Iturri zaharretik, ur berria, tradición y renovación en el nacionalismo vasco (3)

Patxi Agirre

El nacionalismo vasco se separaba gradualmente del social catolicismo de corte paternalista, orientándose hacia los postulados del filósofo francés Jacques Maritain quien en su obra Los Derechos del Hombre afirmó que la concepción del paternalismo “ tiende a tratar al obrero como a un menor y se opone a la conciencia de la dignidad social y de los derechos de la persona obrera”.

Eran etapas de un trayecto de apertura del Partido hacia nuevos sectores laicos, de rumbo democristiano progresista, de desarrollo del concepto de Pueblo en renacimiento y de viraje hacia el centro-izquierda político.

Un viraje que vivió un momento decisivo el 12 de junio de 1934 cuando los diputados del PNV abandonaron las Cortes en solidaridad con la posición de los nacionalistas catalanes de Esquerra Republicana (ERC) que protestaron por la decisión del Tribunal de Garantías Constitucionales de suprimir la Ley de Contratos de Cultivos (que, en realidad, era una reforma agraria) aprobada en el parlament. En tal decisión, “gesto de solidaridad nacionalista y de simpatía ideológica hacia el avance social significado en aquella ley”, no hay duda de que influyó asimismo la escasa receptividad encontrada en las derechas gobernantes para conceder el régimen autonómico vasco y así, protagonistas del momento como Santiago Carrillo, expusieron que aquella decisión fue, por parte de Aguirre, “un gesto hacia la izquierda en un momento en el que el PNV, poco a poco, rompe con la crisálida clerical”.

La tarea de los diputados jeltzales del momento, más allá de su lucha por materializar un proyecto autonómico para todo Hegoalde, se centró en la atención a sectores sociales desfavorecidos (derecho de los baserritarras a acceder a la propiedad de las tierras, creación de cooperativas agrícolas y cajas de ahorro, oposición a los desahucios campesinos etc.).

En esta misma línea de favorecer a los más necesitados y eliminar formas de explotación humana, presentaron propuestas legislativas en Cortes para garantizar un salario familiar digno y fomentar la participación de los obreros en los beneficios de las empresas, planteamiento este cuyos orígenes pueden remontarse a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino cuando exponían que el propietario tiene el poder de la justa distribución de los beneficios reportados.

Esta fórmula de solidaridad y reparto de beneficios había sido ya aplicada por nacionalistas como Ramón de la Sota Llano en su empresa Astilleros Euskalduna quien en el periodo 1916-1917 (I Guerra Mundial), en contra del criterio de la burguesía española recién enriquecida, ofreció a sus trabajadores “un reparto de cinco pesetas a cada uno de ellos” y un aumento salarial que llegaría al 40%; también por José Antonio Agirre en su negocio chocolatero, Chocolates Bilbaínos, Chobil, desarrollando en 1932 un nuevo reglamento sobre las bases del trabajo, firmado conjuntamente por empresa y trabajadores y que establecía reformas como la asistencia médica gratuita, seguros por accidentes, enfermedad y jubilación, dos meses de baja por maternidad con sueldo íntegro, descansos para la lactancia, vacaciones remuneradas y viviendas sociales, así como un salario familiar y destinar beneficios para causas solidarias sociales.

La Proposición de Ley partía del argumento de la necesaria armonía entre los elementos de la producción y que ésta se asiente sobre bases de justicia y acción claras. Por ello, se exponía que “las riquezas incesantemente aumentadas por el incremento económico-social deben distribuirse entre las personas y clases de manera que no padezca el bien común de toda la sociedad”.

Estas iniciativas suponían la plasmación práctica de una ideología formulada en términos de “tercera vía entre el liberalismo capitalista más egoísta y el socialismo estatista”.

Aunque en 1934 el PNV seguía sin contar con un programa socioeconómico específico ya que el Congreso Extraordinario que iba a tratar dicho asunto quedo finalmente suspendido dada la convulsa situación política, el diario “Euzkadi” del 16 de junio de aquel año, ya adelantaba los postulados que se iban a presentar en aquella cita: inembargabilidad de los caseríos, modernización de las tareas agrícolas, establecimiento de mutualidades y asociaciones de reaseguro “para casos de vejez, invalidez o fallecimiento”, creación de cooperativas de consumo arrantzales, protección económica y social de las mujeres trabajadoras, cogestión patronal-obrera, impulso del cooperativismo en todos los ámbitos económicos, fomento de las llamadas “casas baratas”, apoyo a familias numerosas etc. En el diario “Euzkadi” de la época, órgano de prensa del PNV, se trataban temas como el valor cristiano de la democracia, el concepto de la “revolución cristiana” y la desaparición del proletariado a través de su acceso a la propiedad.

Una formulación plenamente humanista que apostaba por crear un nuevo orden socioeconómico en el que despuntaba una concepción integral de la defensa de los derechos humanos.

