Fernando Mikelarena bere blogean
En diciembre de 1992 se discutió una moción de Izquierda Unida en la que se pedía instar al Gobierno de Navarra a la eliminación de los símbolos fascistas del espacio público. La iniciativa sería rechazada por la tajante oposición de UPN y PSN, que entonces se posicionó tenaz y agresivamente con la derecha navarra, recabando solamente apoyos de los partidos nacionalistas. En su defensa de la moción el parlamentario Taberna Monzón, de IU, negó de principio que la moción tuviera carácter anacrónico, afirmando que tenía “una vigencia política importante y fundamentalmente por la reticencia de determinados grupos políticos a que se normalice, por lo menos en los simbólico, la transición democrática, que va siendo larga”.
Taberna comentó las dificultades que tuvo que superar la moción para ser presentada debido a que UPN, aprovechando la ausencia de un miembro de la Mesa, no la admitió a trámite y hubo que presentar un recurso. Asimismo, citó que en Corella, “la patria chica del vicepresidente” [Miguel Sanz], había fracasado una moción del PSOE; que en Marcilla, municipio gobernado por los socialistas, seguían habiendo calles con el nombre de Francisco Franco o General Mola; y que en Pamplona existían una serie de símbolos como “el monumento a los caídos con la frase de la cruzada” y la laureada en diversos edificios públicos como el de la Caja de Ahorros de Navarra y el Instituto de la Plaza de la Cruz. Todo ello, calificado como “lacerante desde el punto de la vista de la tolerancia”, servía a Taberna para concluir que no había “habido en lo simbólico una transición democrática deseable dentro de Navarra”. También adujo que “si para algunos tiene una fuerza importante el hecho de que el escudo de Navarra esté dentro del de la Comunidad Autónoma Vasca, también para nuestro grupo que exista la laureada, determinadas calles o símbolos que denotan toda la parafernalia y toda la propaganda fascista de su época”. Por último, pedía que se cumpliera en ese aspecto la Ley de Símbolos de 1986 por cuanto ésta establecía “cuáles son los símbolos de Navarra y donde deben estar en los sitios públicos y visibles”.
Los grupos parlamentarios de HB y de EA se manifestaron a favor de la moción. Araiz Flamarique por el primero señaló que “sin ningún ánimo de revanchismo” había que “recuperar la memoria histórica de quienes fueron vilmente asesinados y tirados en las cunetas de nuestras calles y carreteras”, tal y como se había planteado “en muchas entidades locales cuando se habla de este tema”. Indicó que en la anterior legislatura se habían presentado unas 150 mociones en el Ayuntamiento de Pamplona sobre el tema de los símbolos y que muchas habían contado con el apoyo del PSOE. Por el segundo grupo, Cabasés Hita dijo que el apoyo de su grupo era para “contribuir a la extensión y al mantenimiento de los principios democráticos” y que, aunque se habían realizado algunas acciones a partir de la Ley de Símbolos de 1986, había que “completar la tarea para que nadie pueda acusar de dejación” al Parlamento.
En contra se posicionaron los portavoces de UPN, Rafael Gurrea Induráin, y del PSOE, Aladino Colín. El primero tachó de falsedad la afirmación de Taberna acerca de la inexistencia de transición en España en cuanto que aquí se habría “producido una transición ejemplar como en ningún otro país que haya tenido un gobierno autocrático en los últimos años en la historia europea”. Calificó de regresión en el tiempo la semántica utilizada en la moción en cuanto que le recordaba a la que se utilizaba “en este Parlamento hace doce o trece años” y razonó la existencia de la moción como “parte del ritual de un grupo radical en este tipo de cuestiones, que cumple con la misión de excitar a la sociedad en un tema que, afortunadamente, está olvidado, y no pertenece al primer plano de las preocupaciones de los ciudadanos”. También negó el carácter fascista de la laureada que según él sería “una medalla al más alto mérito militar” y “anterior al franquismo y ajena al fascismo”. Realizó un digresión afirmando que él pensaba que Taberna se habría referido a otros símbolos que se podían ver en la paredes de Pamplona “que no tienen nada que ver con Mussolini, uno de los apuntadores del fascismo, pero que representan a organizaciones que yo tengo por fascistas”.
Y al respecto añadió “Pero es muy probable que ustedes no se refieran a ellos porque no lo citan aquí”. Aunque indicó que él no se había dado cuenta de la existencia de la laureada en el edificio de la CAN, sí se había percatado que en el escudo y la placa de la plaza de la Cruz figuraba como último nombre de los inscritos en la misma el de un Taberna, lo que tal vez, según Gurrea, habría motivado al mocionante a proponer la iniciativa “para que no haya confusiones, para que nadie crea que un Taberna de los de su raigambre” estaba “comprometido” con lo que se conmemoraba en el monumento. Mantuvo que tanto la Ley navarra de Símbolos de 1986 como el Real Decreto del 81 referido al ámbito del Estado exoneraban de la supresión de simbología a “aquellos edificios o monumentos que, aunque no tengan carácter histórico-artístico, estén hechos de tal manera que quitarlos produzca una violencia al inmueble”. Gurrea entendía que ésa era “una fórmula pacificadora que se utilizó en aquel momento, en un momento necesario para conseguir una estabilidad y una serenidad de ánimos que ustedes, naturalmente, están deseosos de romper, pero que nosotros no vamos a quebrar”. Para finalizar, tildó a la moción de anacrónica y zafia.
