Buenos y Malos: la historia con límites

Koldo San Sebastián

La dictadura había dado sus primeros pasos allí donde había triunfado el golpe de estado del 17-18 de julio de 1936 y en los territorios que los sublevados iban ocupando y se prolongó hasta por lo menos 1977. Esta dictadura no acabó el 20 de noviembre de 1975 (fecha de la muerte de Francisco Franco) con tantas veces se da entender, quizá con el fin de proteger a una incipiente Monarquía que, en aquellos momentos, ni era democrático-constitucional, ni tenía legitimidad dinástica. No hay que olvidar además que, hasta principios de 1977, no fueron legalizados los partidos (y no todos). En aquel momento -y de los que siguen en activo- solo estaba legalizado Alianza Popular (rebautizado luego como Partido Popular) que había surgido en octubre 1976 acogiéndose a la Ley de Asociaciones de la dictadura.

La policía política (Brigada de Investigación Político-Social), por ejemplo, no fue disuelta hasta marzo de ese año y hasta ese momento, y luego, no dejó de actuar de todo. Aquella brigada policial se creó en 1940, entrenada por los nazis tras el acuerdo entre el conde de Mayalde y Heinrich Himmler. La colaboración siguió cuando llegó al ministerio de Gobernación Blas Pérez con implicación del entonces contralmirante Carrero Blanco, implicación que, desde responsabilidades superiores, no dejó hasta su muerte en atentado en 1973. En aquella policía política, estuvieron, entre otros, Melitón Manzanas, “Billy el Niño”, Amedo, Villarejo, Conesa, Ballesteros… Junto a la “social” otros organismos como el Servicio Central de Documentación, creado por Carrero Blanco y dedicado asimismo a perseguir a opositores a la dictadura. Algo parecido ocurrió con el Tribunal Orden Público suprimido formalmente el 5 de enero de 1977, sustituido ese mismo día por la Audiencia Nacional, tribunal que nace este último todavía en dictadura.

Pero ¿cuál sería la calificación de ese régimen de dictadura? ¿Un “régimen totalitario”? Manuel Tuñón de Lara sostiene que “estamos ante un caso de fascismo”. Por su parte, Julio Arostegui, se refiere a esta dictadura como “una situación constante de ilegitimidad” y añade “el franquismo se constituyó como un aparato de poder basado en la continua limitación de las expresiones y demandas de la masa gobernada”. Hemos vivido (y padecido) años de dictadura, pero, al mismo tiempo, cada vez que salíamos al mundo quedaba claro que para mayoría de las gentes (y, por supuesto, medios, intelectuales y gobiernos) que vivían en países democráticos, Franco nunca dejó de ser un tirano autoritario con una detestable historia pronazi en la Segunda Guerra Mundial.

Escribía Gabriel Jackson que “el hecho más horroroso (de la guerra civil) es que las ejecuciones y los asesinatos en represalia fueron la causa del mayor número de muertos con diferencia. En el bando republicano hubo unas 20.000 muertes de este tipo, la mayor parte durante los tres primeros meses de guerra. Los ’nacionales’ liquidaron de 300.000 a 400.000 compatriotas suyos en el tiempo transcurrido entre julio de 1936 y el final de las ejecuciones masivas en 1944, matanza comparable a la represión de la comuna de Paris en 1871, a la represión nazi en Europa Oriental y en Yugoslavia, a la violencia en Colombia tras la muerte de José Elicer Gaitán en 1948, a la matanza de comunistas indonesios en 1965 y a la guerra civil de Nigeria”. Por su parte, Eduardo Guzmán resaltaba que “aún más estremecedor que el número de víctimas de este terror sea que no se trata de algo imprevisto protagonizado por un grupo de incontrolados e irresponsables dominados por la sed de venganza en el curso de una encarnizada y sangrienta pelea. Existen pruebas sobradas de que la barbarie es perfectamente preparada con autoridad al comienzo de la guerra y fríamente ejecutada a lo largo de años interminables”.

“El régimen se consolidó -resalta Jackson- en aproximadamente ocho años (1936-1944) de persecución política cuya falta de misericordia y de imaginación causan pavor. Fue como si los vencedores hubieran decidido expresamente no dejar que la mayoría de sus compatriotas llegue a reconciliarse con ellos”. Y es que fue la “crueldad” característica esencial de régimen del general Franco, y, claro, de sus sucesores inmediatos. Para Max Gallo “el silencio con que Europa envuelva a España es el que permite la represión”. Ese silencio no se rompió hasta los fusilamientos de antifranquistas del 27 de septiembre de 1975.

En Euskadi, la represión fue intensa y extensa y, desde luego, fue mucho más allá de la represión física. Los conciertos económicos fueron abolidos en Bizkaia y Gipuzkoa por su condición de “provincias traiudoras”. Se prohibieron los símbolos democráticos como la ikurriña o la bandera republicana. Se prohibió el uso del término Euzkadi. En un primer momento se prohibió el euskera y, por supuesto, su enseñanza. Se prohibió la utilización de nombres vascos. Los nuevos funcionarios franquistas se dedicaron a modificar nombres, algunos de cuales no se correspondía con su traducción, llegándose al caso de suplantar el nombre de “Imanol” (Manuel) por el de Braulio. Numerosos maestros fueron depurados, siendo sustituidos por falangistas o por gentes cuya única habilidad era su adhesión al régimen. Lo mismo ocurrió con centenares de funcionarios. Los diarios democráticos fueron clausurados y sus bienes incautados. La rapiña también alcanzó a bienes de partidos, sindicatos y personas: inmuebles, archivos, obras de arte, incluso empresas. El caso de la familia Sota es paradigmático.

