Seguridad, Autogobierno Y Dignidad Humana (I): La Ertzaintza no nació del franquismo

Pello Sasian

Aitzol Osa Ibaibarriaga, jefe de la Policía Municipal de Ondarroa, publicó en Argia un artículo titulado «Has gaitezen errepublika txikietatik» («Empecemos por las pequeñas repúblicas»), en el que plantea una transformación profunda del modelo policial de Euskal Herria.

Algunas de sus preocupaciones merecen atención: la necesidad de fortalecer la prevención, atender las causas sociales de la inseguridad, evitar comportamientos corporativos y garantizar el control democrático de los cuerpos policiales. Son cuestiones que también hemos defendido desde una concepción comunitaria de la seguridad.

Pero hay una afirmación que exige una respuesta clara: «El modelo policial de Hego Euskal Herria procede del franquismo tardío».

Esa interpretación no puede aplicarse a la Ertzaintza sin ignorar su origen histórico y el significado político de la restauración democrática del autogobierno vasco.

La Ertzaintza actual tiene su antecedente institucional en la Ertzaña creada en 1936 por el primer Gobierno Vasco, presidido por José Antonio Agirre. Su origen no se encuentra, por tanto, en el franquismo, sino en unas instituciones democráticas nacidas de la voluntad de la sociedad vasca y que la dictadura terminó destruyendo.

La derrota militar acabó con la existencia efectiva de aquella policía, pero no extinguió la legitimidad política del Gobierno Vasco. Agirre mantuvo su continuidad desde el exilio y, tras su muerte, lo hizo Jesús María Leizaola. Durante décadas, cuando la dictadura había suprimido nuestras instituciones, el Gobierno Vasco en el exilio mantuvo viva la legitimidad histórica del autogobierno.

Por eso, la recuperación de las instituciones vascas después del franquismo no puede entenderse simplemente como una concesión administrativa del Estado. El Estatuto de Gernika de 1979 proporcionó su nuevo fundamento jurídico y democrático, pero aquella restauración también enlazaba con una continuidad histórica y política que había sobrevivido a la guerra y al exilio. El regreso de Leizaola y el relevo institucional simbolizado por Carlos Garaikoetxea expresaron esa voluntad de continuidad.

La Ertzaintza formó parte de ese proceso. El Estatuto de Gernika reconoció la competencia de las instituciones vascas para disponer de una policía propia, cuya puesta en marcha comenzó en los primeros años ochenta. No se trataba de dar continuidad a una institución policial franquista, sino de restablecer, bajo nuevas condiciones democráticas, una institución que tenía su antecedente histórico en el Gobierno Vasco de 1936.

Hay, además, un segundo elemento que no deberíamos olvidar. La recuperación de una policía propia respondía también a una experiencia histórica muy concreta: la identificación de las fuerzas de seguridad de la dictadura con la represión franquista.

El rechazo que una parte importante de la sociedad vasca manifestaba hacia aquellos cuerpos no se explicaba únicamente por su carácter estatal, sino también por su vinculación con un régimen que había perseguido las libertades democráticas y reprimido las aspiraciones de autogobierno.

La creación de una policía dependiente de las instituciones democráticas vascas adquiría, por ello, un significado especial. No era simplemente sustituir unos uniformes por otros. Era recuperar una institución propia y situarla bajo la autoridad de un Gobierno Vasco democráticamente legitimado.

Tampoco podemos olvidar las circunstancias en que se produjo aquella recuperación. Mientras se reconstruían las instituciones democráticas vascas, ETA mantenía su estrategia armada y una parte de la izquierda abertzale rechazaba el nuevo marco institucional. La propia Ertzaintza acabaría sufriendo aquella violencia, con agentes asesinados y amenazados por ejercer sus responsabilidades.

Aquí aparece una cuestión que merece una reflexión específica. Si se presenta a la Ertzaintza como una institución de base franquista, se corre el riesgo de desdibujar la diferencia entre las fuerzas policiales de la dictadura y una policía reconstruida bajo instituciones democráticas vascas. Más allá de la deslegitimación del origen de la Ertzaintza, esa imputación parece buscar también una justificación de la violencia que ETA ejerció contra sus agentes.

Reconocer el origen democrático de la Ertzaintza no significa justificar todas sus actuaciones ni negar los errores que haya podido cometer. Significa que la crítica a su funcionamiento debe partir de su verdadera trayectoria institucional.

La Ertzaintza, como el Gobierno Vasco, el Parlamento y las instituciones forales, forma parte de un patrimonio institucional de toda la sociedad vasca. Debe estar sometida a la dirección democrática de los poderes públicos, pero esa subordinación es institucional y legal, nunca ideológica. Su obligación es proteger a todos los ciudadanos, independientemente de quién gobierne.

Podemos y debemos exigir profesionalidad, proporcionalidad, transparencia y responsabilidades ante actuaciones policiales que vulneren derechos. También debemos revisar la formación, la organización, los procedimientos y los mecanismos de control, reforzando la proximidad a la ciudadanía y la colaboración con los servicios sociales.

La legitimidad histórica no exime a ninguna institución de rendir cuentas. Pero la necesidad de reformarla tampoco justifica deslegitimar su origen.

Una sociedad no se construye permanentemente desde cero. Las instituciones democráticas son el resultado de esfuerzos acumulados, de experiencias históricas y de responsabilidades compartidas. Su continuidad no impide transformarlas; exige reconocer que ninguna mayoría puede apropiarse de ellas como si fueran su patrimonio particular.

La Ertzaintza no es la única ni necesariamente la máxima expresión del autogobierno vasco. La educación, la sanidad, la cultura, la protección social y nuestras instituciones representativas son igualmente fundamentales. Pero tampoco podemos minimizar lo que significó recuperar una policía propia, vinculada a unas instituciones democráticas vascas y responsable ante ellas.

La Ertzaintza no nació del franquismo. Su recuperación fue parte de la restauración democrática del autogobierno vasco, cuya legitimidad histórica enlaza con el Gobierno de Agirre y su continuidad en el exilio.

La Ertzaintza, como todas nuestras instituciones, debe mejorar, corregir sus errores y responder ante la ciudadanía. Pero una cosa es exigirle que esté a la altura de sus responsabilidades y otra muy distinta deslegitimar su origen. No hemos recuperado el autogobierno para renegar de las instituciones que tanto costó conquistar, sino para fortalecerlas y ponerlas al servicio de todos. Porque un pueblo que desconoce el valor de sus propias conquistas difícilmente podrá avanzar hacia otras nuevas.

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