José Ramón Urrutia Ekoberrin
Otra vez el gobierno del PP anuncia “turbulencias” en el modelo público de pensiones. El sistema de reparto que sirve como procedimiento de financiación a la Seguridad Social – el dinero que cotizan los trabajadores y empleadores sirve para atender las prestaciones de los pensionistas y beneficiarios de las prestaciones por desempleo-, en momentos de crisis, de recesión económica o de crecimiento reducido, con altas tasas de paro, con inversión de la pirámide poblacional, sociedad envejecida, etc., conduce sin ningún género de duda a un desequilibrio entre los ingresos y las prestaciones que amenaza, en muy corto plazo, a un colapso en las finanzas del sistema público de pensiones.
El déficit anual de la Seguridad Social ha obligado a echar mano de la “hucha de las pensiones”, y vender parte de la misma que se ha ido generando estos últimos años, para luego poco después congelar las pensiones y posteriormente reducirlas con más exigentes cambios en el procedimiento para su cálculo. Ya está anunciada otra reforma, sin haber entrado en vigor la aprobada el año pasado por el gobierno socialista.
Habrá que estar atentos, sobre los efectos que se vayan a producir, a la hora de vender el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, debido al criterio de valoración aplicado en el mismo. Con una tasa interna de rentabilidad media de adquisición de los activos públicos, que conforman el citado Fondo, del 3,94% al 31 de diciembre de 2011, viendo como está evolucionando la cotización de la deuda pública española, y teniendo en cuenta que casi el 90% del Fondo está invertido en deuda soberana emitida por el gobierno del estado, las pérdidas por valoración de las ventas podrían superar los 10.000 millones de euros.
Con la subida de la rentabilidad de la deuda española que se está produciendo, debido al escaso índice de confianza que ofrece al mercado el Reino de España, la cotización o el precio de la misma ha bajado de forma considerable, llevando consigo un recorte en el valor patrimonial de los títulos de la deuda española. De esta forma si hubiera que vender estos títulos, para pagar las pensiones, generaría la pérdida comentada anteriormente.
En este momento el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con una cuantía cercana a los 70.000 millones de euros, y que únicamente se nutre de los intereses de la deuda, y de los excedentes producidos en la gestión de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ya que no hay transferencias procedentes de las cotizaciones excedentarias de la Seguridad Social, se valora a precio de adquisición de los activos financieros que lo componen.
Este criterio de valoración se utiliza ya que se estimó que la Seguridad Social no iba a tener necesidad de vender la deuda antes de su vencimiento (gestión de forma pasiva), pero al no ser así, y tener que recurrir a ello para poder atender los pagos mensuales de los pensionistas y beneficiarios del desempleo, ello va a ocasionar pérdidas al colectivo de cotizantes y perceptores de prestaciones. Toda esta situación además, crearía mayores problemas y preocupaciones si hubiera un rescate parcial o un “default” total de España, y por lo tanto de su deuda pública.
Las entidades financieras rescatadas por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) han acudido en auxilio del Tesoro español, y se han convertido en las grandes compradoras de deuda pública española, junto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según el Banco de España, a junio de 2012, los bancos y cajas de ahorros nacionalizadas incrementaron en un 80% sus posiciones en deuda pública española en el año 2011, mientras los inversores extranjeros han ido reduciendo la misma pasando de representar el 50,48% al cierre del ejercicio pasado, al 35,24%.
Esto es lo más parecido a un círculo vicioso por el cual el Estado rescata a ciertas entidades financieras, y a organismos públicos, y los mismos rescatan a su vez al Estado comprando su deuda, que luego canjean por liquidez en el BCE. El premio nobel de Economía Joseph Stiglitz decía hace unos días, que esta paradoja, que se produce en la realidad actual española, le hacía desconfiar del éxito de tal medida.
