¿Es posible la paz Colombiana?

Joxan Rekondo

Tras la constitución formal de la mesa en Oslo, el gobierno colombiano y las FARC abordarán en La Habana los contenidos de la agenda de negociación pactada en los contactos previos. La fecha elegida para el inicio de las conversaciones de Cuba es el 15 de noviembre, el próximo jueves.  Mientras tanto, continúan las hostilidades. Al estilo israelí, el gobierno Santos ha optado por dialogar como si hubiera tregua y combatir como si no hubiera diálogo. El choque es abrupto en ambos escenarios, de relaciones y de guerra. Los primeros discursos de los portavoces de las partes, Humberto de la Calle (gobierno) e Iván Márquez (FARC), reflejaron el antagonismo subyacente a dos modelos sociales que hoy se expresan con forma y fondo irreconciliables.

La agenda del diálogo contiene 5 apartados: política de desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas. Para la mayoría de los analistas es un acierto que la cuestión agraria se aborde en primer lugar. Se trata del catalizador principal del conflicto social (el pueblo contra sus enemigos) que dicen representar las FARC: “resueltos los problemas del pueblo, resueltos los de las FARC”. Se cree, por lo tanto, que el acuerdo en relación con el problema rural engrasará el mecanismo de resolución de los demás. Es posible. Pero, tras la reunión de Oslo, las FARC han subido el diapasón de sus condiciones. Descartan ceder en nada (rechazan el término negociación que sustituyen por buscar una salida política al conflicto), plantean que la paz debe conllevar un nuevo modelo económico y nuevas instituciones y se resisten a las ideas de desmovilización y reintegración social.

El presidente Santos quiere labrarse una imagen que le sitúe entre Pastrana y Uribe, entre la cesión ingenua del primero y el ofuscamiento guerrero del segundo. Su discurso se identifica con la modernización institucional, la internacionalización de la economía, el empleo, la equidad social y la lucha contra la pobreza como prioridades de su gestión. De ahí que, además, quiera zafarse de los conflictos armados que atrancan el desarrollo deseado y focalizan la atención de un poder público que abandona a su vez la respuesta a las necesidades más perentorias. En este marco de actuación, el gobierno santista reconoce que el problema del despojo de tierras afecta al menos a 2 millones de campesinos, y el exceso de ocupación de tierras para la ganadería que impide el desarrollo apropiado del potencial agrícola del país que provoca el empobrecimiento de una buena parte de la población rural.

El gobierno ha comenzado ya a legislar sobre el tema. Los más optimistas creen que hay grandes coincidencias entre proyecto de ley de Tierras y Desarrollo Rural del presidente Santos y el programa agrario de las FARC que, aunque fuera elaborado en 1964, es el que la guerrilla ha puesto sobre la mesa de conversaciones. Se destacan como tales coincidencias la restitución de tierras los campesinos, un desarrollo agrario equitativo que busca asistir a pequeños y medianos productores y la conservación de grandes explotaciones que aporten mejoras en el orden social y económico. Sin embargo, otros analistas sostienen que hay profundas diferencias entre las partes. El Programa de 1964 es mucho más que el enunciado de un conjunto de medidas específicas con las que se puede o no estar de acuerdo.  El plan se asienta en un nuevo gobierno calificado de revolucionario, término reemplazado en el actual discurso de las FARC por la apelación a “la nueva institucionalidad [con la] se construirán los caminos de la paz”. En Oslo, Iván Márquez reclamó discutir el modelo, ese modelo revolucionario. Humberto de la Calle se negó rotundamente a ello.

Los acuerdos del Encuentro Exploratorio de La Habana, celebrados a partir de febrero pasado, instan a articular la participación de la sociedad para acompañar el proceso. La mesa habrá de definir un modelo de comunicación con la opinión pública colombiana. Las FARC llevan la iniciativa en esta materia. En Oslo demandaron un foro público, con alguna fórmula de representación de la sociedad civil. No es extraño. La actividad de la multitud de organismos asociados con la Marcha Patriótica se ha preparado para ser una pieza decisiva ante la mesa de paz, concebida como una trinchera más. El portavoz gubernamental rechazó, sin embargo, “ser rehen de la calle… y mantener discursos de plaza pública”. De la Calle y la delegación gubernamental optaría por un sistema de relación y recepción de propuesta articulado a través de medios electrónicos.  Así y todo, el equipo de Juan Manuel Santos tiene un problema. Ese hermetismo que postula no le rinde ganancia. En la prensa más cercana a sus posiciones (El Tiempo) se critica que “la llegada a la mesa de negociación se da con la balanza mediática inclinada hacia las FARC”. Salta a la vista que la estrategia de Santos en la búsqueda de apoyo social es muy endeble.

La larguísima historia de la violencia en Colombia tiene un origen social, pero ha sido alimentada por una continua espiral de acción y reacción. Es cierto que se plantean tres posiciones ante el diálogo por la paz. Están las dos partes que desde el jueves 15 se sentarán en La Habana. Y están los sectores galvanizados en torno al expresidente Uribe. Podría parecer que se está afianzando una corriente política (¿representada por Santos?) que busca salirse de la espiral viciosa y superar el conflicto armado afrontando los conflictos sociales desde una dinámica que persigue desbordar los polos antagónicos. Pero, esto no está nada claro. Hay tres posibilidades. En La Habana se producirá un choque entre modelos cerrados en sí mismos, entre los representantes de un estado fallido y los aspirantes a replicarlo, aunque sea en su versión revolucionaria alternativa, con todas sus lacras. O se materializará un arreglo entre polos, sin poder deshacer los gruesos muros que separan a los beligerantes, y sin poder prevenir el afloramiento futuro de una nueva confrontación antagónica. La tercera alternativa provendría de la capacidad de crear una poderosa dinámica política y popular de reconstrucción que asiente firmes bases de integración democrática y cohesión social con la vista puesta en el crecimiento del desarrollo humano de la población colombiana.

Para desarrollar esta última, harían a su vez falta tres condiciones que no parecen darse hoy por hoy en Colombia: proyecto, liderazgo e implicación popular. Un proyecto de país, un liderazgo solvente que lo cristalice, que busque y consiga implicación popular en una corriente tan poderosa que integre o diluya las posiciones polares en ese proyecto que pueda ser compartido por una gran mayoría.