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Por una arquitectura constitucional vasca postestatutaria y retrovanguardista (I)

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Iñigo Lizari

Se han cumplido 30 años de Estatuto y el abordaje de la cuestión que hoy se pretende plantear aquí requiere del cumplimiento previo de dos premisas:

  1. El cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979
  2. La definición a través de la tan esperada futura Ley Municipal Vasca  del lugar que ha de ocupar el municipio en modelo institucional desarrollado durante los últimos años en el seno de la Comunidad Autónoma de Euskadi, desde la recuperación en la medida de lo posible de la visión republicana del municipio vasco que se generalizó en territorios como Bizkaia a  lo largo del siglo XVIII. Visión donde esa visión republicana no se circunscribía al propia territorio histórico sino que se extendía a los entes locales asociados que constituían el territorio vizcaíno como una estructura federativa basada en la construcción en dirección ascendente (de abajo arriba).

El no cumplimiento íntegro del Estatuto con 36 competencias  y/o servicios (algunas exclusivas) pendientes por transferir, constituye un fraude ya a su letra como a su espíritu, pero sobre todo constituye un fraude al propio modelo constitucional español que desde 1978 se consagra como Estado Democrático de Derecho en donde dicho Estatuto según la propia doctrina del TC íntegra lo que se ha venido en llamar bloque de la constitucionalidad. Dicho esto, abordar en estas condiciones, tal y como se ha pretendido y aún se sigue pretendiendo, un proceso de reforma estatutario, es algo ingenuo.

Este sencillo ABC, por elemental que pueda parecer, resulta que no cala y hoy desgraciadamente se está a otra cosa, y así nos va. Es necesario corregir esta deriva, pero sobre todo es necesario corregir el desarrollo institucional invertido llevado en la CAV de forma que invirtamos esta dinámica que nos ha conducido a desarrollar de “arriba a abajo” un Estatuto en 1979, una Ley de 1983 llamada LTH que es una Ley de relación entre los Territorios Históricos y los Órganos Comunes de la CAV y  en 2010 si se da el caso una Ley Municipal.

Completado el Estatuto y desarrollada esta Ley Municipal Vasca y recuperado en lo posible esta concepción vasca republicana de los entes locales, la pregunta a realizarse es la siguiente: ¿Como abordar desde un esquema propiamente vasco que necesariamente requiere un articulación de “abajo arriba” el futuro desarrollo institucional de la es que hoy la CAV de cara a la futura articulación de los Territorios Históricos con los Órganos Comunes como el Parlamento y el Gobierno Vasco  y de estos con la instituciones del Estado Central?

A mi juicio la respuesta a esta pregunta la marca el desarrollo de la Comunidad Foral Navarra, y más si tenemos en cuenta que las potencialidades que a priori se le brindan a los Territorios históricos de la CAV tienen un potencial superior derivado de la disposición derogatoria. Disposición que expresamente Deroga las leyes abolicionistas de los fueros de 1839 y 1976.

A mi juicio, las potencialidades del las citadas Disposiciones de la Constitución Española  no han sido exploradas aún. Es más, creo poder hacer la siguiente afirmación: Propiamente no ha existido una “reintegración competencial foral postabolicionista” sino una simple “reintegración institucional foral postabolicionista” de forma que en nuestras Territorios Históricos, las Diputaciones no son Provinciales sino Forales, y las mismas están sometidas a un Parlamento como las Juntas Generales que pronto será equiparable a una asamblea legislativa si sus normas forales, como pronto se espera, tengan reconocido rango legal cuando versen sobre cuestiones tributarias.

La capacidad tributaria derivada de los Conciertos Económicos es una competencia de raíz foral preabolicionista que deriva de la fase postabolicionista. En otras palabras, los Conciertos Económicos derivan de la época de Canovas y le sobrevivieron a él y a su abolición foral llevado a acabo en aquel fatídico año 1976. Luego no se trata de ninguna competencia de las abolidas por Cánovas de Castillo que haya sido reintegrado ahora, sino que se trata de una competencia abolida por el dictador Francisco Franco para el caso de Gipuzkoa y de Bizkaia (Alava la mantuvo) a las que consideró provincias traidoras.

Nada se ha reintegrado desde un punto de vista competencial de aquellas amplias e integrales competencias (justicia etc..) que desarrollaban las instituciones de los Territorios Históricos, no son repúblicas autogobernados bajo la protección del soberano por la vía de la Disposición Adicional Primera. Es decir, desde el reconocimiento de una potestad originaria con base a una constitución propia y privativa de la que derivan los derechos históricos, sino que al margen de los conciertos económicos, cuantas competencias se han transferido a la CAV se han realizado a través de una autonomía garantizada por el título VIII. de la Constitución Española. Una transferencia que deriva de una única soberanía nacional reconocida, y por tanto, las tenemos reconocidas como competencias derivadas de las competencias estatales.

Por eso, antes de entrar en un análisis de intentar anticipar una hipótesis de solución que se intentará esbozar en la segunda parte de esta serie, tenemos que optar por la vía Navarra (Ley de Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero Navarro-LORAFNA). Evidentemente negociada por una amplia representación institucional y refrendadoa por los ciudadanos (condiciones que conviene recordar no ocurrieron en Nafarroa). Una reintegración adaptada a nuestras peculiaridades que por efecto de la Disposición Derogatoria nos son más favorables (es decir sin necesidad de caer en su cuarentayunismo) y matar tres pájaros de un tiro:

Digo reintegración parcial, porque debemos ser escépticos con relación al actual marco Constitucional respecto a las posibilidades efectivas de llevar a cabo una reintegración foral actualizada plena. Se trata de la constitución de un estado unitario que garantiza el derecho a la autonomía y no la constitución de un estado federal, aunque para el caso de los territorios históricos se hace una salvedad al reconocer la preexistencia de un derecho constitucional originario anterior a la propia constitución española (aunque no sea estrictamente el término empleado sino el de “derechos históricos de los territorios forales que la constitución ampara y respeta”).

Sin embargo, una reintegración parcial que agotara o ultimase los límites constitucionales aún no explorados de la constitución y que nos permitiese reconstituirnos en una Comunidad federal Foral de Euskadi (teniendo en cuenta la que relación politerritorial histórica de esta comunidad es a todas luces federal) aunque la relación de esta comunidad con el Estado no sea federal, sino algo sui generis aún por perfilar.

Esto, sin duda,  nos garantizaría una bolsa de oxígeno para seguir avanzando (siguiendo el esquema de aunar la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca) en nuestro propósito común de toda la familia JELtzale de alcanzar algún día una reintegración foral actualizada plena, y nos supondría el reconocimiento actual de un núcleo competencial originario mayor, no alcanzable por ninguna otra comunidad y que debiera resolver las nuevas relaciones con de soberanía compartida con las cuestiones ya en menos de las instituciones europeas.

(Continuará…)

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