Pello Sasiain
Serie: Genealogía Ética Vasca
Hablar hoy de arraigo empresarial en Euskadi no es abrir un debate técnico ni estrictamente económico. Es reabrir una pregunta ética de largo recorrido: cómo una comunidad decide cuidar aquello que sostiene su continuidad material, social y cultural. En este sentido, el debate actual solo puede entenderse si se inscribe en el pensamiento vasco y en su genealogía ética, es decir, en el modo históricamente propio de traducir valores colectivos en instituciones vivas.
El pensamiento vasco no se ha construido a partir de grandes sistemas teóricos, sino desde prácticas sociales concretas. Entre ellas, el auzolana ocupa un lugar fundante. No fue únicamente cooperación vecinal ni ayuda puntual, sino una auténtica gramática moral: la convicción de que lo estructural para la vida común no puede quedar abandonado a decisiones externas ni a lógicas ajenas al bien colectivo. El auzolana afirmaba algo esencial: la comunidad se hace responsable de su propia reproducción.
Con la industrialización, esta lógica no desapareció. Se transformó. La empresa pasó a ocupar el lugar estructural que antes habían tenido otras formas de organización comunitaria. En Euskadi, esa traducción encontró una de sus expresiones más coherentes y fecundas en el movimiento cooperativo, impulsado por José María Arizmendiarrieta. Lejos de ser una excepción ideológica o un experimento marginal, el cooperativismo fue una respuesta práctica y moderna a la pregunta de cómo industrializar sin romper el vínculo entre trabajo, empresa y comunidad.
Arizmendiarrieta entendió que la empresa no podía reducirse a un instrumento de acumulación, sino que debía ser concebida como institución social. En su propuesta, el trabajo era fuente de dignidad, la educación condición de libertad, y la participación de las personas trabajadoras —en la propiedad, en la gobernanza y en la vida cotidiana de la empresa— el verdadero anclaje del arraigo. El cooperativismo vasco demostró que era posible competir en mercados exigentes sin renunciar a la corresponsabilidad, al compromiso territorial y al horizonte de largo plazo.
Desde esta genealogía ética vasca, la empresa nunca fue un mero activo económico. Fue el lugar donde el auzolana se hizo organización productiva y donde la participación dejó de ser un ideal abstracto para convertirse en práctica de gizabidea. Participar significaba corresponsabilizarse del proyecto común, del empleo propio y ajeno, y del impacto de la empresa en su entorno. Por eso, allí donde hubo participación real, hubo también mayor estabilidad, menor deslocalización y un arraigo más profundo.
Esta tradición permite entender que el arraigo empresarial no se define por la procedencia formal del capital, sino por quién decide, desde dónde y con qué horizonte. Una empresa arraigada es aquella en la que las decisiones estratégicas no se toman al margen del territorio, en la que el trabajo no es una variable de ajuste, y en la que la continuidad pesa más que la rentabilidad inmediata.
Leída desde aquí, la actual orientación hacia una mayor implicación pública en empresas estratégicas —impulsada por el Gobierno Vasco bajo el liderazgo de Imanol Pradales— no constituye una ruptura con el modelo vasco, sino una reinterpretación contemporánea del pensamiento vasco ante un contexto radicalmente distinto: globalización financiera, concentración del capital y alejamiento de los centros de decisión. Allí donde el mercado global tiende a disolver los vínculos entre empresa, trabajo y territorio, la intervención pública puede actuar como mediación ética, no como sustitución.
La participación pública en el capital, entendida desde esta clave, no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para proteger espacios de participación, para sostener horizontes largos y para evitar que la empresa se vacíe de su dimensión social. Sin estabilidad accionarial y sin visión de continuidad, la participación corre el riesgo de convertirse en retórica; con ellas, vuelve a ser práctica viva de gizabidea.
Las discrepancias institucionales que afloran en torno a decisiones concretas no invalidan este marco. El pensamiento vasco ha convivido históricamente con la pluralidad de enfoques y ritmos, siempre que existiera un horizonte compartido. La genealogía ética no exige unanimidad, pero sí algo irrenunciable: responsabilidad narrativa. Cuando una institución decide no participar en una operación estratégica, la tradición del auzolana exige explicar desde qué valores se actúa, cómo se cuida entonces lo común y cómo se contribuye al arraigo desde otros caminos.
En última instancia, el debate actual no es solo económico ni coyuntural. Es una pregunta central del pensamiento vasco contemporáneo: si queremos seguir siendo una sociedad capaz de traducir el auzolana en empresa, la empresa en participación, y la participación en arraigo y continuidad, o si aceptamos que esa cadena se debilite bajo la presión de lógicas ajenas.
Desde la genealogía ética vasca, la respuesta nunca fue la nostalgia ni el repliegue. Fue siempre la reinterpretación responsable. Y esa tarea —pensar, explicar y actualizar nuestras propias tradiciones— es, hoy, más necesaria que nunca.