Estas fuertes compras realizadas de deuda española, contrasta con la actitud más reservada de los siete mayores bancos y cajas, que prefieren guardar la liquidez obtenida del BCE en el propio Banco Central, en vez de conceder créditos a inversores, emprendedores, innovadores, pymes, etc., y dar un cierto aire y aliento al sector industrial y exportador, aunque los dos grandes bancos españoles tienen en este momento una exposición a la deuda española de más de 125.000 millones de euros, y el total de las entidades financiera españolas de casi 180.000 millones de euros.
El sistema público de pensiones español está pasando y va a pasar, durante una serie de años, momentos delicadísimos y muy difíciles para su supervivencia, ante las perspectivas y escenarios que están planteando y pronosticando todos los organismos internacionales y en especial el FMI, que alerta para España que ”NO ALCANZARÁ EL NIVEL DE PRODUCCIÓN PREVIO A LA CRISIS HASTA AL MENOS EL AÑO 2017, Y EN MATERIA DE EMPLEO Y TRABAJO ALCANZARÁ EL CITADO UMBRAL UNOS CUANTOS AÑOS MAS TARDE”.
Muchos menos cotizantes con salarios más bajos, hacen que los ingresos vayan cayendo y los gastos en pensiones subiendo mas del 4% por los nuevos jubilados, abren un fuerte boquete, y por tiempo, en las cuentas de la Seguridad Social. ¿El desfase a fin de este año será cercano a 6.000 millones de euros?
Aunque en los debates políticos siempre se plantea la amenaza, para los pensionistas vascos, sobre la dificultad que van a tener para poder continuar percibiendo en el futuro las pensiones actuales, debido al desequilibrio financiero existente a nivel territorial de Euskadi en el sistema, la realidad actual, las perspectivas y horizontes tan tenebrosos, preocupantes y dilatados en el tiempo a nivel de territorio común, nos hacen posicionarnos, de cara a un período más próximo, por una situación más optimista y positiva en Euskadi, debido a su situación económica más favorable, y por la confianza en una más rápida salida de la crisis, Y CON ELLO PODER CONSEGUIR UN SISTEMA PROPIO Y VASCO DE PENSIONES PÚBLICAS , con capacidad, gestión, y recursos suficientes para hacer frente a los compromisos con los cotizantes y pensionistas de Euskal-Herria.
Este artículo resulta criticable en más de un sentido, y no por la ingenuidad de dar por hecho que los problemas de nuestro sistema de pensiones se van a resolver automáticamente solo con ponerles un euskolabel encima. De entrada todas las reivindicaciones acerca de un sistema de pensiones vasco, y perdón por ser aquí tan crudo, no son más que demagogia barata. Podrán tener su utilidad para caldear algún mítin político o quedar bien en una rueda de prensa, pero su valor en términos de argumentación técnica es más bien escaso.
El post no aborda el problema fundamental de las pensiones de la Seguridad Social: que siendo un sistema basado en el reparto, resulta extremadamente difícil reemplazarlo por otro de capitalización. Un sistema de capitalización puede instituirse desde el principio, y con ello la sociedad se ahorra la mayor parte de los problemas derivados de las fluctuaciones demográficas, con la ventaja adicional de que las pensiones no podrán ser mangoneadas por políticos ni gobiernos. Pero el sistema actual es distributivo: menos cotizantes y más perceptores significan una ruina programada. Y ahí es donde está el problema.
Habría sido de agradecer que el autor, en lugar de deslumbrarnos con su conocimiento sobre rentabilidad de bonos, planteara la interesante cuestión de por qué el sistema de pensiones actual es distributivo y no de capitalización. Una vez más la causa está en los manejos de los políticos, y no precisamnte españoles. Caso paradigmático de utilización de las pensiones como arma electoral lo tenemos en la República Federal de Alemania, donde el canciller Adenauer introdujo el actual sistema de reparto en los años 50. Ni qué decir tiene que en las elecciones al Bundestag de 1957 le votaron todos los jubiletas, incluyendo a los militantes del SPD.
