Sobre nuestro pacto político

Gabriel Otalora

Hablando con un buen amigo salió el tema de los Derechos históricos y el peligro de la indiferencia en torno a nuestras instituciones clave. Son tantas las dificultades y amenazas que nos hacen insensibles al esfuerzo de mantener los niveles básicos de desarrollo humano alcanzado con nuestro autogobierno.

Parece necesario un toque de atención sobre lo que supone nuestros modelos concertados de autogobierno y su validez en el siglo XXI. Nuestro Concierto y Convenio forales, genuinamente nuestros, son rescoldos de lo que fue el pacto con la Corona. A pesar de las sucesivas laminaciones violentas, lo que queda da mucho juego.

¿Conocemos lo que el autogobierno fiscal supone para la calidad de vida personal y la solidaridad en los territorios forales? Lo que no se conoce, no se valora; y lo que no valoramos, acaba perdiéndose ante la ofensiva creciente hacia una unidad mediante la uniformidad impuesta. La política pactada se recuperó gracias al amor a este país de muchas personas, cuyo esfuerzo culminó en el actual autogobierno, singular y propio, desigual pero reconocido por la Constitución al ser un derecho preexistente muy anterior a la arquitectura del Estado actual.

Entre las amenazas, no es menor el peligro de la pasividad descomprometida y el desconocimiento de las instituciones propias, tan beneficioso en cambio para los populismos de uno y otro signo.

Recordemos que en 1841 quedó suprimido el régimen político propio, foral, con la revuelta de la Ley Paccionada navarra, pero con similares efectos laminadores hacia la uniformización total dentro del régimen general español. El Concierto tuvo entonces carácter transitorio. Es más, ¡fue una imposición del gobierno español!, cuyo presidente era el esclavista Antonio Cánovas del Castillo. Se consideró un castigo legal, lo mismo que la obligación de aportar jóvenes a las quintas militares. Las Diputaciones se resistieron a cumplir estas obligaciones impuestas, y Cánovas dictó la sustitución de las Diputaciones Forales por Diputaciones provinciales, igualándolas a las de cualquier provincia del Estado. El problema de Cánovas era cómo hacer efectiva la obligación de que las “provincias” vascas pagasen sus impuestos, cuando no había estructura administrativa ni estadística para ello.

La solución provisional fue llegar de nuevo a pactar, esta vez un acuerdo con las Diputaciones por el que éstas se responsabilizarían de pagar lo que -se suponía- que la Hacienda estatal hubiera podido recaudar. Por tanto, dichas Diputaciones mantuvieron la recaudación de los principales impuestos acordados, por ocho años. Este acuerdo hoy lo conocemos como Concierto Económico, pero con el sentido de que “las Provincias entraran en el concierto económico de la nación” española. A pesar de todo, las Diputaciones fueron capaces de mantener su estatus especial, además de adaptar el nuevo sistema a los cambiantes vaivenes de todo tipo.

En cuanto al Concierto y Convenio actuales (1981), representan la recuperación de un elemento esencial de nuestra personalidad política tras el paso de la dictadura franquista. La contribución al sostenimiento de los gastos no transferidos y asumidos por el Estado, se efectúa ahora vía canon anual; se llama Cupo y Aportación en el caso navarro.

El sistema para calcular el cupo se aprueba también por ley. Lo importante es que el modelo de aprobación es pactado legalmente y de manera bilateral, sin que el Congreso de los Diputados pueda enmendarlo; solo aceptar o rechazar en bloque dicho pacto. Aún así, el Parlamento Vasco tiene la capacidad legal estatutaria para establecer impuestos al margen del Concierto, tal como lo hacen las Juntas Generales forales. Creo que no ha ocurrido nunca, hasta donde yo alcanzo a saber.

Esta apuesta por la sensibilización en torno a nuestro modelo singular político-financiero repercutirá en el sentimiento de pertenencia y el mejor conocimiento de los resultados. Lo que no es de recibo es achacar a nuestro modelo el problema de la financiación de las Comunidades Autónomas, si tenemos en cuenta que han sido beneficiarias de los Fondos de Cooperación Interterritorial y de los Fondos Estructurales Europeos, durante decenios, con gobiernos de derechas y de izquierdas, y sigan con los mismos desequilibrios en generación de riqueza y en renta.

El Concierto y el Convenio muestran niveles altos de eficacia en el ranking de CC.AA. en numerosas variables, como el endeudamiento público y privado, los índices bajos de morosidad y de paro, el PIB, el reparto de la riqueza y las coberturas sociales. Que por algo se inició aquí la llamada Renta de Garantía de Ingresos (1989) con sus complementos de la Prestación Complementaria de Vivienda y las Ayudas de Emergencia Social. Hay mucho que mejorar, pero sin olvidarnos de que las comparaciones no son odiosas, sino necesarias.

En el Concierto y el Convenio se aúnan historia, pero también política, fiscalidad, economía, relaciones institucionales, bienestar y solidaridad. Que haya algunos partidos y sindicatos que no apoyan nuestro modelo -en ocasiones desde el “cuanto peor, mejor”- debiera ser una razón más para concienciarnos de la esencia de nuestro modelo concertado.