rasgará esta vestimenta, eso es seguro. En términos ideológico-políticos, desde la perspectiva del Estado español, el autogobierno navarro no se sostiene. Se sostiene por que hay que contener la marea vasca.