Telmo Agirre-Miramón
El PP vasco llegó al Fórum Europa de Bilbao con el guion bien aprendido: concentrar el voto en sus candidaturas y presentar cualquier apoyo al PNV como una manera de mantener a Pedro Sánchez. Javier de Andrés puso voz a esa estrategia y los candidatos fueron completando el cuadro. El PP era la alternativa; PNV, PSOE y Bildu, las distintas piezas del problema. Un esquema sencillo, de los que caben en un titular. Las dificultades empezaban cuando aparecían los detalles.
La mañana dejó algunos contrastes entre la presentación de los candidatos y sus intervenciones. Iñaki Oyarzabal fue presentado como una persona dialogante, negociadora y capaz de alcanzar acuerdos. Poco después, el diagnóstico sobre el PNV alavés era que está en decadencia y que resulta imposible pactar con él.
No es una contradicción inevitable: hasta el mejor negociador puede encontrarse con un interlocutor difícil. Pero sí una curiosa manera de estrenar las credenciales. Se anunciaba capacidad para tender puentes y, casi a continuación, se daba por cerrada una de las principales carreteras. El puente venía en el programa; la inauguración quedaba aplazada.
El candidato y el personaje
Jon Echeverría aportó la dimensión personal. Se presentó como uno de los jóvenes que se han marchado de Gipuzkoa por falta de oportunidades y que quieren regresar. También reivindicó sus cuatro años estudiando Derecho y Economía como preparación para analizar las leyes del Congreso.
Estudiar fuera puede ser una experiencia excelente. Lo que no demuestra, por sí solo, es que uno haya tenido que marcharse por falta de oportunidades. Entre salir a estudiar y verse obligado a emigrar hay una diferencia que merecía alguna explicación. El relato electoral cubrió ese trecho con una frase.
Después llegó la escena del euskera. Echeverría se había presentado como euskaldun, pero cuando tuvo ocasión de contestar en euskera declinó hacerlo. No se trataba de convertir el desayuno en un examen de idiomas ni de cuestionar su derecho a expresarse en castellano. Lo llamativo fue la distancia entre la presentación y su aplicación inmediata. El euskera quedó en la tarjeta de visita, pero no pasó al turno de preguntas.
La anécdota no demuestra por sí sola una impostura, pero sí dejó una duda sobre la autenticidad del mensaje. Cuando una intervención se construye alrededor de la identificación con un territorio y su juventud, esos detalles cuentan. A veces una respuesta breve explica más que varios minutos de discurso preparado.
Las votaciones, esas invitadas incómodas
La descripción del PNV como un partido entregado a Podemos y Bildu, dispuesto a respaldar cualquier iniciativa de Sánchez, también tropezó con algunos hechos. Echeverría llegó a afirmar que los diputados guipuzcoanos habían apoyado no solo la investidura, sino «todas las leyes». Una afirmación rotunda. Quizá demasiado para una actividad parlamentaria llena de matices.
También se afirmó que PNV, PSOE y Bildu pactan en todas las instituciones. El «todas» volvía a trabajar por encima de sus posibilidades. El Gobierno Vasco es una coalición de PNV y PSE, con Bildu en la oposición. Los acuerdos puntuales entre esas formaciones existen; presentarlas como un único bloque institucional es otra cosa. Si la frase pretendía describir un acuerdo permanente, no se sostiene; si se refería a acuerdos concretos, tocaba enumerarlos.
El PNV votó contra la ley estatal de vivienda en abril de 2023 porque consideraba que invadía competencias del autogobierno vasco. Podemos y Bildu la apoyaron. El PP la rechazó, aunque por razones distintas. Solo ese ejemplo ya obliga a corregir el «todas». La hemeroteca tiene esa mala costumbre: aparece cuando la frase ya estaba quedando redonda.
Hay más coincidencias recientes entre populares y jeltzales. Ambos respaldaron la reforma penal sobre multirreincidencia, aprobada definitivamente por el Congreso en marzo de 2026. También apoyaron la ley ELA en octubre de 2024, en ese caso junto con toda la Cámara. No son acuerdos equivalentes, pero precisamente por eso resultan ilustrativos: los partidos votan textos concretos, no siempre certificados de pertenencia a un bloque.
En los dos decretos de vivienda debatidos en octubre volvió a verse esa autonomía. El PNV apoyó el primero y rechazó el segundo, relativo a la renovación automática de los contratos de alquiler. Junto con Coalición Canaria, fue el único que cambió el sentido del voto entre ambos textos. En el rechazo al segundo coincidió con el propio PP, además de con Vox, Junts y UPN.
