Ekonomiaren txokoa: Breves vacaciones fiscales

Mikel Aranburu (Ekoberrin)

Los impuestos nacen con el fin de ser recaudados. La ley determina quién, cuánto y por qué hay que pagar y, al disfrutar de varias Haciendas, nos dice en qué ventanilla hay que ingresar cada impuesto o si el pago hay que repartirlo entre varias. Para serlo, la relación tributaria necesita de dos sujetos: uno activo y otro pasivo, cuyos nombres ya nos indican que no se hallan en plano de igualdad ni mucho menos. Uno paga y otro cobra. Pero en la naturaleza del sujeto pasivo, por no decir en la humana, reside una enérgica inclinación a eludir el impuesto y por eso el sujeto activo, además de cobrar, debe ocuparse de que todos paguen lo que señala la ley.

Los mecanismos que estimulan el cumplimiento de la ley tributaria son complejos y mezclan parámetros cuantificables como la cuota a pagar – cuanto más caro es el tributo mayor es la propensión al fraude -, las sanciones aplicables y la probabilidad matemática de ser descubierto; y otros no expresables en números como la complejidad del sistema, la presión fiscal indirecta y, en particular, el grado de identificación con el sujeto activo en términos de reconocimiento de que la porción de riqueza cedida repercute y beneficia a la comunidad de referencia. Este último es un factor que tradicionalmente explicaba el mayor cumplimiento voluntario en nuestros territorios -“es para la Diputación”- como una prolongación del legendario y vigente auzolan, hasta que la globalización ha levantado el velo.

Es un hecho sabido que el capital carece de nacionalidad y se desliza libre hacia territorios de mínima fiscalidad. Por ello, cautiva y desarmada la reforma fiscal de 1978, el sustento del sistema tributario español son las rentas del trabajo. El IRPF es un impuesto a las nóminas y la imposición indirecta incide con mayor intensidad en aquellos que carecen de capacidad de ahorro. Ahora bien, ¿quién se ocupa de que todo este dinero extraído con anestesia de nuestros bolsillos llegue al erario? De manera singular, las empresas. Las sociedades mercantiles operan como recaudadores de Hacienda por las retenciones a cuenta del IRPF y las cuotas de IVA y de la pléyade de impuestos especiales. Mientras las personas físicas tenemos arraigos y ataduras casi invencibles, una persona jurídica puede migrar hacia un territorio de menor tributación o menores costes y cerrar el grifo recaudatorio. Con mayor facilidad cuanto más virtual sea la frontera interpuesta.

Guste o no, esta es una realidad que presiona al legislador que se ve obligado a sujetar a las empresas al territorio mediante medidas que persiguen el ingreso público sin incomodarlas y que, inevitablemente, taladran el Impuesto sobre Sociedades: libertad de amortización, tipos reducidos, exención por reinversión, Reserva Especial para Inversiones, deducciones por incentivos (por inversiones, I+D, exportación, medio ambiente, formación, creación de empleo…) y por reinversión en la transmisión de valores. Y un surtido elenco de seductores regímenes especiales para Sociedades de promoción de empresas, Entidades de capital-riesgo y de tenencia de valores extranjeros, instituciones de inversión colectiva (SICAV y otras) o las Fusiones y escisiones protegidas. Y ya puestos, vacaciones fiscales.

Son las reglas no escritas de un juego de suma no nula –todos los jugadores pueden perder – que todas las haciendas conocen y con arreglo a las cuales tejen y destejen sus estrategias de política fiscal. También nuestras haciendas forales. Con un hándicap importante: la soberanía tributaria no va acompañada de una correlativa soberanía política indispensable para una gestión tributaria eficaz. Ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe decidir sobre aquellas efímeras vacaciones fiscales declaradas ilegales por la Comisión Europea, pero su juicio va más allá de la medida en concreto y puede afectar al modelo de Convenio/Concierto que dibuja una suerte de soberanía tributaria dentro de un Estado miembro. Si la justicia europea no lo entiende el modelo podría desvirtuarse y la consecuencia natural y legítima sería reclamar un Estado propio. ¿No creen?.

(*) Experto en Derecho Tributario