En defensa de la raíz local del federalismo original vasco (2)

Iñigo Lizari

Todos conocen la existencia y arraigo histórico de las haciendas forales. Pocos saben, sin embargo que las haciendas municipales vascas precedieron a las haciendas forales. Del mismo todos los que no son nacionalistas españoles acérrimos reconocen y asumen la visión de los territorios históricos como autenticas repúblicas que lo fueron para sus ciudadanos, en donde disfrutaban de una igualdad de derechos garantizada por la hidalguía universal. Sin embargo ni tan siquiera los nacionalistas vascos más acérrimos asumen que esta visión republicana no se circunscribía al territorio histórico o señorío, sino que la misma venía referida respecto a cada ciudad o población o circunscripción local. Hoy queremos reivindicar precisamente la necesidad de retomar de nuevo esta visión republicana del municipio vasco.

En los territorios históricos que hoy integran la comunidad foral que hoy por hoy es Euskadi, hasta el siglo XVII no existió ninguna fiscalidad provincial propiamente dicha. Hasta entonces, las Diputaciones obtenían los ingresos que necesitaban mediante derramas entre los municipios y eran estos quienes establecían los impuestos que consideraban oportunos para hacer frente a su parte. Las Juntas provinciales o gobiernos de cada territorio, no pudieron establecer impuestos provinciales hasta 1629 que se les dio ese derecho desde la corona española, fue entonces cuando se empezaron a configurar las Haciendas Provinciales de Bizkaia y Gipuzkoa –la de Araba lo hará ya en el siglo XVIII-, es por tanto con el rey de la familia de los austrias Felipe IV cuando aparecen las Haciendas Forales en  los Territorios históricos integrados hoy en la CAV (para más información recomiendo leer el artículo “El origen del concierto economico” de Aitzol Altuna).

El inicio de la  visión republicana de los Territorios Históricos arranca para algunos con Andrés de Poza, más conocido como Licenciado Poza, allá por el siglo XVI. Lo cierto es que para el Siglo XVIII está visión republicana está plenamente arraiga en la población, y esto es a fin de cuentas lo que sirve. La defensa del principio de autodeterminación frente al historicismo consiste en esto, y afirmar la validez de autoconferirse un status en virtud de la concepción que de si misma adquiera una sociedad en un momento histórico dado, pudiendo proceder en virtud de la misma a dar un giro a su devenir hasta entonces. Esta impregnación de esta nueva concepción de si mismo suele tener un valor de refundación para una sociedad. Y lo mismo puede aplicarse respecto a cualquier un grupo social y a cualquier persona individual. Pues bien, al respecto, durante el Siglo XVIII tal vez la mención más significada sea la que sobre Bizkaia realiza John Adams, segundo Presidente de la historia de los Estados Unidos y uno de los personajes más destacables en la formación de su Constitución en la que se nos dice esto:

Una Defensa de Las Constituciones de los Estados Unidos de América (Obra De Derecho Constitucional Comparado (Londres 1787) Carta-IV. VIZCAYA

Es una república; y uno de los privilegios en el que han insistido mas, es en no tener un rey: otra era, que cualquier nuevo señor (lord), en su senda, debería venir al país en persona, y poniéndose con una pierna de rodillas, y prometer bajo un roble (el árbol de Gernika) preservar los privilegios del reinado.

[…]La capital es Bilbao. – El todo es una colección montañosa muy alta y muy escarpada, escabrosa y pedregosa a tal nivel, que una compañía de hombres apostados en cada una podría defenderse a ellos mismo mientras pueda subsistir, haciendo rodar rocas a los enemigos. Esta formación natural del país, que ha dejado la marcha de ejércitos impracticable, y el espíritu atrevido de los habitantes, ha preservado su libertad.

…Aunque llamen al gobierno democracia, no podemos encontrar aquí toda la autoridad centralizada; hay, al contrario, tantos gobiernos distintos como hay ciudades y merindades. El gobierno general tiene dos órdenes al menos; el señor o gobernador, y un parlamento bienal. Cada una de las trece divisiones subordinadas tiene su gobierno organizado, con su magistrado principal a la cabeza de ello. Podemos juzgar de la forma de todos ellos por la de la metrópoli, que se llama, en todas sus leyes, la república noble e ilustre de Bilbao. Esta ciudad tiene su alcalde, que es tanto gobernador como presidente del tribunal, sus doce regidores o consejeros, fiscal general, y compañía y todos estos, reunidos en el palacio consistorial bajo los títulos de consejo, justicia, y regimiento, las leyes son hechas en nombre del señor de Vizcaya, y confirmadas por él.