Una defensa que llevó a este Partido a otorgar, desde los primeros compases de la Guerra Civil, máxima prioridad a la defensa del orden “amenazado por los rojos”, una defensa que incluyó que el GBB realizase el 1 de agosto de 1936 un llamamiento a su militancia para que se alistara en la Guardia Cívica que el PNV había creado en Donosti para salvaguardar bienes y edificios y que en vísperas de la caída de la capital guipuzcoana en manos fascistas en septiembre de 1936. Andrés Irujo quedó “con cien gudaris para mantener el orden, evitando saqueos, incendios o agresiones, hasta que los militares (sublevados) entraron en el casco de la ciudad”. Le acompañaban en aquella tarea el Diputado a Cortes José María Lasarte, el jefe de Mendigoizale Batza Jesús de Luisa Esnaola “y miembros de las Milicias Vascas enviadas por el capitán Cándido Saseta”.

Pero más allá del concepto de mantenimiento de orden, que se apoyaba en la doctrina papal de respeto cristiano al poder constituido contenida en la encíclica Au Milieu(En el medio) de León XIII, lo más destacable desde el punto de vista de afirmación ideológica en la trayectoria del PNV en la Guerra Civil fue la aplicación integral de los derechos humanos, haciendo de la formación jelkide la ÚNICA de entre las grandes organizaciones políticas vascas e incluso del Estado español que defendió desde el primero hasta el último de sus militantes y cargos públicos el concepto de humanización de la guerra. Una defensa que bien podría sintetizarse en este párrafo de la obra de Irene Vallejo: “El derecho a sepultar a los muertos, la universalidad del duelo y la belleza extraña de esos detalles de humanidad que iluminan momentáneamente la catástrofe de la guerra”.

Por poner algunos ejemplos, el Gobierno Vasco transversal de José Antonio Agirre secundó la iniciativa de la Cruz Roja Internacional para humanizar la guerra, aceptando la propuesta de traslado a Francia de mujeres detenidas empleando barcos ingleses y poniendo en libertad a las que eligieron permanecer en suelo peninsular. A pesar del incumplimiento de lo pactado por parte del gobierno fascista, el Gobierno de Euskadi siguió liberando a mujeres, niños menores de quince años, a enfermos y hombres mayores de sesenta años. Y, por supuesto, siguió confeccionado listas de prisioneros para ser canjeados por otros en poder del gobierno de Salamanca.

En esta política de canjes llevada a cabo en colaboración con el gobierno republicano, el ministro sin cartera Manuel Irujo Ollo acordó con el bando sublevado, continuando con la senda humanista y humanitaria que su ideología le confería, el absoluto respeto a la vida del prisionero desde el momento en que su nombre figuraba en una lista como canjeable.

Aquella idea evangélica de preservar a toda costa la vida humana, determinó la dimisión definitiva del navarro en agosto de 1938, al negarse a tramitar más de 500 expedientes de condenas a muerte con el pseudoargumento de servir “para salvar a la República” y al negarse también a permitir la aplicación de torturas en el llamado gobierno de “Unión Nacional” del socialista Juan Negrín.

Aquella vía humanista, social y cristiana, que siguió desarrollándose en el exilio en Iparralde con la configuración por parte del Gobierno Agirre de una importante red de infraestructuras y recursos humanos y materiales en apoyo de los refugiados, situó al PNV tras la II Guerra Mundial en el grupo primigenio de la Democracia Cristiana Europea, participando en la reunión fundacional, con Francisco Javier Landaburu encabezando la delegación jeltzale, de los NEI (Nuevos Equipos Internacionales) celebrada en la localidad valona de Chaudfontaine en junio de 1947. La creación de este grupo de trabajo, que buscó la armonía internacional en el marco de la democracia y la paz social y política, respondió a la necesidad de impulsar la construcción europea y parar el expansionismo de la URSS.

Para dirigentes jeltzales como Landaburu la democracia cristiana era una modalidad de “democracia tolerante, humanitaria y social” y en opinión de Manuel Irujo, aquí enlazamos nuevamente con la transmisión del legado, esta corriente ideológica no era más que la actualización en el tiempo de la doctrina de Sabino Arana. En opinión de Irujo, Sabino “afirma los derechos de la persona humana, así se considere en su aspecto individual o colectivo, sea hombre o pueblo. Opuesto al absolutismo del poder y al desvío capitalista del liberalismo del s.XIX, no lo es menos al materialismo filosófico, histórico o dialéctico que el marxismo entraña (..) el fundador del nacionalismo invoca a Dios, afirma la moral cristiana (..) fervoroso partidario de la igualdad social, mantiene la independencia entre la Iglesia y el Estado”.

Es ésta una apreciación no exenta de contradicciones ya que para establecer dicha correspondencia histórica, Irujo obvia la vertiente sabiniana más insolidaria como el antimaketismo y el hecho incuestionable de que, siendo una de las fuentes principales de la democracia cristiana el liberalismo católico, “que supo comprender los aspectos cristianos de la revolución liberal”, difícilmente podía ser asimilada por un aranismo que, heredero del carlismo tradicionalista, entendía como profundamente antagónicos ambos conceptos (liberalismo y catolicismo).