Se puede discutir la posición del PNV. Lo que no se puede es convertir aquel «no» en un «sí» por necesidades del guion. Y afirmar que vota más con Podemos que con Junts requiere explicar qué periodo y qué votaciones se están contando. Sin esa información, hay una etiqueta, no un análisis.
El criterio también debería funcionar en casa. PP y Bildu coincidieron en el rechazo a los presupuestos vascos de 2025 y volvieron a hacerlo con los de 2026. Eso no los convierte en socios. Del mismo modo que una coincidencia del PNV con Podemos no demuestra que compartan proyecto. La calculadora parlamentaria debería venir con las mismas instrucciones para todos.
Vivienda: antes de las medallas, las cifras
El acceso a la vivienda sigue siendo un problema grave en Euskadi. Pero de ahí a presentar un desierto de políticas públicas hay un trecho: desde 1981 se han construido más de 110.000 viviendas protegidas, el 31% de todas las terminadas. Entre 2011 y 2020 fueron una de cada dos. Son datos que no resuelven el problema, pero tampoco encajan con el diagnóstico de inacción.
La comparación con Madrid tiene, además, una diferencia de fondo: cuánto dura la protección. En marzo de 2025, el Ministerio de Vivienda cifró en 55.000 las viviendas vascas protegidas de por vida, fruto de la decisión adoptada en 2003 de mantener permanentemente su calificación. Una información publicada en diciembre de ese año contrapuso ese parque con la ausencia de viviendas de protección permanente en la Comunidad de Madrid. No significa que Madrid carezca de vivienda pública o protegida, sino que no ofrece esa misma garantía de permanencia.
Antes de presentar Madrid como el ejemplo que Euskadi debería seguir, convendría explicar esa diferencia. Importa cuántos pisos se construyen, pero también cuántos seguirán siendo asequibles dentro de veinte o treinta años. La foto de la entrega de llaves dura un día; la protección no debería depender de lo que tarde en olvidarse la inauguración.
Una decadencia con datos poco colaboradores
Las acusaciones de decadencia y despilfarro social también merecían alguna comprobación. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, Euskadi registra una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 14,7%, frente al 25,7% estatal. La desigualdad de ingresos también es menor:
su índice de Gini —cuanto más bajo, menor desigualdad— se sitúa en 28,4, frente a 30,8 en España.
No es una sociedad sin problemas, ni esos resultados demuestran que cada euro público esté bien gastado. Pero tampoco describen un modelo social fallido. La decadencia, por lo visto, no había consultado todas las estadísticas antes de acudir al desayuno.
En ese debate apareció una cifra concreta: los 66 millones de euros que los intervinientes atribuyeron a la atención de menores extranjeros no acompañados en Bizkaia. También situaron a Euskadi como la cuarta comunidad en términos relativos. Ambas afirmaciones necesitaban letra pequeña: ejercicio presupuestario, servicios incluidos y número de personas atendidas, en el primer caso; fecha, población de referencia y territorios comparados, en el segundo. Sin esos elementos, no cabe dar por acreditados ni el alcance del gasto ni el puesto en la clasificación.
La presión sobre la red, en cambio, sí está documentada. En septiembre, la Diputación informó de 594 menores atendidos frente a 406 plazas ordinarias y declaró de nuevo la excepcionalidad. Es una situación que exige planificación, coordinación y control del gasto. También recordar que se habla de menores bajo protección, no de una partida que pueda tacharse del presupuesto sin explicar qué ocurre al día siguiente.
Llamar despilfarro al gasto exige identificar qué programa falla, cuánto cuesta y qué alternativa se propone. Una cifra grande puede abrir un debate; no debería utilizarse para darlo por terminado. El ahorro tampoco consiste simplemente en pasarle la factura a quien menos margen tiene.
En lo económico, comparar Euskadi con España exige algo más que mirar quién crece unas décimas más. Importan la productividad, la inversión y la traducción de la actividad en bienestar. En 2025, el PIB vasco aumentó un 2,3% y el empleo equivalente a tiempo completo un 1,4%: la producción avanzó más que el trabajo utilizado, lo que apunta a una mejora de la productividad por puesto. La inversión creció un 4%.
Euskadi combina, además, un PIB por habitante superior al español con menor desigualdad y menor riesgo de pobreza. Esa combinación importa para valorar el modelo: no solo cuánto aumenta la tarta, sino qué tamaño tiene y cómo se reparte.
El Concierto y la letra pequeña
Y si se discute el modelo, también toca hablar de los instrumentos que permiten sostenerlo. Ahí apareció el Concierto Económico: Esther Martínez aseguró que un Gobierno de Feijóo no lo pondría en cuestión y reivindicó al PP como defensor de los fueros y del autogobierno. La garantía quedó clara. Faltó explicar cómo encaja con los acuerdos que su partido ha alcanzado con Vox, una formación que cuestiona esa singularidad fiscal.