Por su parte, Aladino Colín (para las nuevas generaciones, hay que explicar que es el nombre de una persona real, mano derecha de Urralburu, que llegó a ejercer la portavocía del PSN en el Parlamento de Navarra y que fue Vicepresidente Segundo y Consejero de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra entre 1987 y 1991) comenzó su intervención centrándose en el anacronismo de la moción. A su juicio, acerca de la cuestión “ni había debate hace mucho tiempo ni lo hay ahora. Pretender hacer un debate aquí y ahora sobre estas cuestiones, cuando no es un debate que se plantee la sociedad ni una preocupación de la sociedad, me sugiere antes que nada y en primer lugar que se ha traído a la Cámara un debate absolutamente artificial”. Recordó que los miles de mociones sobre la cuestión planteadas en la segunda mitad de los años setenta habían “desaparecido de la circulación” en un proceso connatural en el que a un primer periodo de efervescencia en el que “se hace los posible por acabar con toda la simbología” de las dictaduras sucede un segundo “en el que las cosas se serenan” y “van cobrando protagonismo los asuntos relacionados con lo que de verdad importa, la consolidación de las instituciones democráticas, la vertebración de la sociedad civil, etcétera, y en relación con estas cuestiones, la de la simbología, se van adoptando decisiones más razonables por más objetivas”.
Posteriormente, según Colín, en una tercera etapa tiene lugar “la definición positiva de los símbolos de los estados democráticos y la adopción de acuerdos de conservación de los símbolos anteriores, fundamentalmente (…), por razones de orden de preservación del patrimonio histórico arquitectónico”. También rememoró la retirada de la laureada en los debates de 1979-1981, así como la solución dada por la Ley de Símbolos de 1986 en relación con los escudos anteriores con el añadido franquista, “un criterio conservador (…), cuando se afirma que no afectará a los escudos existentes en edificios o monumentos sitos en el territorio de la Comunidad Foral que sean declarados de carácter histórico artístico o que, sin serlo, formen parte del ornamento y decoración de los mencionados edificios o monumentos de una manera fija, de tal manera que no puedan separarse de ellos sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto”. En consonancia con eso último, dijo que el tema planteado en la moción, “además de ser en el fondo artificial, es en la forma atrabiliario” por pretender “modificar nada más y nada menos que algo inmodificable por una moción, que es una ley”. Además, para el portavoz socialista todos los pueblos, “después de épocas turbulentas”, acaban conviviendo “con su historia de manera pacífica, aceptando la anterior sin ira”, “como manifestaciones de épocas históricas que son siempre por su propia esencia dinámicas, que se mueven de la misma manera que se mueve la sociedad”. En cuanto a los monumentos a los caídos, deberían mantenerse por ser “justamente el símbolo de lo que no se debe hacer”. En cuanto a las calles, por el contrario, Colín afirmó que en los casos de las referidas a personas que habían “sido defensores activos de la dictadura” y que habían “contribuído a dividir pueblos” se deberían buscar “mínimos comunes denominadores para encontrar los símbolos que unen a todos”.
En el turno de réplica, el parlamentario mocionante Taberna Monzón insistió en la necesidad de “profundizar en la democracia día a día” y, tras replicar a UPN que si en 1979 no veían oportuno quitar la laureada, ahora argumentaban que era “un problema de zafiedad de la moción”, acabó preguntándoles: “Constantemente se están dando argumentos formales pero nunca se llega al fondo. ¿Somos partidarios de quitar la simbología fascista o franquista de la vida cotidiana navarra, sí o no?”. Si a Taberna la actitud de UPN le parecía “comprensible por la tradición, por la historia y porque es la línea que sigue en la actualidad”, la del PSOE le parecía “incomprensible, sobre todo, cuando grupos municipales, como el citado socialista de Corella, presentan otro tipo de mociones que vienen a significar el mismo contenido de esta moción”.
Finalmente, la moción fue rechazada por 8 votos a favor, 32 noes y ninguna abstención.
A partir de 1999 la cuestión de la memoria se asentó con firmeza en los debates de la cámara parlamentaria navarra y numerosas iniciativas de recuperación, rehabilitación y reparación de la memoria de las víctimas del franquismo pudieron ser aprobadas con la sola oposición o abstención de la derecha. Muchas de esas iniciativas son conocidas por el gran público.
En el día de hoy, más de veinte años después de aquella única moción planteada en los años del olvido, el Parlamento de Navarra, al aprobar en sesión plenaria la proposición de ley foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados a raíz del golpe militar de 1936, presentada por Izquierda-Ezkerra y apoyada por el PSN, Bildu, Aralar y Geroa Bai (mientras que UPN se ha abstenido y el PPN ha votado en contra), ha culminado el viraje, emprendido en la legislatura 1999-2003, de revisión de la política de gestión de la memoria histórica de los años ochenta y noventa del siglo pasado.
