Mikel Aranburu Ekoberrin
Para Hacienda el que posee patrimonio muestra una capacidad económica que no la tiene quien carece de él. Esta capacidad es adicional a la que proporciona la renta y genera una satisfacción no monetaria que puede ser medida en términos de utilidad. Se admite que las rentas que se obtienen de manera ociosa deben ser más gravadas que las derivadas del esfuerzo personal – este pensamiento subyace, por ejemplo, en la deducción por rentas del trabajo en el IRPF- y una forma de hacerlo es la imposición sobre el capital. También es una capacidad eventual, por ello la esperanzada reforma fiscal de 1977 introdujo de manera provisional el Impuesto Extraordinario del Patrimonio. Se trataba de una exacción excepcional para hacer frente a una coyuntura económica extraordinaria – la provisionalidad duró catorce años – que igualmente establecieron los territorios forales.
Finalmente, como saben, en 2008 el Impuesto fue suprimido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero porque, dijeron, había quedado obsoleto, gravaba el ahorro de las familias de rentas medias, sus tipos eran los más altos del mundo, adolecía de falta de equidad horizontal y vertical y había que converger con el resto de los países europeos en esta materia, donde sólo dos de los veintisiete miembros de la UE lo exigían a sus ciudadanos. Lo cierto es que se suprimió tras haberse cedido a las Comunidades Autónomas de régimen común a las que, desde entonces, el Ministerio debe compensar anualmente por la merma recaudatoria. En el mismo año Navarra, Álava-Araba y Bizkaia suprimieron el tributo y Gipuzkoa lo hizo en 2009. Sin ninguna compensación estatal.
Esta semana España ha recuperado el Impuesto por motivos electorales y sus promotores han tenido que dar la vuelta a los argumentos que esgrimieron para su supresión, lo que no es difícil porque la fiscalidad razona en todas las direcciones. En virtud de nuestro sistema de Convenio/Concierto, el Impuesto sobre el Patrimonio será exigible en los territorios forales si así lo deciden sus órganos legislativos: Juntas Generales o Parlamento de Navarra. Habrá un debate político en el que, a favor, además de los aireados argumentos técnicos que casi nadie entiende, como su perfil censal y de control de las variaciones patrimoniales -a gravar en el IRPF- su neutralidad macroeconómica o la progresividad complementaria sobre el capital, se esgrimirán otros de naturaleza ideológica y mayor efecto – “que paguen los ricos” – al tiempo que, con las arcas vacías, será difícil renunciar al pellizquito de recaudación.
En contra, el legislador foral teme la deslocalización interesada que achica la cuota del IRPF. Un temor que ya se asoma en las manifestaciones de los responsables del ramo – “después que los vecinos, nunca la víspera”, “cuando lo implanten todas las comunidades”…- y que, sin quererlo, revela la debilidad de nuestro modelo de Convenio/Concierto. Si bien es cierto que la mayoría de la gente no se traslada a vivir a otro territorio por razones fiscales, no es difícil fijar un domicilio de conveniencia porque el endeble concepto de domicilio fiscal queda muy a merced del ciudadano avisado capaz incluso de saltar las fronteras estatales. Por ejemplo, pese al repentino altruismo de los ricos franceses, el famoso Impuesto de solidaridad sobre la fortuna provocaba en Francia la huida del país de cerca de un millar de contribuyentes al año. La causa de este comportamiento no está solo en la cuota a pagar – el impuesto no es caro –, sino también en el rechazo a declarar lo que se posee. Por pudor comprensible y, quizá, por miedo a que se investigue su origen.
Una vez metido en harina, el legislador foral debería revisar las exenciones (el mínimo exento, la vivienda habitual, los bienes necesarios para las actividades empresariales o profesionales, la participación en entidades…), la titularidad, la base imponible – en particular las valoraciones – el previsible límite de cuota conjunto con el IRPF -que sirvió de freno al argumento confiscatorio y se aprovechó como espléndida válvula de escape – y los tipos. No se olvide que estamos hablando de pagar por la capacidad económica adicional que supone la posesión de un patrimonio. Es decir por unos rendimientos no monetarios sino virtuales, de naturaleza sicológica, que complementan los efectivamente integrados en la base del IRPF. Y a la administración tributaria no le bastará con desempolvar la antigua máquina de gestión, que nunca funcionó, sino que debe procurar su renovación.
Vuelvo a repetir que creo que las diputaciones forales hacen seguidismo de la política de Estado, mientras Patxi Lopez y sus secuaces sacan estudios como este:
Las duplicidades de competencias suponen más de 403 millones a las arcas vascas
Todas las instituciones incurren en ellas, pero la mitad recae en las forales
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/04/paisvasco/1317744267.html
Llevamos un cierto tiempo de campaña para intentar cargarse las diputaciones, que son la base de nuestro autogobierno, un objetivo compartido por los españoles y por el MLNV (que casualidad). ¿Por qué no nos cargamos las facultades duplicadas que tienen los ayuntamientos para política social, educación, etc. y nos dejamos de leches?
