Ekonomiaren txokoa: Números rojos en la Seguridad Social

Jose Ramón Urrutia

En octubre de 2008, poco después de la quiebra de Lehman Brothers, el gobierno socialista, con los datos del Ministerio de Trabajo, remitió tanto a la Comisión Europea como a los diputados miembros del Pacto de Toledo el documento “Estrategia Nacional de Pensiones”, al objeto de conocer el futuro del Sistema Público de Pensiones.

En el punto 4 del citado informe “Sostenibilidad financiera del Sistema y consideraciones generales”, y en la página 26 se decía textualmente: En relación con los resultados que se reflejan en la proyección de ingresos y gastos del Sistema de Seguridad Social

a) El total de los ingresos del sistema serán suficientes para cubrir los gastos totales hasta el año 2023.

b) Eurante este periodo, en el que se seguirá produciendo superavit se continuará incrementando el fondo de reserva, y sus correspondientes intereses, que alcanzará previsiblemente una cifra equivalente al 6,5% del pib en 2023.

c) La utilización de dicho fondo, a partir de 2024 para equilibrar la insuficiencia de ingresos, permitirá compensar los resultados negativos hasta el año 2029.

En el mismo informe y en la página 32, se añadía “es conveniente indicar que para la obtención de la proyección se ha tenido en cuenta la actua ldesaceleración económica, que se mantendrá hasta mediados de 2009, fecha a partir de la cual se espera recuperar la senda del crecimiento potencial”.

La proyección con el documento realizado y presentado ha servido para muy poco, y la cruda realidad ya envió un primer impacto grave en el ejercicio cerrado por la Seguridad Social el 31 de Diciembre de 2010. Los intereses generados por el Fondo de Reserva de las Pensiones evitaron que el Sistema entrara en déficit.

De no haber sido por los 2.661 millones de euros de rendimientos financieros, el año hubiera terminado en números rojos, señal inequívoca de que con los ingresos ordinarios por cotizaciones no se cubría el total de gastos del Sistema Público.

Esta realidad tangible, la situación agravada de la crisis, la presión de la UE y de los mercados, hizo que se aprobara en comisión parlamentaria y en trámite de urgencia el día 21 de julio de 2011, la Ley 27/2011 de Reforma de la Seguridad Social, siendo este año 2011 el que, en principio, debería cerrar el impulso modernizador del Sistema Público.

Casi sin entrar en vigor la nueva reforma, novena de la época democrática, el cierre del ejercicio de 2011, nos presenta unos datos que, en palabras del nuevo secretario de estado de la Seguridad Social, refleja “una situación muy delicada”, y va a exigir grandes esfuerzos para poder “garantizar las pensiones de todos”.

El nuevo gobierno del PP, con fecha 30 de diciembre, optó por la cautela y por cumplir, al menos, alguna de las promesas de su presidente en los mítines electorales, y ha aplicado una subida de solo un 1% a las pensiones que en su mayor parte han permanecido congeladas durante el ejercicio 2011. Explican esta exigua revalorización, según palabras de la vicepresidenta y portavoz del ejecutivo, basándose en que la actualización se ha hecho en función de la previsión oficial del IPC para este ejercicio, que también es del 1%, estimación que no coincide para nada con las cifras adelantadas por los analistas expertos.

La situación de las cuentas del Sistema Público debe de ser tan crítica, que el propio gobierno en el Consejo de Ministros, ya ha aplazado, de la nueva reforma aprobada en julio pasado, el punto que hace referencia a la pensión de viudedad por el cual se elevaba de manera progresiva durante los próximos ocho años (2012-2020) la base reguladora de la prestación de viudedad pasando del 52% al 60% para aquellas personas mayores de 65 años, que no reciban otras ayudas. Otro disgusto para el colectivo de viudas y viudos pensionistas.

Que la Seguridad Social cierre las cuentas en números rojos, que primero tenga que echar mano del Fondo de Reserva constituido los últimos años, invertido casi la totalidad en deuda del estado, con lo que ello supone, y después solicitar prestado a la Administración Central, no es un tema novedoso.

Todavía anualmente el Tribunal de Cuentas manifiesta en sus informes anuales, que existe una deuda prorrogada de la Seguridad Social, de casi veinte mil millones de euros originada entre los años 1990 y 1999, época en que con los ingresos por cotizaciones no se podía atender el monto de las pensiones.

Eran años, similares a los actuales y a los próximos futuros, con poco o nulo crecimiento económico, de baja o negativa creación de empleo, sin que el efecto de la inmigración resultara positivo, y además en aquellos tiempos había que cumplir los criterios de Maastrich aplicando la “ingeniería contable y financiera” para poder ingresar en el euro.

Las perspectivas futuras no son nada halagüeñas, y con la reforma del Sistema de Pensiones aprobada, y entrando en vigor progresivamente, tal vez el gobierno actual del PP tenga la misma opinión que la expuesta el pasado mes de setiembre por el director del departamento europeo del FMI Sr. Antonio Borges que dijo: “La reforma aprobada no es tan buena, si la comparamos con la que estamos viendo en otras partes”.

Por ello no es descabellado pensar, que en un tiempo próximo se dará otra vuelta de tuerca, bien sea al cotizante actual, o los pensionistas actuales o futuros. De ahí el anticipo en clave de disposición final que el texto legal contempla al definir de cara al futuro “un coeficiente de estabilidad para el Sistema, que tiene que ser capaz de situar el equilibrio en cada momento de acuerdo a la realidad demográfica y económica del país, y el análisis de alternativas de otra naturaleza, dentro del sistema de reparto”.

El envejecimiento poblacional y el aumento esperado de la población pensionista por efecto del “baby boom” por un lado y por otro la precariedad en el empleo y su evolución prevista en el tiempo, la dificultad de búsqueda de trabajo para los parados actuales, el número de desempleados a los que se les está agotando el período de cobertura de la prestación, lo que significa que van a dejar de cotizar a la Seguridad Social, y la dificultad para que a nivel estatal se cambie el modelo económico, productivo y de mercado mejorándose la productividad y la innovación, etc. presentan un horizonte temporal no demasiado satisfactorio para el Sistema Público de Pensiones.

Compartiendo la esencia y el espíritu del artículo del lehendakari Ibarretxe “Small is beutifull…and powerful”, y sobre todo en la parte final referida a los países pequeños, y en la misma línea que la de Guillermo Dorronsoro en su artículo “ La importancia de llamarse (y ser) Euskadi”, publicado recientemente en el espacio de Ekoberri, creo que es momento, y aunque parezca ir contra corriente, no solo de reclamar la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, del desarrollo legislativo de la misma y de las políticas pasivas de empleo, sino al mismo tiempo planificar, modelar, y porque no crear, lo antes posible, un sistema propio y vasco de pensiones públicas, seguro que de verdad lo agradecerán esta generación y las siguientes.