La represión física ejercida por el franquismo tuvo en Euskadi espacios y momentos. Por un lado, la ejercida allá donde triunfó el golpe. Es decir, en Araba y Nafarroa. Luego, en los territorios que iba ocupando los rebeldes: Gipuzkoa y Bizkaia. En este último territorio, hay dos periodos: el precedente y el posterior al Pacto de Santoña. Es cierto, por otro lado, que la represión alcanzó a muchos vascos fuera de su territorio: marinos mercantes, funcionarios, comerciantes, soldados de quinta… Tras el final de la guerra mundial, la represión del régimen no cesó hasta 1977.

Característica esencial de la dictadura fue, junto a la represión, la corrupción. El historiador Paul Preston señalaba en una entrevista que “Franco utilizaba la corrupción para controlar a sus colaboradores”. Lo cierto es que la corrupción formó parte esencial del régimen de dictadura desde el minuto uno hasta el último. Euskadi no fue una excepción. Los franquistas vascos amasaron grandes fortunas y, por supuesto, los oligarcas de preguerra afines ampliaron las suyas. El tráfico de cupos de chatarra y otras materias primas o de combustibles dio lugar a la aparición de una nueva clase empresarial, la de los “chatarreros”. El más famoso de los fue Luis Olarra. El Boletín Oficial del Estado publicaba “decretos” firmados por el dictador con concesiones al famoso chatarrero. Luciano Rincón (“Luis Ramírez”) se refiere a las “metas de impunidad” que caracterizaron el clima económico de aquellos años. Basta repasar la colección del BOE para ver cómo se iban alcanzando aquella “metas”. Rincón pone el ejemplo de José María Aguirre Gonzalo y Agromán. Hay otros ejemplos vascos que señala el mismo autor como el de caso “Marimón” protagonizado por el “benemérito” (sic) Julián Ormazabal Tife, que había sido subdirector general del Banco de Vizcaya o la estafa millonaria el Patronato de Protección de Menores de Bizkaia, en la que estuvo inmerso Juan Álvarez, patrón de la cadena Trueba.

Javier Alfaya y Nicolás Sartorius han señalado algunas cuestiones sobre el carácter de la dictadura cuya respuesta, decían, era todo menos académica o puramente historicista. Eso sí, a lo largo de ese cuarto de siglo, desde que Tuñón señalase el carácter fascista de la dictadura, Alfaya y Sartorius denunciaban que se había producido un doble proceso con un doble objetivo: “por un lado, olvidar la dictadura, como si el conjunto de la sociedad española hubiese padecido un fenómeno de amnesia colectica sobre su más reciente pasado; por otro lado, rebajar todo lo posible el nivel de tiranía de aquel régimen y relativizar al máximo los efectos devastadores que tuvo para la sociedad española. Porque se ha confundido amnistía política con amnesia histórica, reconciliación con olvido. El efecto no ha podido ser más negativo. (…) Las expresiones de lo que decimos son muy claras. En primer lugar en el lenguaje, que es por donde se empiezan a perder las batallas de ideas, cuando se habla de ‘régimen anterior’, del ‘periodo preconstitucional’, o cuando se califica a la dictadura de ‘gobierno autoritario’; en la enseñanza, cuando en los libros de texto se explica a las nueva generaciones que ‘el régimen anterior’ tuvo sus cosas buenas y su cosas malas, como ocurre en todas partes, se está diciendo que fue un sistema como los demás, perfectamente homologable. El franquismo se transforma en un periodo normalizado de nuestra historia”.

A todo lo anterior, hay que sumar, la postura de cierta derecha. Jaime Mayor Oreja, por ejemplo, no solo se refirió a la de la dictadura como situación “de extraordinaria placidez” (El País, 12-X-2007). El año anterior la Eurocámara había condenado el franquismo con el apoyo de todos los portavoces excepto Mayor Oreja, claro. Otros como Fernando Suárez, ex ministro de la dictadura que evolucionó desde el falangismo a Alianza Popular reivindicaba en 2018 la figura de Franco: “Franco fue el impulsor de la Monarquía. Y se deslegitima el franquismo y se convierte a Franco a una figura comparable a la de esos grandes dictadores sanguinarios de la humanidad, se le dé a la Corona que la pone en riesgo” (El Mundo, 24-02-2018).

Los demócratas vascos, como los demás, se enfrentaron, primero a un movimiento armado y, luego y durante cuatro décadas, a una dictadura fascista que fue encabezada desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975 por el general Francisco Franco y, desde entonces y hasta el 15 de junio de 1977, por Juan Carlos de Borbón, a título de rey. No hay que olvidar que este último no se convirtió en rey constitucional hasta el 27 de diciembre de 1978. Y es que, como recuerda Robert Graham, “la transición no se inició con la muerte de Franco”.

Por su parte, Alicia Alted, resalta que “exilio, resistencia, clandestinidad, represión…son términos que de forma conjunta definen una misma realidad, que, a su vez, forma parte inseparable de la propia historia del franquismo”. En este sentido, la resistencia está legitimada en la persistencia de una dictadura, incluida la resistencia armada. Uno puede oponer reparos morales, como hizo el PNV en varios documentos, pero la resistencia armada tuvo su justificación (incluso, legitimidad) hasta 1977. El problema es que la persistencia de ETA militar (que devino en organización “terrorista”) a partir dese año y hasta su disolución ha contribuido a desfigurar la realidad convirtiendo a los verdugos en víctimas, y aceptar la aplicación de término “terrorista” a la resistencia armada, y no a la propia dictadura que lo fue hasta entonces.