Estas simples observaciones nos deben de servir para demostrar como dicha concepción republicana estaba asentada tanto sobre el territorio como sobre las ciudades, villas e anteiglesias, y conjunto de poblaciones que formaban una merindad, Asistimos pues a la constatación de cómo la realidad política de Bizkaia a finales del Siglo XVIII es percibida como una república que agrupa en su seno a otras republicas de ámbito menor o de simple ámbito municipal que confluyen en la misma y de cuyos representantes en la junta General emana el Gobierno General.

A la vista de ello, queremos señalar hoy que tan importante como recuperar el principio de subsidiariedad en todas sus derivaciones para nuestra arquitectura política, lo es también recuperar esta idea republicana de la realidad local que implica una universalidad. (Por cierto en Gipuzkoa, lo que en un momento histórico en Bizkaia se llamaron repúblicas locales, en Gipuzkoa se les conocía por Universidades, que es también un nombre muy interesante) La autonomía local de nuestros municipios democráticos vascos no puede tener mejor coronación y asentamiento que la recuperación de esta visión republicana que permite entender que de un municipio se pueden esperar todos los servicios, a la vez que todos esos servicio se esperan para todos, siendo además que entre todos se decide su alcance y los gastos que se habrán que soportar para los mismos.

Es por ello que dichos municipios deberán tener una dimensión eficiente para lo cual que será necesario reducir el número de los actualmente existentes. Sin embargo esta asociación por mancomunión que debe de servir de base a estos nuevos municipios redimensionados, deberá de hacerse voluntariamente sin imposición de socios. Y en cualquier caso está unión  por mancomunión se deberá de hacer sin perjuicio de su autogobierno en aquello que pueda ser gobernado desde una entidad local menor. Mal servicio haríamos a la democracia, si con la excusa de una mayor eficiencia concentráramos todas decisiones que  competen a una localidad en un centro alejado de la mismas, cuando algunas de estas decisiones puede realzarse mucho mas eficazmente desde la cercanía. La reducción del número de municipios vasco debe de producirse en paralelo al incremento del número de entes locales menores, así como del reconocimiento del debido protagonismo que a futuro debe de corresponder a estos entes en aspectos relacionados con el mantenimiento de calles, la disciplina urbanística y  la gestión del suelo urbano o con la vida cultural y social de proximidad.

Es por ello que los municipios deberán tener un nivel de ingresos que hoy no tienen y que sí lo tuvieron antaño. Hoy en día, mientras con relación a los servicios que por exigencias de los ciudadanos han ido asumiendo los Ayuntamientos cada vez en mayor medida, vemos que como efectivamente entra en juego el principio de subsidiariedad, por el contrario en materia tributaria con respecto a los ayuntamientos juega una especie de principio de residualidad, pues se le dejan los impuestos menos importantes y más residuales. Es decir, y por poner un ejemplo gráfico, mientras que con relación las funciones que desempañan los municipios con respecto a otras administraciones vemos a las claras una pirámide en toda regla en donde el nivel más ancho corresponde a su vez a la administración más de base, por el contrario cuando observamos a los municipios en relación a los ingresos tributarios de los que disponen para esas funciones respecto a otras administraciones, nos encontramos con una pirámide invertida donde el nivel más estrecho de recaudación corresponde a la administración más de base. Es obvio que esta paradoja resulta social y económicamente insostenible y que ha de abordarse su solución.

Son los municipios las administraciones que, junto con las asociaciones locales de la propia sociedad civil, mejor se encargan de integrar a los cada vez más emigrantes que, por su propia necesidad y por la nuestra de ellos, se van a ir asentando en nuestra comunidad. A su vez es el ámbito municipal el ámbito respecto al cual el inmigrante se va identificar en primer lugar. No olvidemos nunca que un inmigrante que recale en Bilbao o Erandio se hará antes Erandiotarra que Vasco, y si queremos que llegue a sentirse también parte de los vascos deberemos de empezar por cuidar que se encuentra bien integrado y bien asistido en su respectivo municipio en donde se haya asentado. Que mejor forma de integrarse que el poder  participar de un Municipio integral en donde se le prestan todos o casi todos los servicios que pueda necesitar. Que mejor de integrarse que el poder participar no solo pasivamente de los servicios que su Municipio ofrece, sino activamente en todos los ámbitos posibles incluido el político, el cual hoy en día está vetado a todos los extracomunitarios. Que mejor forma puede tener el nacionalismo vasco para volver a crecer que hacer nuestra esta reivindicación para ellos. Que mejor forma podemos tener los vascos de caminar a una sociedad más integrada, si todos sentimos el municipio vasco en donde residimos y trabajamos como nuestra auténtica primera república.