Ion Gaztañaga
No hace muchas semanas, tuve la oportunidad de leer la entrevista que le hacían a la diputada foral de Política Social de Gipuzkoa, Maite Etxaniz, en la que afirmaba que «El modelo de servicios sociales explotará si no cambiamos el sistema de financiación». El diputado foral de Acción Social de Bizkaia, Juan María Aburto, nos decía hace más de medio año que «Los servicios sociales van a necesitar más recursos y estamos obligados a buscarlos», y apostaba por «financiar la dependencia con una retención en la nómina».
Estas dos entrevistas de los diputados forales actuales nos confirman la importancia que ha adquirido la política social y la necesidad buscar financiación para el creciente gasto social que proviene de un aumento de la cobertura y del número de futuros empleadores de dichos servicios. Evidentemente, el envejecimiento de nuestra población no va precisamente a ayudar a aligerar la carga presupuestaria de la política social.
La ley de dependencia, por ejemplo, va a requerir bastantes recursos que (casualidades de las políticas ZP) no aparecen por ningún lado. Hay acusaciones de bloqueo a ciertas comunidades autónomas, las diputaciones dicen que no hay recursos y algunas asociaciones ponen el grito en el cielo.
En la citada entrevista, Etxaniz nos dice que «Todavía nos queda un tramo para llegar a las tasas de cobertura europeas. Ahora bien, si queremos llegar a ese nivel, también hay que analizar cómo se sostiene el sistema en esos países» y Aburto ante la pregunta «En una encuesta, los ciudadanos se mostraban dispuestos a pagar más impuestos para sufragar los servicios sociales. ¿Eso es sólo una declaración de intenciones?» responde que «Todos empezamos a pensar que en algún momento de nuestra vida vamos a ser usuarios de los servicios sociales. Yo no soy especialista, lo que digo es que van a requerir más recursos y estamos obligados a buscarlos.»
Es evidente que la búsqueda de recursos puede materializarse mediante diferentes métodos, mediante impuestos o el copago, por ejemplo. Y ahí es donde entra en juego la opción política para decidir el modo de financiar estos servicios sociales.
¿Cuál debería ser el modelo del nacionalismo institucional respecto a estas cuestiones que van a marcar el futuro de los ciudadanos? ¿Cómo hará frente a los retos que suponen el envejecimiento de la población? ¿Cómo se asegurará de que los recursos lleguen precisamente a los destinatarios adecuados? ¿Quién debería proporcionar los servicios sociales, mediante llos servicios públicos o mediante centros concertados? ¿Hay que replantearse la edad de jubilación?
Y quizás lo importante para un foro como Aberriberi sea conocer cuáles son las respuestas que el nacionalismo está pensando para estos nuevos retos del mundo occidental, y por lo tanto, de la nación vasca. Porque más allá del lema de «construcción social es construcción nacional» necesitamos definir respuestas concretas a los problemas concretos.
Espinoso tema el que aborda Gaztañaga. La realidad es que el debate sobre los recursos sociales, tanto desde la perspectiva de los objetivos a los que se destinan los fondos de los mismos como desde el punto de vista de la obtención de recursos económicos para sufragarlos parece ser terreno cenagoso en la que los políticos no estén dispuestos a entrar.
Estamos en el imperio del lenguaje políticamente correcto y, a mi entender, los políticos actúan más de cara a no enemistarse con los adalides de ese lenguaje correcto que a buscar soluciones viables al asunto.
Dicho lo anterior, lo que creo que la sociedad sí percibe y así se manifiesta «con la boca pequeña» es una cierta laxitud en ciertas políticas de gasto social. Y estoy hablando de percepciones, con el peligro que tiene quedarse en la forma, pero no se puede dejar de lado que de esa percepción puede surgir una corriente de opinión y que esa corriente de opinión «telúrica» acabe por posicionarse en la opción política que más se acerque a su percepción, esto es, las opciones políticas que abogen por una menor laxitud en el gasto social y un mayor control efectivo de cierto tipo de ayudas.
Efectivamente Eusebio, estamos en el imperio de lo políticamente correcto y la estrategia actual de «obra que pueda inaugurar yo» es lo que impide tener una visión que trascienda este cortoplacismo.
Para un análisis correcto de los servicios sociales y de su mejora y financiación, hay que analizar diversos aspectos con respecto a los países con los que nos comparamos. Entre los cuales, yo citaría:
-> La política fiscal:la carga impositiva real, la progresividad real, etc.
-> La productividad necesaria para mantener unos servicios sociales de calidad.
-> La población activa necesaria para lograr ese mismo objetivo.
-> La política de evaluación de las necesidades y la distribución de la ayuda para que los recursos puedan ser usados de manera óptima.
-> La lucha contra el fraude fiscal y el fraude en la recepción de ayudas.
Un tema delicado pero apasionante.