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Caballo de troya

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Inaxio Urizarreta

El pasado domingo 24 de febrero el diario Deia publicó una entrevista con Iñigo Lamarca, Defensor del Pueblo Vasco, incluyendo su fotografía en los rostros del día. Entre otras cuestiones se aferrada a la manida argumentación de dar una respuesta en términos de interpretar el ordenamiento jurídico de la forma más favorable a los derechos de las personas. Un observador neutral, al menos preliminarmente, no sabría precisar a qué personas se refiere el titular de la defensoría vasca, porque además de los derechos de los detenidos existen el de las víctimas y el de la propia sociedad en el ejercicio del ius puniendi.

En cualquier caso, con el análisis de la entrevista que días ante mantuvo el Ararteko en  Infozazpi podemos disipar la nebulosa dialéctica con la que la defensoría vasca nos empaña el cristal de nuestros ojos. Y es que la referida Alta Institución, además de cómo “etólogo” haber dado por acabada la existencia de la violencia terrorista de ETA y “otros grupos” –sic-, consideraba imprescindible que los Poderes Públicos, entre otras consideraciones, asumieran la responsabilidad de la existencia de las torturas y pidiesen, ni más ni menos, que perdón.

Resulta paradigmático que en un contexto en el que Txeroki pide perdón sólo para las “víctimas ajenas al conflicto”, nuestra defensoría vasca “se de mus” en exigencias similares a la organización terrorista ETA o en menor medida a SORTU.

No nos hemos de olvidar que el ámbito competencial de actuación del Ararteko se circunscribe a las administraciones vascas, y que por tanto, realmente a quien deslegitima con ese lenguaje alambicado y corrosivo no es a la Guardia Civil, sino a las propias Instituciones vascas.

Esta actitud de deslegitimación democrática, aunque quizás no se le haya prestado mucha atención, no es sólo cosecha actual del MLNV con la ayuda consciente o inconsciente de otros en su camino hacia “la independencia y el socialismo”, sino que forma parte de una base doctrina de hace ya unos cuantos años, en los dirigentes soviéticos advirtían que en los países industrializados la base doctrinal del foco estaba residenciada en el establecimiento de un programa de transformaciones, deslegitimando y llevando la democracia al límite, y así pudiera servir de campo base para alcanzar “el socialismo”.

Precisamente en estos momentos en los que se están tejiendo acuerdos en relación a diferentes Instituciones y organismos de nuestro territorio, entre ellos el Ararteko, convendría recordar que los derechos fundamentales del individuo no son ilimitados, y que pueden ser restringidos y limitados en determinadas circunstancias, todo de acuerdo a supuestos tasados legalmente y prefijados por el legislador –depositario por cierto de la soberanía popular- y cuya proporcionalidad y control es testado por los Juzgados y Tribunales, incluidos los que provienen de la jurisdicción europea. Y es que en una sociedad democrática existen diferentes derechos fundamentales en conflicto que exige un equilibrio de proporcionalidad, lejos de grandes soflamas maximalistas.

Una posición de sobreactuación desmedida del Ararteko, convenientemente instrumentalizada por el MLNV como no podía ser de otra manera, está de facto conduciendo a deslegitimar algunas Instituciones que dimanan del autogobierno vasco, entre ellas como no podía ser de otra forma, la Ertzaintza.

El caso Cavacas es un exponente de ello; dejando al margen las dilaciones inexcusables del Departamento de Ares y las eventuales responsabilidades penales y/o civiles en los que pudieron incurrir los agentes actuantes que serán dirimidas, como no podía ser de otra manera, por los Juzgados y Tribunales, la actuación del Ararteko con la apertura de un expediente de oficio, la realización de un juicio paralelo en el que se ha convertido en legislador y Juez pervirtiendo una pléyade de derechos constitucionales, y las gruesas acusaciones de no traslado de la información solicitada es un ejemplo de todo ello.

Curiosamente en el recientemente publicado informe anual 2012 del Defensor del Pueblo español se puede constatar como la Defensoría española también había abierto un expediente de oficio por el mismo caso, y que al respecto también había pedido determinadas informaciones al Departamento de Interior. Lo que resulta extraordinariamente llamativo es que, a diferencia del Ararteko, la Defensoría española considera suficiente la respuesta dada por Interior, así como la constatación de la detallada regulación actual de la Ertzaintza en materia antidisturbios.

En definitiva, además de la aritmética y mecanismos de compensación institucionales, este es el contexto de fondo que deberían de tener en cuenta los muñidores de acuerdos, y así evitar que nuevos euscadicos, Jonan, o cualesquiera otros troyanos se nos incrusten en nuestras Instituciones con la consecuencia de ayudar a deslegitimarlas injustamente que no es otra cosa que colaborar con los que tratan de destruirlas.

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