José Manuel Bujanda Arizmendi
El 25 de octubre del año pasado, se cumplieron cuatro décadas desde que la ciudadanía vasca apostó por el Estatuto de Autonomía y la recuperación del autogobierno, un logro que requirió en pasadas épocas oscuras, complicadas y de falta absoluta de libertades y democracia de un firme y decidido compromiso por recuperar dicho autogobierno y una democracia laminada a sangre y fuego por la dictadura del franquismo. La recuperación del autogobierno y del Estatuto de Autonomía, fue clave, fue fundamental, pues apuntaló una situación económica a la deriva, arbitró medidas a favor de la cultura vasca y el euskera y emprendió la tarea de construir y cohesionar la sociedad vasca. Pero también es cierto que algunos lo negaron y menospreciaron e intentaron abortarlo con sinsentido fanático. En esta etapa crucial el papel desempeñado, entre otros, por el PNV fue de visión de futuro, estratégicamente impecable y desde el punto de vista histórico acertado, espejo meridiano del fracaso histórico del mundo violento. Siempre será bueno y aconsejable abundar en lo que realmente supuso el Estatuto de avance para el autogobierno y el bienestar, un Estatuto cuyo incumplimiento y mercadeo tiene fecha de caducidad al existir por primera vez un calendario acordado de transferencias incluyendo el de la Gestión de la Seguridad Social y de las cárceles. Esperemos que después de 40 años de sonrojante incumplimiento una Ley Orgánica como es el Estatuto de Autonomía sea cumplimentada en su totalidad.
Hoy también defender con firmeza la profundización del autogobierno de Euskadi es apostar una vez más por nuestro futuro como sociedad. Muchas cosas están cambiado, vivimos en un mundo de identidades compartidas, pertenencias múltiples, dependencias dispersas, soberanías complejas y difuminadas, y aunque fuera sólo por eso merecería la pena trabajar por compartir un proyecto para el futuro entre las principales sensibilidades e identidades políticas latentes en Euskadi. Considero necesario y legítimo el objetivo de actualizar el autogobierno y dotarle de nuevas herramientas en su relación con el Estado. Entiendo que esta actualización es legal, por constitucional, teniendo en cuenta que el vigente marco jurídico reconoce al Pueblo Vasco como realidad política e histórica. Hablo del reconocimiento constitucional de los Derechos Históricos Vascos, un reconocimiento que debe conllevar la aceptación del Pueblo Vasco como sujeto político para dibujar su presente y su futuro avalada siempre por la voluntad de la sociedad misma. Y esto no es una cuestión baladí, porque hablo de la Disposición Adicional 1ª de la Constitución, hablo también de la Disposición Derogatoria de la Ley Abolitoria de los Fueros que considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 19876, y también hablo de los artículos 1º, 2º y de la Disposición Adicional Única del Estatuto de Autonomía de Gernika. Hablo pues de una actualización que pivota y soporta sobre un sujeto político cual es el Parlamento Vasco. Hablo pues y por lo tanto de una actualización democrática, legítima y dentro de la legalidad.
Una legalidad que siendo necesaria no implica necesariamente que sea suficiente, pues la legalidad requiere así mismo de legitimidad, lealtad mutua y reciprocidad en el cumplimiento de los pactos, ya que su incumplimiento deriva en pérdida de legitimidad siendo ello letal para la legalidad en vigor. Por ello, democracia, legalidad, legitimidad y primacía del derecho son vectores indispensables, su combinación e interacción son clave de bóveda del buen quehacer político. Es apostar por un proceso de actualización del autogobierno desarrollado con respeto al principio democrático y de legalidad, incluso al de realidad, y al respeto también a la voluntad de la ciudadanía vasca, voluntad que debe encontrar en cada circunstancia histórica el cauce de aplicación debido y entronque en el ordenamiento jurídico vigente.
El Estado español debería encarar la necesidad de negociar y pactar con la singularidad vasca sin imponer ni impedir, excluyendo cualquier tentación de aplicar la unilateralidad y creando para ello un órgano bilateral de negociación política parejo al Concierto Económico. Un Concierto que integrara los elementos históricos y jurídico-políticos de sujeto, bilateralidad y garantías demandadas en la relación con el Estado. Es decir el Estado español debería encarar la necesidad de replantearse y reestructurar el sistema de relación político-institucional con Euskadi, asumiendo una bilateralidad fundamentada en el reconocimiento previo de ambas partes como sujetos políticos capacitados para contraer pactos de actualización del autogobierno y la búsqueda de solución a conflictos que pudieran surgir en su desarrollo y aplicación. Bilateralidad que demanda equilibrio entre las partes y que asegura su coexistencia, coordinación y libre acuerdo. Parafraseo al Lehendakari Urkullu cuando en un pleno del Parlamento hablaba de una “tarea doble, la de activar las herramientas que tenemos y tratar de lograr nuevas herramientas”.
Apuesta pues por la que los principios de legitimidad, realidad, legalidad y democracia sean eficaces y leales vasos comunicantes que implementen una obligación también legal, legítima y democrática cual es el, lo repito, el cumplimiento íntegro-inmediato del Estatuto, una asignatura pendiente precisamente para los muy autodenominados y muy fervientes constitucionalistas españoles.