Pasa como con el impuesto de Patrimonio, que siempre a rebufo de lo que haga España, y esto no puede ser.
Vamos a ver, el deficit se desboka, ponemos pasta en «planes de estimulo» k inkrementan + todavia la deuda, y ahora k hay k reducir gastos, lo k se plantea es subir impuestos. «Impuestos de izkierdas» komo le llaman los de Bildu en Donosti y en Gipuzkoa, es decir, subir el IBI (todo dios tiene 1 kasa), subir el impuesto d cirkulacion (todo dios tiene kotxe), suben el autobus (impuesto d izkierdas), poner viñeta (pagamos todos independientemente del uso), xo klaro a ver kien paga los destrozos d Kukutza.
Tras argumentos aparentemente técnicos, el autor frivoliza con la fiscalidad. No me extrañaría que fuera asesor fiscal. O sea, ese profesional que ayuda a los que tienen a eludir «legalmente» el pago de impustos.
Sin duda alguna, se trata de un aspecto crucial pero jamás se debe contemplarlo aisladamente sino que debe de en todo momento medirse, valorarse junto con las políticas monetarias y las posibilidades que hubieren de modificarlas logrando en todo momento la mejor simbiosis posible de manera que se eviten:
1) Riesgos inflacionarios.
2) Frenazo en el consumo de los hogares.
3) Desmotivación por parte de empresarios y emprendedores en querer avanzar en sus proyectos, en general y en I+D+i en particular.
4) Riesgos de seguir incremento los niveles de desempleo.
Dicho eso, sin duda alguna, se trata de números, estadisticas, modelos econométricos, estudios rigurosos sociologicos, entre otros.
La combinación de esos considerandos puede y debe ir curando la tremenda herida que tenemos en estos momentos.
Claro que para ello precisamos de personas con entrega, profesionales. tecnócratas (cuanto menos metan el ocico los interesados políticos, mejor).
A modo de aportar algunos granitos de arena, se me ocurren unos cuantos:
1) Gravar más los productos alimenticios que tienen contenido de grasa suficiente para incrementar exponencialmente los riesgos de obesidad (incrementandose mucho en estos tiempos), enfermedades de cardiopatía debidos a menudo por exceso del colesterol (se debe mermar el malo e incentivar el bueno). Ello desincentivaría el consumo de dichos productos y desde luego supondrá un ahorro importante en los gastos sanitarios. Doble efecto.
2) Gravar más las «drogas legalizadas»: tabaco y alcohol. Al igual que en el caso anterior, ahorros importantes en Sanidad a la vez de desincentivar el consumo de dichas drogas y en caso de que se consuman, pues eso más pasta para las arcas.
3) Gravar más el uso ineficaz de la energía, empezando por casi todas las instalaciones de iluminación, tanto en el sector público como en el privado.
Existe un producto que es el LED, acrónimo Inglés que significa Diodos Emisores de Luz que ya los podemos ver sobre todo en los semáforos, suponiendo un ahorro del 80% en consumo, además de otros ahorros de tipo, mantenimiento, reposicíón a la vez que nos permite mermar el lanzamiento de CO2 a la atmosferea además de otros contaminanes como son el mercurios y vapor de sodio. Los estudios son tercos y demuestran que el retorno de inversión está por debajo de dos años en la mayoría de los casos, siempre que haya un encendido diario de la luz de un mínimo de ocho horas. No cabe duda que éste producto magnífico seguira la senda de bajada de precio, como ocurre con todo producto relativamente nuevo.
En fin, pienso que existen formulas eficaces, de estas que expongo son indirectas las dos y directas la 3) que podría meterse mano más de lo que se está haciendo, incentivando sobre todo los hogares donde difícilmente al precio actual de los LED puedan asumir el precio del producto no teniendo las luces de la casa normalmente encendidas tantas horas.
Yo estoy a favor que personas que tienen un patrimonio superior a los 700.000 euros (restando su vivienda habitual), paguen patrimonio. Pero no servirá de mucho pagar mas impuestos directos e indirectos si el Sistema Institucional Vasco no se mejora, no lo simplificamos y lo hacemos mas eficaz para el ciudadano:
Deloitte estudia las duplicidades de 13 políticas en Euskadi:
http://www.gananzia.com
El reto del trabajo en red y la colaboración entre instituciones
Escrito por José A del Moral | El 5 de octubre de 2011
En los últimos tiempos se habla mucho de trabajo en red e incluso hay algún que otro gurú que predice que todas las empresas acabarán sin personal fijo. Hablan de organizaciones que persiguen un objetivo y que utilizan recursos autónomos en función de las circunstancias. Mencionan también a empresas que, para satisfacer necesidades puntales, se aliarían con lo que en otros tiempos habrían sido considerados competidores.
