El autogobierno vasco desde el prisma del Lehendakari Ardanza (3): La Ruptura

Ion Gaztañaga

Decíamos en el anterior capítulo que a finales de los 90 comenzó una etapa de fuerte enfrentamiento entre el nacionalismo y el españolismo, dando fin al “proceso de reencuentro”, al consenso estatutario y a la unión en la normalización y la pacificación que el Lehendakari analiza de la siguiente manera:

¿Qué (…) ha ocurrido para que ese proceso (…) se haya visto interrumpido (…)? La respuesta no es sencilla (…) Repasemos, en primer lugar, lo que ha ocurrido con el Estatuto, cuyo pleno y leal desarrollo era, como decíamos, la condición necesaria para la normalización. (…) La cuestión, sin embargo, no gira en torno a la cantidad de autogobierno que Euskadi disfruta gracias al Estatuto. La auténtica pregunta a responder es si esa cantidad, por abultada que sea -y lo es- , se corresponde con la que debería haber sido, sólo si la Constitución y el Estatuto se hubieran desarrollado «plena y lealmente…de acuerdo con los principios que lo(s) inspiraron y respetando su singularidad». A esta cuestión (…) debo responder, con toda franqueza, que no. No es esto lo que habíamos esperado ni de la Constitución ni del Estatuto. (…)No voy a hacer un relato pormenorizado de agravios. Me limitaré a los que yo considero defectos estructurales (…) los que han creado en el nacionalismo vasco un profundo sentimiento de frustración.

En el primer año de autogobierno, por la urgencia compartida entre el poder central y el autonómico de dotar al País Vasco de competencias, se produjo un rápido desarrollo del Estatuto. (…) En los años 1981-1982, sin embargo, (…) se produce ya (…) una clara involución en lo que se refiere al desarrollo del proceso autonómico. Sea por efecto de las inquietudes (…) a raíz del fallido golpe (…), sea por el temor al eventual desorden institucional que podría provocar una descentralización autonómica no bien pensada (…) los dos grandes partidos de ámbito estatal -la UCD desde el gobierno y el PSOE desde la oposición- pactan (…) y aprueban, en contra de la opinión de muchos expertos, la (…) LOAPA. (…) El Tribunal Constitucional se vio obligado a frenarla. La Ley fue declarada inconstitucional en sus artículos más sustanciales.

Muerta, sin embargo, la letra, sobrevivió el espíritu. (…) Se multiplican leyes de bases claramente abusivas, que embridan el ejercicio de competencias ya transferidas. Se paralizan transferencias que, aun estando previstas en el Estatuto, no encajan con el diseño arbitrariamente pactado para el Estado. Se procede a nivelar las competencias de todas las Comunidades de acuerdo con un criterio paraconstitucional de homogeneización. Se adopta tácitamente el principio de que todo lo que no es declarado abiertamente inconstitucional es lo único constitucional posible, reduciendo, de este modo, el margen de maniobra de la Constitución y cercenando cualquier interpretación alternativa. El propio Tribunal Constitucional, enfrentado a cuestiones (…) como la de la actualización de los derechos históricos, opta por sentar la doctrina más restrictiva, aherrojando en la más despreciable marginalidad cualquier lectura discrepante (sentencias de 1988 y 1993).

Por tanto, la primera (y en mi opinión, más importante) razón del desencuentro es lo que en los escritos políticos de Anton de Irala se denomina como el “espíritu del 23F”, fallido golpe militar que triunfa en lo político, con un frenazo competencial y una ley apisonadora, la LOAPA. A pesar del fracaso (es declarada inconstitucional en sus principales artículos) de esta ley triunfa la visión reduccionista y jacobina en las instancias del Estado. Es sólo cuestión de tiempo que las sucesivas leyes básicas invadan competencias y que las interpretaciones del Tribunal Constitucional vayan dando forma restringida a las disposiciones y leyes interpretables. Es el proceso para “embridar” al nacionalismo, que no ha “acabado con la violencia” y por tanto, no merece pago estatutario alguno:

