Patxi Agirre Arrizabalaga
Recientemente, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno español, Yolanda Díaz, ha realizado una propuesta de democratización de las empresas que incluiría la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las mismas. Una interesante reflexión que recoge algunos de los planteamientos expuestos por el economista francés Thomas Piketty, especialista en la teoría conocida como «economía de la desigualdad».Desde una óptica vasca, este tipo de propuestas no resultan especialmente novedosas ni disruptivas, ya que engarzan con recorridos teóricos y prácticos que se remontan a inicios del pasado siglo XX. En el nacionalismo vasco, la doctrina social de la iglesia católica impulsada por el papa León XIII (Vincenzo Pecci) desde finales del siglo XIX, fue componiendo el sustrato ideológico de sus principales futuros líderes en clave de superación de lucha de clases, fomento de los derechos del proletariado y restitución de tierras de labranza a quienes las trabajaban. Una doctrina social que para el filósofo Jacques Maritain (de enorme influencia para políticos actuales como Joe Biden) «conformaba el bien del cuerpo social».
En los años 20 de la anterior centuria, Navarra fue el escenario de la lucha persistente del abertzalismo por eliminar latifundios y arrebatar a la aristocracia sus ilegítimos privilegios sobre tierras comunales y ya en la II República, José Antonio Agirre aplicaba en su empresa chocolatera una pionera política de participación de los obreros en los beneficios empresariales mientras los diputados del PNV del momento, haciendo suyas la reivindicaciones del Sindicato de Obreros Vascos (hoy ELA) presentaban en Madrid un proyecto de consolidación de jornales obreros progresivos en función del número de miembros de la unidad familiar. Como manifestó el historiador donostiarra Juan Pablo Fusi, «el nacionalismo vasco aspiraba a crear una sociedad vasca igualitaria».
En plena Guerra Civil, el PNV se unió al filósofo francés Emmanuel Mounier en su rechazo a la utopía capitalista del progreso material infinito y su dirigente alavés Francisco Javier Landaburu, apelaba a la extensión de la justicia social «tanto vertical como horizontalmente». En diciembre de 1936, el primer Mensaje de Gabon del primer lehendakari de la historia vasca, recogió los objetivos de consecución de la reforma agraria para que tierras y caseríos pasaran a sus cultivadores y el acceso del trabajador «al capital, a los beneficios y la coadministración de empresas». Para Agirre, la contienda bélica española era una pugna entre el viejo y abusivo capitalismo y «un hondo sentido de justicia social latente en las muchedumbres que trabajan y sufren».
Todos estos planteamientos, de tránsito hacia una tercera vía que superara el conservadurismo capitalista y el socialismo colectivizante, incorporaban además el concepto de la función social de la propiedad privada, que sujeta esta al bien común y la aleja del liberalismo individualista. Una concepción que está en la génesis del proyecto económico cooperativista vasco surgido de la Escuela Profesional Politécnica creada en 1943 por el sacerdote abertzale José María Arizmendiarreta y cuyo primer centro industrial, Ulgor, data de 1956. Unas cooperativas vascas ?–ensalzadas como modelo a seguir por Christian Felber, autor de la exitosa obra La economía del bien común–, basadas en la aplicación de modelos de igualdad básica de todos los socios cooperativistas, en preceptos democráticos de «una persona, un voto» y en invertir parte de los beneficios en proyectos comunales.
Tras 40 años de duro exilio el abertzalismo histórico recuperó y adaptó aquellas ideas de sus líderes referenciales y enunció en su Asamblea Nacional de Iruña de 1977 que el trabajo debe ser emancipador y estar al servicio del género humano. La ponencia socioeconómica resultante de aquella reunión de entrada en la nueva etapa democrática criticó las posiciones de dominio del sistema capitalista.
En la década de los 90, Xabier Arzalluz, con el apoyo de la BBK y de militantes del PNV del Goierri que arriesgaron su patrimonio personal, dirigió la compra de acciones de CAF para lograr el traslado de su sede desde Madrid a Beasain y convertirla en la empresa puntera que es hoy. En la estrategia diseñada por el líder jeltzale fue básico contar con una dirección altamente profesionalizada (Bastarrica-Arizkorreta) y la participación en el accionariado de los trabajadores. Con la «cartera social», estos se convirtieron en el principal accionista de la compañía hasta la fecha (30% de las acciones).
Por ello, creo del todo necesario que la sociología abertzale y progresista mayoritaria en la Euskadi de hoy se rebele frente a la obscenidad de ciertos oligarcas locales que amenazan a los gobiernos insultando a la par la inteligencia de una sociedad que no deja de ser el sustento de su emporio económico. Resulta a todas luces inmoral que en un contexto cuasi de economía de guerra, donde cientos y cientos de familias vascas están haciendo un sobreesfuerzo por acoger gratis et amore a refugiados de la Ucrania libre y asolada por el Kremlin, cuando esta misma ciudadanía soporta estoicamente las consecuencias del afán imperialista de un sátrapa, la oligarquía local, a modo de maquiavelos sin código ético, amenace a los consumidores con nuevos desgarros económicos si los gobiernos respectivos no aceptan sus chantajes. Resulta desolador ver que las facturas de electricidad de algunas empresas vascas han sido en marzo de 2022 un 550% superiores a las de marzo de 2021 y a la vez, comprobar la nula empatía de los gestores de estas empresas energéticas para con otras empresas, y sobre todo con la ciudadanía.
Hace poco, mi buen amigo Koldo San Sebastián expresaba rotundamente que hay que repensar el modelo económico y social «ya que este no puede basarse en el ganar muchísimo más dinero del que se pueda gastar en cien vidas». No puedo estar más de acuerdo. Democratizar la economía y profundizar en esquemas socioeconómicos de justicia social debe ser la senda a seguir.
