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La política social de Bildu: más recorte que cambio

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Joxan Rekondo

Tras el 22-M, se prometía que el “cambio” iba a ser la referencia política más importante del nuevo gabinete de Bildu en Gipuzkoa. Cambio en el modelo político y cambio en la acción social.

Cuando el diputado de Política Social expuso, en el marco de una retórica cargada de referentes alternativos, las líneas generales de actuación de su Departamento subrayó precisamente las que podrían ser consideradas como bases concretas del cambio de modelo que quería dirigir.

Destacaría tres. En primer lugar, la reorganización del sistema de servicios sociales para garantizar una gestión pública directa. En segundo lugar, la revisión y ampliación de las ayudas económicas de inserción y el impulso futuro de la Renta Básica de Ciudadanía (RBC), como una prestación económica de carácter universal e incondicional. En tercer lugar, el replanteamiento del modelo de atención a la Tercera Edad y el aumento de recursos residenciales y de ayuda a domicilio al objeto de reducir los tiempos de espera.

Estos objetivos expuestos ya pueden contrastarse con su reflejo en la propuesta de presupuestos que, para el año que viene, ha realizado el gobierno de Bildu para Gipuzkoa. Y, podemos decir que, en apariencia, el mayor peso en gasto le corresponde al Departamento de Política Social. Casi la mitad del total de las cuentas del 2012.

Pero, tras la frialdad de los datos de la contabilidad presupuestaria se esconde una realidad que no se corresponde con las expectativas creadas por Garitano y su equipo. Por el contrario, el documento muestra claramente que Bildu ha comprometido un cambio de modelo que no es capaz de respaldar con sus decisiones de gobierno. Y se podría decir además que, si las aportaciones de la oposición no lo remedian, la acción social foral prevista para 2012 cubrirá menos necesidades (algunas incluso por decremento de recursos) que en 2011.

Tras la reflexión estratégica finalizada hace poco más de un año, en el modelo guipuzcoano de Servicios Sociales la Administración se reserva un papel tractor, garante e innovador, aunque no necesariamente proveedor en materia de Servicios Sociales. La prestación de los servicios se realiza de forma concertada con el tercer sector y el tejido empresarial, considerándolos a todos los efectos, como parte de la red pública.

Frente a esto, el ‘modelo Bildu’ supondría que toda la carga del servicio fuera asumida por la Función Pública, deshaciéndose de la iniciativa empresarial y del aporte de la propia sociedad civil. Por fortuna, de  lo que reflejan los presupuestos de 2012 podemos concluir que Bildu no ha cuestionado el modelo derivado del proceso de reflexión estratégica de 2010 y ha abandonado sus postulados preelectorales. Aunque el nuevo gobierno sí haya previsto reducir notablemente las ayudas a la iniciativa social, sería más propio hablar de recorte que de un cambio de modelo.

La segunda de las líneas generales expuesta, ante la Comisión correspondiente de Juntas Generales, por el diputado de Política Social era la referente al debate sobre la RBC y a las prestaciones de inserción. Tengo para mí que la reflexión sobre la primera de las cuestiones, al no pretenderse su aplicación en el curso de esta misma legislatura, es una pura maniobra de entretenimiento, más dirigida a los pasillos de palacio que a la sociedad.

En lo relativo a la inserción, el gobierno de Bildu se ha colocado en abierta línea de oposición a la legislación sobre la RGI que ha promovido la consejera del Gobierno Vasco, Gemma Zabaleta. Esta  nueva norma dejará sin cobertura a mucha gente que tampoco podrá ser beneficiaria, por una clara falta de dotación, de las ayudas de inclusión que otorga la Diputación. Este hecho, además de resaltar la incoherencia que subyace a la posición de la DFG ante esta confrontación, lleva a destacar un retroceso muy visible respecto de la gestión del gobierno Olano.

Entre las líneas generales expuestas por el nuevo responsable de Política Social, he destacado también el servicio a la Tercera Edad, las listas de espera, las plazas residenciales y el servicio a domicilio. Para empezar, la nueva Diputación se quejó de que, para el ingreso residencial, el tiempo medio de espera por paciente era más alto en Bidasoaldea (354 días) y Donostialdea (228 días) frente a los 191 de media. De la constatación de esa realidad, cabría esperar una actuación consecuente.

Pero, no ha sucedido así. No se contemplan la construcción de Residencias ya comprometidas, como las de Irun (cuyo trámite estaba casi en el punto de la licitación de la obra), Usurbil y Elgoibar. Mientras, la dotación para la asistencia a domicilio está muy por debajo de la demanda real. En este apartado, el repliegue es tan evidente que todo parece indicar que este gobierno de Bildu renuncia a asumir el traspaso de las residencias municipales, incumpliendo así el mandato de la Ley vasca de Servicios Sociales.

Son los principales partidos de la oposición a Bildu los que han dado cuenta de esta situación en sus enmiendas. Hace año y medio, estas mismas fuerzas acordaron el modelo estratégico de servicios sociales que Garitano y su equipo quería cambiar a toda costa. Hay que subrayar la paradoja. El nuevo gobierno foral ha primado el recorte (hasta en el ámbito social) sobre el cambio de modelo que prometió. Y aquellos ‘partidos del modelo’ se preparan para defender éste y conservarlo; aunque no frente al cambio anunciado, sino ante el recorte de servicios planteado.

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