¿Sabes como se financia tu comunidad?

Juan Carlos Perez Arabatik blogean

Suele ser complicado entender como funciona esto de la financiación de las autonomías, por lo que habitualmente el público tiende a pensar esto en términos de zoco o mercado persa, donde puros y duros métodos especulativos y de negociación política se superponen sobre una sentina putrefacta que nadie quiere explicar para que nadie lo pueda entender, siendo manejos de una élite elevada desconectada de la realidad. Es lo que pasa cuando se usa el viejo lema ilustrado “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

Y es la actualización para el sistema de financiación de régimen común en España. Que es donde más del 90% de la población española recibe lo sustancial del Estado de Bienestar, como son Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Por ello es fundamental para la vida del pueblo, de cuya explicación y comprensión se le excluye, y debiera ser relevante por chocar con la transparencia y los derechos humanos.

El asunto está fundamentalmente ligado al tema de los Ingresos y Gastos del estado. Y es que una cosa es la recaudación y otra el destino final de los recursos. Eso es, que, en definitiva, en buena medida, la recaudación la genera el propio estado, dado que para las comunidades autónomas, 15, de régimen común, sólo hay una agencia tributaria. Sólo hay un modelo, donde se dice que hacienda “somos todos, a la hora de la declaración de la renta. Y eso significa que en un primer movimiento, salvo determinados tributos e impuestos, el dinero fluye hacia Madrid, a velocidad de galope, tras salir de vuestros bolsillos, queridos contribuyentes. Y que una cosa son los ingresos y otra los bienes y servicios, y esto tiene enorme vinculación con el hecho de los presupuestos generales del estado, como se verá, donde la disociación entre el peso demográfico, el peso económico, el peso en recaudación de impuestos, no tiene necesariamente que ver con un equilibrio con el retorno en bienes y servicios, emanados de los poderes del estado, en virtud de sus responsabilidades.

Supuestamente el sistema autonómico se basa en la descentralización y la gestión autónoma de los ingresos, o parte, para solucionar temas cercanos al ciudadano. Nada más lejos de la realidad. Este sistema de financiación de régimen común, que se funda en la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) en el año 1980, ha sufrido el caos de hasta 8 modelos distintos de gestión, siendo el último, quinquenal, de 2009, habiendo sido necesaria una revisión en 2014, que no llegó, y otra en 2019, que, aún con el trabajo de expertos, incluso, posiblemente, tampoco llegará, dado que en ese año se dan las elecciones autonómicas regionales, donde será prácticamente imposible, en plena competencia electoral, ponerse de acuerdo en nada sustantivo y sustancial, y menos en algo estructural como es la financiación. En realidad es un sistema llamativamente centralizado, donde los impuestos cedidos, en buena medida lo son en la suma, no en la recaudación. No te permiten hacer media tarda, el maestro pastelero en el ministerio de hacienda la hace, y después decide del monto que el sólo sabe, declarar que parte de corresponde. Pero eso no es todo. Es más complejo, y opaco que todo eso. Veamos.

Los ingresos tributarios, es decir, los impuestos “cedidos”, son, básicamente, el 50% del IRPF, el 50% del IVA, el 58% de los impuestos especiales, y otros. Pero aquí entra en funcionamiento lo que se llama Ingresos Tributarios Normalizados, que es un sistema estandarizado (mágicamente se establece un modelo comparativo de la media de la tributación en las comunidades), y una vez establecido, el 75% del dinero que ha llegado a esas comunidades, o que se ha gestionado por las propias instituciones autonómicas (que puede ser, pongamos, un 5% del total de impuestos generados en esa comunidad), debe volver a Madrid, para integrarse en un fondo común, donde el Gobierno Central decide cual es la cuantía necesaria para cada Comunidad. Y, si, esto está sujeto a negociación política y partidista, entre los gobiernos de las comunidades autónomas y el gobierno español de turno. Lo cual supone una pérdida, en tanto que luego hay fondos sectoriales ad hoc, creados, como el fondo de suficiencia o el fondo de convergencia.

En la devolución de los ingresos necesarios para los gastos que se supone que deben hacer las comunidades autónomas vía sus presupuestos, como son la parte magra del estado de bienestar, se calcula, las necesidades, desde el centro, y se da el dinero que se considera necesario, que puede ser, como en fechas recientes, que para un gasto global efectivo de 108 mil millones se trasfieran unos 80 mil. Ese déficit estructural se ha compensado con nuevos instrumentos, de préstamo (que no regalo, aunque ha habido flagrantes incumplimientos, progresivos, de algunas comunidades) de hasta 216 mil millones en FLA y similares, dejando el déficit y la deuda de las comunidades en un ahogo intolerable, y en la práctica, más allá de una quiebra estructural congénita, en una incapacidad flagrante de afrontar sus propios gastos. Es por ello que, en la práctica, había una autonomía en el gasto, que lastró a una serie de comunidades en un gasto desmedido, y una completa ausencia real de autonomía en el ingreso, a diferencia de otros modelos de corte federal o confederal que puede haber por el mundo, dejando el marco autonómico, siendo diplomáticos, cojo en lo sustancial.

Este sistema normalizado premia si la autonomía sube impuestos, pues la parte extra recaudada se lo queda la comunidad. Perjudica, en cambio, si quiere bajar impuestos, porque igual tendría que recaudar más dinero, para reintegrar el impenitente 75% de la recaudación global estimada, que surge de la agencia tributaria, llegado el caso. Por ello, hay completa ausencia de incentivo en competencia fiscal, y si un premio a subir los impuestos. Es sistémico, del propio sistema de financiación, que esclerotiza una dependencia de ciertas comunidades y deja a otras con menos recursos de los que deberían, según su renta y recaudación, como son Baleares, Catalunya, Valencia y Madrid. El resto de comunidades, 11, del régimen común, estructuralmente, son fallidas y están técnicamente quebradas. Cosa que no interesa poner de relieve, como elemento de un fallo parcial en el propio sistema autonómico, donde la falta de autonomía pondría en flagrante contradicción al sistema, que, difícilmente, en base a la nula apuesta por reducir burocracia, aumentar la productividad o impulsar la economía productiva real, mostraría la vía de la incapacidad de una reforma del propio sistema de financiación en donde la libertad y la libre competencia se abrieran paso en una maraña entretejida que impide sino ver las bondades del otro sistema, el foral.

Si, en España hay dos modelos, el de régimen común, que nadie entiende, y nadie quiere realmente explicarlo, y que ha fracasado en estos 40 años, y un modelo foral, estable, que funciona, y que es una herramienta que permite la libertad económica, el cumplimiento de las obligaciones con el conjunto, y la solidaridad en función del peso sobre el PIB. Un modelo que es accesible para quien lo quiera, pero que lo es de riesgo unilateral y sin el paracáidas o la red de seguridad del propio estado, por lo que en general, las 11 comunidades estructuralmente quebradas nunca querrán, ni permitirán que otras pudieran adoptarlo por motivaciones obvias. Difícil salir de este círculo vicioso, y por ello, en vez de buscar soluciones, desde el populismo se busca igualar por abajo y terminar con el modelo que funciona por ese quebrado y arruinado. Por ahora, al menos. Es la solución sencilla y la fácil de adoptar. Y eso debe terminar.