Joxan Rekondo
1. La Constitución colombiana reconoce la paz como ‘un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento’ (Art. 22). Esta experiencia de Colombia viene a confirmar algo que es de sentido común, aunque a veces lo olvidemos, constitucionalizar una aspiración no significa poder materializarla. Los casi 200 años de historia colombiana están atravesados de inestabilidad armada, violencia y guerra. Pero, desde la proclamación de la paz como mandato constitucional en 1991, la incapacidad para realizarla es el sello característico de la República. Sistemáticamente, las mediciones de los observatorios internacionales sitúan a Colombia en el grupo de cabeza del ranking de Estados fracasados de América.
Al margen del debate que existe sobre si lo que expresan esos instrumentos de medición refleja la realidad estatal colombiana, lo cierto es que es la misma percepción de insolvencia del Estado que estuvo tras el apoyo de una gran parte de la opinión pública colombiana a la llamada Política de Seguridad Democrática (PSD) del presidente Uribe. En este marco, la ‘Visión Colombia 2019’ pretendía lograr, con la referencia del segundo centenario de la independencia del país, la desactivación definitiva del terrorismo mediante su derrota.
2. Ahora, cuando el presidente Santos ha iniciado contactos con las FARC, parece claro que el gobierno santista admite que la paz colombiana no puede ser resultado del puro éxito militar. Casi nadie duda de que la presión militar haya influido sobre el cambio estratégico que ha realizado la guerrilla. Pero, también ha decaído, a cuenta de la crisis económica en EE. UU., el apoyo financiero norteamericano al Plan Colombia, lo que ha menguado principalmente las partidas destinadas a ayuda militar y, en consecuencia, ha afectado a la posición de fuerza del Estado. Ahora, los sectores empresariales más avanzados, alentados por el dinamismo del desarrollo económico, piden un arreglo. La opinión pública (74%), también.
Es cierto que al fijar las ‘líneas rojas’ que no traspasará en el diálogo con las FARC, Santos no se aleja demasiado del PSD. Bajo la premisa de “aprender de los errores del pasado para no repetirlos” , el presidente ha anunciado que verificará que el proceso lleve al final del conflicto y no a su prolongación y que mantendrá las “operaciones y [la] presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional«. La referencia a los errores del pasado rememora sobre todo el modelo Caguán (territorio del tamaño de Suiza despejado en favor de las FARC en la época de Pastrana, 1998), considerado burla al Estado. No se entregarán, por lo tanto, territorios a la guerrilla.
Los críticos de Santos, por su parte, se centran en que ha prescindido de la exigencia previa de ‘cese de hostilidades’, aceptando que este cese sea uno de los temas a resolver en la mesa de diálogo. De ahí la reacción de Uribe: “es una bofetada a la democracia”. El debate entre ambos ha dividido al Partido de la U, el más importante partido de la alianza (Unidad Nacional) que sostiene al gobierno.
3. De inicio, la Mesa se establecerá en Oslo. Hay una agenda de diálogo pactada, pero todo indica que ambas partes tienen una concepción muy diferente de la negociación que se aprestan a abordar. El Estado la encuadra en el Marco Legal para la paz, aprobado entre mayo y junio por las dos Cámaras de la República, y que tiene un periodo de caducidad de 4 años. El Marco para la Paz exige garantías de no repetición, aborda el reconocimiento de las víctimas, regula procedimientos de justicia transicional (apoderando a la Fiscalía para que clasifique, para darles un trato específico, los crímenes contra los derechos humanos y el Derecho Humanitario Internacional) y determina que no podrá iniciarse ningún proceso sin que la guerrilla haya liberado antes a todos los secuestrados y haya licenciado a todos los menores obligados a combatir en sus filas. Finalizado el conflicto armado, el Marco Legal prevé la constitución de una Comisión de la Verdad.
4. Hay quien cree que la guerrilla colombiana de las FARC ha marcado una evolución organizativa guiada por el modelo ETA, con quien emparenta ideológicamente. Se cita la aparición en las ciudades de “grupúsculos radicales sobre los que no tiene completo control, pero con los que existe afinidad ideológica”. Y el restablecimiento de una estructura de apoyo político bajo el criterio de “separar la actividad armada de la agitación política”. Según esta tesis, la línea de masas emparentada con las FARC, cuya expresión sería la Marcha Patriótica, se habría reconstruido de acuerdo con esta última clave.
