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Defenderse ante el contrafuero

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Joxan Rekondo

Bildu se presentó a las elecciones forales con un programa de democratización de las instituciones forales. Decían querer potenciar la participación real y efectiva de la ciudadanía a través de diferentes mecanismos de decisión. Decían querer unas instituciones forales que respondieran a las necesidades objetivas de la sociedad. Decían querer una nueva relación entre representantes y representados otorgando un mayor poder a estos últimos respecto de los primeros.

Hoy existe una mayor participación de todos los ciudadanos en las instituciones forales, que responden a una participación política normalizada. Son éstas unas instituciones que mantienen la obligación de responder a las necesidades objetivas de la sociedad de acuerdo con el poder o mandato que ésta les ha otorgado. La realidad, sin embargo, es que una parte minoritaria de los representantes ha usurpado el mandato que, para la resolución de una serie de problemas, la mayoría de los representados había emitido.

Cuando se habla de instituciones forales habría que distinguir entre la Diputación y las Juntas Generales. La facultad ejecutiva de aquella la han instituido estas últimas, como órgano que más genuinamente representa la opinión del pueblo. La resistencia del ejecutivo foral a cumplir la opinión popular representada en las Juntas Generales es un claro síntoma de desdemocratización.

De los cien días de gobierno de Bildu en Gipuzkoa se conocen pocas iniciativas estratégicas. En lo que específicamente se refiere a democratizar el funcionamiento de los órganos forales, nada de nada. Lo que sí es muy conocido es el enorme esfuerzo que están realizando por desactivar las resoluciones propositivas que ha realizado la mayoría de las Juntas. No hay gobierno en el gobierno. Los actos de Bildu sólo persiguen neutralizar a la oposición.

Cada vez que la mayoría de Juntas habla del Puerto Exterior de Pasaia o de la planta de residuos de Zubieta, el gobierno foral de Bildu descarta al pueblo guipuzcoano. Martin Garitano decía el pasado domingo que la postura de su consejo se debe a una actitud de responsabilidad compartida.

La pregunta inmediata vendría a ser con quién comparte dicha responsabilidad el grupo Bildu y el diputado general. No es compartida, desde luego, con el parlamento representativo de Gipuzkoa. Garitano se excusa conjurando la ruina de territorio. Es como si escuchar a los representantes de la mayoría del pueblo fuera la debacle del sistema. Es el mesianismo totalitario del MLNV, cuya actual expresión concreta es ‘Garitano o el caos’.

Pero, el pueblo de Gipuzkoa tiene herramientas para defenderse. Sería la primera vez en su milenaria historia que las Juntas Generales toleren que un gobierno adopte decisiones arbitrarias sin denunciar el contrafuero.

Cuando el gobierno no gobierna y sólo vigila lo que hace la oposición, ¿se puede gobernar desde la oposición? Yo no lo creo. Gobernar desde la oposición es imposible. Es cierto que las Juntas Generales tienen la capacidad normativa a la que se debe someter el Ejecutivo Foral, pero es a éste al que corresponde decretar y ordenar los criterios para llevar a efecto las normas forales. Por mucho que se quieran elaborar éstas hasta el mínimo detalle, es el ejecutivo el que las ejecuta a su modo. O no las ejecuta asumiendo el riesgo. Sólo con el recurso a esta vía normativa, la acción de ejecutar no puede ser eficazmente controlada desde las Juntas.

Hay otras herramientas que sirven para rectificar la orientación del gobierno que ha roto con la cámara que lo ha nombrado y a la que debe acatamiento. Una es conocidísima. Se trata de la moción de censura que implica el cese del Diputado general y la elección de un nuevo Diputado y un gobierno alternativo. Es sabido que hoy no hay ni ganas ni posibilidades de que los grupos de la oposición de Gipuzkoa vaya a activar esta opción. Por lo tanto, mejor olvidarse de ella.

La otra herramienta es mucho menos conocida. Hay pocos órganos parlamentarios que la tienen. Se trata de la moción de censura individual sobre la gestión de uno de los diputados o diputadas forales. Es una figura establecida por la Norma 6/2005 relativa a la Organización, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa y está presente asimismo en el artículo 176 del Reglamento de las Juntas Generales.

Pongamos un ejemplo concreto. El pasado jueves el diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Alduntzin, anunció que revocaría el acuerdo del Consorcio de Residuos mediante el que se produjo la aprobación del proyecto báscio para la construcción de la planta de incineración de Zubieta. Tildó el acuerdo como muy grave, lo calificó de pedorreta y denunció el afán torpedeador de la mayoría política de Gipuzkoa.

Pues bién, el caso práctico vendría del hecho de que, a instancias de Alduntzin y contra la opinión de la mayoría de Gipuzkoa, el Consorcio revoque el acuerdo de aprobación del proyecto. Si la mayoría de las Juntas Generales de Gipuzkoa viera rechazados todos sus intentos para que Bildu respete la voluntad de esa mayoría, podría activar una moción de censura contra Juan Carlos Alduntzin. De aprobarse esta moción, Martin Garitano estará obligado a cesarlo fulminantemente.

Esta prescripción normativa es la mejor defensa ante esa tentación de gobernar sin parlamento (lo que es decir sin control ni transparencia) en la que Bildu está cayendo continuamente. Es la garantía de que el gobierno foral no cometa contrafueros y que gobernará en una ‘auténtica responsabilidad compartida’ sin menoscabar el poder representativo que reside en las Juntas Generales.

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