En los restantes países la historia es parecida. Los problemas del actual sistema de pensiones no solo se deben a la demografía, sino también al interés cortoplacista y a los manejos de la casta política. Quizá lo que necesitamos para arreglar todo esto no es más vasquismo, sino mejor gestión.
Un sistema vasco de pensiones, por lo demás, resulta del todo inviable por las mismas razones que tienen que ver con las ventajas de los conciertos económicos. Estas instituciones históricas, que los fiscalistas de todo el Estado observan con animadversión y que los vascos están obligados a defender tanto por conveniencia como por sentido cívico, suponen un exceso de financiación de las haciendas públicas vascas. Añadir a estas disponibilidades el flujo resultante de las pensiones -hagan números y se darán cuenta de que no es ninguna broma: como poco otros 2.500 millones de euros adicionales al año- es algo que desborda todas las cuadernas financieras y macroeconómicas no solo del territorio, sino también estatales. Los sindicatos de masas como UGT o CCOO jamás lo consentirían. Literalmente, correría sangre por las calles de Madrid, como en 1808.
Finalmente hay otra razón por la cual un sistema de pensiones vasco, aun en el caso de resultar viable, no sería una reivindicación sensata. Lo explicaré con un ejemplo de nuestra historia reciente: a finales de los 80 y principios de los 90, durante los años de bonanza que siguieron a la reconversión industrial, determinadas empresas vascas que entonces estaban en poder del estado -como Altos Hornos- atravesaron cierto período de prosperidad económica. Algunos políticos nacionalistas de aquella época pensaron que esas empresas debían estar gestionadas por el gobierno vasco del Lehendakari Ardanza, y a tal ejemplo plantearon algunas tímidas exigencias. Resulta providencial que Madrid no les hiciera el menor caso, porque de lo contrario el caos en que se convirtió todo aquello al cabo de unos pocos años se lo habría tenido que ventilar Lakua, y aun estaríamos pagando las consecuencias.
Con las pensiones es igual. Ahora los ingresos superan a los gastos, pero en pocos años, cuando la crisis demográfica avance en Euskadi, será al contrario. En resumen, que lo del sistema vasco de pensiones no parece muy bien pensado. ¿Quieren ustedes echar a hombros de Urkullu, que ha venido para quedarse durante algún tiempo con el firme propósito de lograr una estabilidad económica e institucional a largo plazo, más obligaciones financieras aparte de las dejadas por su predecesor?
Zorionak Patxi, estás de acuerdo con lo que defienden el PSE-EE y el PP en este tema. Ya es hora de destapar la mitomanía nacionalista vasca.
A ver, siempre estamos en lo mismo: remitiéndolo todo a posiciones políticas. Da la impresión de que en este puñetero temas cosas como la gestión y la sociedad civil a nadie le importan un carajo. Todo se reduce a saber qué piensan hacer al respecto los partidetes de turno, a cuyo servicio debemos estar los vasquitos de a pie. De ahí nuestra perentoria obligación de definirnos, tanto a nosotros mismos como a los demás. Un vasco no puede ir por libre: tiene que pensar y actuar conforme a lo que le dicen en Sabin Etxea, en la Casa del Pueblo, en Moncloa o desde la Herriko Taberna do mora el estado mayor de Garitanos y Permaches.
El que realmente aprecia a Euskadi no puede permitirse nada que suponga un perjuicio económico para las empresas o la administración pública de su tierra. Ese debería ser el deber principal de todo vasco. Todo lo demás, ideología, religión, afinidades futbolísticas o el extremo por el que se rompen los huevos pasados por agua, son algo secundario.
Tienes razón, Patxi. No hay que pensar como ninguno de esos, hay que pensar como Génova y Ferraz.
Piensa como si fueras tú mismo y andarás más cerca de lo que realmente importa.