No porque pactar con alguien obligue a asumir todo su programa —tampoco cuando pacta el
PNV—, sino porque se estaba presentando el autogobierno como una garantía sin fisuras. Si el Concierto es una línea roja, interesa saber cómo se hace respetar cuando toca negociar con quien lo discute. La defensa foral queda bien en un desayuno en Bilbao; la prueba llega en la mesa de negociación.
El historial tampoco permite presentarse como defensor sin matices. Los recursos contra el blindaje de las normas fiscales forales promovidos por instituciones de La Rioja y Castilla y León bajo mayorías populares siguen formando parte de él. El Tribunal Constitucional terminó avalando ese blindaje en 2016. Se recurrió su protección jurídica, no la existencia del Concierto en su conjunto, pero el antecedente merece algo más que pasar de puntillas.
Durante el encuentro también apareció la idea de que el PNV había sido el partido del empresariado vasco, como si aquella relación perteneciera ya al pasado. La observación resultaba atrevida ante una presencia empresarial poco nutrida. Para anunciar un relevo en la representación del empresariado, habría venido bien que el empresariado hubiera acudido a recogerlo.
El tren y la receta
Las infraestructuras también tuvieron su lugar, con el TAV como otra prueba de la decadencia. Los candidatos populares acusaron al PNV y a Bildu de entorpecer y boicotear su llegada, contraponiendo los plazos y presupuestos de 2018 con la gestión posterior. La acusación fue contundente. El problema es que, al colocar a ambos partidos en el mismo saco, se dejaron fuera una parte importante de la historia del proyecto.
El impulso institucional del PNV a la Y vasca no es una adhesión de última hora. En 2006, el Gobierno de Juan José Ibarretxe suscribió con el Estado el convenio por el que Euskadi asumía la ejecución de la plataforma del ramal guipuzcoano, adelantando su financiación y descontándola después del Cupo. No se limitó a reclamar que otro construyera el tren: asumió proyectos, obras y gestión para sacar adelante una infraestructura de competencia estatal.
Ese compromiso se ha traducido en obra ejecutada. Los trabajos de plataforma del ramal guipuzcoano desarrollados por el Gobierno Vasco han concluido, aunque eso no significa que el conjunto de la línea, sus accesos y sus instalaciones estén terminados ni que el tren pueda entrar ya en servicio. Para un partido al que se acusa de no querer la infraestructura, hay unos cuantos kilómetros construidos de más.
Eso no exonera al PNV de responder por su gestión ni convierte sus compromisos sobre plazos en aciertos. Los retrasos merecen explicaciones, también las de los responsables vascos. Pero fiscalizar una obra exige distinguir quién ejecuta cada tramo, quién instala los sistemas ferroviarios, quién resuelve los accesos y qué decisiones han retrasado la puesta en servicio. Meterlo todo en una misma frase permite un titular rápido, no un balance riguroso.
La metáfora que resumió la mañana fue la de Echeverría: PNV, PSOE y Bildu habrían llevado a Euskadi a la «enfermedad» de la decadencia y el PP sería el «antídoto». Vistosa, desde luego.
Aunque con la receta escrita antes de terminar la consulta.
El desayuno dejó una estrategia electoral clara, pero menos claridad sobre las soluciones. Se reivindicó el diálogo mientras se daba por imposible el acuerdo; se proclamó la defensa foral sin despejar la incomodidad de los pactos con Vox; y se dibujaron bloques parlamentarios e institucionales que los hechos no sostienen. El diagnóstico estaba servido. Las propuestas necesitaban algo más de elaboración.
Resultó curioso, además, que una presentación de candidatos por los tres territorios de la CAV dedicara, a ojo y siendo generosos, apenas un 20% del tiempo a hablar propiamente de Euskadi y sus retos. Sánchez tuvo bastante más presencia que muchas de las cuestiones sobre las que esos candidatos aspiran a representar a la ciudadanía vasca. Para un desayuno de presentación de candidaturas vascas, Euskadi tuvo un papel sorprendentemente secundario. Casi de acompañamiento del café.
Euskadi necesita medidas concretas sobre vivienda, empleo, industria, servicios públicos e infraestructuras, con prioridades, plazos y disposición a negociar. Evitar la política de polos y el populismo de ambos extremos no exige rebajar la crítica, sino acompañarla de rigor y alternativas. Menos explicar por qué todos los demás son el problema y más concretar qué se hará, cómo se pagará y con quién se puede acordar. Porque para anunciar la decadencia basta un micrófono; para mejorar las cosas hace falta algo más.