Trabajar en red, con personas con las que no existe dependencia alguna pero con las que se colabora, se convierte en la clave de la economía del futuro. Esto exige nuevas habilidades por parte de los profesionales y especialmente de los máximos ejecutivos, no solo técnicas sino también de apertura de mente.
La gestión de personas de diversos orígenes culturales y geográficos se convierte en una prioridad. También lo es la capacidad de integrar habilidades diversas en un proyecto. Para ello hay que identificar a todos los recursos, lo que exige un trabajo ingente y previo de información, y después hay que contactar con ellos y atraerlos hacia un trabajo nuevo. El dinero es, obviamente, solo una parte del argumento motivador.
Hay sectores en los que el trabajo en red es ya una realidad. Estoy pensando en empresas como Weblogs SL o incluso en una película de cine, un proyecto puntual que exige movilizar temporalmente a los mejores profesionales. Es decir, buscarlos, convencerlos para que se involucren y motivarlos constantemente. ¡Casi nada!
En este sentido, a veces me hace gracia oír hablar del trabajo en red a los políticos y sus acólitos. Sonrío porque precisamente son ellos los que menor capacidad de colaboración y cooperación están demostrando. Sirva de ejemplo lo que ocurre con las instituciones vascas y especialmente entre diputaciones y Gobierno Vasco. Cada una va a su bola y hay de toda menos red. Un caso paradigmático: cada año hay dos organismos públicos, Eustat e Instituto Nacional de Estadística, que me piden los mismos datos para elaborar sus estadísticas.
Todo esto viene a cuento de un muy oportuno “informe sobre duplicidades e ineficiencias en las administraciones públicas vascas” desvelado ayer por el Gobierno de Vitoria-Gasteiz y realizado por las consultoras Deloitte y Everis. Se analizan solo 13 políticas públicas y se llega a la conclusión de que se están tirando a la basura más de 400 millones de euros al año por la falta de colaboración entre instituciones. Y eso sin contar los sueldos y “dietas” de todos los políticos que viven de estas duplicidades en juntas generales, ayuntamientos y parlamentos.
En concreto, se han analizado el Gobierno Vasco, las tres diputaciones y cuatro de los nueve municipios más poblados (Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia, Barakaldo, Getxo, Portugalete, Laudio/Llodio, Errenteria e Irun). Veamos sus párrafos más llamativos:
Las duplicidades identificadas en el informe son actuaciones que llevan a cabo los tres niveles administrativos vascos sin amparo legislativo básico o sectorial. Todos los niveles administrativos vascos incurren en duplicidades, en concreto:
– Gobierno Vasco: 30 % del total de Duplicidades analizadas.
– Diputaciones: 50 % del total de Duplicidades
– Ayuntamientos analizados: 20 % del total de Duplicidades
El 93% de las duplicidades identificadas se concentran en actuaciones situadas en cuatro de las trece políticas analizadas:
– Política de Impulso Económico (Industria, 3i+d y Comercio): 31% de las Duplicidades Identificadas
– Política de Servicios Sociales: 28% de las Duplicidades Identificadas
– Política de Empleo y Formación: 17% de las Duplicidades Identificadas
– Política de Transporte: 17% de las Duplicidades Identificadas
Estas duplicidades están provocadas:
– Porque el entendimiento de la política y los servicios públicos se hace desde el punto de vista del agente que la desarrolla y no del servicio que recibe el ciudadano. No existe un enfoque hacia la ciudadanía en la prestación de los servicios públicos.
– Por una visión incrementalista que reproduce la máxima de «más y por muchos es mejor», con lo cual se generaliza la práctica de que ayudas, y servicios se superponen al ser provistos por parte de terceros no competentes.
– Por la calidad de la norma y/o su separación respecto a la realidad de la práctica en cuanto al ejercicio de la actuación pública, que genera diferencias entre el modelo competencial, la acción pública y el modelo de financiación
– La ausencia de regulación en determinados ámbitos y políticas, que provoca que los diferentes niveles institucionales incurran en duplicidades.
– Las Administraciones Públicas vascas abordan proyectos estratégicos de país priorizando el resultado sobre el estricto respeto al reparto competencial. Importe de las Duplicidades y contextualización
La CAPV se caracteriza por contar con un complejo entramado institucional donde, incluyendo al Estado, coexisten cuatro niveles de Administración para una población de poco más de 2,2 millones de habitantes. En este marco de multiplicidad administrativa, el Sistema Institucional Vasco se debe enfrentar al reto de optimizar la intervención pública para hacer frente a la compleja sostenibilidad financiera, sobre la que inciden variables socio-demográficas que llevarán asociadas en el medio plazo incrementos del gasto.
