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Paradojas e insuficiencias de la memoria histórica en relación con los verdugos

Fernando Mikelarena bere blogean

La celebración en Sartaguda del I Dia de la Memoria nos ha impulsado a hacernos eco de una información que hemos conocido recientemente por cuanto que tiene que ver con una vertiente importante de la gestión de la memoria. El 28 de abril conocimos que el colaborador de elplural.com Gerardo Rivas, había sido imputado por el titular del juzgado de instrucción número 37 de Madrid por vincular a la Falange Española de las JONS en uno de sus artículos publicado en dicho medio en marzo de 21012 con un “historial” de crímenes contra la humanidad. La imputación había sido a raíz de una querella presentada por Falange Española de las JONS que le acusaba de un delito de injurias graves hechas con publicidad.

En su artículo, Gerardo Rivas criticaba a la Falange y al sindicato ultraderechista Manos Limpias por haber sentado en el banquillo al juez Baltasar Garzón por su investigación sobre los crímenes del franquismo y escribía “Cuando solamente […] dos organizaciones, una, con un amplio historial de crímenes contra la humanidad y, la otra, un pseudo-sindicato heredero de las esencias franquistas -Falange Española de las JONS y Manos Limpias- habían conseguido el beneplácito de la máxima instancia judicial -el Tribunal Supremo- para sentar en el banquillo al juez que intento acometer la investigación de los crímenes del franquismo”. La querella nació por efecto de un escrito de rectificación en relación a dicho artículo, remitido pocos días después de la publicación del mismo, acogiéndose al procedimiento regulado en la Ley 2/84, de 26 de marzo, de derecho de rectificación por Jorge Garrido, Delegado Nacional del Servicio Jurídico de Falange Española de las JONS. El escrito se basaba en que “los crímenes contra la humanidad son delitos y que es rotundamente falso que Falange Española de las JONS haya sido condenada jamás por esos supuestos crímenes que jamás cometió, su publicación ha hecho una imputación falsa, algo que excede claramente de lo opinable y entra, como ha reiterado en numerosas ocasiones la jurisprudencia, en el ámbito de los hechos, estando calificada en el vigente Código Penal como delito de calumnias”. (…)

Todo lo anterior choca con las numerosísimas evidencias mostradas por la historiografía de la participación de las escuadras falangistas, junto con elementos del requeté, en las sacas realizadas en la zona controlada desde el principio por los franquistas, tal y como es el caso de Navarra, de lo que ya nos hemos hecho cargo en varias entradas de este blog, y también en las realizadas en los territorios paulatinamente conquistados. En el fondo tal paradoja obedece a la impunidad brindada para los crímenes franquistas en la Transición con el supuesto blindaje que suministraría la Ley de Amnistía de 1977, blindaje que para algunos juristas es inexistente en cuanto que los crímenes de lesa humanidad no gozarían de prescriptibilidad y en el fondo todo sería cuestión de voluntad política.

Una voluntad política que en otras latitudes ha hecho que en temas relacionados con lo que estamos examinando los poderes judiciales actúen con una diligencia sorprendente vista desde aquí. Veamos el ejemplo de Alemania, sin ir más lejos. El 14 de abril conocimos que la Central para el Esclarecimiento de los Crímenes Nacionalsocialistas, con sede en Ludwigsburg, anunciaba que investigaba a 50 antiguos guardias del campo de concentración y exterminio de Auschwitz para llevarlos ante la justicia. Se trata de nonagenarios, en buena parte antiguos miembros de alguna unidad de la organización paramilitar nazi SS, que vigilaron a los presos en Auschwitz, donde murieron asesinadas alrededor de 1,3 millones de personas, la mayoría judías, durante la II Guerra Mundial. Además de estas cincuenta acusaciones relacionadas con Auschwitz, los investigadores de Ludwigsburg rastrean también a criminales supervivientes de los campos de la muerte de Sobibor y Belzec. También tienen pistas de miembros de los llamados einsatzgrupen, los escuadrones paramilitares encargados de asesinar judíos, gitanos, partisanos, enfermos mentales y demás “indeseables” o “asociales” en la retaguardia de los vastos territorios ocupados por Alemania. (…) Aunque el Código Penal alemán contemplaba hasta finales de los 60 un plazo de 20 años para la prescripción de los delitos de asesinato, una década después se promulgó la imprescriptibilidad de los mismos para evitar que los crímenes nazis quedaran definitivamente impunes