En este ambiente doctrinal, tanto la Disposición Adicional Primera de la Constitución como la Unica del Estatuto, que habían sido decisivas para evitar, en el primer caso, el voto negativo y alcanzar, en el segundo, el aprobatorio del nacionalismo vasco (…), se ven reducidas, en la práctica, a meras declaraciones retóricas (…). La singularidad de la autonomía vasca, que habría podido consistir en el reconocimiento de «un modo peculiar de estar Euskadi -como sujeto político diferenciado- en el Estado», se reduciría ahora, sólo y exclusivamente, al Concierto Económico y a los aspectos lingüisticos, asuntos ambos que también se ven cuestionados con frecuencia. La idea que el nacionalismo -y no sólo el nacionalismo- se había hecho, fundadamente, de lo que, en virtud de la Constitución, iba a ser el Estado y la inserción de Euskadi en él se difumina (…). E incluso quienes en su día compartieron y fomentaron esa interpretación abierta (…) atribuyen hoy la decepción nacionalista a su tópico victimismo irredento.

(…) la negociación de las transferencias adquiere tintes abiertamente mercantiles. Las competencias no se transfieren porque así lo dispone el Estatuto, sino que se negocian (…) cuando razones de política coyuntural lo aconsejan. (…) La competencia de Universidades se transfiere cuando y porque se firma, en 1985, el Pacto de Legislatura para el Parlamento vasco entre nacionalistas y socialistas; (…) en 1987, con el INSALUD y el INSERSO con ocasión de la primera coalición gubernamental (…); o con las sucesivas liquidaciones del Cupo y la incorporación del IVA al Concierto Económico (…) la historia vuelve a repetirse con la renovación del Concierto Económico, cuando se pacta entre populares y nacionalistas el apoyo (…) a la investidura del Presidente Aznar en 1996. Poco importa (…) que el Parlamento vasco, con el voto de nacionalistas y no nacionalistas, definiera en 1995 la lista de materias que quedaban por transferir (…).

Incluso los acuerdos de transferencias caen en saco roto y este bloqueo sin fin comienza a reforzar alternativas al Estatuto. Un bloqueo que hace que en el equilibrio interno del PNV avancen las posiciones que optan por dar por amortizado el acuerdo estatutario, y que proponen la alternativa que ya venía fraguándose con anterioridad, una negociación con ETA que daría como fruto Lizarra. El Lehendakari describe así:

(…) Comienzan así a oírse voces (…) que hablan del agotamiento de la solución estatutaria, de la necesidad de superarla y de la búsqueda de otras alternativas de normalización. El sector pactista del nacionalismo empieza a sentirse también frustrado y, además, desarmado de argumentos ante tales posiciones.

Desde el lado de los constitucionalistas, la frustración del nacionalismo vasco (…) sería atribuible a su propia naturaleza insaciablemente reivindicativa (…). No se toman (…) en consideración (…) las denuncias (…) en torno a las deslealtades (…) con el Estatuto ni (…) los repetidos avisos que envía sobre las negativas consecuencias que tal proceder puede llegar a acarrear. Yo podría aceptar (…)que ciertas manifestaciones del nacionalismo (…) hayan podido dar pie a algunas de estas reticencias del constitucionalismo.

También entra el juego el factor violente, que incide en la “normalización” de Ajuria Enea, es decir, en el desarrollo estatutario y sus potenciales modificaciones y ampliaciones:

En paralelo, la misma crisis que afecta al proceso de normalización incide también en el de pacificación. En Euskadi, la violencia de ETA y la disidencia radical de quienes la apoyan ejercen un efecto distorsionador sobre toda la política. (…) Así, el Acuerdo de Ajuria-Enea comienza también a fragmentarse por el lado de la pacificación.

Ya fue un golpe notable a la confianza (…) la quiebra del Estado de Derecho (…). La sospecha de que altas instancias gubernamentales se encontraban tras (…) los GAL fue convirtiéndose en certeza en los procedimientos judiciales. (…) La ilegitimidad misma de los hechos y su utilización partidaria comenzaron a fraguar la crisis definitiva del Acuerdo de Ajuria-Enea. La confianza entre los partidos, base del acuerdo, había quebrado.