La eficiencia en la actuación pública se ha convertido en una cuestión crítica. Así, el análisis multidimensional (niveles y agentes) y la aproximación integral a la acción de la Administración Pública Vasca realizado ha permitido la identificación ineficiencias, cuya resolución podría permitir avanzar hacia cotas de mayor eficiencia. Estas ineficiencias son actuaciones de los tres niveles administrativos vascos que, aunque se realizan con amparo competencial, conllevan un uso no eficiente de los recursos públicos. Algunas de las principales ineficiencias detectadas son las siguientes:
– Todos los niveles administrativos vascos actúan en tema de emprendimiento, lo que provoca que existan multiplicidad de agentes que se dedican a este campo: Hoy en Euskadi tenemos localizados más de 250 agentes (entre públicos, semipúblicos y privados) relacionados con el emprendimiento. Se trata de una amplia red de agencias y organizaciones que, si no se coordina bien, puede complicar y dilatar todos los pasos que hay que dar para fomentar el emprendimiento.
– En la actualidad intervienen en la política de empleo multitud de Agentes, lo que supone un solapamiento en la prestación de servicios relacionados con la Formación para el Empleo, Inserción Laboral, Promoción del Empleo e Intermediación Laboral por la actuación de agentes que no tienen competencia para ello. La intervención de estos agentes supone, además, un exceso de estructuras administrativas para la planificación, prestación y seguimiento de servicios en materia de Empleo y Formación, dificultando además la comprensión y el conocimiento, por parte de la ciudadanía, de los recursos puestos a su disposición.
– En materia de Asuntos Sociales, el diseño de servicios en los que intervienen varias administraciones dificulta su propia prestación, dilata los tiempos de respuesta de la Administración ante la ciudadanía, aumenta la necesidad de coordinación entre agentes, dificulta el conocimiento de los costes reales de los servicios y separa la planificación y presupuestación de los servicios de las necesidades ciudadanas, lo que afecta a la asignación de recursos suficientes.
– Proliferación de estructuras públicas dedicadas a la compra de suelo y promoción/ gestión de viviendas. Concretamente, en esta política intervienen hasta 17 entes instrumentales (Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación, Sociedades de Vivienda y Suelo, etc.).
– Existencia simultánea de diferentes bases de datos de demandantes y sorteos de vivienda (Bases de datos de Ayuntamientos y de Etxebide)
– Existe una fragmentación competencial en la política de transportes, dado que cada nivel administrativo es competente en un medio de transporte distinto. Además, en esta políticas se producen duplicidades e ineficiencias: Euskadi cuenta con tres aeropuertos que, a su vez, son promocionados por otras tantas sociedades públicas diferentes. Además, la CAPV es una de la regiones de Europa con mayor número de aeropuertos en relación con su población y extensión geográfica, sin tener en cuenta los existentes en su entorno próximo. Incluso dentro de un mismo tipo de transporte existen situaciones paradójicas en el ámbito competencial: el Funicular de la Reineta es gestionado por el Gobierno Vasco mientras que el Funicular de Artxanda lo gestiona el Ayuntamiento de Bilbao.
– En Euskadi existen 21 órganos directivos y 20 órganos de gestión desarrollando políticas de medio ambiente.
– En Euskadi desconocemos el número total de policías locales existentes en nuestro territorio. Aunque desde la Dirección de Coordinación de Policías Locales, se trabaja en la creación de un Registro Policial que recoja todos sus miembros. Además, este tema se solventará en los próximos meses con la aprobación del proyecto de Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.
– La ejecución de la política agraria está marcadas por una normativa excesivamente compartimentada, en virtud de las competencias que otorgan tanto el Estatuto de Autonomía como la Ley de Territorios Históricos. En este sentido, actualmente no se aborda una política de una forma integral, ya que la producción se aborda desde el ámbito foral y la comercialización desde el ámbito autonómico.
– En cuanto a lo relacionado con Montes la situación es similar, ya que, en función de la concepción de las masas forestales, encuentran amparo normativo para intervenir diferentes Administraciones. Por ejemplo, las Diputaciones Forales lo hacen en función a sus competencias en materia forestal y el Gobierno Vasco, en virtud del ejercicio de su política ambiental.
Después de leer esto, como ciudadanos, no podemos permitirnos que ningún político vuelva a decir que es necesario recortar en educación para poder mantener el equilibrio presupuestario. Ha quedado demostrado que hay muchos ajustes que se deben realizar previamente en nuestro entramado institucional antes de abordar otras cuestiones. Por no hablar de “inversiones” tan superfluas como el nuevo San Mamés. Por cierto, felicito a Patxi López por este trabajo de análisis.