Por otra parte, lo anterior se complementa con una labor historiográfica que ha aumentado notablemente el censo de los campos de concentración puestos en marcha por los nazis. Un estudio elaborado por investigadores del Museo del Holocausto de Estados Unidos en Washington ha cifrado en 42.500 los centros de la tortura, el sufrimiento y la muerte pensados y puestos en marcha por los nazis en todas las zonas que ocuparon, una cifra muy superior a las que hasta ahora se manejaban. (…)

Todo lo anterior, anima a ahondar en un aspecto, generalmente dejado de lado en lo que tiene que ver con la gestión de la memoria de la violencia política de la guerra civil y del franquismo: el de los verdugos. Los asesinos de la guerra civil y de la Dictadura han gozado de impunidad no sólo jurídica en razón del referido blindaje que les facilitaría la Ley de Amnistía de 1977, sino también historiográfica: a causa de la destrucción deliberada de documentación sólo indiciaria y parcialmente podemos llegar los historiadores a ser capaces de delimitar las diferentes responsabilidades a distintos niveles de una represión de la que no cabe dudas de su naturaleza metódica y exhaustiva, así como las características de la cadena de mando que terminaba en los miembros de los escuadrones de la muerte. Ahora bien, a pesar de sus limitaciones, no puede dudarse de que los esfuerzos que pueda realizar la historiografía en relación con esas cuestiones conllevará el incremento de nuestro conocimiento sobre las mismas, tal y como puede comprobarse con investigaciones efectuadas en los últimos lustros.

En relación con dichas responsabilidades, a escala general, la historiografía española ha llegado ya a determinaciones conclusivas en relación con quiénes fueron los agentes de la limpieza política en la zona rebelde. Según Cruz [CRUZ, R., “Olor a pólvora y patria. La limpieza política rebelde en el inicio de la guerra de 1936”, Hispania Nova, 2007, 7], “pueden ser clasificados en tres categorías relacionadas entre sí por mutua influencia emocional, cultural, política o militar, pero cada una de ellas con diferentes motivaciones y protagonistas”

En el caso de Navarra, donde la violencia política de aquella época fue absolutamente unidireccional, se advierte una especie de vértigo tanto entre los historiadores como en los políticos como en la sociedad en general a la hora de entrar en más concreciones sobre el holocausto que supuso para la izquierda navarra el verano y otoño de 1936, sobre todo vista la diversidad de agentes operantes en la misma y de la que ya nos hicimos eco en una entrada anterior de este blog. Existe una incomodidad a la hora de hablar de los responsables de aquella matanza, de sus causas de fondo y de la forma como se llevó a cabo. (…)

El vértigo de la sociedad navarra a realizar un ejercicio de introspección acerca de las causas y responsabilidades últimas de los sucesos referidos está provocado, en última instancia, por la política de la desmemoria seguida a lo largo del franquismo y de la Transición en Navarra por la mayor parte de la sociedad, por el silencio mantenido hacia sus hijos por parte de los progenitores en relación con sus actuaciones en la guerra y por el posible temor de muchos a ver involucrados a familiares en sucesos represivos poco edificantes. Lo cual no es nada extraño si tenemos en cuenta el dominio tan absolutamente abrumador de la derecha tradicionalista y de los católicos independientes, sectores políticamente matrices de la represión, en la mayor parte de Navarra en la Segunda República, dándose también en la Ribera, aunque de forma más matizada, y si consideramos, asimismo, que en los cuarenta años de dictadura y en los setenta transcurridos desde 1936 han podido tener lugar mezcolanzas ideológicas de lo más variopinto dentro de las familias.

Resulta irritante el silencio y la desmemoria cultivadas por la derecha para no asumir el reconocimiento público de la responsabilidad de sus antepasados ideológicos, que pueden corresponderse o no con sus ancestros biológicos. Sobre todo, cuando tal y como ha sucedido en más de una ocasión se ha incurrido en ejercicios de tergiversación en relación con las responsabilidad últimas en lo sucedido en 1936. Ahora bien, tampoco hay que obviar la circunstancia de que de padres y abuelos falangistas y requetés han salido hijos que se han posicionado en sectores de la izquierda y del nacionalismo y que en algunos casos, si bien ciertamente excepcionales, la historia no parece haber operado como maestra de vida de forma que hijos de verdugos han defendido posturas de legitimación y defensa de la violencia política que ha dinamitado la convivencia en las últimas décadas o han defendido posiciones de intolerancia. Tanto en un caso como en otro se produce una alteración patológica grave de lo que debe ser el derecho a la memoria y el deber de memoria en los que todos lamentablemente estamos concernidos.

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