Además, en el Congreso (…)de 1993, el PP había aprobado una ponencia antiterrorista (…) contradictorias con el Acuerdo de Ajuria Enea: la del cumplimiento íntegro de las penas, es decir, el no a la reinserción, y el rechazo de cualquier final dialogado. (…) Como consecuencia, (…) el nacionalismo comienza a sentirse legitimado para (…) nuevas iniciativas. En febrero de 1997 así lo anuncia públicamente el PNV.

Conviene recordar, a este respecto, que (…) había comenzado a conocerse el proceso (…) para alcanzar la paz en el Ulster. Asimismo, israelíes y palestinos habían iniciado (…) sus conversaciones de Oslo. (…) la pretensión del nacionalismo vasco de aplicar en Euskadi modelos foráneos provoca un rechazo total por parte de los partidos de ámbito estatal y, muy particularmente, por parte del PP, con el que (…) el PNV mantenía (…) un pacto parlamentario (…).

(…) Como último intento de evitar el total desmantelamiento del Acuerdo de Ajuria-Enea, presento yo, en enero de 1998, el documento que ha venido en llamarse Plan Ardanza. Su objetivo no era tanto diseñar un plan de paz cuanto recuperar el consenso de los partidos democráticos en torno al asunto que más los dividía: el final dialogado de la violencia contemplado en el punto 10 del Acuerdo. Pero, para entonces, las cosas habían ido demasiado lejos. (…) El PP se niega, no ya a aceptar el documento (…), sino incluso a tomarlo en consideración para su debate. El PSOE, que considera el documento positivo y válido como único punto de partida (…), se ve obligado (…) por razones llamadas de Estado, a secundar, en el último momento, la postura popular aun en contra de su propio criterio. El nacionalismo declara que, ante tal situación, seguiría su propio camino hacia la pacificación. (…) A partir de entonces, los caminos se bifurcan irremisiblemente.

Roto el pacto de Ajuria Enea, la bifurcación comienza con un nacionalismo español decidido a acabar con lo que cree es la raíz de la violencia y un nacionalismo que se dispone a ensayar una acumulación de fuerzas como alternativa al estatuto:

El nacionalismo democrático decide (…) la negociación con el abertzalismo radical (…). Era un intento sincero de paz. (…) ETA declaraba un alto el fuego unilateral e indefinido. Para conseguirlo, el nacionalismo, apartándose de lo establecido en el Acuerdo de Ajuria-Enea (…) había vuelto a un diagnóstico de la violencia etarra en términos de «expresión de un conflicto político irresuelto», en vez de tratarla como «la manifestación más dramática de la intolerancia antidemocrática». (…) ETA y HB se encargaron de explicitarlo: no era aquello un proceso de paz -dijeron-, sino de construcción nacional. De este modo, el alto el fuego, que podía haber iniciado un período de diálogo y distensión, inauguró otro de profunda confrontación entre nacionalistas y constitucionalistas (…).

Roto el alto el fuego (…) el desencuentro (…) parece, de momento, consumado. Las posturas han vuelto a situarse donde se encontraban antes del Acuerdo de Ajuria-Enea (…) Prueba de ello es que quienes más dicen defenderlo todavía, en vez de optar por ratificarlo, han decidido firmar otro pacto, que se aleja bastante de los contenidos del de Ajuria-Enea. (…)

El intento de paz en la bifurcación no triunfó y el desencuentro lleva ya a las fuerzas fácticas españolas al intento de desalojo del nacionalismo relacionándolo una y otra vez con la violencia, con todos las capacidades mediáticas convenientemente dirigidas y con un pacto antiterrorista que habla más del castigo al PNV que de la propia violencia.

Llegados a este momento el Lehendakari se pregunta si esa situación (recordemos que la conferencia es del 2001, antes de las famosas elecciones) tiene solución. Su opinión al respecto la veremos en el último capítulo de esta serie