En todo caso, la evolución de las FARC parece evidente. De una concepción que busca arrancar poder al Estado a partir de un control territorial conseguido a punta de fusil (y acorde al guion maoísta que prevé avanzar ‘del campo a la ciudad’) ha pasado a otra que busca generar doble poder activando –como aquí el MLNV- la llamada lucha popular o de masas en todos los lugares. En virtud del nuevo plan, los nuevos referentes del poder popular no estarían tanto en los espacios controlados por el ‘ejército popular’ de las FARC, sino en la energía desplegada en todo el territorio colombiano por los movimientos populares en favor de los resistentes al desarrollismo colombiano, de los millares de desplazados, de los campesinos despojados o de la inmensa masa de pobres. Los motivos de protesta social en Colombia son múltiples. No obstante, como el mero crecimiento aislado de esos movimientos no llega a significar poder popular, ha germinado un nuevo organismo que persigue combinar y totalizar todas las luchas territoriales y sectoriales en una sola, con el objeto de que éstas últimas desarrollen una práctica consciente de carácter antiestatal y revolucionario.
He aquí la función de Marcha Patriótica. Su portavoz, Carlos Lozano Guillén, decía recientemente en GARA: “Marcha Patriótica no es un nuevo partido, sino un movimiento para la convergencia democrática; factor de unidad de unidades, para fortalecer una opción de poder popular, democrático y revolucionario”. De acuerdo con el modelo de diálogo de las FARC, la representación más relevante de las negociaciones de paz estará en las aldeas, las explotaciones agrarias y las minas, en las calles y los centros de trabajo. Marcha Patriótica quiere ejercer de garantía de que las luchas sociales no se someterán a los designios de la Mesa de Oslo, sino que buscarán condicionarla.
5. Desde Uribe hasta las FARC, todos quieren jugar y ganar ante la sociedad, ante la población, ante el pueblo. Santos también quiere un diálogo social. Cuenta también con los recursos públicos para activarlo. Al frente de esa misión, a la que ha dotado de rango ministerial, ha colocado a un antiguo rival, Lucho Garzón, que fue alcalde de Bogotá y candidato a la presidencia de la República por el Polo Democrático Alternativo, la izquierda institucional colombiana.
Se dice que el presidente, muy debilitado en los estudios de opinión pública, juega esta baza del diálogo para garantizar su relección (ahora mismo, sólo el 26,63% de los colombianos respaldaría su continuidad). La estructura cuatrienal del Marco Legal para la Paz (que comenzará a operar ya avanzada esta legislatura) parece confirmarlo. Será que fía su suerte a que se verifique el refrán que dice: “no se cambia de caballo en medio del río”. Pudiendo ser reelegido, Juan Manuel Santos está en mejor situación de lo que estuvo Andrés Pastrana (el presidente que se abrazó con Marulanda en San Vicente del Caguán, en medio de la zona despejada para las FARC), acogotado por un único mandato sin prórroga posible.
Sin embargo, la fuerza que aupó al santismo se está diluyendo como efecto de la polarización entre los que apoyan el diálogo y los que lo descalifican. En el seno de la Unidad Nacional, aparte del desmembramiento de la U, también los conservadores rechazan la iniciativa de diálogo con las FARC. Mientras a Santos se le deshace la alianza que le apoyó, la Marcha Patriótica se consolida y amenaza también la estabilidad de las fuerzas más importantes de la oposición institucional, el Polo Democrático Alternativo y los liberales.
6. A pesar de este realineamiento masivo de fuerzas, es muy difícil predecir el curso de las conversaciones. Aunque si pueda anticiparse que, sea cual sea el resultado formal de éstas, el desafío principal que deberá afrontar Colombia en el futuro más próximo seguirá siendo el desarrollo humano, a través del impulso a la cohesión social, el reconocimiento de la diversidad cultural y el logro de una calidad democrática. Es la convergencia de las graves carencias en todos estos aspectos, de las que la dinámica en torno al poder político (ya sea como arreglo o como conflicto) es una cuestión subordinada, la que reproduce la espiral de violencia que no ha cesado desde la propia constitución de la República de Colombia.
