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33 años después

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Koldo San Sebastian

En 1978, las fuerzas nacionalistas vascas no aprobaban o rechazaban la Constitución española. Esto hizo que el profesor Juan José Linz afirmase que el sistema constitucional español estaba “escasamente legitimado” en Euskadi. La postura del Partido Nacionalista Vasco quedó reflejada en un volumen publicado por primera vez en 1978 y reeditado veinte años más tarde: “El Partido Nacionalista Vasco ante la Constitución. Historia y alcance de unas negociaciones”. Esto sin olvidar que el nacionalismo vasco fue marginado deliberadamente de la Ponencia constitucional. Al PNV solo le quedaba lo que al mirón en el mus: callarse y dar tabaco.

La aprobación de un régimen de autonomía suponía una segunda oportunidad para sumar al nacionalismo vasco a ese consenso constitucional. Sin embargo, muy  pronto, el PSOE y la derecha española comenzaron un proceso de involución autonomista que tuvo, como episodio más escandaloso, la Ley Orgánica de Armonización de Proceso Autonómico (LOAPA). Aquello representó una quiebra de confianza entre las fuerzas que habían firmado el pacto estatutario (de Gernika). En septiembre de 2011 la ley orgánica 2/1979 (Estatuto de Autonomía) sigue sin cumplirse en partes esenciales. Y no solo el Estatuto. Sigue sin cumplirse lo recogido en la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978, referida a la actualización de los derechos históricos de las territorios forales.

Desde 1979, el autogobierno vasco sufre un proceso de erosión constante a través de leyes orgánicas y de bases, y también de una bien estudiada ralentización en su desarrollo (tan dañino como lo anterior). El nacionalismo en JEL entendió desde el primer día que, en las relaciones con el Estado, lo primordial era el avance en el autogobierno. Así, las transferencias conseguidas en la última legislatura justifican con mucho el apoyo a los presupuestos del PSOE. Aquí sí se invierte la ecuación: hambre hoy, pero pan para mañana.

Y, en esto llegó la crisis, y lo que se había anunciado con “intangible”, se toca y se retoca a más velocidad que los bólidos que corren en Monza. Pero, como en tantas ocasiones, se ha perdido la oportunidad de integrar a la mayoría nacionalista vasca en el consenso constitucional. Solo se pedía que los ciudadanos vascos puedan ser sujeto de todas y cada una de las decisiones que les afectan. Algo que se demuestra esencial en una situación de grave crisis económica. La economía vasca tiene que ser capaz de actuar de forma autónoma en el concierto mundial. Debe ser capaz de vincularse a la Europa “seria” y, sobre todo, a los mercados emergentes de Asia, América y África. Hace unos días, “El Mundo”, nada sospechoso por otro lado, hablaba de las dificultades del Gobierno López para colocar deuda en los mercados debido al lastre de la “marca España”.

Para Ramón Jauregui, “constitucionalizar” el derecho de los vascos a ser sujeto (y no objeto) de todo aquello que les afecta (algo que está en el programa del PNV desde 1949) es “volver a la radicalidad”. Para otros, es puro “electoralismo”. Incluso estos días estamos oyendo hablar de “foralismo radical”. Sin embargo, la reciente modificación de la Carta Magna ha expulsado del consenso constitucional a dos fuerzas que habían participado en su redacción: CiU e IU (entonces, PCE). Se ha conseguido algo increíble: a la cuestión vasca, se suma hoy la radicalización de la cuestión catalana. Y, en esto, han participado, a partes iguales, el PSOE y el PP.

En estos momentos, la recuperación económica y la lucha contra el desempleo constituyen, por lo menos, una emergencia nacional vasca. Hay que comenzar a pensar en una nueva economía mucho más social, pero con muchísima más presencia en el mundo. Y la Constitución no puede ser un obstáculo. Debería ser una autopista ancha por la que se pudiese discurrir sin problemas. Economías pequeñas como las vascas con niveles de desempleo casi en la media europea, endeudamientos (aunque creciendo exageradamente) todavía asumibles con un nivel aceptable de autonomía fiscal (gracias al Concierto y al Convenio) deberían mirar con esperanza al futuro. Sin embargo, en materia económica, Bildu no sabe-no contesta. Desde el otro lado, todo pasa por subir impuestos. Nadie dice que, con más gente trabajando, más gente cotizando y, por supuesto, pagando impuestos, los servicios serían siempre más sostenibles. Por otro lado, en este proceso, cuando se han empleado ingentes recursos públicos en la banca privada, tendría más sentido que nunca la puesta en marcha de un Banco Público Vasco.

Vuelvo al comienzo. En el prólogo de la segunda edición se dice: “La decisión del Partido Nacionalista Vasco de abstenerse en el referéndum constitucional, decisión largamente meditada y serenamente adoptada, fue, en gran medida, una consecuencia de la incomprensión y de la falta de perspectiva histórica mostrada hacia la cuestión vasca en el transcurso de los debates constitucionales”. Y en esto seguimos 33 años después.

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